La Paz Total de Petro: El arte de vender espejitos

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa ambiciosa y soñadora: la Paz Total. Esta política, sancionada a través de la Ley 2272 en noviembre de 2022, buscaba negociar con todos los grupos armados ilegales en Colombia, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de implementación, la realidad ha demostrado que la utopía de Petro está lejos de convertirse en una realidad tangible. Este artículo analiza críticamente los fracasos y las consecuencias de una política que, en lugar de traer paz, ha sembrado más caos y violencia en el país. Un sueño ambicioso pero poco realista Desde el inicio, la Paz Total se presentó como una estrategia integral para acabar con décadas de violencia. Petro se comprometió a iniciar diálogos con el ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y varios otros grupos criminales. La promesa era reducir significativamente la violencia y transformar los territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, la ejecución de esta política ha estado plagada de problemas y críticas. Violencia no cesa y va en aumento Según cifras de INDEPAZ, en 2023 se registraron 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes de paz asesinados. En lo que va de 2024, ya se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Estos números no solo reflejan la continuidad de la violencia, sino también el fracaso de las políticas de protección a la vida humana. A pesar de los discursos del gobierno sobre “Colombia potencia mundial de la vida”, la realidad en los territorios sigue siendo desoladora. Mesas de diálogo y cese al fuego El gobierno de Petro ha establecido nueve mesas de diálogo con diversos grupos armados, algo inédito en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, esta pluralidad de espacios de negociación ha resultado ser un desafío logístico y estratégico. Aunque se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, estos no han logrado disminuir la violencia. Al contrario, los grupos armados han aprovechado estos periodos para rearmarse y expandir su influencia. Incremento de grupos armados Las cifras hablan por sí solas. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han aumentado su presencia de 230 a 299 municipios en 2023. El ELN ha pasado de tener 4,000 a 5,000 integrantes, y las AGC han crecido un 30%, pasando de 10,000 a 13,000 miembros. Estos incrementos reflejan no solo un fortalecimiento de los grupos armados, sino también una ausencia preocupante del Estado en varias regiones del país. Desplazamiento y confinamiento forzado El desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, casi 123,000 personas fueron desplazadas y 184 menores reclutados por grupos armados. En Nariño, 58 eventos de desplazamiento afectaron a casi 24,000 personas. Además, se registraron 215 confinamientos, afectando a más de 18,000 familias. Estos datos reflejan un incremento del 63% en comparación con 2022. La falta de presencia estatal en estos territorios permite que los grupos armados controlen y sometan a la población civil. Críticas desde la academia y sectores políticos Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, calificó la Paz Total como un reflejo del gobierno Petro: ambicioso pero poco realista. Charry argumenta que negociar con múltiples grupos armados simultáneamente es una tarea compleja y desorganizada. Álvaro Benedetti, consultor político, también tildó la política de un “rotundo fracaso”, señalando que las organizaciones ilegales se han fortalecido durante estos dos años de implementación. Por su parte, Jhon Mario González, analista político, criticó la falta de control territorial y la incapacidad del Estado para someter a los criminales. Según González, la Paz Total solo ha servido para mantener una falsa esperanza entre la población y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que la metodología de la Paz Total es ineficaz, lo que ha impedido avances significativos en las negociaciones. Diferentes sectores de quienes hoy conforman el congreso también han lanzado duras críticas. En una carta enviada a la Cumbre de Paz de Suiza, 26 congresistas denunciaron que la Paz Total está beneficiando a los grupos armados ilegales. Según los legisladores, la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que estos grupos se expandan y aumenten su influencia. Las AGC, por ejemplo, han crecido un 84%, haciendo presencia en 392 municipios. El ELN ha aumentado su presencia en 232 municipios, y las disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, ocupando 299 municipios. Una crisis de derechos humanos La crisis de derechos humanos es inaudita. Las masacres aumentaron un 6.5%, el secuestro un 53.8% y la extorsión en Bogotá un 30%. Estos delitos, junto con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, reflejan una situación de seguridad deteriorada. Los congresistas critican la solicitud de Petro ante la Unión Europea para eliminar al ELN de la lista oficial de terroristas, argumentando que esta guerrilla sigue atentando contra la fuerza pública y la sociedad civil. Un futuro incierto A pesar de las promesas de paz y seguridad, la política de Paz Total de según va ha demostrado ser un fracaso. Los grupos armados ilegales han utilizado los diálogos y ceses al fuego como una oportunidad para rearmarse y expandir su control territorial. La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan aumentando, dejando a la población civil atrapada en medio de un conflicto interminable. Es evidente que la Paz Total necesita un replanteamiento radical. El gobierno debe reforzar la presencia estatal en los territorios y adoptar una estrategia más coherente y efectiva para enfrentar la violencia. Solo así se podrá avanzar hacia una paz verdadera y duradera en Colombia. Mientras tanto, la utopía de Petro sigue siendo solo eso: una utopía.