Petro firmó el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel

El gobierno del presidente Gustavo Petro quien en el pasado mes de mayo rompió relaciones diplomáticas con Israel y cerró la embajada colombiana en Tel Aviv, trasladándola a Ramala, en Palestina, firmó el decreto que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel. Esta medida, anunciada el 14 de agosto de 2024 y que entrará en vigor el 22 de agosto, ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. Ya que si bien el presidente justifica esta decisión como una respuesta humanitaria frente a lo que él denomina como un "genocidio" en la Franja de Gaza, las repercusiones económicas y diplomáticas de esta acción no pueden ser ignoradas. Según el presidente Gustavo Petro, el carbón colombiano exportado al país judío se utiliza para fabricar bombas que matan a niños en Palestina. En su cuenta de X, el presidente afirmó: "Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina". Este tipo de afirmaciones han sido constantes en los discursos del mandatario a medida que se ha ido desarrollando el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en territorio Palestino. El decreto establece que la prohibición de exportación comenzará cinco días después de su publicación oficial, es decir, el 22 de agosto de 2024. Sin embargo, el texto incluye varias excepciones, permitiendo que ciertos contratos previos a la fecha de entrada en vigor del decreto se cumplan, siempre y cuando se presenten las solicitudes correspondientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o se expidan certificados por parte de las Sociedades de Comercialización Internacional autorizadas. Efectos económicos Uno de los aspectos más preocupantes de esta acción es su impacto económico. Según datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Israel ha sido un destino fundamental para las exportaciones de carbón térmico, representando un ingreso de 650.000 millones de pesos anuales, de los cuales 100.000 millones van directamente a las regiones como la Guajira y el Cesar. Estos departamentos, profundamente afectadas por la pobreza y la falta de desarrollo, dependen en gran medida de los ingresos provenientes de la minería del carbón. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advirtió que esta medida "limitará los ingresos vitales que sostienen dichas regiones, profundamente necesitadas de inversión para su desarrollo". Este concepto contrasta con lo expuesto por la ACM, la que como vimos enfatiza que este tipo de decisiones deberían considerar las implicaciones económicas y sociales para el país y sus regiones, especialmente en un momento en que Colombia enfrenta una crisis fiscal que requiere maximizar cada fuente de recursos. Además, la prohibición podría tener un efecto adverso en la inversión extranjera. La fragmentación en la confianza de los inversionistas, provocada por decisiones políticas unilaterales y sin un análisis técnico sólido, podría llevar a un entorno económico menos atractivo para las nuevas inversiones, lo que a largo plazo podría afectar la economía colombiana de manera significativa. Repercusiones internacionales y diplomáticas El impacto diplomático de esta decisión también es significativo. Colombia e Israel firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2014, que entró en vigor en 2020, y que prohíbe expresamente las restricciones a la importación o exportación de mercancías entre los dos países. La violación de este tratado podría tener repercusiones legales y económicas para Colombia, incluida la posible imposición de sanciones o la pérdida de beneficios comerciales. Además, la decisión de Petro de unirse a Sudáfrica en una acusación de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido vista por muchos como una medida extrema que podría aislar aún más a Colombia en el escenario internacional. En un mundo donde las relaciones diplomáticas y comerciales son cada vez más interdependientes, este tipo de acciones unilaterales pueden tener consecuencias duraderas y difíciles de revertir. Cuestionamientos de la Procuraduría Esta prohibición ha sido cuestionada no solo por sus implicaciones económicas y diplomáticas, sino también por su fundamentación legal. La Procuraduría General de la Nación envió varios reparos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes de la firma del decreto, cuestionando su idoneidad y efectividad. De acuerdo con la Procuraduría, la medida no es idónea para cumplir con el objetivo de detener el conflicto en Gaza, ya que no existe una demostración técnica que respalde la idea de que la suspensión de exportaciones de carbón obligará a Israel a cumplir con las decisiones de la CIJ o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo, la Procuraduría fue enfática en señalar que la medida podría generar un daño antijurídico, ya que está insuficientemente justificada y podría considerarse nula por falsa motivación. También se mencionó que el decreto podría contravenir el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo, que permite al gobierno adoptar medidas comerciales restrictivas por razones de seguridad nacional, soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado. No obstante, la prohibición de exportación del material en cuestión a Israel no cumple con ninguno de estos criterios, lo que podría poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de empresa y la iniciativa privada. De acuerdo a las afirmaciones del presidente Petro, la decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel, es una medida simbólica que busca posicionar a Colombia como un país defensor de los derechos humanos en el contexto del conflicto palestino-israelí. Sin embargo, esta postura en lugar de cumplir con su objetivo podría terminar siendo un gesto vacío que deje a Colombia a corto y largo plazo en una posición de debilidad tanto en el plano económico como en el diplomático.