Petro impugna fallo y se niega a retractarse por acusaciones contra Enrique Vargas Lleras

El 12 de septiembre de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se rebeló públicamente ante el fallo del Consejo de Estado, que le ordenaba retractarse por las acusaciones realizadas contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En sus declaraciones, Petro había acusado a Enrique de estar implicado en un desfalco millonario en la Nueva EPS, que habría alcanzado la alarmante cifra de $5 billones. El presidente se mostró desafiante y se negó a acatar la orden judicial. Desde Florencia, Caquetá, Petro arremetió contra el fallo del Consejo de Estado, alegando que su acusación contra Enrique Vargas Lleras estaba basada en "verdades" y no en especulaciones. "Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades", expresó el mandatario, dejando en claro que no se retractaría de sus comentarios. Petro también enfatizó que no optaría por el camino "fácil" de una objeción de conciencia, pues afirmó estar convencido de la veracidad de sus declaraciones, aun cuando el tribunal lo había conminado a retractarse. Impugnación del fallo El 13 de septiembre de 2024, la defensa de Petro, encabezada por la abogada Carolina Jiménez Bellicia, presentó formalmente la impugnación del fallo del Consejo de Estado, buscando evitar que el mandatario tuviera que retractarse. En un extenso documento enviado al tribunal, Jiménez argumentó que los derechos fundamentales de Enrique Vargas Lleras no habían sido vulnerados, ya que las declaraciones del presidente se basaban en "hallazgos del agente interventor de la Nueva EPS" que señalaron presuntas irregularidades. El argumento central de la defensa es que las expresiones de Petro, más que ser acusaciones infundadas, constituyen opiniones sobre la política oficial y, por lo tanto, no requieren de una "estricta objetividad" como lo demandaba el fallo. Según la defensa, estas declaraciones estaban fundamentadas en hechos reales, aunque preliminares, que indicaban posibles irregularidades en la gestión de la Nueva EPS. En este sentido, se subraya que nunca se imputaron cargos formales contra Enrique Vargas Lleras ni se realizó un juicio de responsabilidad penal. El documento también argumenta que, al tratarse de una figura pública con un amplio reconocimiento como Enrique Vargas Lleras, se requería que él demostrara un daño concreto y específico a su buen nombre para que el tribunal pudiera amparar sus derechos. Este punto busca deslegitimar la sentencia del Consejo de Estado y rechazar la idea de que las declaraciones del presidente tuvieran como objetivo afectar la reputación de Vargas Lleras. En definitiva, Gustavo Petro continúa firme en su postura de no retractarse, desafiando abiertamente al Consejo de Estado y generando una tormenta política y judicial que promete intensificarse en los próximos días.