El presidente Petro amenaza con emitir presupuesto de 2025 vía decreto

El martes 10 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro, en su habitual discurso confrontacional e incendiario, lanzó una dura advertencia al congreso de la república, en la cual, manifiesta que si este no aprueba el presupuesto general de la nación para 2025, él lo emitirá por decreto. Esta amenaza, pone en evidencia una vez más las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la vez que arroja serios interrogantes sobre el respeto del presidente por la separación de poderes y los procesos democráticos. El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, afirmó que la constitución le otorga la facultad de decretar el presupuesto en caso de que el congreso no lo apruebe. Sin embargo, detrás de esta acción se esconde una realidad preocupante: el presupuesto de 2025 está desfinanciado, y el Gobierno ha intentado, sin éxito, que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que subsane un déficit de 12 billones de pesos. Ante la falta de consenso en las comisiones económicas del Congreso, Petro ha endurecido su postura, amenazando con emitir el presupuesto sin la aprobación de los legisladores. El presupuesto presentado por el Gobierno asciende a 523 billones de pesos, pero varios congresistas, encabezados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, han señalado que esta cifra es irrealizable. El déficit financiero, sumado a la falta de un acuerdo sobre la ley de financiamiento, ha hecho que muchos legisladores consideren que el presupuesto es, en palabras del senador Mauricio Gómez Amín, "un monto mentiroso". Las críticas no se limitan solo a la cifra astronómica del presupuesto, sino a la insistencia del presidente en no ceder ni ajustar las expectativas fiscales del país. La ley de financiamiento: una solución a medias El plan del Gobierno para cubrir el déficit de 12 billones de pesos incluye una reforma tributaria, que, según Petro, no incrementa impuestos para la mayoría de los ciudadanos, sino que busca reducir el impuesto de renta a las empresas pequeñas y medianas. Para financiar este alivio, el Gobierno propone gravar más a las empresas extractivas, como las del sector petrolero y minero, y también implementar un IVA sobre juegos de suerte y azar en línea, entre otras medidas. Sin embargo, para el Senador Efraín Cepeda, aprobar una ley de financiamiento basada en expectativas de recaudación poco realistas solo agravaría los problemas fiscales del país. "Qué se gana hoy si damos una patente para 12 billones de pesos y no se recauda, sino 6 billones", afirmó Cepeda, destacando que es preferible discutir un presupuesto ajustado a la realidad económica actual. La senadora Angélica Lozano también sugirió que el presupuesto debería ajustarse a 499 billones de pesos para garantizar su ejecución eficiente y evitar futuros recortes. Una crisis de gobernabilidad La insistencia del presidente en emitir el presupuesto por decreto no solo genera preocupación en el ámbito económico, sino también en el político. La capacidad de Petro para generar consensos ha sido inútil, y este nuevo episodio pone en duda su habilidad para gobernar en un sistema democrático que requiere diálogo y negociación entre las distintas ramas del poder. Emitir el presupuesto por decreto, aunque permitido por la Constitución en casos excepcionales, sería un acto que podría desencadenar una crisis política de gran envergadura. Legisladores como Angélica Lozano han calificado esta medida como una "bravuconada" del presidente, advirtiendo que, aunque tiene la facultad para hacerlo, lo peor sería emitir un presupuesto inflado que luego, al no poder ejecutarse, termine suspendido al inicio de 2025. Este tipo de acciones no solo socavan la credibilidad del Gobierno, sino que también aumentan la incertidumbre en los mercados y entre los inversionistas, afectando la estabilidad económica del país. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha intentado calmar los ánimos, instando al Congreso a estudiar la propuesta del Gobierno antes de rechazarla de plano. Sin embargo, sus esfuerzos parecen insuficientes ante la creciente resistencia de los congresistas, que ven en esta situación una oportunidad para reafirmar su independencia frente al Ejecutivo. El Congreso, como ha señalado Efraín Cepeda, "es una rama independiente del poder público", y ceder ante la amenaza de un decreto presidencial sería, según muchos, un golpe a la institucionalidad democrática del país.