Petro minimiza la mayor marcha en su contra: La resistencia ciudadana que el gobierno no quiere escuchar

Publicado, 4/23/2024

En un contexto de creciente tensión política y social, las masivas marchas del 21 de abril contra el gobierno de Gustavo Petro marcaron un punto de inflexión en Colombia. Con cientos de miles de personas tomando las calles en varias ciudades del país, el presidente Petro y su equipo se vieron enfrentados a una ola de descontento que, aunque potente y visualmente impactante, fue rápidamente minimizada por el gobierno. El presidente Petro se refirió a la marcha como "débil" y sugirió que formaba parte de un supuesto "golpe blando". Sin embargo, el tono crítico de sus respuestas y el rechazo a reconocer la magnitud del descontento han generado preocupaciones sobre su disposición para escuchar al pueblo. Una marcha masiva ignorada por el gobierno: La magnitud de las marchas del 21 de abril fue considerable. En Bogotá, según la Secretaría de Gobierno, más de 100.000 personas participaron en la manifestación, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas. En Medellín, el número superó los 350.000, según la administración local, y otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga también reportaron importantes concentraciones de manifestantes. A nivel nacional, se estima que más de dos millones de personas participaron en las marchas. Sin embargo, el presidente Petro, en un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que solo 250.000 personas marcharon en todo el país y que las manifestaciones fueron "débiles". La respuesta de Petro no solo minimiza la magnitud de las marchas, sino que también sugiere una actitud de soberbia ante las preocupaciones de la ciudadanía. Desde la perspectiva del gobierno, estas manifestaciones forman parte de un supuesto "golpe blando", un término utilizado por Petro para describir cualquier intento de oposición a su mandato. A través de mensajes en sus redes sociales, Petro continuó insistiendo en que las marchas tenían la intención de derrocar su gobierno y que estaban motivadas por odio y desinformación. El descontento ciudadano y las reacciones críticas: La resistencia ciudadana, sin embargo, no puede ser descartada tan fácilmente. Los participantes en las marchas incluyeron ciudadanos de todas las edades y profesiones, así como representantes de varios sectores de la sociedad. La oposición a las reformas de Petro, especialmente en temas como la salud, la educación y el trabajo, fue uno de los principales motivos de la protesta. La participación de las 'Batas Blancas', la Asociación Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otras organizaciones médicas, reflejó la preocupación por el sistema de salud y la propuesta de reforma del gobierno. Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), emitió un mensaje más conciliador, reconociendo la gran cantidad de personas que se movilizaron y sugiriendo la necesidad de reflexión y autocrítica. Sin embargo, estas palabras contrastan con la actitud del presidente Petro, quien se mostró reacio a aceptar el alcance de las marchas y siguió insistiendo en la narrativa del "golpe blando". El senador Humberto de la Calle también expresó su descontento, instando a Petro a "modificar su gabinete" y a buscar acuerdos con la oposición. La dificultad de escuchar y la soberbia del gobierno: La respuesta de Petro refleja una falta de disposición para escuchar a la ciudadanía y una tendencia a deslegitimar el derecho a la protesta. El tono de sus mensajes, que sugiere que las marchas estaban motivadas por odio y que los manifestantes representan a la "clase dominante", ha generado inquietud sobre su capacidad para gobernar de manera inclusiva y abierta al diálogo. El desafío para el presidente Petro es claro: reconocer el descontento de un amplio sector de la sociedad y buscar soluciones que permitan abordar las preocupaciones expresadas en las marchas. Sin embargo, su respuesta a las manifestaciones sugiere que, por ahora, el gobierno está más interesado en desacreditar a los opositores que en atender sus demandas. Esta actitud puede aumentar la tensión y la polarización, alejando aún más al gobierno de la población que supuestamente representa.

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A julio de 2024, las estadísticas son escalofriantes: el secuestro ha aumentado un 70% y la extorsión un 29%, según reconoció el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez. En el plano de la violencia letal, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, hasta abril de 2024, al menos 57 líderes sociales fueron asesinados y se registraron 21 masacres en diferentes regiones del país. Estas cifras no son solo números fríos, sino el reflejo de una realidad cada vez más desoladora y angustiante para las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto. Imprevisión y falta de estrategia: factores que hace tambalear a la Paz Total La improvisación ha sido la marca distintiva de la Paz Total. Desde las visitas iniciales de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros en las cárceles del país durante la campaña electoral, hasta la actual desorganización en las mesas de negociación, la política de paz de Petro ha estado plagada de errores estratégicos y falta de claridad. Uno de los ejemplos más evidentes es el desorden en la negociación con el ELN. Aunque el 24 de mayo de 2024 el gobierno logró acordar un primer punto en la agenda de negociación en Caracas, Venezuela, lo cierto es que el ELN sigue fortaleciendo su capacidad militar y ejerciendo control territorial en vastas regiones del país. Mientras el gobierno evalúa la posibilidad de sacar a este grupo de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y de la lista de "grupos terroristas", el ELN sigue secuestrando, extorsionando y reclutando menores, lo que evidencia la falta de un verdadero control del proceso por parte del Ejecutivo. La situación con las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, no es menos grave. Estas facciones no solo han intensificado su control territorial en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sino que han desarrollado nuevas tácticas de combate, incluyendo el uso de drones para bombardear posiciones del Ejército y la Policía, una estrategia que las fuerzas militares colombianas aún no han podido contrarrestar. El ELN y el Clan del Golfo: Los grandes ganadores Mientras el gobierno de Petro insiste en mantener abiertas las negociaciones, grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo han aprovechado la situación para ganar tiempo y fortalecerse militarmente. El Clan del Golfo, por ejemplo, ha expandido su presencia a 392 municipios, casi 140 más que en 2022, antes de la llegada de Petro al poder. Su poderío militar y control territorial se han incrementado significativamente, lo que pone en duda la verdadera voluntad de paz de estos grupos y la efectividad de cualquier negociación que se pueda llevar a cabo. Del mismo modo, el pasado abril, el gobierno incluso otorgó estatus político a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central (EMC), lo que ha generado una gran controversia. Este reconocimiento no solo es un premio para quienes incumplieron los acuerdos de paz anteriores, sino que sienta un peligroso precedente: ¿por qué negociar un sometimiento si pueden aspirar a un estatus político que les brinde mayores beneficios? Esta decisión ha sido criticada por analistas como Carlos Charry, quien señala que la Paz Total es un reflejo de la falta de realismo del gobierno Petro al enfrentar simultáneamente a diferentes grupos armados, con orígenes y liderazgos fragmentados. El futuro de la Paz Total: ¿Hay esperanza? 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