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Nacido hace 64 años en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es un político y economista colombiano, actualmente presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2022. A lo largo de su carrera, Petro ha sido una figura influyente en la política colombiana, destacándose por su papel como líder de izquierda y su activismo en diversos movimientos sociales y políticos. Petro comenzó su vida en Ciénaga de Oro, pero se trasladó a Zipaquirá, donde completó su educación básica y secundaria en el Colegio de La Salle. Su interés por la política y la justicia social lo llevó a involucrarse en el Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo guerrillero que buscaba un cambio radical en el sistema político colombiano. Durante su tiempo en el M-19, Petro asumió el alias de "Aureliano", en referencia al personaje de la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. En 1984, Petro, entonces concejal de Zipaquirá, reveló su militancia en el M-19 y pasó a la clandestinidad. Fue capturado en octubre de 1985 y estuvo en prisión durante dos años, acusado de porte ilegal de armas. Sin embargo, después se demostró que el militar que supuestamente lo torturó no estaba en el país en ese momento. Tras su liberación en 1987, participó en el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. En el ámbito político, Petro ha tenido una carrera diversa. Fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca entre 1990 y 1991 y cofundador del partido político Alianza Democrática M-19, con el que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, realizó estudios en Bélgica y España en administración y desarrollo. Regresó a Colombia y fue elegido para la Cámara de Representantes en 1998 por el Movimiento Vía Alterna, permaneciendo en el cargo hasta 2006. Luego se unió al Polo Democrático Alternativo (PDA) y, en 2009, renunció para aspirar a la presidencia en 2010, aunque no tuvo éxito. Petro fundó el Movimiento Progresistas, que más tarde se convirtió en Colombia Humana, y fue elegido alcalde de Bogotá en 2011. Su administración fue criticada por la politización y el caos que se vivió en la ciudad, aunque él seguía siendo un defensor de sus políticas. En 2018, Petro se postuló nuevamente para la presidencia, siendo derrotado en la segunda vuelta por Iván Duque. Sin embargo, su papel como candidato de la izquierda en Colombia siguió creciendo. En las elecciones presidenciales de 2022, Petro se presentó como el candidato de la coalición Pacto Histórico, ganando la primera vuelta y posteriormente venciendo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Su victoria marcó la primera vez que un presidente de izquierda asumía el poder en Colombia. Desde su toma de posesión, ha impulsado varias reformas, incluyendo la tributaria, agraria, de salud y energética, en un intento por cumplir con las promesas de su campaña.
El 5 de mayo de 2023, durante una visita a España, Petro fue cuestionado por un intercambio de tweets que tuvo con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en los que Barbosa señaló al presidente de dar una acusación “gravísima”, cuando este solicitó investigar al fiscal Daniel Hernández por -según él- beneficiar a integrantes del Clan del Golfo. En respuesta al cuestionamiento, el presidente dijo “el fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”. Luego, ante críticas, Petro publicó en la red social Twitter (X) una imagen con el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, donde está escrito que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, a pesar de que, por ley, La fiscalía general de la nación está adscrita a la rama de poder Judicial y, por ende, el presidente no tiene autoridad absoluta sobre la misma.
+ Leer mas.Durante las elecciones de 2022, Petro había formado una coalición con miembros del partido Liberal, Conservador, y la U. Una vez electo, en el contexto del trámite de la reforma a la salud propuesta por el gobierno, dirigentes de los tres partidos decidieron exigir a los miembros de los partidos votar en contra de la reforma, alrededor del 25 de abril de 2023. Frente a esto, Petro terminó la coalición con los partidos en cuestión y solicitó la renuncia de todo su gabinete de ministros. Posteriormente, en el marco de la jornada de marchas que convocó para apoyar a su gobierno, alrededor de junio del mismo año, Petro concluyó en un discurso: “Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán”. Momento para el cual ya habían salido 10 ministros de su gabinete.
+ Leer mas.En marzo del presente año, la gestión del presidente Gustavo Petro se vio envuelta en una serie de polémicas en relación con el desarrollo de obras en Antioquia. A través de varias situaciones controversiales, la figura de Petro se vio cuestionada y criticada por diversos sectores de la sociedad colombiana. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), alzó su voz para criticar la priorización de la construcción de túneles en Antioquia por encima de las necesidades básicas de la población. A pesar de que la región contaba con túneles considerados entre los más largos de Sudamérica, Bolívar destacó la falta de acceso al agua potable en cientos de municipios colombianos. Esta situación provocó indignación en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento con la postura del DPS. El presidente Petro también entró en el ojo del huracán al solicitar la suspensión de una colecta liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar obras de infraestructura. Petro argumentó que esta colecta podría estar siendo infiltrada por dineros provenientes del Clan del Golfo, lo que generó un nuevo enfrentamiento político. Además, propuso reemplazar esta iniciativa por un cobro de valorización coordinado con el Gobierno Nacional, generando aún más controversia en la región. En medio de este escenario, Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia, acusándolo de realizar una captación ilegal de recursos y denunciando posibles sobrecostos en la construcción del Túnel del Toyo. Estas acusaciones avivaron el debate público y alimentaron las críticas hacia la gestión del presidente y su gobierno. El enfrentamiento político también se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Petro y la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, protagonizaron un duro intercambio de declaraciones. Juvinao calificó a Petro de "insufrible y tóxico" y cuestionó su postura frente a la colecta liderada por el gobernador de Antioquia. Petro, por su parte, continuó defendiendo sus señalamientos de corrupción y pidió explicaciones sobre la supuesta vinculación de dineros oscuros a los fondos públicos. En medio de la controversia, desde la gobernación se defendió la colecta como una iniciativa legítima y se aseguró que se estaban tomando medidas para garantizar la transparencia en la recepción de donaciones como el hecho de no recibir dinero en efectivo. Las controversias en torno a la priorización de obras, la supuesta infiltración de dineros irregulares y los posibles sobrecostos en proyectos de infraestructura dejaron al descubierto las divisiones y tensiones dentro del panorama político colombiano.
+ Leer mas.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentó a un tumultuoso encuentro en Popayán, Cauca, durante el lanzamiento del programa 'Misión Cauca', un evento que prometía ser un hito en la estrategia gubernamental para la región. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de gobierno se convirtió rápidamente en un escenario de críticas y descontento. Desde el inicio de la jornada, líderes locales del Cauca expresaron su frustración por la falta de atención a sus demandas más apremiantes. Este descontento alcanzó su punto álgido cuando, tras su discurso inicial, Petro abandonó el recinto sin dialogar con los líderes comunitarios que clamaban por ser escuchados. Este gesto no pasó desapercibido y desencadenó una serie de reacciones tanto en la escena política nacional como en las redes sociales. El senador Miguel Uribe Turbay fue uno de los primeros en criticar la actuación del presidente Petro, calificándola como un "desplante" hacia los líderes del Cauca que luchan diariamente contra el flagelo del terrorismo. "Petro solo vino a Popayán para un acto de presencia, repitiendo el mismo discurso de siempre y luego se retiró sin ofrecer soluciones ni garantizar seguridad", lamentó Uribe. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las críticas, acusando a Petro de despreciar a los líderes caucanos y utilizarlos únicamente para ganar votos con discursos vacíos. "Es fundamental establecer un diálogo real con las comunidades afectadas", subrayó Cabal, enfatizando la importancia de la escucha activa y la acción gubernamental efectiva. El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su decepción y enojo por la rápida retirada de Petro ante las demandas de los líderes locales. "Petro huye del Cauca al ser increpado. ¿Será que el señor es un oligarca?", ironizó un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de desencanto. Durante el evento, Petro lanzó interrogantes sobre la viabilidad de un Estado de excepción en ciertas zonas del país, provocando aún más controversia. Estas declaraciones se dieron en el contexto de críticas previas hacia la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un tema sensible en las regiones afectadas por el conflicto armado. El lanzamiento de 'Misión Cauca' tenía como objetivo principal abordar las profundas problemáticas de seguridad y desarrollo en la región, áreas donde la presencia y acción del gobierno son cruciales. Sin embargo, el evento terminó eclipsado por la imagen de un presidente que, según sus críticos, optó por la evasión en lugar de la confrontación directa con los problemas que aquejan al Cauca. La controversia generada por este episodio subraya las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado. La falta de un diálogo efectivo y la percepción de indiferencia por parte del presidente Petro han avivado el debate sobre la verdadera voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales del país. El incidente en Popayán ha dejado al descubierto no solo las fisuras en la estrategia de comunicación del gobierno, sino también la profunda brecha entre las promesas políticas y la realidad de quienes esperan respuestas concretas y acciones tangibles. La historia continúa, pero la pregunta que queda en el aire es si el gobierno podrá reconstruir la confianza y reconciliación con las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.
+ Leer mas.El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa ambiciosa y soñadora: la Paz Total. Esta política, sancionada a través de la Ley 2272 en noviembre de 2022, buscaba negociar con todos los grupos armados ilegales en Colombia, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de implementación, la realidad ha demostrado que la utopía de Petro está lejos de convertirse en una realidad tangible. Este artículo analiza críticamente los fracasos y las consecuencias de una política que, en lugar de traer paz, ha sembrado más caos y violencia en el país. Un sueño ambicioso pero poco realista Desde el inicio, la Paz Total se presentó como una estrategia integral para acabar con décadas de violencia. Petro se comprometió a iniciar diálogos con el ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y varios otros grupos criminales. La promesa era reducir significativamente la violencia y transformar los territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, la ejecución de esta política ha estado plagada de problemas y críticas. Violencia no cesa y va en aumento Según cifras de INDEPAZ, en 2023 se registraron 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes de paz asesinados. En lo que va de 2024, ya se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Estos números no solo reflejan la continuidad de la violencia, sino también el fracaso de las políticas de protección a la vida humana. A pesar de los discursos del gobierno sobre “Colombia potencia mundial de la vida”, la realidad en los territorios sigue siendo desoladora. Mesas de diálogo y cese al fuego El gobierno de Petro ha establecido nueve mesas de diálogo con diversos grupos armados, algo inédito en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, esta pluralidad de espacios de negociación ha resultado ser un desafío logístico y estratégico. Aunque se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, estos no han logrado disminuir la violencia. Al contrario, los grupos armados han aprovechado estos periodos para rearmarse y expandir su influencia. Incremento de grupos armados Las cifras hablan por sí solas. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han aumentado su presencia de 230 a 299 municipios en 2023. El ELN ha pasado de tener 4,000 a 5,000 integrantes, y las AGC han crecido un 30%, pasando de 10,000 a 13,000 miembros. Estos incrementos reflejan no solo un fortalecimiento de los grupos armados, sino también una ausencia preocupante del Estado en varias regiones del país. Desplazamiento y confinamiento forzado El desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, casi 123,000 personas fueron desplazadas y 184 menores reclutados por grupos armados. En Nariño, 58 eventos de desplazamiento afectaron a casi 24,000 personas. Además, se registraron 215 confinamientos, afectando a más de 18,000 familias. Estos datos reflejan un incremento del 63% en comparación con 2022. La falta de presencia estatal en estos territorios permite que los grupos armados controlen y sometan a la población civil. Críticas desde la academia y sectores políticos Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, calificó la Paz Total como un reflejo del gobierno Petro: ambicioso pero poco realista. Charry argumenta que negociar con múltiples grupos armados simultáneamente es una tarea compleja y desorganizada. Álvaro Benedetti, consultor político, también tildó la política de un “rotundo fracaso”, señalando que las organizaciones ilegales se han fortalecido durante estos dos años de implementación. Por su parte, Jhon Mario González, analista político, criticó la falta de control territorial y la incapacidad del Estado para someter a los criminales. Según González, la Paz Total solo ha servido para mantener una falsa esperanza entre la población y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que la metodología de la Paz Total es ineficaz, lo que ha impedido avances significativos en las negociaciones. Diferentes sectores de quienes hoy conforman el congreso también han lanzado duras críticas. En una carta enviada a la Cumbre de Paz de Suiza, 26 congresistas denunciaron que la Paz Total está beneficiando a los grupos armados ilegales. Según los legisladores, la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que estos grupos se expandan y aumenten su influencia. Las AGC, por ejemplo, han crecido un 84%, haciendo presencia en 392 municipios. El ELN ha aumentado su presencia en 232 municipios, y las disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, ocupando 299 municipios. Una crisis de derechos humanos La crisis de derechos humanos es inaudita. Las masacres aumentaron un 6.5%, el secuestro un 53.8% y la extorsión en Bogotá un 30%. Estos delitos, junto con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, reflejan una situación de seguridad deteriorada. Los congresistas critican la solicitud de Petro ante la Unión Europea para eliminar al ELN de la lista oficial de terroristas, argumentando que esta guerrilla sigue atentando contra la fuerza pública y la sociedad civil. Un futuro incierto A pesar de las promesas de paz y seguridad, la política de Paz Total de según va ha demostrado ser un fracaso. Los grupos armados ilegales han utilizado los diálogos y ceses al fuego como una oportunidad para rearmarse y expandir su control territorial. La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan aumentando, dejando a la población civil atrapada en medio de un conflicto interminable. Es evidente que la Paz Total necesita un replanteamiento radical. El gobierno debe reforzar la presencia estatal en los territorios y adoptar una estrategia más coherente y efectiva para enfrentar la violencia. Solo así se podrá avanzar hacia una paz verdadera y duradera en Colombia. Mientras tanto, la utopía de Petro sigue siendo solo eso: una utopía.
+ Leer mas.El silencio, dicen, puede ser ensordecedor. Y nada lo demuestra mejor que la ausencia de comentarios del presidente colombiano, Gustavo Petro, frente al evidente fraude electoral en Venezuela. El domingo 28 de julio de 2024, el vecino país de Venezuela fue testigo de unas elecciones presidenciales que, de haber sido legítimas y transparentes, podrían haber puesto fin a 25 largos años de régimen chavista. No obstante, lo que presenciamos fue una farsa electoral con la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Mientras el continente entero alzaba la voz en protesta, Petro permaneció inexplicablemente callado. La ambigüedad del presidente Petro En los días previos a las elecciones, Gustavo Petro solo hizo un pronunciamiento sobre el proceso electoral en Venezuela. El 26 de julio, con un mensaje ambiguo en su cuenta de X, el mandatario comentó: "Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi Gobierno". Este comentario, lejos de despejar dudas sobre su posición, dejó a muchos con más preguntas que respuestas. ¿A qué se refería con "decisiones democráticas" en un país donde la democracia ha sido sistemáticamente erosionada por el régimen de Maduro? Este fue el único comentario de Petro sobre Venezuela en días cruciales. La reelección del tirano Nicolás Maduro: fraude a la vista El 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el régimen, proclamó a Maduro ganador con 5,15 millones de votos (51,2%) frente a los 4,45 millones de votos (44,2%) obtenidos por Edmundo González, el candidato de la oposición. Sectores de la oposición venezolana y numerosos observadores internacionales denunciaron un fraude masivo, destacando inconsistencias en el proceso electoral y fallos en el sistema de votación. Reacciones internacionales y el silencio de Petro Numerosos países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, cuestionaron la legitimidad de las elecciones y pidieron transparencia total y contundente en el reconteo de votos. En contraste, la Cancillería colombiana emitió un tímido comunicado pidiendo "el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente". Sin embargo, la sorpresa mayor fue la falta de pronunciamiento del presidente Petro. Cuestionamientos internos en Colombia La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó duramente a Petro en Blu Radio: “Me asombra que un tuitero como Petro esté en silencio. Su silencio solo es complicidad que legitima corrupción y fraude. La dictadura de Maduro se quedó en el poder con un fraude que vio todo el mundo”. Otros políticos, como Alejandro Gaviria y Carlos Galán, también expresaron su descontento, calificando el silencio de Petro como una vergüenza y una traición a los principios democráticos. Petro y sus elecciones favoritas Lo más irónico es que Petro ha mostrado un interés peculiar en elecciones de otros países. Comentó con entusiasmo sobre los comicios legislativos en Francia, celebrados el 30 de junio y 7 de julio de 2024, y la elección del nuevo parlamento de la Unión Europea. En ambos casos, sus comentarios fueron rápidos y apasionados, celebrando las victorias de los movimientos de izquierda y condenando los avances de la derecha. “Francia ha dado una de estas batallas. El Frente Popular ha ganado. Retroceden los Nazis. La humanidad tiene una nueva oportunidad. Felicitaciones al progresismo francés Jean-Luc Mélenchon”, dijo el 7 de julio. De igual manera, también se pronunció extensamente sobre las elecciones en Argentina en 2023, apoyando al candidato oficialista Sergio Massa, quien perdió ante el hoy presidente Javier Milei. Petro no dudó en calificar la victoria del libertario Milei como “triste para América Latina” y una señal de que el “neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad”. Este contraste entre su ferviente interés en otras elecciones y su total silencio sobre el fraude en Venezuela es, como mínimo, desconcertante. La Complicidad del Silencio La crítica más fuerte viene de la percepción de complicidad. Muchos en Colombia y en el extranjero ven el silencio de Petro como una aprobación tácita del régimen de Maduro. María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, señaló que “los países no deben aceptar un resultado amañado para perpetuar a un tirano perseguido por la justicia internacional”. Otros, como David Luna, exigieron un pronunciamiento claro del presidente y del canciller Luis Gilberto Murillo sobre el fraude electoral. ¿Un Precedente Peligroso? El silencio de Petro no solo es visto como una traición a los principios democráticos, sino también como un peligroso precedente. Si Colombia, bajo el liderazgo de Petro, no condena el fraude electoral en Venezuela, ¿qué mensaje envía esto sobre su compromiso con la democracia en su propio país? “Colombia no puede reconocer la dictadura de Maduro, no seremos cómplices”, insistió el Senador David Luna. El silencio de Gustavo Petro sobre el evidente fraude electoral en Venezuela no puede ser ignorado ni excusado. En un momento en que la democracia en América Latina está bajo ataque, el liderazgo requiere valentía y claridad. Petro ha demostrado un preocupante sesgo, eligiendo cuidadosamente cuándo y dónde expresar su apoyo a la democracia. Su silencio ensordecedor ante la reelección fraudulenta de Maduro es una mancha en su presidencia y una traición a los valores democráticos que afirma defender. Con su nulo pronunciamiento y la timidez de su gobierno al no condenar la que a toda luz es un acto antidemocrático y dictatorial, no solo ha decepcionado a quienes esperaban una postura firme contra el autoritarismo y la represión, sino que también ha puesto en duda su propio compromiso con la democracia. La historia juzgará su falta de acción en este momento crucial.
+ Leer mas.La reciente reelección de Nicolás Maduro en Venezuela ha desatado una tormenta de críticas y controversias en toda América Latina, y Colombia no es la excepción. Con el 51.2% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen, Maduro aseguró un tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude. Esta situación ha puesto en el centro del debate a varios políticos colombianos afines al gobierno de Gustavo Petro, quienes han hecho declaraciones ambiguas o han demostrado abiertamente su apoyo al régimen chavista. María Fernanda Carrascal y su controversial comparación La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, una de las más polémicas de esta bancada no ha escapado del escrutinio público. Ya que en una publicación en su cuenta personal de X, Carrascal comparó a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, con la senadora colombiana María Fernanda Cabal. "No me pidan que respalde a María Corina, es como si respaldara a la Cabal", expresó Carrascal, provocando una ola de críticas. El congresista Andrés Forero del Centro Democrático fue uno de los primeros en responder: "Mafe. Quizá no sabías, pero María Corina no está en el tarjetón porque el régimen dictatorial que apoya tu partido arbitrariamente no la dejó participar en la elección. Acá no hay puntos medios: se está con la libertad de Venezuela o con la dictadura. Tú ya elegiste". Igual de contundente fue el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien señaló: "Es obvio lo de ustedes es respaldar a narcoterroristas y dictadores. No se preocupe, nadie pide imposibles". Así mismo, el concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, Julián Sastoque, también se sumó a las críticas, diciendo: "Tranquila, de usted ni esperamos ni le pediremos nada hasta el día en que se gane una curul con votos propios y no regalada en una lista cerrada. Pero entendemos que no sucederá, y para conservar un lugar en la lista se reduce a una chavista más que le lava la cara a la dictadura". Por otra parte, quien tampoco escapo del escrutinio de la opinión pública fue la también polémica congresista del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, por el rifirrafe que tuvo con la Senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, por las expulsiones a observadores electoales en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro. Lozano fue deportada del vecino país junto con otros líderes latinoamericanos al intentar ingresar al país como observadora electoral, un rol que, según ella, cumplía de manera independiente y neutral. No obstante, Isabel Zuleta, respondió cuestionando las verdaderas intenciones de Lozano, insinuando que esta habría mentido sobre el propósito de su viaje: "Quién en su sano juicio le iba a creer a Angélica Lozano que justo el fin de semana de elecciones en Venezuela ella iba de vacaciones?". La Senadora de la Alianza Verde no tardó en responder: "No me quemes Isabel. Los vi sobrios. No hubo mentira, tampoco preguntaron nada. Me embarcaron en un avión contra mi voluntad y sin darme información alguna, de ninguna clase". De acuerdo con la también esposa de Claudia López, quienes no tuvieron problemas al entrar a territorio venezolano fueron figuras políticas afines a la dictadura chavista como la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez y el exguerrillero y hoy presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño alias Timochenko. Con la misma osadía, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, se ha destacado por sus controversiales comentarios en defensa del sistema electoral venezolano. Bolívar afirmó en su cuenta de X: "Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral". Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales. El periodista Daniel Samper Ospina replicó: "Cuánto cinismo. La tiranía de Nicolás Maduro ha hecho todo para doblegar a María Corina, a quien para empezar no dejaron inscribir; no dejaron votar a 5,5 millones de personas del exilio; han arrestado a varios miembros de la oposición e intimidado a sus simpatizantes". Samper agregó que el trino de Bolívar deja en evidencia las verdaderas intenciones del petrismo: "Este trino de Bolívar permite verlos sin la máscara: si legitiman a Maduro es porque piensan como él, porque el petrismo y el madurismo no son tan distantes: porque tienen la misma concepción de libertad y democracia". Así mismo y por otra parte, la también Senadora del Pacto Histórico, Clara López, declaro el domingo 28 de julio mientras se desarrollaban las elecciones en el vecino país que: “el sistema electoral venezolano, como pocos, es bastante blindado”. “Estuve como observadora hacer varios años y me sorprendió. Ojalá nosotros tuviéramos esa posibilidad en Colombia. Cada elector se identifica con su huella y se coteja con todas las demás que han votado”. Posterior a esto, el lunes 29 de julio, Cuando el CNE proclamó oficialmente a Nicolás Maduro como ganador, López reafirmó sus declaraciones en entrevista con María Camila Zuluaga en mañanas Blu, señalando que pese a las denuncias, hubo tranquilidad y convivencia pacífica en los puestos de votación. Además, no dudo en comparar el sistema electoral de Venezuela con el de Colombia, afirmando que en nuestro país “tenemos un sistema electoral muy deficiente comparado con el de Venezuela”. Trayendo también a colación la frase según ella de un viejo registrador cuando tomó posesión del cargo, donde decía que en Colombia cerraban las elecciones antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Finalmente la Senadora Clara López defendió la elección de Maduro y enfatizó que fue transparente y justa. La afinidad al chavismo en cuestión La polémica y poco creíble reelección de Nicolás Maduro ha desatado una serie de reacciones en Colombia que ponen en evidencia la afinidad de ciertos sectores del gobierno con el régimen chavista. La postura de políticos como María Fernanda Carrascal, Isabel Zuleta, Gustavo Bolívar y Clara López no solo ha sido cuestionada por sus opositores, sino que también ha generado un debate sobre los valores democráticos y la libertad en la región. La actitud de estos políticos afines al gobierno de Gustavo Petro sugiere una preocupante tolerancia hacia un régimen que, según múltiples denuncias, ha manipulado el proceso electoral para perpetuarse en el poder. Mientras tanto, el silencio y la falta de una postura clara por parte del presidente Petro solo alimentan las críticas y aumentan las sospechas sobre la verdadera posición del gobierno colombiano frente a la crisis venezolana. Es imperativo que los líderes políticos y los ciudadanos colombianos reflexionen sobre el impacto de estas afinidades en la democracia y la estabilidad regional. En un momento en que la integridad de los procesos electorales y la defensa de los derechos humanos son más cruciales que nunca, es vital que las posturas políticas sean transparentes y alineadas con los principios democráticos. La afinidad al chavismo no solo es una cuestión de política exterior, sino un reflejo de los valores que se defienden dentro del propio país.
+ Leer mas.El gobierno del presidente Gustavo Petro quien en el pasado mes de mayo rompió relaciones diplomáticas con Israel y cerró la embajada colombiana en Tel Aviv, trasladándola a Ramala, en Palestina, firmó el decreto que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel. Esta medida, anunciada el 14 de agosto de 2024 y que entrará en vigor el 22 de agosto, ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. Ya que si bien el presidente justifica esta decisión como una respuesta humanitaria frente a lo que él denomina como un "genocidio" en la Franja de Gaza, las repercusiones económicas y diplomáticas de esta acción no pueden ser ignoradas. Según el presidente Gustavo Petro, el carbón colombiano exportado al país judío se utiliza para fabricar bombas que matan a niños en Palestina. En su cuenta de X, el presidente afirmó: "Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina". Este tipo de afirmaciones han sido constantes en los discursos del mandatario a medida que se ha ido desarrollando el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en territorio Palestino. El decreto establece que la prohibición de exportación comenzará cinco días después de su publicación oficial, es decir, el 22 de agosto de 2024. Sin embargo, el texto incluye varias excepciones, permitiendo que ciertos contratos previos a la fecha de entrada en vigor del decreto se cumplan, siempre y cuando se presenten las solicitudes correspondientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o se expidan certificados por parte de las Sociedades de Comercialización Internacional autorizadas. Efectos económicos Uno de los aspectos más preocupantes de esta acción es su impacto económico. Según datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Israel ha sido un destino fundamental para las exportaciones de carbón térmico, representando un ingreso de 650.000 millones de pesos anuales, de los cuales 100.000 millones van directamente a las regiones como la Guajira y el Cesar. Estos departamentos, profundamente afectadas por la pobreza y la falta de desarrollo, dependen en gran medida de los ingresos provenientes de la minería del carbón. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advirtió que esta medida "limitará los ingresos vitales que sostienen dichas regiones, profundamente necesitadas de inversión para su desarrollo". Este concepto contrasta con lo expuesto por la ACM, la que como vimos enfatiza que este tipo de decisiones deberían considerar las implicaciones económicas y sociales para el país y sus regiones, especialmente en un momento en que Colombia enfrenta una crisis fiscal que requiere maximizar cada fuente de recursos. Además, la prohibición podría tener un efecto adverso en la inversión extranjera. La fragmentación en la confianza de los inversionistas, provocada por decisiones políticas unilaterales y sin un análisis técnico sólido, podría llevar a un entorno económico menos atractivo para las nuevas inversiones, lo que a largo plazo podría afectar la economía colombiana de manera significativa. Repercusiones internacionales y diplomáticas El impacto diplomático de esta decisión también es significativo. Colombia e Israel firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2014, que entró en vigor en 2020, y que prohíbe expresamente las restricciones a la importación o exportación de mercancías entre los dos países. La violación de este tratado podría tener repercusiones legales y económicas para Colombia, incluida la posible imposición de sanciones o la pérdida de beneficios comerciales. Además, la decisión de Petro de unirse a Sudáfrica en una acusación de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido vista por muchos como una medida extrema que podría aislar aún más a Colombia en el escenario internacional. En un mundo donde las relaciones diplomáticas y comerciales son cada vez más interdependientes, este tipo de acciones unilaterales pueden tener consecuencias duraderas y difíciles de revertir. Cuestionamientos de la Procuraduría Esta prohibición ha sido cuestionada no solo por sus implicaciones económicas y diplomáticas, sino también por su fundamentación legal. La Procuraduría General de la Nación envió varios reparos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes de la firma del decreto, cuestionando su idoneidad y efectividad. De acuerdo con la Procuraduría, la medida no es idónea para cumplir con el objetivo de detener el conflicto en Gaza, ya que no existe una demostración técnica que respalde la idea de que la suspensión de exportaciones de carbón obligará a Israel a cumplir con las decisiones de la CIJ o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo, la Procuraduría fue enfática en señalar que la medida podría generar un daño antijurídico, ya que está insuficientemente justificada y podría considerarse nula por falsa motivación. También se mencionó que el decreto podría contravenir el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo, que permite al gobierno adoptar medidas comerciales restrictivas por razones de seguridad nacional, soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado. No obstante, la prohibición de exportación del material en cuestión a Israel no cumple con ninguno de estos criterios, lo que podría poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de empresa y la iniciativa privada. De acuerdo a las afirmaciones del presidente Petro, la decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel, es una medida simbólica que busca posicionar a Colombia como un país defensor de los derechos humanos en el contexto del conflicto palestino-israelí. Sin embargo, esta postura en lugar de cumplir con su objetivo podría terminar siendo un gesto vacío que deje a Colombia a corto y largo plazo en una posición de debilidad tanto en el plano económico como en el diplomático.
+ Leer mas.En medio de la agitación política que caracteriza el gobierno del presidente, Gustavo Petro, este martes 20 de agosto de 2024, varios medios de comunicación colombianos, entre los que figura Valora Analitik, filtraron información importante acerca de un borrador de la reforma tributaria que estaría preparando el gobierno nacional. Según el documento, una de las propuestas clave del Ejecutivo sería el sustancial incremento del gravamen a los movimientos financieros, conocido popularmente como 4x1000, a una tasa del 5x1000. Este cambio, que se implementaría a partir de 2025, ha sido descrito por algunos sectores como "doloroso", pues significaría un incremento en el costo de las transacciones financieras para millones de colombianos. No obstante, después de este año, la tasa regresaría al 4x1000. La noticia no tardó en generar reacciones de distintos sectores de la sociedad. Por un lado, los críticos argumentan que un aumento del 4x1000 al 5x1000 no solo perpetuaría un impuesto que muchos consideran injusto, sino que además podría agravar la desconfianza hacia el sistema bancario. En un país donde la bancarización sigue siendo un desafío, medidas como esta podrían promover a más personas a operar fuera del sistema financiero formal, aumentando la informalidad y reduciendo la eficiencia de la economía. Del mismo modo, algunos analistas económicos advierten que esta medida podría tener un efecto contractivo sobre el consumo y la inversión. Al gravar las transacciones financieras, se podría reducir la liquidez en el mercado y aumentar el costo del crédito, lo que desincentivaría el consumo y la inversión privada. En un momento en que la economía necesita estímulos para crecer, un aumento de este tipo podría resultar contraproducente. Sin embargo, y pese a toda esta controversia el Ministerio de Hacienda encabezado por el ministro Ricardo Bonilla, no tardó en desmentir de inmediato la veracidad de estos rumores, declarando que no existía un documento oficial que confirmara tales puntos en la reforma tributaria. En un comunicado, la entidad enfatizó que cualquier información que circula en los medios o redes sociales sobre este tema es "desinformación" y que el Proyecto de Ley de Financiamiento no propondrá ajustes en el Gravamen a los Movimientos Financieros. El 4x1000: Un impuesto controvertido y persistente que presumía ser temporal Para comprender el impacto potencial de este supuesto ajuste, es crucial recordar la naturaleza del 4x1000. Este impuesto, que se aplica a diferentes movimientos financieros en Colombia, grava con un 0,4% cada 1.000 pesos que se mueven en una cuenta bancaria. Originalmente concebido como una medida temporal durante la crisis financiera en el gobierno de Andrés Pastrana, el impuesto que empezó como un 2x1000 y dos años después se duplicó al impuesto que hoy se conoce, ha persistido por décadas y se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el Estado. El dinero que se recauda a través de este gravamen es recolectado por las entidades financieras (bancos). No obstante, su destinatario final es el Gobierno, por lo que estos recursos pasan a formar parte de las cuentas del Estado. La reforma tributaria y la necesidad de recursos adicionales La propuesta de subir el 4x1000 a 5x1000 pese a ser desmentida, se enmarca dentro de un contexto fiscal desafiante. El gobierno de Gustavo Petro se podría enfrentar a la necesidad de aumentar el recaudo para financiar un ambicioso presupuesto en 2025. Según el borrador de la reforma que circuló en horas de la mañana este martes 20 de agosto, la medida permitiría recaudar alrededor de 12 billones de pesos adicionales, cifra que equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El contexto económico es clave para entender por qué el gobierno consideraría necesario este ajuste. La economía colombiana ha experimentado una desaceleración en los últimos años, exacerbada por la inflación y la volatilidad de los mercados internacionales. Al mismo tiempo, las demandas sociales de una mayor inversión en infraestructura, educación y salud presionan al gobierno a buscar nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, la elección de aumentar un impuesto tan impopular como el 4x1000 parece una medida arriesgada, que podría tener un costo político significativo para el gobierno de Petro.
+ Leer mas.La popularidad del presidente Gustavo Petro continúa en declive, reflejando una creciente insatisfacción entre los colombianos respecto a su gestión. Según la más reciente encuesta de Invamer, revelada el 28 de agosto de 2024, el presidente Petro enfrenta una desaprobación alarmante del 66%, una cifra que muestra un aumento considerable en comparación con las mediciones anteriores. Este panorama adverso no solo pone en evidencia la crisis de confianza en el mandatario, sino que también señala el rechazo generalizado a las reformas propuestas por su gobierno. El declive de la popularidad de Petro El declive en la popularidad de Gustavo Petro no es un fenómeno reciente, sino que ha sido progresivo a lo largo de su mandato. En agosto de 2022, al inicio de su presidencia, Petro contaba con una aprobación del 56% y solo un 20% de desaprobación. Sin embargo, en solo dos años, su respaldo ha caído 27 puntos porcentuales, lo que refleja un descontento creciente entre la población. La más reciente encuesta de Invamer muestra que solo el 29% de los colombianos aprueba la gestión del presidente, mientras que un abrumador 66% la desaprueba. Estas cifras son aún más desalentadoras si se comparan con la medición de junio de 2024, cuando la aprobación de Petro era del 32% y la desaprobación del 62%. Además, en una encuesta realizada por CB Consultora y revelada el 22 de agosto de 2024, Petro fue catalogado como el tercer presidente con peor aprobación en Latinoamérica, superando únicamente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Rechazo a las reformas del gobierno Otro aspecto preocupante para el gobierno de Petro es el rechazo generalizado a las reformas que ha intentado impulsar. Según la encuesta de Invamer, el 64% de los colombianos se resiste a las reformas propuestas por el Ejecutivo, un aumento del 4% en comparación con junio pasado. Entre las reformas más impopulares se encuentra la reforma a la salud, que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos. El 50% de los encuestados cree que los afiliados a las EPS intervenidas o a las que han solicitado el retiro del sistema de salud recibirán una peor atención en comparación con la que recibían antes. Además, el 67% de los colombianos considera que el proyecto de paz total del Gobierno Petro va por mal camino, mientras que solo el 23% cree que está en la dirección correcta. Estas cifras muestran un rechazo significativo hacia las políticas más emblemáticas del presidente, lo que podría dificultar aún más su capacidad para implementar cambios sustanciales en el país. Aprobación entre el gobierno nacional y alcaldías La encuesta de Invamer destaca un contraste significativo entre la percepción de los ciudadanos hacia el Gobierno nacional y las alcaldías locales. Mientras que la aprobación del presidente Petro se desploma, algunos alcaldes muestran una popularidad relativamente estable o en aumento. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, por ejemplo, registra una aprobación del 50% y una desaprobación del 40%. Esta mejora en sus cifras, que en junio de 2024 eran de 47% de aprobación y 44% de desaprobación, se atribuye a su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, especialmente en temas como el metro de Bogotá, las relaciones con Venezuela y la política alimentaria. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también disfruta de un alto nivel de aprobación, con un 73%, frente a una desaprobación del 25%. Otros alcaldes, como Alejandro Char en Barranquilla y Dumek Turbay en Cartagena, registran aprobaciones del 72% y 74%, respectivamente. Estas cifras contrastan fuertemente con el 29% de aprobación que tiene el presidente Petro, lo que sugiere que los ciudadanos confían más en sus líderes locales que en el Gobierno nacional. Preocupación por el futuro de Colombia La encuesta de Invamer también revela un creciente pesimismo entre los colombianos sobre el rumbo que está tomando el país. Apenas el 20% de los encuestados cree que Colombia está mejorando, mientras que un 67% opina que la situación está empeorando. Además, el 51% de los encuestados ha considerado la posibilidad de abandonar el país, lo que refleja un descontento profundo con las condiciones actuales. Otro dato preocupante es que el 56% de los colombianos cree que el país podría llegar a estar en la misma situación que Venezuela en el futuro, lo que indica un temor latente de que Colombia siga un camino de deterioro similar al del país vecino bajo el mandato de Nicolás Maduro.
+ Leer mas.El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha concluido una exhaustiva investigación sobre las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro, develando que esta habría violado los topes electorales por una suma que supera los $5.300 millones. Esta cifra, desglosada en $3.700 millones durante la primera vuelta y $1.600 millones en la segunda, pone en evidencia graves irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña. El encargado de hacer pública la información contenida en el informe del CNE fue el reconocido periodista Daniel Coronell, a través de su programa en La W Radio. Según lo reportado, las irregularidades van más allá de simples omisiones en los reportes financieros, ya que incluyen el uso de fuentes de financiación no permitidas por la ley colombiana como la recepción de aportes de personas jurídicas, lo cual está expresamente prohibido por la normativa electoral. La investigación estuvo bajo la dirección de dos magistrados: Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático. Ambos magistrados coincidieron en que la campaña de Petro no solo superó los límites permitidos, sino que también incurrió en múltiples infracciones durante ambas vueltas electorales. Detalles de las irregularidades El informe detalla siete infracciones en la primera vuelta y cinco en la segunda. Entre las irregularidades más significativas se encuentra la omisión del reporte de $500 millones en aportes de Fecode, que fueron presentados como una donación a la Colombia Humana. Además, la campaña no reportó un préstamo de $500 millones del Polo Democrático, suma que debería haber sido incluida en los informes financieros oficiales. Otro aspecto crítico fue el no reporte de gastos por concepto de propaganda electoral firmada con Caracol Televisión por un valor de $356 millones. Este tipo de omisiones no solo infringen las normas electorales, sino que también plantean serias dudas sobre la transparencia de la campaña. A esto se suman $931 millones que fueron destinados al pago de testigos electorales, una cifra que tampoco fue debidamente reportada. Del mismo modo, el informe señala la no inclusión de $202 millones pagados a la empresa Ingenial Media, dirigida por Xavier Vendrell, por la operación de testigos electorales. Pero quizás uno de los puntos más llamativos es la omisión de más de $1.200 millones utilizados para vuelos privados pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de estos viajes y su relación directa con la campaña. Posibles consecuencias A pesar de la gravedad de estas irregularidades, las sanciones que puede imponer el CNE son limitadas. Según el marco legal colombiano, el presidente Gustavo Petro solo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esto significa que las posibles sanciones contra Petro y su equipo de campaña se limitarán a multas económicas y la devolución de dineros públicos, dejando intacta la presidencia de Petro. La próxima semana el CNE podría formular cargos contra los involucrados, incluyendo a Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña de Petro y actualmente es el presidente de Ecopetrol. También podrían enfrentar cargos los auditores de la campaña, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, quienes estuvieron encargados de supervisar los informes financieros. Esta controversia ha generado múltiples cuestionamientos desde diferentes bandos políticos, especialmente porque el propio Gustavo Petro ha catalogado estas investigaciones como el preámbulo de un "golpe de Estado". Sus detractores, por otro lado, ven en estas declaraciones un intento de desviar la atención de las serias acusaciones que enfrenta su campaña.
+ Leer mas.En medio de una creciente crisis nacional generada por el paro camionero, que tiene paralizado al país desde hace días, Gustavo Petro sorprendió a los colombianos con lo que se presume ser un intento más por desviar la atención de este y otros temas de interés nacional, retomando el controvertido caso del software espía Pegasus, adquirido supuestamente durante el periodo presidencial de Iván Duque. En su intervención televisada del 4 de septiembre de 2024, Petro no ofreció soluciones para el conflicto que afecta gravemente a la economía del país, sino que se centró en un escándalo de espionaje que ya había sido expuesto meses atrás por medios internacionales y nacionales. Crisis nacional por el paro camionero El paro camionero, que inició el 1 de septiembre de 2024, ha afectado seriamente el transporte de alimentos y productos esenciales. Según la Personería de Bogotá, la capital afronta un desabastecimiento considerable, mientras que en otras regiones como Antioquia, los bloqueos continúan interrumpiendo el tránsito, lo que agrava la situación. En el Valle de Aburrá, los traumatismos viales han afectado a miles de personas que dependen de los servicios de transporte para sus actividades cotidianas. La decisión del presidente Petro de ignorar el paro camionero, ha provocado el incremento en los precios de productos básicos de la canasta familiar y ha dejado desabastecidas varias regiones, Los colombianos esperaban que el mandatario abordara el alza del ACPM, que afecta directamente a la industria del transporte de carga, en lugar de revivir un caso que, aunque relevante, no parece ofrecer respuestas inmediatas a la crisis actual. Pegasus, el caso que Petro vuelve a poner en el foco En marzo de 2024, el periodista Gur Megiddo, del diario israelí Haaretz, reveló que Colombia había negociado la compra de Pegasus en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Según la investigación, el software habría sido adquirido por 11 millones de dólares, una transacción que involucró el envío de efectivo a Israel en aviones privados. En su alocución, el presidente Petro afirmó que el software fue utilizado para espiar a miembros del Pacto Histórico, durante la campaña electoral de 2022, insinuando que la compra de Pegasus no solo fue una vulneración a los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino que también estuvo ligado con actividades ilegales dentro del propio Estado colombiano. Según el presidente, la transacción involucró la participación directa de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que compró el software por 11 millones de dólares en 2021, en pleno estallido social en Colombia. Además, el mandatario sugirió que esta operación podría ser parte de un esquema de lavado de activos orquestado desde dentro del Estado. La reacción de la Fiscalía En respuesta a las declaraciones de Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que abriría una investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado emitido el 5 de septiembre de 2024, el ente judicial afirmó que indagaría si la compra de Pegasus fue efectivamente realizada y quiénes estuvieron involucrados en la transacción. Esta no es la primera vez que se investiga el uso ilegal de software de espionaje en Colombia; en junio de 2024, ya se habían iniciado pesquisas por denuncias de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué ahora? La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Petro decide revivir este escándalo justo en medio de una crisis nacional que afecta a millones de colombianos? La respuesta parece estar en la conveniencia política de desviar la atención. Petro ha sido criticado en el pasado por su tendencia a evadir temas complejos con tácticas similares. En este caso, su enfoque en Pegasus, un tema que ya había sido cubierto ampliamente por los medios, parece una forma de evitar el desgaste político que le supondría lidiar directamente con el paro camionero. Mientras el país sigue paralizado por el paro camionero, el gobierno parece más interesado en ventilar un escándalo de espionaje que, aunque relevante, no resuelve las necesidades inmediatas de los colombianos.
+ Leer mas.Esta semana Colombia ha sido testigo de una serie de eventos dramáticos que involucran a Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como un anuncio emotivo sobre su salida del país por aparente "persecución psicológica" terminó, en menos de una semana, con su regreso y un mensaje lleno de determinación. El pasado miércoles 03 de septiembre de 2024, durante la posesión de la nueva defensora del Pueblo, el presidente Petro reveló que su hija menor había decidido abandonar Colombia. Atribuyendo esta decisión a un creciente "fascismo" en la sociedad, además de un constante acoso y persecución psicológica hacia Antonella por parte de sectores extremistas contrarios a su gobierno. Estas declaraciones del presidente se presentaron justo en medio del controvertido paro camionero, un contexto que para muchos, más que ofrecer explicaciones claras, parecía un esfuerzo por desviar la atención hacia una victimización personal y familiar que poco contribuía al debate nacional. Las afirmaciones de Petro sobre la persecución que sufrió su hija fueron recibidas con escepticismo por parte de ciertos sectores, mientras que otros expresaron apoyo. Incluso figuras de la oposición como la senadora Paloma Valencia y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López ofrecieron palabras de solidaridad hacia el presidente, destacando que las diferencias ideológicas no deberían afectar a las familias. Sin embargo, y pese a todo el dramatismo protagonizado por el presidente Petro, el caso tomó un giro inesperado apenas unos días después. El 6 de septiembre, Antonella Petro anunció su retorno al país a través de un mensaje publicado por su padre en la red social X. La menor expresó que “huir nunca será la solución a los problemas” y que no estaba dispuesta a dejar a sus seres queridos por “darle el gusto a gente sesgada”. En menos de una semana, la narrativa pasó de una huida provocada por una supuesta persecución a un regreso triunfal cargado de mensajes de superación personal y fortaleza ante la adversidad. Este peculiar caso cargado de drama y melancolía, más allá del dolor personal que pudo haber experimentado el presidente y su familia, es difícil no verlo como una estrategia política y otro intento más por desviar la atención de los problemas realmente importantes que afronta el país.
+ Leer mas.El martes 10 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro, en su habitual discurso confrontacional e incendiario, lanzó una dura advertencia al congreso de la república, en la cual, manifiesta que si este no aprueba el presupuesto general de la nación para 2025, él lo emitirá por decreto. Esta amenaza, pone en evidencia una vez más las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la vez que arroja serios interrogantes sobre el respeto del presidente por la separación de poderes y los procesos democráticos. El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, afirmó que la constitución le otorga la facultad de decretar el presupuesto en caso de que el congreso no lo apruebe. Sin embargo, detrás de esta acción se esconde una realidad preocupante: el presupuesto de 2025 está desfinanciado, y el Gobierno ha intentado, sin éxito, que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que subsane un déficit de 12 billones de pesos. Ante la falta de consenso en las comisiones económicas del Congreso, Petro ha endurecido su postura, amenazando con emitir el presupuesto sin la aprobación de los legisladores. El presupuesto presentado por el Gobierno asciende a 523 billones de pesos, pero varios congresistas, encabezados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, han señalado que esta cifra es irrealizable. El déficit financiero, sumado a la falta de un acuerdo sobre la ley de financiamiento, ha hecho que muchos legisladores consideren que el presupuesto es, en palabras del senador Mauricio Gómez Amín, "un monto mentiroso". Las críticas no se limitan solo a la cifra astronómica del presupuesto, sino a la insistencia del presidente en no ceder ni ajustar las expectativas fiscales del país. La ley de financiamiento: una solución a medias El plan del Gobierno para cubrir el déficit de 12 billones de pesos incluye una reforma tributaria, que, según Petro, no incrementa impuestos para la mayoría de los ciudadanos, sino que busca reducir el impuesto de renta a las empresas pequeñas y medianas. Para financiar este alivio, el Gobierno propone gravar más a las empresas extractivas, como las del sector petrolero y minero, y también implementar un IVA sobre juegos de suerte y azar en línea, entre otras medidas. Sin embargo, para el Senador Efraín Cepeda, aprobar una ley de financiamiento basada en expectativas de recaudación poco realistas solo agravaría los problemas fiscales del país. "Qué se gana hoy si damos una patente para 12 billones de pesos y no se recauda, sino 6 billones", afirmó Cepeda, destacando que es preferible discutir un presupuesto ajustado a la realidad económica actual. La senadora Angélica Lozano también sugirió que el presupuesto debería ajustarse a 499 billones de pesos para garantizar su ejecución eficiente y evitar futuros recortes. Una crisis de gobernabilidad La insistencia del presidente en emitir el presupuesto por decreto no solo genera preocupación en el ámbito económico, sino también en el político. La capacidad de Petro para generar consensos ha sido inútil, y este nuevo episodio pone en duda su habilidad para gobernar en un sistema democrático que requiere diálogo y negociación entre las distintas ramas del poder. Emitir el presupuesto por decreto, aunque permitido por la Constitución en casos excepcionales, sería un acto que podría desencadenar una crisis política de gran envergadura. Legisladores como Angélica Lozano han calificado esta medida como una "bravuconada" del presidente, advirtiendo que, aunque tiene la facultad para hacerlo, lo peor sería emitir un presupuesto inflado que luego, al no poder ejecutarse, termine suspendido al inicio de 2025. Este tipo de acciones no solo socavan la credibilidad del Gobierno, sino que también aumentan la incertidumbre en los mercados y entre los inversionistas, afectando la estabilidad económica del país. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha intentado calmar los ánimos, instando al Congreso a estudiar la propuesta del Gobierno antes de rechazarla de plano. Sin embargo, sus esfuerzos parecen insuficientes ante la creciente resistencia de los congresistas, que ven en esta situación una oportunidad para reafirmar su independencia frente al Ejecutivo. El Congreso, como ha señalado Efraín Cepeda, "es una rama independiente del poder público", y ceder ante la amenaza de un decreto presidencial sería, según muchos, un golpe a la institucionalidad democrática del país.
+ Leer mas.Este jueves 12 de septiembre de 2024, desde Armenia, Quindío, el presidente Gustavo Petro hizo fuertes declaraciones frente a más de 1500 representantes de medios alternativos, donde abordó temas relacionados con la libertad de expresión y el control de las redes sociales. En su discurso, el mandatario expresó su preocupación sobre el dominio de estas plataformas por parte de grandes millonarios, destacando al magnate Elon Musk, propietario de la red social X, como ejemplo de los peligros que esto conlleva. Petro afirmó que las redes sociales, que inicialmente surgieron como un espacio alternativo de comunicación, han sido adquiridas por las personas más adineradas del mundo, lo que, según él, ha generado un control sobre el flujo de la información. "Ahora las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en el mundo entero, son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia", sostuvo el presidente. Esta declaración refleja su inquietud ante lo que considera un creciente monopolio de los medios digitales, los cuales, en su opinión, están siendo cooptados por intereses económicos y políticos. Un punto especialmente polémico en el discurso de Petro fue la mención directa a Elon Musk. El mandatario describió al empresario como "proclive a los nazis", un comentario que llamó la atención tanto por su gravedad como por el contexto en el que fue formulado. Petro expresó su temor de que en cualquier momento el magnate pueda cerrar su cuenta en X, lo que le privaría de su plataforma favorita para comunicarse con el público. Este temor fue vinculado por Petro a lo que él denominó "la tesis de Pinochet", sugiriendo que hay una tendencia a "silenciar antes de la barbarie". Con esto, hizo referencia a cómo ciertos poderes, en su opinión, buscan callar voces disidentes antes de que puedan exponer situaciones que puedan considerarse problemáticas o perjudiciales para esos mismos poderes. El comentario del presidente respecto a Elon Musk y su supuesta simpatía con posturas extremistas ha sido visto como una crítica directa al empresario por su manejo de la plataforma X. Desde que Musk adquirió la red social, ha habido un intenso debate sobre las políticas de moderación de contenidos y la libertad de expresión en la plataforma. Petro, aludiendo a estos cambios, dejó entrever que existe una preocupación global sobre el control que las grandes fortunas ejercen sobre los espacios digitales, y cómo estos cambios podrían afectar la democracia y la pluralidad informativa.
+ Leer mas.El 12 de septiembre de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se rebeló públicamente ante el fallo del Consejo de Estado, que le ordenaba retractarse por las acusaciones realizadas contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En sus declaraciones, Petro había acusado a Enrique de estar implicado en un desfalco millonario en la Nueva EPS, que habría alcanzado la alarmante cifra de $5 billones. El presidente se mostró desafiante y se negó a acatar la orden judicial. Desde Florencia, Caquetá, Petro arremetió contra el fallo del Consejo de Estado, alegando que su acusación contra Enrique Vargas Lleras estaba basada en "verdades" y no en especulaciones. "Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades", expresó el mandatario, dejando en claro que no se retractaría de sus comentarios. Petro también enfatizó que no optaría por el camino "fácil" de una objeción de conciencia, pues afirmó estar convencido de la veracidad de sus declaraciones, aun cuando el tribunal lo había conminado a retractarse. Impugnación del fallo El 13 de septiembre de 2024, la defensa de Petro, encabezada por la abogada Carolina Jiménez Bellicia, presentó formalmente la impugnación del fallo del Consejo de Estado, buscando evitar que el mandatario tuviera que retractarse. En un extenso documento enviado al tribunal, Jiménez argumentó que los derechos fundamentales de Enrique Vargas Lleras no habían sido vulnerados, ya que las declaraciones del presidente se basaban en "hallazgos del agente interventor de la Nueva EPS" que señalaron presuntas irregularidades. El argumento central de la defensa es que las expresiones de Petro, más que ser acusaciones infundadas, constituyen opiniones sobre la política oficial y, por lo tanto, no requieren de una "estricta objetividad" como lo demandaba el fallo. Según la defensa, estas declaraciones estaban fundamentadas en hechos reales, aunque preliminares, que indicaban posibles irregularidades en la gestión de la Nueva EPS. En este sentido, se subraya que nunca se imputaron cargos formales contra Enrique Vargas Lleras ni se realizó un juicio de responsabilidad penal. El documento también argumenta que, al tratarse de una figura pública con un amplio reconocimiento como Enrique Vargas Lleras, se requería que él demostrara un daño concreto y específico a su buen nombre para que el tribunal pudiera amparar sus derechos. Este punto busca deslegitimar la sentencia del Consejo de Estado y rechazar la idea de que las declaraciones del presidente tuvieran como objetivo afectar la reputación de Vargas Lleras. En definitiva, Gustavo Petro continúa firme en su postura de no retractarse, desafiando abiertamente al Consejo de Estado y generando una tormenta política y judicial que promete intensificarse en los próximos días.
+ Leer mas.Este sábado 21 de septiembre de 2024, se volvió a desatar la controversia entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, cuando Deborah Lipstadt, delegada especial del Gobierno estadounidense para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, señaló públicamente al presidente Gustavo Petro de emplear una “retórica antisemita”. La embajada de Estados Unidos en Bogotá difundió el mensaje de Lipstadt a través de su cuenta oficial. Esta polémica surge, en medio de la gira realizada por el presidente Petro en los Estados Unidos, en la que pretende participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde muy posiblemente el mandatario Colombiano centrara su discurso en denunciar los bombardeos israelíes en Gaza, que, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de esa región —controlado por Hamás—, han dejado más de 40.000 muertos. Estos datos, aunque cuestionados por algunos sectores debido a su origen, han sido parte crucial de la narrativa del presidente. Esta posición de Petro respecto al conflicto en Gaza ha generado críticas tanto internas como internacionales. En particular, se ha centrado en denunciar lo que él considera un "genocidio" contra el pueblo palestino, evitando condenar directamente los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles israelíes, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Esta omisión ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de Lipstadt y otros funcionarios estadounidenses, quienes han acusado a Petro de sesgo en sus declaraciones. En su mensaje, Lipstadt afirmó que “la retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos tolerar esto. Debemos condenar estas narrativas que hacen daño”. La respuesta del presidente colombiano no se hizo esperar. Desde Chicago, Petro utilizó su cuenta en redes sociales para contestar a la diplomática estadounidense, rechazando las acusaciones de antisemitismo y pidiendo "respeto". “Señora embajadora, los palestinos son semitas de acuerdo con la Biblia, dado que la palabra ‘semita’ designa a los descendientes de Sem y su lengua”, explicó el presidente, tratando de enmarcar su crítica como una defensa de los derechos de los palestinos. “Por tanto, es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello", agregó, insistiendo en su postura de que los ataques israelíes en Gaza son comparables al Holocausto, una afirmación que ha sido calificada como profundamente ofensiva por la embajada de Estados Unidos. Petro también reiteró que no se considera antisemita ni antijudío, sino un defensor de la libertad de los pueblos. En su mensaje, enfatizó que, de haber vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial, habría luchado contra los nazis. Sin embargo, su comparación del gobierno de Netanyahu con el nazismo, al que calificó como "reo ausente de la justicia internacional", ha sido motivo de nuevas tensiones. En definitiva, aunque Petro sigue justificando sus declaraciones en la defensa de los derechos humanos, sus palabras han generado profundas divisiones y dejado en entredicho la neutralidad que muchos esperaban en un tema tan sensible.
+ Leer mas.El presidente Gustavo Petro ha vuelto a generar controversia con su habitual retorica confrontativa y populista, esta vez en relación con la destitución de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México. La remoción de Ninco Daza, un joven que no cumplía con los requisitos legales para ejercer un cargo diplomático de tal magnitud, fue ordenada por el Consejo de Estado. En lugar de aceptar la decisión judicial como una rectificación del nombramiento irregular, Petro ha optado por un enfoque populista, argumentando que el verdadero motivo de la destitución es la juventud del exembajador, lo que refleja una política de victimización que el presidente ha utilizado en reiteradas ocasiones. Nombramiento irregular de Ninco Daza El nombramiento del hoy exembajador estuvo envuelto desde el principio en irregularidades. El Decreto 190 del 10 de febrero de 2023, que oficializó su designación, fue declarado nulo por la Sección Quinta del Consejo de Estado en agosto de 2024, gracias a una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y la abogada Adriana Marcela Sánchez Yopasá. Las demandantes señalaron las irregularidades del proceso de nombramiento, que se realizó sin respetar los tiempos legales de publicación y sin evaluar adecuadamente los comentarios ciudadanos. Esta decisión judicial, apoyada también por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejó claro que no se pueden obviar los procedimientos establecidos, ni siquiera bajo la justificación de “darle un espacio a los jóvenes”. Como lo recalcó la Sección Quinta del Consejo de Estado, no se trataba de un caso excepcional que permitiera saltarse las normas, ya que no se evaluó correctamente la compensación de requisitos, un aspecto crucial según el Decreto 770 de 2005 que regula este tipo de nombramientos. La respuesta de Petro: victimización y ataque a la derecha Lejos de reconocer la falta de cumplimiento de los requisitos legales, Petro ha adoptado una postura confrontativa y populista. En una intervención en la UNAM, Petro atribuyó la destitución de Ninco Daza a lo que él llamó "negacionismo" de la derecha, argumentando que la verdadera razón detrás de la decisión fue la juventud del embajador. Según el presidente, se trataba de un golpe de las "extremas derechas" que, según él, no aceptan las diferencias y quieren eliminar a los jóvenes del escenario político. Petro comparó esta situación con la suya, recordando cuando fue destituido como alcalde de Bogotá, y sugirió que la derecha utiliza estas tácticas para mantener el poder y excluir a aquellos que representan un cambio. "Es la forma de actuar de las derechas: negar las diferencias", afirmó Petro, calificando la destitución como un acto de elitismo y aristocracia. Según el mandatario, la Procuraduría y el Consejo de Estado no quieren jóvenes en altos cargos, prefiriendo "aristócratas". Este tipo de discurso, que Petro ha usado frecuentemente para presentarse como víctima de las élites tradicionales, se presenta como una estrategia para desviar la atención de las irregularidades cada vez más frecuentes en su gobierno. Sin embargo, tal retórica no logra ocultar en este caso que el nombramiento de Ninco Daza fue, desde su origen, ilegal e inadecuado. La defensa de Ninco Daza Por su parte, Ninco Daza ha adoptado el mismo tono que Petro, calificando su destitución como un acto de "incomodidad" por parte de un Estado "adultocrático". En una rueda de prensa, el ahora exembajador defendió su gestión y señaló que su salida fue una respuesta a su juventud y a su vinculación con la "lucha social, juvenil y popular". Sin embargo, más allá de las declaraciones políticas, la realidad es que Ninco Daza no cumplía con los requisitos legales para ejercer como embajador, y su nombramiento fue declarado nulo en todas las instancias judiciales. Finalmente, el caso del hoy exembajador en México, es un claro ejemplo de cómo el presidente Gustavo Petro utiliza su narrativa populista y demagoga para justificar decisiones que no se ajustan a la ley. Al victimizar a Ninco Daza por su juventud y atacar a la derecha como responsables de su destitución, Petro ignora los hechos legales y se enfoca en un discurso polarizante que busca desviar la atención de los problemas reales. El nombramiento de embajadores, especialmente en un país tan importante para Colombia como México, no puede basarse en consideraciones políticas ni simbólicas, sino en la experiencia y cualificación de los candidatos, puesto que los requisitos que expide la ley son de vital importancia para asegurar que las misiones diplomáticas sean encabezadas por profesionales calificados, con el fin de mantener una representación internacional idónea. Sin embargo, Petro optó por un nombramiento con tintes de cuota política, intentando justificarlo bajo el manto de la juventud y la lucha social, pasando por alto las exigencias legales del cargo.
+ Leer mas.En un evento reciente en lo que fue el cierre de la ‘Feria de las Economías para la Vida - FEV’ en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro, recitó un discurso que ha generado críticas en torno a su postura frente a los recientes descubrimientos de yacimientos de gas en el mar Caribe colombiano. Petro no sólo cuestionó el entusiasmo ante estos hallazgos, sino que también arremetió contra Ecopetrol y su papel en el sector energético del país, abogando por un futuro alejado de los combustibles fósiles. “No es una buena noticia” Durante su intervención, el presidente afirmó que no es una buena noticia el hallazgo de gas y petróleo, una declaración que va en contravía del sentimiento generalizado de alivio ante la posible solución a una inminente crisis energética que podría afectar al país en 2025. Según el mandatario, la celebración de estos descubrimientos, en lugar de generar alegría, debería causar alarma. Argumentó que el consumo de petróleo, carbón y gas no forma parte de lo que él denomina “las economías de la vida”, un concepto que parece estar en el centro de su agenda política. Petro destacó que Colombia es uno de los principales exportadores de carbón a nivel mundial —el quinto en la lista— y que gran parte de la economía nacional depende de la renta generada por estos recursos. Sin embargo, según él, esta dependencia ha descuidado sectores clave como la agricultura y la industria. Aunque reconoce la importancia económica de estos recursos, su retórica sugiere que la dependencia de los combustibles fósiles debe desaparecer en un futuro próximo. Crítica a Ecopetrol y la propuesta de un “exorcismo” Una de las partes más llamativas de su discurso fue la crítica directa a Ecopetrol. Petro afirmó que esta empresa estatal debe hacer un “exorcismo” y eliminar el petróleo de su modelo de negocio. Esta metáfora, aunque dramática, refleja la visión del presidente de que el país debe dejar de depender del petróleo en un plazo de diez años. En su lugar, instó a la compañía a enfocar sus esfuerzos en energías limpias e inteligencia artificial, un cambio que él considera esencial para que la empresa logre un mayor poder y relevancia en el futuro. El presidente hizo hincapié en que Barranquilla sería el epicentro de esta transformación, sugiriendo que la ciudad tiene el potencial de convertirse en un núcleo para el desarrollo de energías limpias y tecnología avanzada. Propuso que Ecopetrol debería asociarse a iniciativas tecnológicas en lugar de seguir apostando por la exploración y producción de combustibles fósiles. Según Petro, Colombia tiene la capacidad de generar hasta 65 gigavatios de energía limpia en el Caribe, tres veces más de lo que genera el país actualmente. Entre el optimismo y el riesgo Los descubrimientos recientes de yacimientos de gas y petróleo podrían duplicar las reservas energéticas del país, un hito histórico que, en otro contexto, habría sido celebrado como una oportunidad para garantizar la seguridad energética de Colombia y su estabilidad económica. Sin embargo, Petro ha optado por enfocar sus críticas en la dependencia de estos recursos y el impacto que tienen en el cambio climático, calificando a las principales potencias mundiales como Estados Unidos y China de “grandes chimeneas” responsables de la crisis ambiental. Aunque la postura de Petro se alinea con las preocupaciones globales sobre el cambio climático, su rechazo frontal a los combustibles fósiles plantea preguntas sobre el futuro económico del país. En su discurso, lejos de generar consenso, ha sembrado dudas sobre la viabilidad de su propuesta de transición energética en un país cuya economía aún depende en gran medida de los hidrocarburos. Las cifras y los plazos que propone el mandatario, especialmente su visión de abandonar el petróleo en menos de diez años, parecen ignorar las complejidades económicas y sociales que rodean a este sector estratégico.
+ Leer mas.En medio de rumores que circulan desde Venezuela, sobre la posible muerte de, alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, el Gobierno del presidente Petro a través del comisionado de paz, Otty Patiño ha manifestado su pesar ante la noticia. En dialogo con Blu Radio, Patiño expresó que, aunque no puede confirmar la muerte de Márquez, la misma sería un "hecho lamentable". No obstante, más allá de las palabras diplomáticas, Márquez deja tras de sí un historial marcado por la traición a los acuerdos de paz la prolongación del conflicto en Colombia. La sombra de la traición La figura de Iván Márquez ha estado marcada por sus repetidas traiciones a los esfuerzos de paz en Colombia. Tras su papel clave como negociador en los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas FARC, Márquez rompió los compromisos adquiridos en 2019, al regresar a las armas. En su deserción, anunció la creación de la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las FARC que opera principalmente desde Venezuela, bajo la supuesta protección del régimen de Nicolás Maduro. El regreso de Márquez a la lucha armada fue un duro golpe para los esfuerzos de paz en Colombia. Desde entonces, ha sido el protagonista de varios intentos de atentado. El más reciente, en julio de 2022, lo dejó gravemente herido, con la pérdida de un brazo, un ojo y parte de la movilidad de su cuerpo. A pesar de las especulaciones sobre su muerte tras este ataque, Márquez reapareció en un video en mayo de 2023, donde expresó su apoyo a la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta reaparición generó suspicacias sobre el posible respaldo de la Segunda Marquetalia al actual gobierno, lo que no ha sido confirmado. ¿Proceso de paz en riesgo? Otty Patiño afirmó que la posible muerte del líder guerrillero no tendría un impacto directo en el proceso de paz que actualmente se adelanta con la Segunda Marquetalia. Según el comisionado, aunque Márquez no participaba activamente en las negociaciones, su influencia como líder del grupo armado era significativa. Sin embargo, su ausencia podría generar una reconfiguración del liderazgo en la Segunda Marquetalia y alterar las dinámicas del proceso. La reacción del gobierno de Petro ha sido objeto de críticas. La expresión de lamento por parte de Patiño ha sido interpretada como una postura condescendiente hacia un hombre que, no solo traicionó en dos ocasiones los procesos de paz, sino que también perpetuó la violencia en las zonas rurales del país. “Cualquier muerte de estos personajes interesados en la paz es lamentable”, señaló Patiño. ¿Un nuevo panorama para la paz? El panorama de la paz en Colombia sigue siendo frágil. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por negociar con los diversos grupos armados que aún operan en el país, las diferencias ideológicas y territoriales complican las posibilidades de un acuerdo duradero. La Segunda Marquetalia, bajo la dirección de Iván Márquez, ha mantenido un discurso ambiguo, oscilando entre la búsqueda de la paz y la justificación de la lucha armada. Este doble juego de Márquez ha sido un obstáculo para los intentos de reconciliación en Colombia. Aunque el gobierno de Petro insiste en su compromiso con el diálogo, la realidad en el terreno es mucho más compleja. Los líderes de la Segunda Marquetalia y otros grupos armados han demostrado en varias ocasiones que no están dispuestos a abandonar sus armas y su control sobre las economías ilegales que operan en los territorios más apartados del país. Iván Márquez, como símbolo de esa dualidad entre paz y guerra, deja tras su posible muerte una herencia de desconfianza. El fin de una era La muerte de Iván Márquez, si se confirma, marcaría el fin de una era para un hombre que traicionó la paz en más de una ocasión. Su legado no es el de un luchador por la justicia o la igualdad, sino el de un comandante guerrillero que optó por la violencia como método para alcanzar sus fines, sin importar cuántas vidas fueran afectadas en el proceso. La historia lo recordará como un obstáculo para la paz, y su desaparición abre un nuevo capítulo en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado en Colombia.
+ Leer mas.El presidente Gustavo Petro ha sido objeto de críticas y expresiones de descontento por parte de miles de colombianos en diversos eventos públicos. Uno de los episodios más recientes se dio durante el Giro de Rigo, una reconocida carrera de ciclismo aficionado, celebrada el 3 de noviembre de 2024 en Medellín. Este evento, que reunió a 11.000 ciclistas de diferentes partes de Colombia y el mundo, fue el escenario de una enérgica “fuera Petro” que resonó entre los asistentes, reflejando el inconformismo ciudadano hacía el gobierno del presidente Petro. La despedida de Rigoberto Urán, un ícono del ciclismo colombiano, fue el contexto de este contundente acto de protesta. La carrera, que es la segunda más importante del aficionado al ciclismo en el mundo, atrajo a ciclistas de los 32 departamentos del país y de al menos 30 países, entre ellos Estados Unidos, México y Brasil. Entre los invitados de honor se encontraban el español Joaquim Rodríguez, conocido como “Purito”, y otras leyendas del ciclismo colombiano, quienes acompañaron a Urán en un momento emotivo y simbólico. Sin embargo, la despedida del ciclista pasó a un segundo plano cuando el grito de “fuera Petro” acaparó la atención, revelando el hartazgo de una parte significativa de la ciudad. La consigna “Fuera Petro” se ha convertido en un símbolo de protesta contra el mandatario, resonando no solo en eventos deportivos, como partidos de la Selección Colombia, sino también en conciertos y otros espacios de afluencia masiva. Este fenómeno indica un rechazo popular hacia las políticas y decisiones del presidente, quien ha respondido con irritación en lugar de mostrarse receptivo a las críticas de sus ciudadanos. La respuesta de Petro a esta arenga popular no se hizo esperar. En la mañana de este martes el 05 de noviembre, el presidente expresó su descontento en redes sociales, específicamente en su cuenta de X. Petro lanzó un duro mensaje en el que no solo cuestionó la legitimidad de la protesta, sino que insinuó que sus detractores están vinculados con los sectores responsables de atroces crímenes y corrupción en el país. “Pagar por un ‘Fuera Petro’ para que quienes asesinaron a 6,402 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder”, escribió en referencia a los responsables de ejecuciones extrajudiciales en años anteriores. Con esta declaración, el presidente no solo desvía la atención hacia actos de gobiernos pasados, sino que sugiere que cualquier crítica hacia su administración es, de alguna manera, un intento de rehabilitar antiguos males del país. Sin embargo, su postura ha dejado un sabor amargo entre los críticos, quienes interpretan esta respuesta como un ataque directo contra la libertad de expresión y una falta de disposición para escuchar el sentir popular.
+ Leer mas.A lo largo del mandato del presidente Gustavo Petro, su administración ha estado marcada por promesas de transparencia y meritocracia, en línea con su discurso de “democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”. Sin embargo, a pesar de su insistencia en combatir los favoritismos en la administración pública, recientes investigaciones y denuncias apuntan a la existencia de prácticas de nepotismo que involucran a familiares de varios altos funcionarios de su Gobierno. Las revelaciones de medios como El Espectador, basadas en la revisión de más de 100 documentos sobre conflictos de interés, contratos y nombramientos, señalan la contratación de familiares de al menos seis ministros y dos exministros en diversas entidades del Estado. Estos vínculos familiares en cargos de poder generan cuestionamientos, aunque el Gobierno sostiene que estos nombramientos cumplen con la normativa vigente y no representan un conflicto de intereses directo. Sin embargo, para muchos analistas y la opinión pública, estos casos empañan las promesas de Petro de un cambio en las prácticas del poder en Colombia. La ministra de Trabajo y sus múltiples familiares en el Gobierno Uno de los casos más emblemáticos es el de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien ha sido señalada por la contratación de varios familiares en distintas entidades estatales. Según las investigaciones, Ramírez tiene al menos tres familiares vinculados laboralmente con el Estado. Su hijo, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, fue nombrado en abril de 2023 como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y, aunque dejó ese cargo en febrero de 2024, más tarde fue designado asesor jurídico en el Ministerio de Ciencia. Su otro hijo, Álvaro Eduardo Restrepo, firmó un contrato con el Ministerio de Cultura a principios de 2023 por un valor de 76 millones de pesos. Además, la hermana de la ministra, Diana Zuleyma Ramírez, ocupa el puesto de subdirectora técnica en el Instituto Nacional de Salud desde principios de este año. Defensa del ministro de Hacienda a su entorno familiar Otro de los funcionarios en la mira es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien ha tenido que responder por los cargos ocupados por su esposa e hijo en instituciones del Estado. Claudia Liliana Cortés, esposa del ministro, fue nombrada directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en junio de 2023. Bonilla ha defendido públicamente este nombramiento, asegurando que su esposa cuenta con una experiencia de más de una década en el sector y que él no tuvo ninguna influencia en su designación. En un intento por despejar dudas, Bonilla recordó que su esposa ingresó a la UPRA en 2013, y que la promoción a su actual cargo se debió únicamente a su experiencia y capacidades. El hijo del ministro, Leonardo Bonilla, es investigador en el Banco de la República, una institución autónoma. A pesar de que su puesto no depende directamente del Gobierno, este nombramiento también ha sido objeto de críticas. Sin embargo, Bonilla reiteró que tanto su esposa como su hijo han ocupado estos cargos mucho antes de que él asumiera su rol en el gabinete de Petro. Otros funcionarios señalados El caso del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también ha sido mencionado en el informe de El Espectador. Su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja en la Superintendencia de Salud desde el 2022. A pesar de los cuestionamientos, Jaramillo ha superado mociones de censura en el Congreso y ha sostenido que su relación con su esposa no constituye un conflicto de interés en su gestión, aunque ambos se encuentran dentro del mismo sector. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y su esposo, Jaime Osorno, también forman parte de esta red de vínculos. Osorno ostenta una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad gubernamental encargada de administrar bienes incautados en procesos judiciales. Helga Rivas, ministra de Vivienda, tiene a su pareja, Juan Carlos Ortega Bermúdez, quien hasta el año pasado ocupaba el cargo de secretario en la Agencia de Reincorporación. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene familiares en entidades de gran relevancia como la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol, aunque estos cargos fueron asumidos antes de la llegada de Petro a la presidencia en 2022 y, por tanto, no se encuentran bajo la administración directa del Gobierno. No obstante, estos casos refuerzan la percepción de que los altos funcionarios se ven rodeados de familiares en posiciones clave. Otro caso que ha llamado la atención es el de Hollman Morris, gerente de RTVC, quien tiene a tres familiares con contratos en diversas dependencias del Estado. Uno de sus hermanos, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y actualmente trabaja en la Unidad de Restitución. Sus otras dos hermanas, Ingrid Johanna y Helga Lorena Morris, también se encuentran contratadas en el Ministerio de Cultura, lo que ha levantado críticas sobre el uso de redes familiares en sectores estratégicos de la administración pública. Respuestas del Gobierno El presidente Gustavo Petro ha defendido en varias ocasiones a su administración de las acusaciones de nepotismo, afirmando que se han implementado medidas para eliminar la “politiquería” en las entidades del Estado. Sin embargo, la persistencia de los casos de familiares en posiciones públicas ha puesto en tela de juicio esta afirmación. Incluso algunos miembros de su propio Gobierno han expresado públicamente su rechazo al nepotismo, calificándolo de “injusticia moral”. Las respuestas de los ministros, entre ellas las de Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo, no han logrado aplacar las críticas, ya que muchos observadores señalan que los nombramientos de familiares en el Gobierno contravienen la ética de transparencia que el presidente Petro prometió instaurar. A medida que estos casos salen a la luz, la administración de Petro enfrenta una creciente presión para tomar medidas que garanticen que la meritocracia prevalezca por encima de los lazos familiares, como lo había prometido al país.
+ Leer mas.El 21 de noviembre de 2022, el gobierno retomó diálogos de paz con el ELN, después de que estos finalizaran en 2019. La noche del 31 de diciembre de 2022, Gustavo Petro anunció que se había llegado a un cese bilateral al fuego de 6 meses con la guerrilla del ELN, afirmación que se recogió en un artículo aún vigente en el sitio web de su presidencia. Sin embargo, poco después, el grupo insurgente contestó en un comunicado del primero de enero de 2023, publicado en su sitio web: "La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", desmintiendo las afirmaciones del presidente.
+ Leer mas.Una de las propuestas de Petro en la carrera a la presidencia fue que el servicio diplomático privilegiara mérito y experiencia para nombrar funcionarios. La presidenta de la unión de funcionarios de carrera diplomática y consular (Unidiplo), Maria Angélica García, denuncia que hay favoritismos en las elecciones de nombramientos diplomáticos en gobierno Petro, al cual le hicieron 22 demandas al respecto. Por ejemplo, el gobierno nombró como cónsul en Cancún a la hermana de Jaime Garzón, María Soledad Garzón, quien no muestra experiencia en la carrera consular.
+ Leer mas.En medio del torbellino de controversias y declaraciones extravagantes que caracterizan al presidente Gustavo Petro, recientemente se ha sumergido en un nuevo debate sobre el uso de la insulina como método para perder peso. Las afirmaciones del mandatario colombiano han generado una ola de escepticismo y confusión entre la población, especialmente entre aquellos que padecen de diabetes y dependen de este vital medicamento. La escasez de medicamentos en Colombia, un problema recurrente que afecta a cientos de pacientes, ha llevado al presidente Petro a lanzar afirmaciones controvertidas sobre el uso indebido de la insulina con fines de adelgazamiento. Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente la insulina es un arma secreta para perder esos kilos de más? Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la escasez de insulina se ha convertido en un problema alarmante en el país. Tres tipos específicos de este medicamento, Degludec, Lispro y Glargina, están en riesgo de desabastecimiento, lo que pone en peligro la salud de los pacientes diabéticos que dependen de ellos para controlar su nivel de azúcar en la sangre. Ante esta crisis de suministro, el presidente Petro ha sugerido que algunos individuos están utilizando la insulina como un medio para perder peso. Sin embargo, los expertos médicos han desestimado esta afirmación, señalando que la insulina no es un medicamento diseñado para este propósito y su uso indebido puede tener consecuencias graves para la salud. El médico diabetólogo Carlos Mendivil ha destacado que el uso no autorizado de la insulina puede llevar a hipoglucemias peligrosas, causando síntomas como hambre, sudoración y pérdida de conocimiento. Además, el abuso de este medicamento puede provocar daño neurológico e incluso ser fatal para el paciente. Por otro lado, se ha mencionado la existencia de otros medicamentos, como Ozempic y Saxenda, que han ganado popularidad como tratamientos para la obesidad. Estos fármacos, aunque no son insulina, tienen la capacidad de influir en el metabolismo y la sensación de saciedad, lo que los hace atractivos para aquellos que buscan perder peso de manera rápida y efectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos medicamentos no están exentos de riesgos y deben ser utilizados bajo supervisión médica. El uso indebido de Ozempic y Saxenda puede tener efectos secundarios graves, incluida la inflamación del páncreas y otros problemas de salud. Las declaraciones del presidente Petro sobre el uso de la insulina para adelgazar han sido cuestionadas por la comunidad médica y los pacientes diabéticos, quienes han expresado su preocupación por la falta de acceso a este medicamento vital. En lugar de enfocarse en soluciones efectivas para la escasez de medicamentos, el presidente parece haber optado por desviar la atención hacia un problema que carece de fundamento científico. En conclusión, la idea de que la insulina es un remedio milagroso para perder peso parece ser otra exageración del presidente Petro. En un momento en que la población necesita líderes que aborden los problemas de manera responsable y basada en evidencia, las declaraciones sensacionalistas solo sirven para sembrar confusión y desconfianza. Es hora de dejar de lado las exageraciones y trabajar juntos para encontrar soluciones reales a los problemas de salud que enfrenta nuestro país.
+ Leer mas.En un contexto de creciente tensión política y social, las masivas marchas del 21 de abril contra el gobierno de Gustavo Petro marcaron un punto de inflexión en Colombia. Con cientos de miles de personas tomando las calles en varias ciudades del país, el presidente Petro y su equipo se vieron enfrentados a una ola de descontento que, aunque potente y visualmente impactante, fue rápidamente minimizada por el gobierno. El presidente Petro se refirió a la marcha como "débil" y sugirió que formaba parte de un supuesto "golpe blando". Sin embargo, el tono crítico de sus respuestas y el rechazo a reconocer la magnitud del descontento han generado preocupaciones sobre su disposición para escuchar al pueblo. Una marcha masiva ignorada por el gobierno: La magnitud de las marchas del 21 de abril fue considerable. En Bogotá, según la Secretaría de Gobierno, más de 100.000 personas participaron en la manifestación, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas. En Medellín, el número superó los 350.000, según la administración local, y otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga también reportaron importantes concentraciones de manifestantes. A nivel nacional, se estima que más de dos millones de personas participaron en las marchas. Sin embargo, el presidente Petro, en un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que solo 250.000 personas marcharon en todo el país y que las manifestaciones fueron "débiles". La respuesta de Petro no solo minimiza la magnitud de las marchas, sino que también sugiere una actitud de soberbia ante las preocupaciones de la ciudadanía. Desde la perspectiva del gobierno, estas manifestaciones forman parte de un supuesto "golpe blando", un término utilizado por Petro para describir cualquier intento de oposición a su mandato. A través de mensajes en sus redes sociales, Petro continuó insistiendo en que las marchas tenían la intención de derrocar su gobierno y que estaban motivadas por odio y desinformación. El descontento ciudadano y las reacciones críticas: La resistencia ciudadana, sin embargo, no puede ser descartada tan fácilmente. Los participantes en las marchas incluyeron ciudadanos de todas las edades y profesiones, así como representantes de varios sectores de la sociedad. La oposición a las reformas de Petro, especialmente en temas como la salud, la educación y el trabajo, fue uno de los principales motivos de la protesta. La participación de las 'Batas Blancas', la Asociación Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otras organizaciones médicas, reflejó la preocupación por el sistema de salud y la propuesta de reforma del gobierno. Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), emitió un mensaje más conciliador, reconociendo la gran cantidad de personas que se movilizaron y sugiriendo la necesidad de reflexión y autocrítica. Sin embargo, estas palabras contrastan con la actitud del presidente Petro, quien se mostró reacio a aceptar el alcance de las marchas y siguió insistiendo en la narrativa del "golpe blando". El senador Humberto de la Calle también expresó su descontento, instando a Petro a "modificar su gabinete" y a buscar acuerdos con la oposición. La dificultad de escuchar y la soberbia del gobierno: La respuesta de Petro refleja una falta de disposición para escuchar a la ciudadanía y una tendencia a deslegitimar el derecho a la protesta. El tono de sus mensajes, que sugiere que las marchas estaban motivadas por odio y que los manifestantes representan a la "clase dominante", ha generado inquietud sobre su capacidad para gobernar de manera inclusiva y abierta al diálogo. El desafío para el presidente Petro es claro: reconocer el descontento de un amplio sector de la sociedad y buscar soluciones que permitan abordar las preocupaciones expresadas en las marchas. Sin embargo, su respuesta a las manifestaciones sugiere que, por ahora, el gobierno está más interesado en desacreditar a los opositores que en atender sus demandas. Esta actitud puede aumentar la tensión y la polarización, alejando aún más al gobierno de la población que supuestamente representa.
+ Leer mas.Recientemente, el gobierno del presidente Gustavo Petro se vio obligado a reconocer la inviabilidad del prometido tren elevado que uniría Buenaventura con Barranquilla, una promesa clave de su campaña presidencial de 2022. Esta declaración, realizada por el saliente ministro de transporte, William Camargo, en una entrevista con Blu Radio, destacó las altas expectativas y los desafíos económicos que rodean los grandes proyectos de infraestructura en Colombia. Según el análisis detallado realizado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este proyecto no era financieramente viable. Camargo, quien sería reemplazado por la viceministra María Constanza García, afirmó que "la idea del tren elevado de Buenaventura a Barranquilla es inviable para ejecutar en el país". Alternativas propuestas. Ante la imposibilidad de realizar el proyecto del tren elevado, el gobierno presentó dos alternativas viables para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante vías férreas. La primera opción es el tren Cupica – Darién, un proyecto que ya cuenta con un perfil elaborado y que está en proceso de consulta previa ya que cualquier proyecto de esta magnitud debe ser aprobado por la población local mediante una consulta. "No podemos adelantar el proyecto, la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores, si la población indígena y la población negra que habita el territorio no lo decide", afirmó Petro. Este tramo, de aproximadamente 260 km, ofrecería una conexión transoceánica similar pero en una distancia más corta y con menores costos operativos. La segunda alternativa es utilizar los corredores ferroviarios existentes, específicamente el Ferrocarril del Pacífico y la conexión entre La Dorada y Santa Marta. Esta propuesta se basa en la infraestructura ya existente y busca revitalizar los tramos férreos que han sido utilizados durante décadas. Avances en prefactibilidad y concesiones. El gobierno está avanzando en la prefactibilidad del proyecto del tren Cupica – Darién y su conexión con La Dorada a través de la zona de La Felisa. Una consultoría está en proceso de finalizar los detalles específicos de este proyecto. En cuanto a la segunda alternativa, la utilización de corredores ferroviarios existentes, el tramo Dorada – Chiriguaná ya cuenta con un contrato de obra pública, y en unos meses se abrirá una Asociación Público-Privada (APP) para concesionar este corredor por un período de 10 años. Este proyecto permitirá unir Buenaventura con Santa Marta mediante los corredores ferroviarios que han existido en el país durante décadas. Costos y desafíos futuristas. El costo estimado del proyecto del tren transoceánico entre Cupica y Darién es de unos $60 billones, según el ministro de Transporte, William Camargo. Este proyecto, que sería adjudicado a un privado en caso de aprobarse, se desarrollaría en un plazo de cinco años. Sin embargo, la viabilidad de este megaproyecto aún depende de la opinión de las comunidades locales, lo que añade una capa adicional de complejidad a su ejecución. En definitiva, la obsesión de Petro con los trenes, aunque ambiciosa, enfrenta desafíos significativos en términos de financiación, aprobación comunitaria y capacidad de ejecución. El tiempo dirá si estas nuevas propuestas pueden cumplir con las expectativas y necesidades de conectividad del país.
+ Leer mas.A dos años de la presidencia de Gustavo Petro, los resultados de su política estrella, la denominada "Paz Total", se revelan como un estrepitoso fracaso. La ambiciosa iniciativa de Petro, que pretendía negociar simultáneamente con diferentes grupos armados ilegales para alcanzar una paz integral, ha terminado por exacerbar la violencia en lugar de contenerla. Con cifras alarmantes y un contexto cada vez más sombrío, la realidad de Colombia hoy es más violenta y fragmentada que cuando Petro asumió el poder. El fracaso en números: El balance de la violencia Desde que asumió el cargo, Petro prometió una solución rápida y efectiva a la violencia que azota al país, asegurando que en solo tres meses podría resolver el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, esa promesa no solo no se ha cumplido, sino que la situación ha empeorado dramáticamente. A julio de 2024, las estadísticas son escalofriantes: el secuestro ha aumentado un 70% y la extorsión un 29%, según reconoció el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez. En el plano de la violencia letal, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, hasta abril de 2024, al menos 57 líderes sociales fueron asesinados y se registraron 21 masacres en diferentes regiones del país. Estas cifras no son solo números fríos, sino el reflejo de una realidad cada vez más desoladora y angustiante para las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto. Imprevisión y falta de estrategia: factores que hace tambalear a la Paz Total La improvisación ha sido la marca distintiva de la Paz Total. Desde las visitas iniciales de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros en las cárceles del país durante la campaña electoral, hasta la actual desorganización en las mesas de negociación, la política de paz de Petro ha estado plagada de errores estratégicos y falta de claridad. Uno de los ejemplos más evidentes es el desorden en la negociación con el ELN. Aunque el 24 de mayo de 2024 el gobierno logró acordar un primer punto en la agenda de negociación en Caracas, Venezuela, lo cierto es que el ELN sigue fortaleciendo su capacidad militar y ejerciendo control territorial en vastas regiones del país. Mientras el gobierno evalúa la posibilidad de sacar a este grupo de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y de la lista de "grupos terroristas", el ELN sigue secuestrando, extorsionando y reclutando menores, lo que evidencia la falta de un verdadero control del proceso por parte del Ejecutivo. La situación con las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, no es menos grave. Estas facciones no solo han intensificado su control territorial en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sino que han desarrollado nuevas tácticas de combate, incluyendo el uso de drones para bombardear posiciones del Ejército y la Policía, una estrategia que las fuerzas militares colombianas aún no han podido contrarrestar. El ELN y el Clan del Golfo: Los grandes ganadores Mientras el gobierno de Petro insiste en mantener abiertas las negociaciones, grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo han aprovechado la situación para ganar tiempo y fortalecerse militarmente. El Clan del Golfo, por ejemplo, ha expandido su presencia a 392 municipios, casi 140 más que en 2022, antes de la llegada de Petro al poder. Su poderío militar y control territorial se han incrementado significativamente, lo que pone en duda la verdadera voluntad de paz de estos grupos y la efectividad de cualquier negociación que se pueda llevar a cabo. Del mismo modo, el pasado abril, el gobierno incluso otorgó estatus político a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central (EMC), lo que ha generado una gran controversia. Este reconocimiento no solo es un premio para quienes incumplieron los acuerdos de paz anteriores, sino que sienta un peligroso precedente: ¿por qué negociar un sometimiento si pueden aspirar a un estatus político que les brinde mayores beneficios? Esta decisión ha sido criticada por analistas como Carlos Charry, quien señala que la Paz Total es un reflejo de la falta de realismo del gobierno Petro al enfrentar simultáneamente a diferentes grupos armados, con orígenes y liderazgos fragmentados. El futuro de la Paz Total: ¿Hay esperanza? A medida que el gobierno se adentra en la segunda mitad de su mandato, la pregunta que surge es si tiene sentido continuar con un proyecto que ha demostrado ser tan inoperante e ineficaz. La desconfianza de la sociedad civil en la capacidad del gobierno para manejar estas negociaciones se ha incrementado, lo que dificulta aún más cualquier intento de avanzar en los diálogos. La posibilidad de que el ELN esté esperando al próximo gobierno para negociar, como lo han hecho en el pasado, añade un elemento de incertidumbre que amenaza con perpetuar el conflicto. Los analistas coinciden en que la única opción viable sería que el gobierno revalúe su estrategia y enfoque sus esfuerzos en negociaciones que realmente puedan dar resultados efectivos, tal vez concentrándose en acuerdos con "grupos ilegales urbanos", como los del Valle de Aburrá en Antioquia o algunos grupos armados de Buenaventura. Sin embargo, el tiempo se agota y la paciencia de los colombianos también. La Paz Total, un espejismo que se desvanece La Paz Total de Petro se perfila sin duda alguna como el mayor fracaso de su administración. Lo que comenzó como una promesa ambiciosa de pacificación nacional se ha transformado en un proceso desordenado y caótico que ha permitido a los grupos armados ilegales fortalecerse y ampliar su control sobre el territorio. Mientras tanto, el país continúa sumido en la violencia, con una sociedad cada vez más desilusionada por las promesas incumplidas de paz y la improvisación con la que esta se ha planteado. El gobierno debe aceptar la realidad, la Paz Total, tal como se estructuró, no es viable. Es hora de replantear la estrategia y adoptar medidas que realmente puedan conducir a la paz y la estabilidad que Colombia tanto necesita. De lo contrario, el legado de Gustavo Petro será recordado no por la paz que prometió, sino por la guerra que no pudo detener y la ola de violencia que disparó.
+ Leer mas.En una reciente y preocupante serie de declaraciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a insistir en la existencia de un supuesto golpe de Estado en su contra, una acusación que ha hecho en repetidas ocasiones sin soportar pruebas concretas. Esta vez, sus afirmaciones llegan justo en el momento en el que se le acusa de presuntas violaciones en los topes de financiación para su campaña presidencial en 2022. El día domingo 01 de septiembre Petro desde su mejor trinchera, la red social X, lanzo una nueva advertencia sobre lo que él cataloga como una conspiración para destituirlo de la presidencia. "Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla", afirmó Petro en su publicación, sugiriendo que sus enemigos políticos están dispuestos a cualquier cosa para sacarlo del poder. Añadió que sería una "lucha popular" la que decidiría el futuro de su mandato, no una votación parlamentaria. Sin embargo, como ha sido característico en sus declaraciones sobre este tema, Petro no presentó evidencia que respalde sus afirmaciones. Mientras tanto, el informe del CNE, que se hizo público el 02 de septiembre de 2024, plantea serias acusaciones contra la campaña Petro. Según lo expuesto por el CNE, la campaña habría excedido los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos, una cifra alarmante que sugiere una violación flagrante de las normativas electorales. Estas irregularidades, según el periodista Daniel Coronell, incluyen la omisión de reportar más de 500 millones de pesos de aportes de Fecode, así como el no reporte de un préstamo de 500 millones de pesos realizado por el Polo Democrático Alternativo. Las acusaciones no se detienen ahí. El informe también destaca el no reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos, y una suma similar pagada a la Sociedad Aérea de Ibagué por vuelos privados. Estos y otros cargos se suman a una larga lista de irregularidades que ponen en duda la legalidad de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022. Criticas al presidente Petro La congresista del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, no tardó en responderle, instándolo a "dedicarse a trabajar" en lugar de perpetuar teorías sin fundamento. "Al presidente Petro solo lo puede destituir el Congreso en un juicio de carácter político, algo que no pasará", afirmó Juvinao, desestimando la idea de que el mandato de Petro esté en riesgo inminente. La congresista fue aún más lejos, sugiriendo que el presidente está utilizando estas acusaciones como una distracción para evitar enfrentar los problemas reales que aquejan a su gobierno y al país. El senador de Cambio Radical, David Luna, calificó el llamado de Petro a una "lucha popular" como un "eufemismo peligroso", sugiriendo que el presidente está incitando a la violencia en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. Luna instó a Petro a "reconocer sus errores, asumir las responsabilidades a las que haya lugar, y de una vez ponerse a trabajar". Por su parte, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y aliado del presidente Petro, envió un mensaje de respaldo: "No creo que se atrevan, Presidente. Saben las consecuencias." Este comentario en un tono que cargado de intimidación, lejos de calmar las aguas, podría interpretarse como una advertencia implícita a quienes se oponen a Petro, lo que podría agravar aún más la ya tensa situación política en Colombia. Lo que es claro es que la retórica incendiaria y paranoica del presidente, sumada a las acusaciones sin fundamento no son soluciones a los problemas que enfrenta Colombia. El país necesita liderazgo y estabilidad en un momento en que la confianza en las instituciones está en juego. Petro, en lugar de alimentar teorías de conspiración, debería centrarse en gobernar con transparencia y responsabilidad, asumiendo las consecuencias de las acciones de su campaña y trabajando para cumplir las promesas que hizo al pueblo colombiano. La pregunta es si el presidente está dispuesto a hacerlo o si continuará por el camino de la confrontación y la división.
+ Leer mas.El Consejo de Estado, en un fallo reciente, ordenó al presidente Gustavo Petro, retractarse públicamente por sus declaraciones contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Las afirmaciones de Petro se relacionan con la supuesta mala gestión financiera de la Nueva EPS, una de las principales entidades de salud del país. Acusaciones sin respaldo Las declaraciones del presidente, realizadas a través de su cuenta en la red social X, generaron una gran controversia desde su difusión en mayo y junio de 2024. En sus publicaciones, Petro denunció un ocultamiento de deudas por 5.5 billones de pesos en la Nueva EPS, junto con acusaciones de gastos innecesarios y el aparente financiamiento de un partido político con recursos destinados a la salud pública. No obstante, Petro no proporcionó pruebas concretas para respaldar sus acusaciones, llevando al principal señalado, Enrique Vargas Lleras a recurrir al Consejo de Estado en busca de la protección de su derecho al buen nombre. Decisión del Consejo Estado y reacción Vargas Lleras Según la sentencia emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Petro no realizó la verificación mínima necesaria para sustentar las graves imputaciones contra la familia Vargas Lleras. El tribunal concluyó que las declaraciones del presidente fueron presentadas no como opiniones políticas, sino como hechos, sin que hubiera evidencia suficiente para respaldarlas. Ante esta situación, el Consejo de Estado emitió una orden concreta: El presidente Petro debe retractarse y ofrecer disculpas públicas en un plazo de cinco días a partir del 6 de septiembre de 2024. Retractación la cual es vista por diferentes sectores como un acto necesario, ya que pone de manifiesto los riesgos de difundir información sin respaldo oportuno, especialmente cuando proviene de figuras públicas con acceso a plataformas de gran alcance. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, celebró la decisión del tribunal. Declarando a través de la red social X: "la justicia nos dio la razón", enmarcando que la familia Vargas Lleras siempre ha actuado con transparencia en sus actividades empresariales y políticas. Enrique Vargas Lleras, también involucrado directamente en el caso, emitió un comunicado negando categóricamente haber ocultado deudas o realizado gastos ilegales durante su tiempo en la Junta Directiva de la Nueva EPS.
+ Leer mas.En medio de la convulsionada escena política colombiana, el pastor y exprecandidato presidencial Alfredo Saade ha vuelto a ser noticia tras hacer públicas sus denuncias sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, lo más relevante de estas revelaciones no ha sido el contenido de sus advertencias, sino la ausencia de pruebas que sustenten sus graves afirmaciones. En este contexto, resulta pertinente analizar de manera crítica la veracidad y el impacto de sus declaraciones, que han suscitado más risas y escepticismo que alarma en la opinión pública. Las declaraciones de Saade: graves pero sin sustento El 18 de septiembre de 2024, Saade, en una entrevista con el periodista Hollman Morris en RTVC, aseguró que existía un complot para asesinar a Petro. Según sus palabras, el plan consistía en envenenar al presidente, una versión que, según él, le fue revelada por fuentes de "alta credibilidad" en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Saade afirmó que estas fuentes le informaron que la narrativa en torno al presidente, en la cual se le acusaba de ser un "borracho" y "drogadicto", era una preparación para justificar su muerte por una supuesta sobredosis tras el envenenamiento. Lo más alarmante de las declaraciones de Saade es que, a pesar de la gravedad de las mismas, no aportó ninguna prueba que las respaldara. No se presentaron documentos, grabaciones, o testimonios adicionales que pudieran dar mayor credibilidad a sus afirmaciones. Todo se reduce a su palabra y a las vagas referencias a fuentes internacionales de un "país cercano" cuya identidad decidió no revelar, supuestamente por razones de seguridad. Ante la falta de evidencias tangibles, es inevitable cuestionar la seriedad de sus denuncias. El humor como respuesta pública En lugar de generar un clima de preocupación o alarma, las declaraciones de Saade han sido objeto de burlas en las redes sociales. Los usuarios de X (anteriormente Twitter) hicieron viral el tema, comparando a Saade con "Garganta profunda", en alusión a la fuente secreta que filtró información en el escándalo de Watergate. Políticos, influenciadores y ciudadanos de a pie se sumaron a la ola de memes, destacando la poca credibilidad que genera el pastor en sus intentos de erigirse como una figura clave en la protección del presidente. La respuesta de la oposición política también fue contundente. El Partido Cambio Radical, uno de los principales detractores del gobierno de Petro, aprovechó la oportunidad para ridiculizar a Saade. En su cuenta oficial de X, publicaron un mensaje irónico en el que pedían seriedad ante las revelaciones del "Pastor Alfredo Saade", haciendo alusión a la falta de pruebas y al espectáculo mediático que se había generado. La falta de acción de los organismos de seguridad A pesar de la gravedad de las acusaciones de Saade, los organismos de seguridad del Estado no han entregado información que respalde la existencia de un plan para asesinar al presidente. Ni la Policía, ni las fuerzas militares, ni los servicios de inteligencia han presentado algún informe que confirme la versión del pastor. Esta ausencia de respaldo institucional fortalece la percepción de que las afirmaciones de Saade son, en el mejor de los casos, producto de rumores o exageraciones. Incluso el propio presidente Petro, quien en otras ocasiones ha hecho denuncias de amenazas contra su vida, parece haber adoptado un tono menos alarmista ante las declaraciones del pastor. Si bien es cierto que Petro mencionó previamente la existencia de un plan para atentar contra él mediante el uso de explosivos, la versión del envenenamiento presentada por Saade no ha sido corroborada por el mandatario ni por ninguna otra fuente oficial. Consecuencias políticas y mediáticas Las declaraciones de Saade, lejos de generar un debate serio sobre la seguridad presidencial, han contribuido a la polarización y al espectáculo mediático en torno al gobierno de Gustavo Petro. En lugar de fortalecer su imagen como un líder informado y preocupado por el bienestar del presidente, Saade ha quedado retratado como una figura cuya falta de rigor y seriedad genera más confusión que claridad. Este tipo de situaciones debilitan la capacidad del gobierno para responder de manera efectiva a posibles amenazas reales y contribuyen a la creciente desconfianza en las instituciones y en quienes se presentan como sus defensores. Además, la falta de pruebas y la forma en que se ha manejado mediáticamente el tema abren un espacio para la especulación y el sensacionalismo, desviando la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta el país. Las redes sociales, con su naturaleza instantánea y viral, amplifican este tipo de situaciones, generando un ruido mediático que opaca discusiones más profundas y necesarias.
+ Leer mas.La reciente apertura de una investigación por parte del CNE contra la campaña del presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia en el escenario político. Aunque Petro y sus más fieles lacayos han sugerido un supuesto golpe de Estado, la realidad jurídica de la situación no contrasta mucho de esa narrativa, según han explicado expertos y autoridades. Las sanciones que podría imponer el CNE son, en su mayoría, administrativas y no afectarían en ningún caso la permanencia de Petro en el poder. El martes 08 de octubre, el CNE, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra, decidió abrir una investigación formal contra la campaña de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta investigación se centra en la violación de los topes legales para los gastos de campaña, con un exceso no reportado de más de 5.300 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, destacan la omisión de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta electoral y la no declaración de 1.600 millones en la segunda vuelta, provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI con la que hacían vuelos privados. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, es importante señalar que el proceso no tiene implicaciones directas sobre el aforo presidencial de Petro. De acuerdo con la magistrada del CNE, Maritza Martínez, quien habló sobre el caso en el programa radial W Sin Carreta, el proceso está enfocado en determinar la posible violación de las normas de financiación electoral, lo cual conllevaría sanciones de carácter administrativo. Entre estas sanciones se encuentran multas que van desde los 18 millones 497 mil pesos hasta los 184 millones 976 mil pesos, o incluso la devolución parcial o total de los dineros de la reposición de votos. Por su parte, expertos como el jurista Rodrigo Uprimny han desvirtuado la tesis del presidente sobre un presunto golpe de Estado, calificándola de infundada y peligrosa para la estabilidad institucional del país. Según Uprimny, cualquier acción penal o disciplinaria contra el mandatario debe ser tramitada exclusivamente por el Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. Incluso en el escenario más grave, donde se verifique la violación de los topes de financiación, la máxima sanción que podría imponer el CNE sería de naturaleza económica, afectando potencialmente al movimiento político de Petro, Colombia Humana. De confirmarse las irregularidades, el partido podría perder su personería jurídica, lo que limitaría su participación en futuras elecciones y el acceso a financiación estatal. Sin embargo, esto no afectaría la permanencia de Petro en la presidencia. El CNE ha insistido en que su papel es estrictamente administrativo y no busca intervenir en las competencias del Congreso o de otras ramas del poder. En palabras de la magistrada Martínez, "no dependemos de ninguna rama del poder, somos un órgano autónomo al cual se le impuso la tarea de revisar las cuentas de las campañas". La ley colombiana es clara en cuanto a las responsabilidades del CNE, y su actuación no puede tener implicaciones penales o disciplinarias. Así, la narrativa del presidente Gustavo Petro, sobre un posible golpe de Estado parece ser más una estrategia basada en el sectarismo político, destinada a agitar al país, que una realidad jurídica.
+ Leer mas.Nuevas revelaciones en el caso del software de espionaje Pegasus. Informaciones recientes señalan que el gobierno estadounidense, bajo la administración de Joe Biden, habría financiado esta compra como parte de sus esfuerzos antinarcóticos, en una operación que hoy se cuestiona por la falta de transparencia y el potencial uso indebido de una tecnología que se ha relacionado con violaciones a la privacidad a nivel mundial. El escándalo ha cobrado fuerza a raíz de una serie de revelaciones de dos altos funcionarios de la Casa Blanca en Washington y otro en Bogotá, quienes, autorizados para hablar sobre el tema, confirmaron al diario colombiano El Tiempo que el financiamiento para la compra de Pegasus provino de fondos de cooperación estadounidense. La polémica toma especial relevancia ya que el entonces presidente colombiano Iván Duque no habría sido informado sobre esta adquisición, que fue gestionada exclusivamente a nivel operativo, según los funcionarios. Según la información revelada, la compra de Pegasus se efectuó en dos pagos, cada uno de 5.5 millones de dólares, efectuados el 27 de junio y el 22 de septiembre de 2021. Estos pagos coincidieron con el arribo de dos vuelos procedentes de Tel Aviv que aterrizaron en la base antinarcóticos de la Policía en Bogotá. En total, la transacción alcanzó los 11 millones de dólares, los cuales fueron enviados a Israel en efectivo, y corresponden a una operación cuyo verdadero propósito y controles ahora se cuestionan. Esta compra fue parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, orientado formalmente a reforzar la lucha contra el narcotráfico. No obstante, la implementación de Pegasus, desarrollada por la empresa israelí NSO Group, ha sido motivo de debate a nivel global, especialmente desde que medios y organizaciones de derechos humanos denunciaron su utilización para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Este cambio en la percepción pública sobre Pegasus ocurrió a partir del otoño de 2021, cuando investigaciones revelaron que incluso funcionarios estadounidenses habían sido objetivos de este software. Duque al margen y la llegada de Petro De acuerdo con los voceros estadounidenses, el uso del software fue suspendido en 2022, justo antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia en Colombia. Durante la administración de Duque, la adquisición de Pegasus fue manejada a nivel operativo y, según las fuentes, sin el conocimiento directo del entonces mandatario. En su defensa, los funcionarios afirmaron que esta práctica es común en el marco de los compromisos de cooperación entre ambos países, que suelen incluir el suministro de recursos y herramientas para combatir el crimen transnacional. Este punto ha suscitado interrogantes en Colombia, y el presidente Petro ha solicitado que se aclare el rol de Estados Unidos en la compra y el uso de Pegasus. Como respuesta, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha instruido al embajador en Washington, Daniel García-Peña, para gestionar una reunión con el director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Dan Erikson, con el fin de discutir este tema y establecer responsabilidades bilaterales. La reunión se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión y desconfianza en torno al alcance de la intervención estadounidense en asuntos de seguridad nacional de Colombia. Supervisión y control Los funcionarios de la administración Biden insisten en que, desde el principio, la operación de Pegasus en Colombia estuvo sujeta a "estrictos protocolos de seguridad" y controles internos para asegurar que el software fuera usado exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico. "Establecimos una estricta supervisión operativa para garantizar que el software se utilizara para perseguir objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico", declaró uno de los voceros anónimos. A pesar de estas afirmaciones, el hecho de que Pegasus haya sido empleado sin el conocimiento de Duque y otros altos funcionarios colombianos genera sospechas de que la operación fue llevada de manera poco transparente. Una sombra sobre la cooperación bilateral La presunta financiación de Pegasus por parte de Estados Unidos ha puesto en entredicho los límites y la transparencia en las relaciones de cooperación entre Washington y Bogotá. Mientras que el gobierno estadounidense insiste en que Pegasus fue empleado únicamente para el combate al narcotráfico y bajo "protocolos estrictos", el hecho de que Duque no estuviera al tanto de la adquisición y el uso de este software plantea dudas sobre el verdadero alcance de la intervención de Estados Unidos en la seguridad interna de Colombia. La administración Petro, consciente de la sensibilidad de este caso y del impacto en los derechos civiles, ha reiterado su compromiso con la transparencia y la protección de la privacidad de los ciudadanos. La expectativa es que en las próximas semanas, las autoridades colombianas obtengan respuestas claras por parte de sus homólogos estadounidenses sobre los pormenores de esta operación y la posible afectación de los derechos fundamentales en el marco de la lucha contra el crimen. El caso de Pegasus ilustra cómo los programas de cooperación, diseñados para abordar amenazas mutuas, pueden convertirse en una herramienta de vigilancia controversial cuando se implementan con opacidad y sin la debida supervisión. Para muchos, la participación de Estados Unidos en la compra de este software abre una puerta a cuestionamientos profundos sobre el papel de las superpotencias en los asuntos de seguridad de sus aliados y sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos.
+ Leer mas.En su última visita al departamento de La Guajira, el presidente Gustavo Petro lanzó nuevamente otra de sus peculiares y fantasiosas ideas, generando críticas en la opinión pública por el enfoque poco realista de esta: la construcción de un tren bala para incentivar el turismo en esta región. A pesar de las ambiciosas ideas del mandatario, muchos se cuestionan si esta propuesta representa una solución realista o, por el contrario, es simplemente otro gesto populista. Estas dudas surgen en el contexto de un gobierno que enfrenta graves problemas de corrupción, una limitada ejecución presupuestal y que, además, alega estar desfinanciado. El anuncio se hizo el pasado viernes 20 de diciembre, durante un encuentro desarrollado en el municipio de Uribia. Petro explicó que su visión se basa en aprovechar las vías férreas existentes entre Albania y Bahía Portete, destacando que una línea recta es ideal para implementar un tren de alta velocidad. “No es la máquina lo que hace que sea rápido, sino que sea derecha la vía”, declaró con entusiasmo. Según él, esta obra podría superar los ingresos que actualmente genera la explotación del carbón en la región. Sin embargo, detrás de esta llamativa propuesta, surgen interrogantes sobre la viabilidad y el impacto de este proyecto. Para empezar, esta región la cual se encuentra situada al norte del país enfrenta una adversa crisis humanitaria y ambiental. Problemas como el acceso limitado al agua potable, la desnutrición infantil y la falta de infraestructura básica han sido denunciados durante años sin soluciones concretas por parte de ningún gobierno. Ante este contexto, ¿es un tren bala realmente la prioridad?. Esta no es la primera vez que Petro sugiere proyectos de infraestructura ambiciosos pero poco fundamentados. En el pasado cuando era candidato presidencial, propuso en campaña la construcción de un tren transoceánico que conectaría Buenaventura con Barranquilla, una idea que también generó escepticismo y que, hasta la fecha, no ha avanzado más allá de un discurso político. Además, los costos y la logística de un tren bala en La Guajira son factores que no pueden pasarse por alto. Aunque el presidente aseguró que la infraestructura existente podría facilitar el proyecto, expertos en transporte han señalado que una línea férrea para un tren de alta velocidad requiere inversiones multimillonarias en tecnología, mantenimiento y adecuaciones técnicas. Esto, en un país donde los recursos públicos son limitados y donde numerosos proyectos de infraestructura básica siguen inconclusos. Por otra parte, la propuesta busca justificar el proyecto con la promesa de atraer inversiones en el sector hotelero y superar los ingresos generados por el carbón. Sin embargo, no se presentaron cifras concretas ni un plan detallado que respalde estas proyecciones. Según datos recientes, La Guajira produce cerca de 30 millones de toneladas de carbón al año, lo que representa una de las principales fuentes de ingresos del departamento. Sustituir este aporte económico con un proyecto turístico es, como mínimo, una apuesta arriesgada. El tren bala en La Guajira se suma a una lista de propuestas que, aunque llamativas, carecen de una base técnica y financiera sólida. Mientras tanto, los problemas sociales del departamento siguen sin resolverse, y los guajiros continúan esperando soluciones reales a sus necesidades más urgentes. Con cada nuevo discurso, Petro parece más interesado en construir castillos en el aire que en enfrentar las realidades del país. ¿Será este tren bala otro proyecto que queda en el papel, como tantas otras promesas? Solo el tiempo lo dirá.
+ Leer mas.Este miércoles 31 de julio de 2024, el presidente de Colombiano, Gustavo Petro, finalmente se pronunció sobre las recientes elecciones en Venezuela, destacando las "graves dudas" en torno al proceso electoral que impuso al dictador Nicolás Maduro como ganador con el 51.20% de los votos frente al 48,80% del candidato opositor Edmundo González, quien junto con María Corina Machado no dudaron en denunciar fraude y rechazo los resultados. Llamado a la transparencia A través de la red social X, Petro fue enfático en advertir sobre las posibles graves consecuencias de una polarización violenta en el vecino país señalando que: "Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta", aseguró. Instó al gobierno venezolano a permitir que el proceso electoral culmine en paz con total transparencia, incluyendo un escrutinio minucioso y la veeduría de todas las fuerzas políticas y organismos internacionales. Petro destacó la necesidad de llevar a cabo un escrutinio que contemple el conteo de votos y la revisión de actas, asegurando la completa transparencia y paz. "El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia", afirmó, subrayando la importancia de unas elecciones pacíficas. Además, sugirió un acuerdo entre el gobierno y la oposición que respete al máximo las decisiones del pueblo venezolano y que pueda ser presentado como una Declaración Unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones", enfatizó el presidente colombiano. Críticas a las sanciones de Estados Unidos Petro no se limitó a la situación interna de Venezuela. Hizo un llamado al Gobierno de los Estados Unidos encabezado hoy por Joe Biden a suspender los bloqueos y sanciones contra el régimen venezolanos, calificando estas medidas como "antihumanas" y argumentando que solo traen más hambre y violencia, incrementando el éxodo masivo. "El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos", denunció Petro. Además de esto, el mandatario colombiano añadió que la emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuiría significativamente si se levantan los bloqueos. "Los pueblos libres saben tomar sus decisiones", afirmó. Estas declaraciones han sido objeto de debate. Ya que si bien es cierto que las sanciones han exacerbado la crisis humanitaria en Venezuela, la postura de Petro ignora las complejas razones detrás de estas medidas, que incluyen violaciones de derechos humanos y la falta de democracia en el país gobernado por Maduro. El espíritu de Hugo Chávez En su llamado a la calma y a la transparencia, Petro no dudó en evocar la figura de Hugo Chávez, sugiriendo que el presidente Nicolás Maduro debería recordar el espíritu del extinto líder y permitir que el pueblo venezolano recupere la tranquilidad. “El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”, concluyó Petro, quien parece haber adoptado la nostalgia chavista como parte de su estrategia política. La interdependencia entre Colombia y Venezuela Petro también destacó la interdependencia entre Colombia y Venezuela, recordando la historia de polarización violenta en Colombia, que según él ha costado la vida a más de 700,000 personas en más de 75 años de conflicto. "Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa", aseveró, subrayando el apoyo histórico de Venezuela a la paz en Colombia. Finalmente, Petro se ofreció como mediador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, proponiendo que las partes, después de un conteo supervisado, se comprometan a respetar los resultados y que dicho acuerdo sea firmado como una declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la eficacia de estos llamamientos y propuestas dependerá en gran medida de la disposición de los actores involucrados y de la comunidad internacional para apoyar y facilitar un proceso electoral verdaderamente transparente y pacífico en Venezuela.
+ Leer mas.El pasado jueves 22 de agosto de 2024 la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo un importante acto que quedará enmarcado en la historia del departamento de Córdoba, al entregar tierras a campesinos de la región. Entre las propiedades entregadas figura la exuberante finca Nuevo México, que hasta entonces pertenecía al excongresista y parapolítico Musa Besaile, político vinculado al escándalo de Odebrecht, el cartel de la Toga, entre otros procesos. La entrega de esta finca, junto con otros predios, no solo representa un acto de justicia, sino también un esfuerzo del gobierno de Gustavo Petro por redistribuir los recursos que alguna vez fueron apropiados por personajes corruptos y violentos. La finca Nuevo México, que ostenta 497 hectáreas en terreno fértil y que se encuentra ubicada en el municipio de Sahagún, Córdoba. Había sido adquirida en su momento por el exsenador con fondos que provenientes de la corrupción que este ejercía a través de su figura política, siendo parte del botín que acumuló durante su carrera como servidor público, la cual se ha visto empañada por su implicación en múltiples escándalos de corrupción, siendo el más notorio el de Odebrecht. La SAE, en un acto simbólico y de relevancia social, entregó esta finca a la Organización Asocamila, una agrupación de campesinos que ahora tiene la oportunidad de transformar esta tierra en una fuente de sustento y desarrollo para sus familias y la comunidad en general. Del mismo modo, la SAE también entregó otros predios, incluyendo Maragón, Tengo Amores, Las Monitas, y Tucunare, que en conjunto suman más de 1.500 hectáreas. Estos terrenos, todos ubicados en la región sabanera de Sahagún, fueron confiscados a personas involucradas en delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción. De manera particular, la finca Maragón, con sus 710 hectáreas, fue entregada a la organización Los Laureles, mientras que la finca Tengo Amores, con 40 hectáreas, fue asignada a nuevos ocupantes para la implementación de proyectos agrícolas y piscícolas. Por su parte, la finca Las Monitas, con 114 hectáreas, se destinó a la Asociación Rosmug, beneficiando directamente a 18 personas. El impacto de esta redistribución de tierras va más allá de la simple transferencia de propiedades. La entrega busca contribuir significativamente a la economía popular de la región, impulsando la producción agrícola y mejorando la calidad de vida de los campesinos. Estos predios, que alguna vez estuvieron en manos de quienes explotaban el poder y la influencia para su propio beneficio, ahora son vistos como un motor para el desarrollo social y económico de Córdoba. La SAE, en cumplimiento del mandato del presidente Petro, ha demostrado con este acto su compromiso con la reforma agraria, la justicia social, la recuperación de activos ilícitos y su redistribución en beneficio de las comunidades más necesitadas. Esta entrega no solo busca resarcir a las víctimas del abandono estatal y la violencia, sino también marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia. La finca que una vez simbolizó la impunidad y corrupción ahora se convierte en un emblema de esperanza y futuro para los campesinos de Sahagún.
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