Posibles sanciones del CNE a la campaña de Petro son solo administrativas, el golpe de Estado solo existe en su mente

La reciente apertura de una investigación por parte del CNE contra la campaña del presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia en el escenario político. Aunque Petro y sus más fieles lacayos han sugerido un supuesto golpe de Estado, la realidad jurídica de la situación no contrasta mucho de esa narrativa, según han explicado expertos y autoridades. Las sanciones que podría imponer el CNE son, en su mayoría, administrativas y no afectarían en ningún caso la permanencia de Petro en el poder. El martes 08 de octubre, el CNE, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra, decidió abrir una investigación formal contra la campaña de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta investigación se centra en la violación de los topes legales para los gastos de campaña, con un exceso no reportado de más de 5.300 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, destacan la omisión de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta electoral y la no declaración de 1.600 millones en la segunda vuelta, provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI con la que hacían vuelos privados. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, es importante señalar que el proceso no tiene implicaciones directas sobre el aforo presidencial de Petro. De acuerdo con la magistrada del CNE, Maritza Martínez, quien habló sobre el caso en el programa radial W Sin Carreta, el proceso está enfocado en determinar la posible violación de las normas de financiación electoral, lo cual conllevaría sanciones de carácter administrativo. Entre estas sanciones se encuentran multas que van desde los 18 millones 497 mil pesos hasta los 184 millones 976 mil pesos, o incluso la devolución parcial o total de los dineros de la reposición de votos. Por su parte, expertos como el jurista Rodrigo Uprimny han desvirtuado la tesis del presidente sobre un presunto golpe de Estado, calificándola de infundada y peligrosa para la estabilidad institucional del país. Según Uprimny, cualquier acción penal o disciplinaria contra el mandatario debe ser tramitada exclusivamente por el Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. Incluso en el escenario más grave, donde se verifique la violación de los topes de financiación, la máxima sanción que podría imponer el CNE sería de naturaleza económica, afectando potencialmente al movimiento político de Petro, Colombia Humana. De confirmarse las irregularidades, el partido podría perder su personería jurídica, lo que limitaría su participación en futuras elecciones y el acceso a financiación estatal. Sin embargo, esto no afectaría la permanencia de Petro en la presidencia. El CNE ha insistido en que su papel es estrictamente administrativo y no busca intervenir en las competencias del Congreso o de otras ramas del poder. En palabras de la magistrada Martínez, "no dependemos de ninguna rama del poder, somos un órgano autónomo al cual se le impuso la tarea de revisar las cuentas de las campañas". La ley colombiana es clara en cuanto a las responsabilidades del CNE, y su actuación no puede tener implicaciones penales o disciplinarias. Así, la narrativa del presidente Gustavo Petro, sobre un posible golpe de Estado parece ser más una estrategia basada en el sectarismo político, destinada a agitar al país, que una realidad jurídica.