Publicado, 9/21/2024
Este sábado 21 de septiembre de 2024, se volvió a desatar la controversia entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, cuando Deborah Lipstadt, delegada especial del Gobierno estadounidense para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, señaló públicamente al presidente Gustavo Petro de emplear una “retórica antisemita”. La embajada de Estados Unidos en Bogotá difundió el mensaje de Lipstadt a través de su cuenta oficial. Esta polémica surge, en medio de la gira realizada por el presidente Petro en los Estados Unidos, en la que pretende participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde muy posiblemente el mandatario Colombiano centrara su discurso en denunciar los bombardeos israelíes en Gaza, que, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de esa región —controlado por Hamás—, han dejado más de 40.000 muertos. Estos datos, aunque cuestionados por algunos sectores debido a su origen, han sido parte crucial de la narrativa del presidente. Esta posición de Petro respecto al conflicto en Gaza ha generado críticas tanto internas como internacionales. En particular, se ha centrado en denunciar lo que él considera un "genocidio" contra el pueblo palestino, evitando condenar directamente los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles israelíes, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Esta omisión ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de Lipstadt y otros funcionarios estadounidenses, quienes han acusado a Petro de sesgo en sus declaraciones. En su mensaje, Lipstadt afirmó que “la retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos tolerar esto. Debemos condenar estas narrativas que hacen daño”. La respuesta del presidente colombiano no se hizo esperar. Desde Chicago, Petro utilizó su cuenta en redes sociales para contestar a la diplomática estadounidense, rechazando las acusaciones de antisemitismo y pidiendo "respeto". “Señora embajadora, los palestinos son semitas de acuerdo con la Biblia, dado que la palabra ‘semita’ designa a los descendientes de Sem y su lengua”, explicó el presidente, tratando de enmarcar su crítica como una defensa de los derechos de los palestinos. “Por tanto, es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello", agregó, insistiendo en su postura de que los ataques israelíes en Gaza son comparables al Holocausto, una afirmación que ha sido calificada como profundamente ofensiva por la embajada de Estados Unidos. Petro también reiteró que no se considera antisemita ni antijudío, sino un defensor de la libertad de los pueblos. En su mensaje, enfatizó que, de haber vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial, habría luchado contra los nazis. Sin embargo, su comparación del gobierno de Netanyahu con el nazismo, al que calificó como "reo ausente de la justicia internacional", ha sido motivo de nuevas tensiones. En definitiva, aunque Petro sigue justificando sus declaraciones en la defensa de los derechos humanos, sus palabras han generado profundas divisiones y dejado en entredicho la neutralidad que muchos esperaban en un tema tan sensible.
El 5 de mayo de 2023, durante una visita a España, Petro fue cuestionado por un intercambio de tweets que tuvo con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en los que Barbosa señaló al presidente de dar una acusación “gravísima”, cuando este solicitó investigar al fiscal Daniel Hernández por -según él- beneficiar a integrantes del Clan del Golfo. En respuesta al cuestionamiento, el presidente dijo “el fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”. Luego, ante críticas, Petro publicó en la red social Twitter (X) una imagen con el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, donde está escrito que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, a pesar de que, por ley, La fiscalía general de la nación está adscrita a la rama de poder Judicial y, por ende, el presidente no tiene autoridad absoluta sobre la misma.
+ Leer mas.Durante las elecciones de 2022, Petro había formado una coalición con miembros del partido Liberal, Conservador, y la U. Una vez electo, en el contexto del trámite de la reforma a la salud propuesta por el gobierno, dirigentes de los tres partidos decidieron exigir a los miembros de los partidos votar en contra de la reforma, alrededor del 25 de abril de 2023. Frente a esto, Petro terminó la coalición con los partidos en cuestión y solicitó la renuncia de todo su gabinete de ministros. Posteriormente, en el marco de la jornada de marchas que convocó para apoyar a su gobierno, alrededor de junio del mismo año, Petro concluyó en un discurso: “Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán”. Momento para el cual ya habían salido 10 ministros de su gabinete.
+ Leer mas.En marzo del presente año, la gestión del presidente Gustavo Petro se vio envuelta en una serie de polémicas en relación con el desarrollo de obras en Antioquia. A través de varias situaciones controversiales, la figura de Petro se vio cuestionada y criticada por diversos sectores de la sociedad colombiana. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), alzó su voz para criticar la priorización de la construcción de túneles en Antioquia por encima de las necesidades básicas de la población. A pesar de que la región contaba con túneles considerados entre los más largos de Sudamérica, Bolívar destacó la falta de acceso al agua potable en cientos de municipios colombianos. Esta situación provocó indignación en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento con la postura del DPS. El presidente Petro también entró en el ojo del huracán al solicitar la suspensión de una colecta liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar obras de infraestructura. Petro argumentó que esta colecta podría estar siendo infiltrada por dineros provenientes del Clan del Golfo, lo que generó un nuevo enfrentamiento político. Además, propuso reemplazar esta iniciativa por un cobro de valorización coordinado con el Gobierno Nacional, generando aún más controversia en la región. En medio de este escenario, Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia, acusándolo de realizar una captación ilegal de recursos y denunciando posibles sobrecostos en la construcción del Túnel del Toyo. Estas acusaciones avivaron el debate público y alimentaron las críticas hacia la gestión del presidente y su gobierno. El enfrentamiento político también se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Petro y la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, protagonizaron un duro intercambio de declaraciones. Juvinao calificó a Petro de "insufrible y tóxico" y cuestionó su postura frente a la colecta liderada por el gobernador de Antioquia. Petro, por su parte, continuó defendiendo sus señalamientos de corrupción y pidió explicaciones sobre la supuesta vinculación de dineros oscuros a los fondos públicos. En medio de la controversia, desde la gobernación se defendió la colecta como una iniciativa legítima y se aseguró que se estaban tomando medidas para garantizar la transparencia en la recepción de donaciones como el hecho de no recibir dinero en efectivo. Las controversias en torno a la priorización de obras, la supuesta infiltración de dineros irregulares y los posibles sobrecostos en proyectos de infraestructura dejaron al descubierto las divisiones y tensiones dentro del panorama político colombiano.
+ Leer mas.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentó a un tumultuoso encuentro en Popayán, Cauca, durante el lanzamiento del programa 'Misión Cauca', un evento que prometía ser un hito en la estrategia gubernamental para la región. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de gobierno se convirtió rápidamente en un escenario de críticas y descontento. Desde el inicio de la jornada, líderes locales del Cauca expresaron su frustración por la falta de atención a sus demandas más apremiantes. Este descontento alcanzó su punto álgido cuando, tras su discurso inicial, Petro abandonó el recinto sin dialogar con los líderes comunitarios que clamaban por ser escuchados. Este gesto no pasó desapercibido y desencadenó una serie de reacciones tanto en la escena política nacional como en las redes sociales. El senador Miguel Uribe Turbay fue uno de los primeros en criticar la actuación del presidente Petro, calificándola como un "desplante" hacia los líderes del Cauca que luchan diariamente contra el flagelo del terrorismo. "Petro solo vino a Popayán para un acto de presencia, repitiendo el mismo discurso de siempre y luego se retiró sin ofrecer soluciones ni garantizar seguridad", lamentó Uribe. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las críticas, acusando a Petro de despreciar a los líderes caucanos y utilizarlos únicamente para ganar votos con discursos vacíos. "Es fundamental establecer un diálogo real con las comunidades afectadas", subrayó Cabal, enfatizando la importancia de la escucha activa y la acción gubernamental efectiva. El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su decepción y enojo por la rápida retirada de Petro ante las demandas de los líderes locales. "Petro huye del Cauca al ser increpado. ¿Será que el señor es un oligarca?", ironizó un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de desencanto. Durante el evento, Petro lanzó interrogantes sobre la viabilidad de un Estado de excepción en ciertas zonas del país, provocando aún más controversia. Estas declaraciones se dieron en el contexto de críticas previas hacia la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un tema sensible en las regiones afectadas por el conflicto armado. El lanzamiento de 'Misión Cauca' tenía como objetivo principal abordar las profundas problemáticas de seguridad y desarrollo en la región, áreas donde la presencia y acción del gobierno son cruciales. Sin embargo, el evento terminó eclipsado por la imagen de un presidente que, según sus críticos, optó por la evasión en lugar de la confrontación directa con los problemas que aquejan al Cauca. La controversia generada por este episodio subraya las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado. La falta de un diálogo efectivo y la percepción de indiferencia por parte del presidente Petro han avivado el debate sobre la verdadera voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales del país. El incidente en Popayán ha dejado al descubierto no solo las fisuras en la estrategia de comunicación del gobierno, sino también la profunda brecha entre las promesas políticas y la realidad de quienes esperan respuestas concretas y acciones tangibles. La historia continúa, pero la pregunta que queda en el aire es si el gobierno podrá reconstruir la confianza y reconciliación con las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.
+ Leer mas.El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa ambiciosa y soñadora: la Paz Total. Esta política, sancionada a través de la Ley 2272 en noviembre de 2022, buscaba negociar con todos los grupos armados ilegales en Colombia, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de implementación, la realidad ha demostrado que la utopía de Petro está lejos de convertirse en una realidad tangible. Este artículo analiza críticamente los fracasos y las consecuencias de una política que, en lugar de traer paz, ha sembrado más caos y violencia en el país. Un sueño ambicioso pero poco realista Desde el inicio, la Paz Total se presentó como una estrategia integral para acabar con décadas de violencia. Petro se comprometió a iniciar diálogos con el ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y varios otros grupos criminales. La promesa era reducir significativamente la violencia y transformar los territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, la ejecución de esta política ha estado plagada de problemas y críticas. Violencia no cesa y va en aumento Según cifras de INDEPAZ, en 2023 se registraron 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes de paz asesinados. En lo que va de 2024, ya se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Estos números no solo reflejan la continuidad de la violencia, sino también el fracaso de las políticas de protección a la vida humana. A pesar de los discursos del gobierno sobre “Colombia potencia mundial de la vida”, la realidad en los territorios sigue siendo desoladora. Mesas de diálogo y cese al fuego El gobierno de Petro ha establecido nueve mesas de diálogo con diversos grupos armados, algo inédito en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, esta pluralidad de espacios de negociación ha resultado ser un desafío logístico y estratégico. Aunque se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, estos no han logrado disminuir la violencia. Al contrario, los grupos armados han aprovechado estos periodos para rearmarse y expandir su influencia. Incremento de grupos armados Las cifras hablan por sí solas. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han aumentado su presencia de 230 a 299 municipios en 2023. El ELN ha pasado de tener 4,000 a 5,000 integrantes, y las AGC han crecido un 30%, pasando de 10,000 a 13,000 miembros. Estos incrementos reflejan no solo un fortalecimiento de los grupos armados, sino también una ausencia preocupante del Estado en varias regiones del país. Desplazamiento y confinamiento forzado El desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, casi 123,000 personas fueron desplazadas y 184 menores reclutados por grupos armados. En Nariño, 58 eventos de desplazamiento afectaron a casi 24,000 personas. Además, se registraron 215 confinamientos, afectando a más de 18,000 familias. Estos datos reflejan un incremento del 63% en comparación con 2022. La falta de presencia estatal en estos territorios permite que los grupos armados controlen y sometan a la población civil. Críticas desde la academia y sectores políticos Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, calificó la Paz Total como un reflejo del gobierno Petro: ambicioso pero poco realista. Charry argumenta que negociar con múltiples grupos armados simultáneamente es una tarea compleja y desorganizada. Álvaro Benedetti, consultor político, también tildó la política de un “rotundo fracaso”, señalando que las organizaciones ilegales se han fortalecido durante estos dos años de implementación. Por su parte, Jhon Mario González, analista político, criticó la falta de control territorial y la incapacidad del Estado para someter a los criminales. Según González, la Paz Total solo ha servido para mantener una falsa esperanza entre la población y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que la metodología de la Paz Total es ineficaz, lo que ha impedido avances significativos en las negociaciones. Diferentes sectores de quienes hoy conforman el congreso también han lanzado duras críticas. En una carta enviada a la Cumbre de Paz de Suiza, 26 congresistas denunciaron que la Paz Total está beneficiando a los grupos armados ilegales. Según los legisladores, la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que estos grupos se expandan y aumenten su influencia. Las AGC, por ejemplo, han crecido un 84%, haciendo presencia en 392 municipios. El ELN ha aumentado su presencia en 232 municipios, y las disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, ocupando 299 municipios. Una crisis de derechos humanos La crisis de derechos humanos es inaudita. Las masacres aumentaron un 6.5%, el secuestro un 53.8% y la extorsión en Bogotá un 30%. Estos delitos, junto con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, reflejan una situación de seguridad deteriorada. Los congresistas critican la solicitud de Petro ante la Unión Europea para eliminar al ELN de la lista oficial de terroristas, argumentando que esta guerrilla sigue atentando contra la fuerza pública y la sociedad civil. Un futuro incierto A pesar de las promesas de paz y seguridad, la política de Paz Total de según va ha demostrado ser un fracaso. Los grupos armados ilegales han utilizado los diálogos y ceses al fuego como una oportunidad para rearmarse y expandir su control territorial. La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan aumentando, dejando a la población civil atrapada en medio de un conflicto interminable. Es evidente que la Paz Total necesita un replanteamiento radical. El gobierno debe reforzar la presencia estatal en los territorios y adoptar una estrategia más coherente y efectiva para enfrentar la violencia. Solo así se podrá avanzar hacia una paz verdadera y duradera en Colombia. Mientras tanto, la utopía de Petro sigue siendo solo eso: una utopía.
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Nacido hace 64 años en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es un político y economista colombiano, actualmente presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2022. A lo largo de su carrera, Petro ha sido una figura influyente en la política colombiana, destacándose por su papel como líder de izquierda y su activismo en diversos movimientos sociales y políticos. Petro comenzó su vida en Ciénaga de Oro, pero se trasladó a Zipaquirá, donde completó su educación básica y secundaria en el Colegio de La Salle. Su interés por la política y la justicia social lo llevó a involucrarse en el Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo guerrillero que buscaba un cambio radical en el sistema político colombiano. Durante su tiempo en el M-19, Petro asumió el alias de "Aureliano", en referencia al personaje de la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. En 1984, Petro, entonces concejal de Zipaquirá, reveló su militancia en el M-19 y pasó a la clandestinidad. Fue capturado en octubre de 1985 y estuvo en prisión durante dos años, acusado de porte ilegal de armas. Sin embargo, después se demostró que el militar que supuestamente lo torturó no estaba en el país en ese momento. Tras su liberación en 1987, participó en el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. En el ámbito político, Petro ha tenido una carrera diversa. Fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca entre 1990 y 1991 y cofundador del partido político Alianza Democrática M-19, con el que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, realizó estudios en Bélgica y España en administración y desarrollo. Regresó a Colombia y fue elegido para la Cámara de Representantes en 1998 por el Movimiento Vía Alterna, permaneciendo en el cargo hasta 2006. Luego se unió al Polo Democrático Alternativo (PDA) y, en 2009, renunció para aspirar a la presidencia en 2010, aunque no tuvo éxito. Petro fundó el Movimiento Progresistas, que más tarde se convirtió en Colombia Humana, y fue elegido alcalde de Bogotá en 2011. Su administración fue criticada por la politización y el caos que se vivió en la ciudad, aunque él seguía siendo un defensor de sus políticas. En 2018, Petro se postuló nuevamente para la presidencia, siendo derrotado en la segunda vuelta por Iván Duque. Sin embargo, su papel como candidato de la izquierda en Colombia siguió creciendo. En las elecciones presidenciales de 2022, Petro se presentó como el candidato de la coalición Pacto Histórico, ganando la primera vuelta y posteriormente venciendo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Su victoria marcó la primera vez que un presidente de izquierda asumía el poder en Colombia. Desde su toma de posesión, ha impulsado varias reformas, incluyendo la tributaria, agraria, de salud y energética, en un intento por cumplir con las promesas de su campaña.
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Abogada de la Universidad Santiago de Cali. Fue candidata a la cámara de representantes en 2018, presidente del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia en el 2020; se presentó como precandidata a la presidencia en el 2022 en la campaña del Pacto Histórico ocupando el segundo lugar, razón por la cual Gustavo Petro decidió nombrarla como formula para su campaña presidencial. Premio Nacional de derechos humanos (2015) Premio ambiental Goldman (2018)
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Estudió relaciones internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada (2015), Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña en la Universidad Externado de Colombia (2019) y Máster en Comunicación Política en la Universidad Externado de Colombia (2020). Sarabia se ha desempeñado como asesora legislativa y de comunicaciones en el Congreso de la República y como asesora política del partido de la U entre el 2017 y el 2022, también participó de la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro y coordinando sus actividades como jefe de estado desde su elección hasta su suspensión del cargo tras el escándalo por el uso del polígrafo con su niñera. Actualmente ejerce como directora del Departamento de Prosperidad Social.
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Es un distinguido influencer (principalmente de la plataforma Youtube) de tendencia conservadora que llegó a la política colombiana bajo el aval del Partido Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza, siendo el tercer candidato mas votado en las listas abiertas. Jota Pe como se le conoce obtuvo su respaldo social y político tras todo el contenido elaborado y trasmitido en redes sociales durante el paro nacional del 2021 y su fuerte oposición al partido político Centro Democrático y al uribismo en ese momento; situación que tras su elección como Senador ha sido fuertemente criticada ya que ha tomado puntos en común con el Centro Democrático y Cambio Radical en el Congreso de la República para hacer una fuerte oposición al gobierno de Gustavo Petro.
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Mayormente conocido por su carrera en la televisión colombiana como actor y presentador (Caracol televisión) decidió iniciar vida política lanzándose como candidato a la cámara de representantes con el aval del Pacto Histórico siendo elegido bajo lista cerrada, su carrera política se distingue por su cercanía a la primera dama Verónica Alcocer y su papel de apoyo a las diferentes reformas del presidente Gustavo Petro.