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Chompo En su última visita al departamento de La Guajira, el presidente Gustavo Petro lanzó nuevamente otra de sus peculiares y fantasiosas ideas, generando críticas en la opinión pública por el enfoque poco realista de esta: la construcción de un tren bala para incentivar el turismo en esta región. A pesar de las ambiciosas ideas del mandatario, muchos se cuestionan si esta propuesta representa una solución realista o, por el contrario, es simplemente otro gesto populista. Estas dudas surgen en el contexto de un gobierno que enfrenta graves problemas de corrupción, una limitada ejecución presupuestal y que, además, alega estar desfinanciado. El anuncio se hizo el pasado viernes 20 de diciembre, durante un encuentro desarrollado en el municipio de Uribia. Petro explicó que su visión se basa en aprovechar las vías férreas existentes entre Albania y Bahía Portete, destacando que una línea recta es ideal para implementar un tren de alta velocidad. “No es la máquina lo que hace que sea rápido, sino que sea derecha la vía”, declaró con entusiasmo. Según él, esta obra podría superar los ingresos que actualmente genera la explotación del carbón en la región. Sin embargo, detrás de esta llamativa propuesta, surgen interrogantes sobre la viabilidad y el impacto de este proyecto. Para empezar, esta región la cual se encuentra situada al norte del país enfrenta una adversa crisis humanitaria y ambiental. Problemas como el acceso limitado al agua potable, la desnutrición infantil y la falta de infraestructura básica han sido denunciados durante años sin soluciones concretas por parte de ningún gobierno. Ante este contexto, ¿es un tren bala realmente la prioridad?. Esta no es la primera vez que Petro sugiere proyectos de infraestructura ambiciosos pero poco fundamentados. En el pasado cuando era candidato presidencial, propuso en campaña la construcción de un tren transoceánico que conectaría Buenaventura con Barranquilla, una idea que también generó escepticismo y que, hasta la fecha, no ha avanzado más allá de un discurso político. Además, los costos y la logística de un tren bala en La Guajira son factores que no pueden pasarse por alto. Aunque el presidente aseguró que la infraestructura existente podría facilitar el proyecto, expertos en transporte han señalado que una línea férrea para un tren de alta velocidad requiere inversiones multimillonarias en tecnología, mantenimiento y adecuaciones técnicas. Esto, en un país donde los recursos públicos son limitados y donde numerosos proyectos de infraestructura básica siguen inconclusos. Por otra parte, la propuesta busca justificar el proyecto con la promesa de atraer inversiones en el sector hotelero y superar los ingresos generados por el carbón. Sin embargo, no se presentaron cifras concretas ni un plan detallado que respalde estas proyecciones. Según datos recientes, La Guajira produce cerca de 30 millones de toneladas de carbón al año, lo que representa una de las principales fuentes de ingresos del departamento. Sustituir este aporte económico con un proyecto turístico es, como mínimo, una apuesta arriesgada. El tren bala en La Guajira se suma a una lista de propuestas que, aunque llamativas, carecen de una base técnica y financiera sólida. Mientras tanto, los problemas sociales del departamento siguen sin resolverse, y los guajiros continúan esperando soluciones reales a sus necesidades más urgentes. Con cada nuevo discurso, Petro parece más interesado en construir castillos en el aire que en enfrentar las realidades del país. ¿Será este tren bala otro proyecto que queda en el papel, como tantas otras promesas? Solo el tiempo lo dirá.
+ Leer mas.El senador del Partido Verde, Jota Pe Hernández, lanzó duras críticas contra el Gobierno Petro tras el anuncio de la suspensión de postulaciones para el programa 'Mi Casa Ya'. Según una circular del Fondo Nacional de Vivienda emitida el 16 de diciembre de 2024. Hernández desmintió esta explicación en un video publicado en redes sociales, calificándola como “mentira” y afirmando que el Gobierno tiene recursos no ejecutados. Basándose en un informe de la Contraloría, donde se advierte que hay 96 billones de pesos sin ser utilizados, de los cuales 4,9 billones pertenecen al sector vivienda. “El valor asignado para la vivienda en 2024 fue de 10 billones de pesos, pero más de la mitad sigue sin ejecutarse”, afirmó Hernández. También señaló que el informe presupuestal había sido retirado de la página del Ministerio de Hacienda, sugiriendo un intento de ocultación. El senador calificó la medida como un “regalo de Navidad” que elimina oportunidades para las familias más vulnerables y cuestionó la gestión presupuestal del Gobierno, exacerbando las críticas.
+ Leer mas.En el marco del escándalo por corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las recientes declaraciones de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, han encendido la opinión pública en las últimas horas. Ortiz acusó directamente a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, de estar al tanto de las irregularidades y de ser parte de un supuesto complot en su contra. El caso gira en torno a la malversación de 46.800 millones de pesos (aproximadamente 10,5 millones de dólares) destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a las comunidades de La Guajira. Según las investigaciones, los contratos no cumplieron los requisitos legales ni técnicos, lo que resultó en la pérdida de estos fondos. Ortiz: "Sarabia sabía de las irregularidades" En una declaración ante la Fiscalía el pasado miércoles 18 de diciembre, Ortiz afirmó haber alertado a la directora del DAPRE sobre las anomalías en las adquisiciones. “Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Tras la denuncia de la periodista Paula Bolívar sobre 30 carrotanques, yo generé alertas mensuales y aviseé a Sarabia sobre 10 carrotanques más”, declaró Ortiz. Además, Ortiz acusó a Sarabia de orquestar un complot para incriminarla. “Esa persona tiene mucho poder y está al lado del Presidente. Fue ella quien armó todo para que yo estuviera aquí. Se habla no solo con la Fiscalía, sino también con la Procuraduría y otros entes poderosos”, aseguró Ortiz, quien también expresó temer por su seguridad y la de su familia tras haber sufrido un atentado que, según ella, no ha sido investigado adecuadamente. La defensa de Laura Sarabia Por su parte, Sarabia ha negado categóricamente estas acusaciones. En un mensaje publicado en su cuenta de X, escribió: “Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del DAPRE para entregar información”. También detalló que su ingreso al DAPRE, el 28 de febrero de 2024, estuvo marcado por decisiones contundentes, como solicitar la renuncia del entonces director de la UNGRD y suspender toda contratación, decisiones que asegura estar respaldadas por evidencias documentales. Sarabia ha calificado las acusaciones de Ortiz como "infundadas" y parte de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables del entramado de corrupción. “He cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina”, declaró Sarabia, deslindándose de cualquier relación con los hechos imputados. El rol de Sandra Ortiz en la investigación Ortiz enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía, que la señala de traficar influencias y lavar activos. Según el ente investigador, Ortiz transportó 3.000 millones de pesos en una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, dinero que supuestamente fue entregado al expresidente del Senado, Iván Name. La jueza encargada del caso ordenó su detención preventiva, argumentando que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía prevalecen sobre la defensa de Ortiz. Sin embargo, Ortiz ha insistido en su inocencia y ha reiterado que su situación responde a un "chivo expiatorio" para proteger a los verdaderos culpables. En su apelación, afirmó: “Ahí hubo corrupción, pero las personas realmente implicadas no están aquí y nunca las van a mencionar porque ese era un negocio de ellos y de otros terceros”. Mientras las investigaciones avanzan y se espera la revelación de nuevos detalles, este caso de corrupción en la UNGRD continúa socavando la credibilidad del Gobierno Petro. Las acusaciones cruzadas entre Ortiz y Sarabia han puesto de manifiesto un clima de desconfianza y polarización dentro del Ejecutivo. La combinación de intereses políticos, corrupción y negligencia administrativa evidenciada en esta trama sigue alimentando la indignación ciudadana, mientras crece la exigencia de respuestas claras y justicia ante un sistema que, hasta ahora, avanza con lentitud
+ Leer mas.El pasado martes 17 de diciembre, durante la plenaria en Cámara de Representantes donde se debatía la reforma a la salud, un hecho inusual desvió la atención de la opinión pública. La representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, fue captada utilizando un vapeador dentro del recinto legislativo, algo que está prohibido por la Ley 2354 de 2024. Este hecho no solo generó una ola de críticas en redes sociales, sino también se convirtió en una oportunidad para que el director de Prosperidad Social y defensor de la reforma a la salud, Gustavo Bolívar, arremetiera contra la congresista. En el video se puede observar a la representante Juvinao utilizando un cigarrillo electrónico en su atril, rodeada de sus colegas. Al notar que estaba siendo grabada, guardó rápidamente el dispositivo, pero no antes de que el humo del vapeador quedara captado en las imágenes. Esto ocurrió minutos antes de que la congresista tomara la palabra durante el debate sobre la reforma a la salud, una iniciativa clave para el Gobierno del presidente Petro. El uso de vapeadores en espacios cerrados está expresamente prohibido por la Ley 2354, sancionada el 9 de mayo de este año. Esta normativa regula el consumo, venta y promoción de cigarrillos electrónicos para proteger la salud de los no fumadores y menores de edad. El representante Eduard Giovanny Sarmiento, del Polo Democrático, le recordó a Juvinao esta restricción mediante un comentario en redes sociales, en el que enfatizó la importancia de cumplir con la ley, especialmente en espacios donde se toman decisiones que afectan a todos los colombianos. La crítica de Gustavo Bolívar El excongresista y actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no perdió la oportunidad de criticar duramente a la representante. A través de su cuenta en la red social X, Bolívar manifestó: “Si a la congresista Juvinao no le importa acabar con su salud, en pleno debate sobre la salud, ¿qué le va a importar la salud de los colombianos más pobres? Por eso siempre vota por mantener el saqueo de las EPS”. Bolívar acompañó su mensaje con una captura del video transmitido por el sistema de medios públicos Rtvc. Sin embargo, esta acción también generó críticas hacia el funcionario, ya que el medio estatal ha sido señalado por privilegiar informaciones que favorecen al Gobierno y dar poca cobertura a los escándalos que involucran a sus aliados, según un análisis realizado por La Silla Vacía.
+ Leer mas.El reciente nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia ha generado una oleada de críticas a nivel nacional. Este anuncio, realizado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y comunicado oficialmente por el canciller Luis Gilberto Murillo este 12 de diciembre de 2024, ha sido recibido con escepticismo, debido a las controversias que rodean al abogado, escritor y periodista. Mendoza, conocido principalmente por la serie Matarife, en donde difama y arremete contra del expresidente Álvaro Uribe, ha estado en el centro de varias controversias, incluyendo acusaciones legales y un extenso historial de publicaciones en la red social X, donde la mayoría de estas fueron escritas entre 2013 y 2018. Entre los tweets publicados destacan frases como: “El olor de tus tetas es la cocaína que acelera mi verga” y “Dulces colegialas tiernas, recuerden que mamarlo el 31 es de buena suerte”. Otros mensajes incluyeron referencias a menores de edad y comentarios misóginos y sexualizados hacia las mujeres, lo que ha provocado la indignación y repudio en diversos sectores, los cuales catalogaron estas afirmaciones como degeneradas y enfermizas. Reacciones en el ámbito político El sindicato de la Cancillería, Unidipro, expresó su preocupación con la designación de Mendoza, argumentando que esta va en contra de la meritocracia y desvirtúa la profesionalización del servicio exterior colombiano. La organización calificó este caso como un ejemplo más de los cuestionados nombramientos diplomáticos realizados por el actual gobierno. Otros casos similares incluyen los de Moisés Ninco Daza en México y el bodeguero Sebastián Guanumen en Chile. El político Daniel Gómez Arenas, del Movimiento de Salvación Nacional, también cuestionó públicamente la designación, señalando: “Este es Daniel Mendoza. El degenerado que este gobierno enviá de embajador a Tailandia. ¿Las feministas petristas dirán algo o también se justificará como lo de Armando Benedetti y Hollman Morris?”. La defensa de Mendoza Ante el aluvión de críticas, Mendoza se defendió afirmando que los tweets corresponden a “frases de personajes de una novela” y no representan su opinión personal. Argumentó que su cuenta de la red social X era utilizada para promover su obra El diablo es Dios y que las declaraciones debían ser interpretadas en un contexto literario. “Al autor no se le puede confundir con los personajes”, declaró, asegurando que es víctima de ataques por contenido sacado de contexto. Mendoza también defendió su nombramiento destacando su experiencia internacional, su dominio del inglés y el francés, y el año que vivió en Bangkok, durante el cual se dedicó a profundizar en el conocimiento del budismo. Mientras tanto, a la espera de que la Cancillería formalice completamente el nombramiento de Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia, las críticas a su designación siguen acumulándose y colocan al Gobierno de Petro en una posición complicada, dado que este al ser el gobierno del “cambio” había prometido transparencia y meritocracia en el nombramiento de sus funcionarios en diferentes cargos públicos.
+ Leer mas.En un contexto donde la izquierda progresista colombiana ha enfatizado la importancia de la educación como una herramienta para la equidad social, resulta llamativo que varios de sus representantes ocupen altos cargos públicos sin poseer títulos profesionales. Entre los nombres que han captado la atención, destacan los de los senadores María José Pizarro y Álex Flórez, la representante Susana Boreal y el controvertido Gustavo Bolívar, quien recientemente regresó al Gobierno de Gustavo Petro. En el coso de la Senadora María José Pizarro, hija del extinto comandante del M-19 Carlos Pizarro, ha cimentado su carrera política en el legado de su padre. Sin embargo, un escrutinio detallado de sus credenciales académicas revela inconsistencias preocupantes. Según información obtenida, Pizarro no cursó estudios universitarios y validó su bachillerato en 1997. Sus únicos estudios documentados son un taller de joyería de 9 clases en la Escuela Masala de Barcelona, del que obtuvo un título técnico en 2007. A pesar de ello, Pizarro ha afirmado repetidamente ser “maestra en Artes Plásticas”, una afirmación que ella misma intentó rectificar este año, aunque sin disolver del todo las dudas sobre su formación. Por otro lado, Álex Flórez, conocido por sus constantes controversias, también enfrenta serias acusaciones sobre la veracidad de sus títulos académicos. El senador aseguró ser abogado desde 2021, un dato que figura en su hoja de vida entregada a la Secretaría General del Senado. Sin embargo, una investigación reveló que no ha entregado su trabajo de grado, requisito indispensable para obtener el título de la Universidad de Medellín. El caso de Susana Boreal y Gustavo Bolívar Susana Boreal, representante a la Cámara y reconocida por su activismo, también enfrenta cuestionamientos similares. Aunque se presenta como música y directora de orquesta, fuentes cercanas confirmaron que Boreal no completó sus estudios de Música en la Universidad de Antioquia y carece de un título profesional. Esta revelación subraya una preocupante tendencia en algunos sectores del Pacto Histórico, donde se priorizan alianzas políticas sobre las competencias académicas. Por último, el exsenador y actual director del DPS Gustavo Bolívar, admitió no haber terminado su carrera de Comunicación Social, dejando también vacío su historial académico. Bolívar ha gestionado puestos de alta relevancia pública sin acreditar estudios profesionales, una situación que ha generado críticas sobre la gestión y selección de los altos funcionarios en el Gobierno de Petro. Implicaciones para la administración pública Aunque no existe una obligación legal para que los funcionarios públicos tengan títulos profesionales, la situación genera un debate sobre el impacto de estas carencias en la calidad de las decisiones políticas. Los casos de Pizarro, Flórez, Boreal y Bolívar subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y promueven una reflexión sobre los estándares de idoneidad en el servicio público. A medida que se aproxima el final del 2024, estos casos siguen alimentando el debate público sobre la transparencia y la meritocracia en la administración pública colombiana. Aunque estos políticos cuentan con el respaldo del Pacto Histórico, las preguntas sobre sus credenciales académicas y la manera en que accedieron a sus cargos continúan generando críticas y erosionando la confianza de los ciudadanos en sus líderes electos.
+ Leer mas.La congresista del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, ha estado en las últimas semanas en el centro de la opinión pública. Esta vez, sus comentarios sobre el sistema educativo colombiano han desatado una ola de críticas, no solo por el contenido infundado de sus declaraciones, sino también por la falta de un título profesional que respalde sus opiniones y lo más importante, su cargo como representante a la cámara. Boreal, quien ha cuestionado abiertamente la educación formal, carece de estudios superiores culminados, lo que ha generado comparaciones desfavorables con figuras controvertidas como Ernesto Macías. Durante un debate en el Congreso hace un par de semanas, Boreal afirmó que obligar a los niños a asistir al colegio podría considerarse “una forma de violencia y adoctrinamiento”. En sus palabras: “Garantizar que un niño vaya al colegio no quiere decir que tenga calidad. La mayoría van a estar sentados en una silla ocho horas escuchando un montón de cosas que no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas”. Según lo revelado por la revista Semana, la congresista cursó estudios de música en la Universidad de Antioquia (UdeA) y en el Conservatorio Royal de Mons, en Bélgica, pero no completó ninguna carrera. Exalumnos y personal de la UdeA confirmaron que Boreal abandonó sus estudios en 2021, cuando se lanzó de lleno a su campaña política. En ese momento, le faltaban ocho créditos para obtener su título como música con énfasis en instrumento. Juan José Yala, exintegrante de su equipo de campaña, detalló el proceso: “Yo a ella le manejaba toda la agenda, incluyendo la solicitud de cancelación del semestre en el sistema Ssofi de la UdeA. Ella me pasaba los documentos y yo formalizaba el trámite”. La hoja de vida que Boreal presentó a la Cámara de Representantes solo incluye su título de bachiller del Colegio Nuestra Madre de las Mercedes, obtenido en 2011. Además de sus declaraciones sobre la educación, Boreal enfrenta una investigación de la Procuraduría por presunto acoso laboral a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y por la contratación de Christian Guzmán, un asesor que tampoco culminó sus estudios universitarios. En el contexto de la polémica, muchos han comparado a Boreal con Ernesto Macías, expresidente del Senado, quien en su momento fue severamente criticado por el Petrismo debido a la falta de una formación profesional que respaldara su alto cargo en el Congreso. En redes sociales, varios usuarios han sugerido que Boreal podría estar replicando un perfil de representantes más enfocados en generar controversias que en presentar propuestas concretas. La figura de Boreal emergió durante el paro nacional de 2021, cuando organizó una interpretación masiva del himno nacional en Medellín. Sin embargo, el reconocimiento público obtenido entonces contrasta con las críticas actuales a su trayectoria. A pesar de su visible activismo, muchos cuestionan su capacidad para abordar temas tan complejos como la reforma educativa.
+ Leer mas.La gestión del presidente Gustavo Petro enfrenta nuevas acusaciones de corrupción que involucran a su círculo más cercano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, por presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Urrá S.A. ESP, ubicada en Córdoba. Este caso, que destapa un complejo entramado de supuesta injerencia y favoritismos, ha generado una tormenta política que salpica nuevamente al círculo más cercano del presidente Petro. Los orígenes de la denuncia El pasado 28 de noviembre, Bonilla formalizó la denuncia tras recibir anónimos vía WhatsApp que señalaban presuntas presiones indebidas ejercidas por Roa y Alcocer sobre la junta directiva de Urrá. Según lo denunciado, el objetivo sería controlar la empresa y beneficiar a aliados cercanos mediante contratos irregulares, especialmente en el proyecto *Parque Solar Urrá 19.9*. Este proyecto, cuya construcción lleva más de dos años de retraso, está vinculado al consorcio Lux Power 2022, liderado por la empresa Luxim Ingeniería S.A.S. Las cifras en torno al caso son alarmantes. Según la Procuraduría General de la Nación, las irregularidades en los contratos de Urrá podrían superar los $1,4 billones. Además, la Contraloría General de la República investiga pérdidas superiores a $300.000 millones debido a la venta irregular de energía a comercializadoras favorecidas, lo que habría generado altos márgenes de ganancia para unas pocas empresas seleccionadas “a dedo”. Vínculos cuestionables Una parte crucial de la denuncia apunta a la relación entre Roa y Marisol Segura Díaz, dueña de varias empresas implicadas en los contratos irregulares. Documentos judiciales señalan que Roa actuó como representante de Segura en asambleas de accionistas de Energéticos SAS ESP, una de las empresas señaladas, lo que refuerza las sospechas de vínculos personales y comerciales entre ambos. Aunque Roa ha negado cualquier relación ilegal, admitió haber actuado en representación de Segura en 2017, argumentando que no existió conflicto de intereses. Asimismo, se descubrió que Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, usó la dirección de un inmueble propiedad de Segura en Florida para registrar la compañía Windsun Energy LLC. Roa asegura que esta empresa nunca operó comercialmente y que no existe vínculo alguno entre él y las empresas investigadas, pero la sombra de la sospecha persiste. Respuesta de los denunciados Mientras Ricardo Roa ha negado categóricamente las acusaciones y calificado la denuncia como un “anónimo sin fundamento”, Nicolás Alcocer ha guardado silencio ante las graves imputaciones. Por su parte, el consorcio Lux Power 2022, implicado en los retrasos del proyecto solar, ha solicitado la intervención del Ejército para garantizar la seguridad de sus operaciones, señalando sabotajes como incendios y robo de materiales. Petro, entre la polémica y la crítica En medio del escándalo, el presidente Gustavo Petro ha tomado distancia del caso, aunque su credibilidad se ha visto golpeada. Su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer, está directamente involucrado, lo que pone en duda la promesa de transparencia que ha caracterizado su discurso político. Petro, quien recientemente descartó públicamente la posibilidad de buscar una reelección, enfrenta ahora críticas no solo por el caso de corrupción en la UNGRD, sino también por la supuesta corrupción en el núcleo de su entorno familiar. Investigaciones en marcha La Procuraduría y la Contraloría han anunciado investigaciones exhaustivas para identificar responsables y esclarecer las irregularidades en Urrá. La Procuraduría busca determinar si funcionarios actuaron bajo presiones indebidas o con conocimiento interno privilegiado en los procesos de contratación. Por su parte, la Fiscalía General está revisando los anónimos y las pruebas presentadas por Bonilla. Entre las denuncias destaca un supuesto favoritismo hacia la empresa Power China en contratos energéticos, cuyos vínculos con el consorcio Lux Power 2022 deben ser esclarecidos.
+ Leer mas.El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, vuelve a estar en el centro de atención tras revelar su lucha contra el consumo de drogas y alcohol. A sus 57 años, el polémico político anunció que está en un proceso de rehabilitación en Mazatlán, México, tras un diagnóstico médico que sacudió su vida y lo llevó a tomar decisiones drásticas. Entre ellas, su renuncia al cargo diplomático en Italia y un posible retorno a Colombia como asesor del Gobierno de Gustavo Petro. Benedetti confirmó que se sometió a una colonoscopia en septiembre de 2024, procedimiento que detectó un quiste precanceroso de 8 centímetros en su colon. La operación, realizada en Barranquilla, marcó un punto de inflexión para el político, quien admitió haber llevado una vida de excesos y problemas emocionales. “A uno le parece que tiene la vida regalada hasta que enfrenta algo como esto”, afirmó en entrevista con Yesid Lancheros nuevo director de revista Semana. El diplomático confesó que su relación con las drogas comenzó a los 18 años, aunque fue en su adultez, debido al ritmo laboral y la presión social, cuando desarrolló una dependencia más severa. Su historial de rehabilitación incluye un proceso exitoso en 1995, que lo mantuvo limpio durante 13 años hasta 2008, cuando recayó. Desde entonces, Benedetti ha librado una batalla constante contra el alcoholismo y el consumo de drogas, asegurando que sus problemas nunca afectaron su desempeño laboral. “Nunca dejé de asistir a reuniones ni de cumplir mis responsabilidades”, enfatizó. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Su posición como embajador fue vista por muchos como un intento del Gobierno para mantenerlo fuera de la política nacional, especialmente tras los controversiales audios de la campaña presidencial de 2022, en los que se vinculó a Benedetti con presuntas irregularidades en la financiación. Ante estas acusaciones, el político ha negado tener información comprometedora, calificando los rumores como “tonterías”. Renuncia y posible regreso al gobierno Benedetti declaró que su renuncia a la embajada en la FAO es inminente. La decisión, motivada por su necesidad de concentrarse en su rehabilitación, también abre la puerta a un posible retorno como asesor en la Casa de Nariño, lo cual ha generado escepticismo y críticas en diversos sectores políticos. El anuncio de su rehabilitación ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre su comportamiento personal. En junio de 2024, Benedetti enfrentó acusaciones de violencia intrafamiliar en Madrid, España, tras un presunto altercado con su esposa. Aunque un juez desestimó las denuncias de violencia de género, otros aspectos del caso permanecen bajo investigación.
+ Leer mas.Javier Milei, el polémico presidente argentino, ha dado un giro radical que pone en entredicho su discurso ultraderechista y anticomunista. A menos de un año de asegurar que no haría negocios con “ningún comunista”, Milei estrechó la mano de Xi Jinping, presidente de China, en un encuentro bilateral que, aunque envuelto en formalismos diplomáticos, evidencia un pragmatismo que desdibuja sus promesas de campaña. El martes, en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Milei y Xi mantuvieron una reunión de 30 minutos en el hotel Sheraton, bajo estrictas medidas de seguridad. En esta reunión, ambos mandatarios acordaron fortalecer los lazos comerciales y renovar el acuerdo de swap de monedas, que permite a Argentina acceder a 5.000 millones de dólares en yuanes para sostener sus reservas del Banco Central. El swap, firmado inicialmente en 2009 y renovado en sucesivas administraciones, es clave para una economía argentina que sufre de magras reservas internacionales. El propio Milei, quien durante la campaña electoral calificó a los comunistas como enemigos de la libertad, ha admitido que sin el respaldo financiero de China, la situación económica del país podría agravarse drásticamente. De las palabras al pragmatismo El cambio en la postura de Milei ha sido drástico. En octubre de 2023, apenas semanas antes de ganar el balotaje, declaró enfáticamente: “No haré pactos con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”. Sin embargo, la realidad económica y los consejos de su equipo económico, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, lo llevaron a reconsiderar su posición. En el comunicado oficial de la Presidencia argentina, se destacó que ambas naciones reafirmaron los acuerdos vigentes y se comprometieron a “explorar nuevas oportunidades para ampliar la relación bilateral”. En reciprocidad, Xi invitó formalmente a Milei a visitar China, y este extendió una invitación para que el líder chino viaje a Buenos Aires. China es actualmente el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil. Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones argentinas al gigante asiático ascendieron a 4.959 millones de dólares, compuestas principalmente por soja, carne bovina y litio. Por su parte, las importaciones desde China, que incluyen automóviles, turbinas de gas y repuestos tecnológicos, alcanzaron los 7.872 millones de dólares. El trasfondo político y económico El acercamiento con Xi Jinping también refleja las complejidades geopolíticas a las que se enfrenta Milei. Aunque ha expresado su alineamiento total con Estados Unidos y mantiene una estrecha relación con Donald Trump, presidente electo de ese país, no puede ignorar el peso económico y estratégico de China en la región. La reunión entre Milei y Xi coincidió con el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Durante el encuentro, China expresó su interés en proyectos de infraestructura en Argentina, incluyendo represas hidroeléctricas en Santa Cruz, un puerto en Tierra del Fuego y acceso a recursos estratégicos como el litio y el cobre. Estas iniciativas son fundamentales para la expansión de la influencia china en América Latina, una estrategia que Xi Jinping ha impulsado desde hace más de una década. Impacto local e internacional La postura de Milei también está condicionada por las expectativas de otros actores internacionales. Tras su reunión con Xi, el mandatario argentino tenía programado un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con apenas 32 días para renegociar un nuevo programa de facilidades extendidas, Argentina necesita desesperadamente fortalecer sus reservas y evitar una devaluación que podría desatar una crisis aún mayor. A pesar de su retórica incendiaria y su rechazo al intervencionismo estatal, Milei no ha tenido más remedio que aceptar la ayuda de los mismos organismos y países que criticó durante su campaña. La pregunta que queda es si este giro será suficiente para estabilizar la economía argentina o si, por el contrario, expondrá aún más las inconsistencias de su gobierno. El encuentro entre Javier Milei y Xi Jinping marca un antes y un después en la política exterior de Argentina. Lo que comenzó como un gobierno ideológicamente rígido, ha dado paso a una administración pragmática, guiada por las urgencias económicas. En el juego de la política internacional, las promesas populistas de campaña se desvanecen frente a la realidad de gobernar. Para Milei, el precio de este pragmatismo puede ser alto, tanto en términos de credibilidad como de autonomía política. China, por su parte, ha demostrado una vez más su capacidad para avanzar en sus intereses estratégicos, incluso en escenarios aparentemente hostiles.
+ Leer mas.El intento de la senadora petrista Isabel Zuleta por reactivar la reelección presidencial en Colombia se ha enfrentado a un rechazo contundente desde múltiples frentes, incluido el del presidente Gustavo Petro. Este polémico proyecto, que buscaba modificar la Constitución para permitir la reelección de mandatarios, alcaldes y gobernadores, no solo fue desacreditado por el propio jefe de Estado, sino que también careció del apoyo de figuras de su misma colectividad cercanas al presidente, dejando a la legisladora en una posición de aislamiento político. Zuleta había presentado en septiembre pasado, un proyecto que permitiría hasta dos reelecciones consecutivas para presidentes o incluso tres no consecutivas. Sin embargo, la senadora del Pacto Histórico no logró reunir las firmas necesarias para radicar la propuesta, lo que evidencia la falta de consenso incluso dentro de su propio partido. El presidente Gustavo Petro, desde Brasil, desmintió categóricamente cualquier intención de apoyar o buscar la reelección, calificando la idea como una “fake news” que le hacía reír. “El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”, escribió en su cuenta de X. Petro comparó la especulación con un rumor personal absurdo, señalando que es tan improbable como tener un hijo tras haberse sometido a una vasectomía hace 14 años. La postura de Petro fue reiterada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien descalificó las acusaciones de perpetuación en el poder como “irresponsables” y enfatizó que el Gobierno no presentará ni apoyará ninguna iniciativa de este tipo. Cristo también recordó que el periodo legislativo está por concluir, dejando sin margen de acción cualquier intento de reforma constitucional de esta magnitud. Además del rechazo en las esferas oficiales, la propuesta de Zuleta causó incomodidad dentro del Pacto Histórico. Mientras algunos, como el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, señalaron que la idea era legalmente inviable, otros consideraron que este tipo de iniciativas solo alimentan las críticas de la oposición. El debate sobre la reelección revive tensiones históricas en Colombia, un país donde esta figura fue eliminada tras las dos reelecciones consecutivas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Petro recordó que él mismo votó en contra de la reelección cuando fue aprobada, subrayando que esta política fue posteriormente suspendida por Santos. El fracaso del proyecto de Isabel Zuleta no solo evidencia el rechazo generalizado hacia la reelección presidencial, sino que también deja a la senadora políticamente ridiculizada. A menos de dos años de las elecciones presidenciales, este episodio subraya la importancia de la alternancia en el poder y marca un precedente en la administración Petro, que se enfrenta a desafíos de gobernabilidad y credibilidad en sus últimos años de mandato. El sueño de la reelección, al menos en el corto plazo, parece haberse desmoronado. Mientras tanto, los colombianos observan cómo este episodio se convierte en un recordatorio de las tensiones internas y las dificultades del Gobierno para consolidar su agenda política en un entorno cada vez más complejo.
+ Leer mas.El pasado domingo 17 de noviembre de 2024, el concejal por Bogotá Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro asignó 70 millones de pesos a la promoción del documental “Igualada”, el cual narra la trayectoria de la vicepresidenta Francia Márquez. La financiación se realizó a través de Proimágenes, organización encargada de administrar los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). El documental, que recorre 15 años de la vida de Márquez antes de asumir la Vicepresidencia, obtuvo el estímulo bajo la modalidad de promoción de largometraje y desempeño en taquilla. Según el contrato revelado por el concejal en la red social X, el desembolso estaba condicionado al cumplimiento de los términos pactados. Briceño, quien figura por ser un feroz opositor del Gobierno Petro, no hizo repartos en comparar este caso con la polémica que rodeó a la supuesta autobiografía de la exprimera dama María Juliana Ruiz durante el mandato de Iván Duque. En su publicación, el concejal señaló la doble moral de figuras como el representante a la Cámara David Racero, quien en 2021 pidió una investigación de la Procuraduría General sobre el posible uso de recursos públicos para financiar ese proyecto. “¿Qué dirá ahora Racero sobre los recursos destinados al documental de la vicepresidenta?”, cuestionó Briceño. Además, recordó las críticas de otros líderes como el excongresista César Pachón y la exfuncionaria María Niny Echeverry, quienes en su momento rechazaron el uso de dinero público para obras similares. ¿Promoción cultural o propaganda política? Aunque Proimágenes aclaró que los estímulos del FDC se otorgan con base en criterios técnicos y no por decisión directa del Gobierno Nacional, el caso ha generado preguntas sobre si el apoyo a “Igualada” podría considerarse un acto de promoción personal, lo que podría violar el Estatuto Anticorrupción. La oposición argumenta que, al tratarse de una figura en funciones, la financiación beneficia la imagen pública de Márquez. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico busca apoyar producciones nacionales para garantizar su exhibición en salas y fomentar la industria audiovisual. Sin embargo, la asignación de 70 millones de pesos a un documental sobre la vicepresidenta en medio de cuestionamientos sobre los resultados del Ministerio de la Igualdad, liderado por Márquez, ha avivado el debate sobre las prioridades del Ejecutivo. Finalmente, el concejal del Centro Democrático concluyó su denuncia subrayando los “nulos resultados” del Ministerio de la Igualdad, un proyecto bandera del gobierno Petro que, según sectores de la oposición, no ha cumplido las expectativas. “Espero que el documental refleje también las falencias de este ministerio”, ironizó. El caso de “Igualada” abre nuevamente el debate sobre el manejo de los recursos públicos y las fronteras entre la promoción cultural y la propaganda política en Colombia.
+ Leer mas.El representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, enfrenta una ola de críticas y denuncias luego de un acto considerado ofensivo hacia las víctimas de los llamados "falsos positivos". El 06 de noviembre de 2024, Polo Polo publicó un video en redes sociales donde se le veía arrojar a la basura unas botas de caucho, dispuestas en la Plaza Rafael Núñez del Congreso por las madres de Soacha en homenaje a sus hijos asesinados y presentados falsamente como guerrilleros abatidos en combate. En el video, Polo Polo, expresó su rechazo al número de 6.402 falsos positivos, afirmando que esta cifra no es respaldada por entidades como la Justicia y Paz, la Fiscalía General o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Estas botas tienen que ir a donde pertenecen: al canasto de la basura”, manifestó el congresista en su video. Las reacciones no tardaron en llegar. La publicación causó indignación en redes sociales y en el ámbito político. Las madres de Soacha, quienes durante años han buscado justicia por sus familiares asesinados, repudiaron el acto de Polo Polo. Una de ellas declaró: “Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, queremos decirle que no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”. Las madres exigieron que Polo Polo se retractara públicamente y pidieron sanciones contra él. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tomó la iniciativa de denunciar penalmente al congresista por los presuntos delitos de hostigamiento y discriminación agravada. “Presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra Miguel Polo Polo por la afrenta que cometió contra las Madres de Soacha, en el homenaje que hacían en memoria de sus hijos”, indicó Cepeda. A esta condena se sumaron otras figuras del Congreso, como la senadora Sandra Ramírez, de Comunes, quien calificó el acto como “indignante, penoso y violento” y señaló que la ideología de Polo Polo lo estaba llevando a “violar los derechos de las víctimas del Estado”. El enfrentamiento escaló el 13 de noviembre, cuando una de las madres de Soacha golpeó a Polo Polo en el recinto del Congreso mientras le reclamaba por su acto. En el video compartido por el propio congresista, se observa el momento en el que la mujer lo agrede físicamente y luego intenta calmarse tras la intervención de otros congresistas, como David Racero, quien también increpó a Polo Polo por sus comentarios y acciones. Este incidente generó cuestionamientos sobre la gestión del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien defendió su decisión de no proceder con la expulsión de la mujer ni usar la fuerza, argumentando que eso sería una revictimización para las madres de Soacha. Ante las críticas, Polo Polo se mostró desafiante y reiteró sus dudas sobre el número de víctimas de falsos positivos. En varias declaraciones, afirmó que las cifras oficiales no han sido verificadas y sugirió que quienes apoyaron el homenaje lo hicieron como una estrategia política en respaldo al presidente Gustavo Petro. “¿Dónde están los 6.402 nombres de los supuestos falsos positivos? Si tienen 500 nombres, denlos a conocer, si tienen 300, revélenlos, pero no digan que son 6.402 porque ese número está trillado”, aseveró. Por su parte, las madres de Soacha insistieron en la importancia de honrar la memoria de sus seres queridos y denunciaron que la actitud de Polo Polo representa una falta de respeto hacia las víctimas del conflicto armado en Colombia, que suman más de 10.000 en todo el país. En tanto, diversos sectores políticos exigen una sanción ejemplar y una disculpa pública por parte de Polo Polo, aunque el congresista ha dejado claro que no se arrepiente de sus actos y mantiene su postura escéptica frente a la cifra de víctimas. El caso de Polo Polo ha profundizado las divisiones en el Congreso y entre los colombianos, abriendo nuevamente el debate sobre la memoria, la justicia y la verdad en torno a uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia.
+ Leer mas.A lo largo del mandato del presidente Gustavo Petro, su administración ha estado marcada por promesas de transparencia y meritocracia, en línea con su discurso de “democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”. Sin embargo, a pesar de su insistencia en combatir los favoritismos en la administración pública, recientes investigaciones y denuncias apuntan a la existencia de prácticas de nepotismo que involucran a familiares de varios altos funcionarios de su Gobierno. Las revelaciones de medios como El Espectador, basadas en la revisión de más de 100 documentos sobre conflictos de interés, contratos y nombramientos, señalan la contratación de familiares de al menos seis ministros y dos exministros en diversas entidades del Estado. Estos vínculos familiares en cargos de poder generan cuestionamientos, aunque el Gobierno sostiene que estos nombramientos cumplen con la normativa vigente y no representan un conflicto de intereses directo. Sin embargo, para muchos analistas y la opinión pública, estos casos empañan las promesas de Petro de un cambio en las prácticas del poder en Colombia. La ministra de Trabajo y sus múltiples familiares en el Gobierno Uno de los casos más emblemáticos es el de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien ha sido señalada por la contratación de varios familiares en distintas entidades estatales. Según las investigaciones, Ramírez tiene al menos tres familiares vinculados laboralmente con el Estado. Su hijo, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, fue nombrado en abril de 2023 como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y, aunque dejó ese cargo en febrero de 2024, más tarde fue designado asesor jurídico en el Ministerio de Ciencia. Su otro hijo, Álvaro Eduardo Restrepo, firmó un contrato con el Ministerio de Cultura a principios de 2023 por un valor de 76 millones de pesos. Además, la hermana de la ministra, Diana Zuleyma Ramírez, ocupa el puesto de subdirectora técnica en el Instituto Nacional de Salud desde principios de este año. Defensa del ministro de Hacienda a su entorno familiar Otro de los funcionarios en la mira es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien ha tenido que responder por los cargos ocupados por su esposa e hijo en instituciones del Estado. Claudia Liliana Cortés, esposa del ministro, fue nombrada directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en junio de 2023. Bonilla ha defendido públicamente este nombramiento, asegurando que su esposa cuenta con una experiencia de más de una década en el sector y que él no tuvo ninguna influencia en su designación. En un intento por despejar dudas, Bonilla recordó que su esposa ingresó a la UPRA en 2013, y que la promoción a su actual cargo se debió únicamente a su experiencia y capacidades. El hijo del ministro, Leonardo Bonilla, es investigador en el Banco de la República, una institución autónoma. A pesar de que su puesto no depende directamente del Gobierno, este nombramiento también ha sido objeto de críticas. Sin embargo, Bonilla reiteró que tanto su esposa como su hijo han ocupado estos cargos mucho antes de que él asumiera su rol en el gabinete de Petro. Otros funcionarios señalados El caso del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también ha sido mencionado en el informe de El Espectador. Su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja en la Superintendencia de Salud desde el 2022. A pesar de los cuestionamientos, Jaramillo ha superado mociones de censura en el Congreso y ha sostenido que su relación con su esposa no constituye un conflicto de interés en su gestión, aunque ambos se encuentran dentro del mismo sector. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y su esposo, Jaime Osorno, también forman parte de esta red de vínculos. Osorno ostenta una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad gubernamental encargada de administrar bienes incautados en procesos judiciales. Helga Rivas, ministra de Vivienda, tiene a su pareja, Juan Carlos Ortega Bermúdez, quien hasta el año pasado ocupaba el cargo de secretario en la Agencia de Reincorporación. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene familiares en entidades de gran relevancia como la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol, aunque estos cargos fueron asumidos antes de la llegada de Petro a la presidencia en 2022 y, por tanto, no se encuentran bajo la administración directa del Gobierno. No obstante, estos casos refuerzan la percepción de que los altos funcionarios se ven rodeados de familiares en posiciones clave. Otro caso que ha llamado la atención es el de Hollman Morris, gerente de RTVC, quien tiene a tres familiares con contratos en diversas dependencias del Estado. Uno de sus hermanos, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y actualmente trabaja en la Unidad de Restitución. Sus otras dos hermanas, Ingrid Johanna y Helga Lorena Morris, también se encuentran contratadas en el Ministerio de Cultura, lo que ha levantado críticas sobre el uso de redes familiares en sectores estratégicos de la administración pública. Respuestas del Gobierno El presidente Gustavo Petro ha defendido en varias ocasiones a su administración de las acusaciones de nepotismo, afirmando que se han implementado medidas para eliminar la “politiquería” en las entidades del Estado. Sin embargo, la persistencia de los casos de familiares en posiciones públicas ha puesto en tela de juicio esta afirmación. Incluso algunos miembros de su propio Gobierno han expresado públicamente su rechazo al nepotismo, calificándolo de “injusticia moral”. Las respuestas de los ministros, entre ellas las de Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo, no han logrado aplacar las críticas, ya que muchos observadores señalan que los nombramientos de familiares en el Gobierno contravienen la ética de transparencia que el presidente Petro prometió instaurar. A medida que estos casos salen a la luz, la administración de Petro enfrenta una creciente presión para tomar medidas que garanticen que la meritocracia prevalezca por encima de los lazos familiares, como lo había prometido al país.
+ Leer mas.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció recientemente que se comprometerá a realizar una “transición pacífica y ordenada” del poder a su sucesor, Donald Trump, quien ganó las elecciones presidenciales en dicho país. Biden, en una declaración televisada desde la Casa Blanca, afirmó haber hablado con Trump y asegurado a la administración entrante que su equipo trabajará en conjunto para garantizar que la transferencia de poder transcurra sin inconvenientes. El presidente Biden, de 81 años, enfatizó su compromiso con la “paz y el orden” en el proceso de transición, así como su deseo de calmar los ánimos de una nación polarizada: “Independientemente de a quién hayan votado, debemos vernos como conciudadanos estadounidenses y bajar la temperatura”. En sus declaraciones, Biden resaltó la importancia de la unidad y pidió a los estadounidenses que “amen al país sin importar quién haya ganado”. Estas declaraciones fueron vistas como un llamado a la calma, en un esfuerzo por reducir la tensión luego de una reñida campaña que reabrió viejas divisiones en la sociedad estadounidense. Biden también elogió a la candidata demócrata y su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas y reconoció oficialmente la victoria de Trump. Harris, en un acto público en la Universidad de Howard en Washington, expresó su compromiso con una transición ordenada y aseguró que trabajará en la transferencia de poder de manera pacífica. Con palabras llenas de esperanza, Harris afirmó que, aunque “el resultado no es lo que queríamos ni por lo que luchamos”, seguirán creyendo en el futuro de Estados Unidos. El llamado de Biden a la paz y su disposición a trabajar con Trump en la transición contrasta con el discurso de Trump en 2020, cuando el republicano se negó a aceptar la derrota, alentando a sus seguidores a protestar y generando el caos en el asalto al Capitolio. Aunque en esta ocasión Biden reiteró su fe en la “honestidad y transparencia” del sistema electoral, insistiendo en que “se puede confiar en él se gane o se pierda”. La Casa Blanca emitió un comunicado horas después del discurso de Biden, destacando el compromiso del presidente saliente con un proceso de transición sin problemas. “Este esfuerzo de cooperación entre ambas administraciones busca promover el progreso de la nación y unificar el país en beneficio de todos los estadounidenses”, afirmó un portavoz del gobierno. A su vez, el equipo de Trump agradeció el gesto, indicando que el presidente electo “valora la disposición de Biden para un proceso ordenado y sin conflictos”. Finalmente, el presidente Biden, quien aún cuenta con 74 días en el cargo, aseguró que hará “que cada día cuente”, mientras los demócratas esperan que este periodo permita fortalecer el partido para enfrentar la administración entrante. Los retos políticos que se avecinan mantienen en vilo a los votantes y a los observadores, pues el nuevo liderazgo de Trump y la postura conciliadora de Biden podrían establecer un precedente de cómo se desarrollarán las relaciones políticas en los próximos años en un país que sigue profundamente dividido.
+ Leer mas.Nuevas revelaciones en el caso del software de espionaje Pegasus. Informaciones recientes señalan que el gobierno estadounidense, bajo la administración de Joe Biden, habría financiado esta compra como parte de sus esfuerzos antinarcóticos, en una operación que hoy se cuestiona por la falta de transparencia y el potencial uso indebido de una tecnología que se ha relacionado con violaciones a la privacidad a nivel mundial. El escándalo ha cobrado fuerza a raíz de una serie de revelaciones de dos altos funcionarios de la Casa Blanca en Washington y otro en Bogotá, quienes, autorizados para hablar sobre el tema, confirmaron al diario colombiano El Tiempo que el financiamiento para la compra de Pegasus provino de fondos de cooperación estadounidense. La polémica toma especial relevancia ya que el entonces presidente colombiano Iván Duque no habría sido informado sobre esta adquisición, que fue gestionada exclusivamente a nivel operativo, según los funcionarios. Según la información revelada, la compra de Pegasus se efectuó en dos pagos, cada uno de 5.5 millones de dólares, efectuados el 27 de junio y el 22 de septiembre de 2021. Estos pagos coincidieron con el arribo de dos vuelos procedentes de Tel Aviv que aterrizaron en la base antinarcóticos de la Policía en Bogotá. En total, la transacción alcanzó los 11 millones de dólares, los cuales fueron enviados a Israel en efectivo, y corresponden a una operación cuyo verdadero propósito y controles ahora se cuestionan. Esta compra fue parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, orientado formalmente a reforzar la lucha contra el narcotráfico. No obstante, la implementación de Pegasus, desarrollada por la empresa israelí NSO Group, ha sido motivo de debate a nivel global, especialmente desde que medios y organizaciones de derechos humanos denunciaron su utilización para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Este cambio en la percepción pública sobre Pegasus ocurrió a partir del otoño de 2021, cuando investigaciones revelaron que incluso funcionarios estadounidenses habían sido objetivos de este software. Duque al margen y la llegada de Petro De acuerdo con los voceros estadounidenses, el uso del software fue suspendido en 2022, justo antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia en Colombia. Durante la administración de Duque, la adquisición de Pegasus fue manejada a nivel operativo y, según las fuentes, sin el conocimiento directo del entonces mandatario. En su defensa, los funcionarios afirmaron que esta práctica es común en el marco de los compromisos de cooperación entre ambos países, que suelen incluir el suministro de recursos y herramientas para combatir el crimen transnacional. Este punto ha suscitado interrogantes en Colombia, y el presidente Petro ha solicitado que se aclare el rol de Estados Unidos en la compra y el uso de Pegasus. Como respuesta, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha instruido al embajador en Washington, Daniel García-Peña, para gestionar una reunión con el director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Dan Erikson, con el fin de discutir este tema y establecer responsabilidades bilaterales. La reunión se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión y desconfianza en torno al alcance de la intervención estadounidense en asuntos de seguridad nacional de Colombia. Supervisión y control Los funcionarios de la administración Biden insisten en que, desde el principio, la operación de Pegasus en Colombia estuvo sujeta a "estrictos protocolos de seguridad" y controles internos para asegurar que el software fuera usado exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico. "Establecimos una estricta supervisión operativa para garantizar que el software se utilizara para perseguir objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico", declaró uno de los voceros anónimos. A pesar de estas afirmaciones, el hecho de que Pegasus haya sido empleado sin el conocimiento de Duque y otros altos funcionarios colombianos genera sospechas de que la operación fue llevada de manera poco transparente. Una sombra sobre la cooperación bilateral La presunta financiación de Pegasus por parte de Estados Unidos ha puesto en entredicho los límites y la transparencia en las relaciones de cooperación entre Washington y Bogotá. Mientras que el gobierno estadounidense insiste en que Pegasus fue empleado únicamente para el combate al narcotráfico y bajo "protocolos estrictos", el hecho de que Duque no estuviera al tanto de la adquisición y el uso de este software plantea dudas sobre el verdadero alcance de la intervención de Estados Unidos en la seguridad interna de Colombia. La administración Petro, consciente de la sensibilidad de este caso y del impacto en los derechos civiles, ha reiterado su compromiso con la transparencia y la protección de la privacidad de los ciudadanos. La expectativa es que en las próximas semanas, las autoridades colombianas obtengan respuestas claras por parte de sus homólogos estadounidenses sobre los pormenores de esta operación y la posible afectación de los derechos fundamentales en el marco de la lucha contra el crimen. El caso de Pegasus ilustra cómo los programas de cooperación, diseñados para abordar amenazas mutuas, pueden convertirse en una herramienta de vigilancia controversial cuando se implementan con opacidad y sin la debida supervisión. Para muchos, la participación de Estados Unidos en la compra de este software abre una puerta a cuestionamientos profundos sobre el papel de las superpotencias en los asuntos de seguridad de sus aliados y sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos.
+ Leer mas.El presidente Gustavo Petro ha sido objeto de críticas y expresiones de descontento por parte de miles de colombianos en diversos eventos públicos. Uno de los episodios más recientes se dio durante el Giro de Rigo, una reconocida carrera de ciclismo aficionado, celebrada el 3 de noviembre de 2024 en Medellín. Este evento, que reunió a 11.000 ciclistas de diferentes partes de Colombia y el mundo, fue el escenario de una enérgica “fuera Petro” que resonó entre los asistentes, reflejando el inconformismo ciudadano hacía el gobierno del presidente Petro. La despedida de Rigoberto Urán, un ícono del ciclismo colombiano, fue el contexto de este contundente acto de protesta. La carrera, que es la segunda más importante del aficionado al ciclismo en el mundo, atrajo a ciclistas de los 32 departamentos del país y de al menos 30 países, entre ellos Estados Unidos, México y Brasil. Entre los invitados de honor se encontraban el español Joaquim Rodríguez, conocido como “Purito”, y otras leyendas del ciclismo colombiano, quienes acompañaron a Urán en un momento emotivo y simbólico. Sin embargo, la despedida del ciclista pasó a un segundo plano cuando el grito de “fuera Petro” acaparó la atención, revelando el hartazgo de una parte significativa de la ciudad. La consigna “Fuera Petro” se ha convertido en un símbolo de protesta contra el mandatario, resonando no solo en eventos deportivos, como partidos de la Selección Colombia, sino también en conciertos y otros espacios de afluencia masiva. Este fenómeno indica un rechazo popular hacia las políticas y decisiones del presidente, quien ha respondido con irritación en lugar de mostrarse receptivo a las críticas de sus ciudadanos. La respuesta de Petro a esta arenga popular no se hizo esperar. En la mañana de este martes el 05 de noviembre, el presidente expresó su descontento en redes sociales, específicamente en su cuenta de X. Petro lanzó un duro mensaje en el que no solo cuestionó la legitimidad de la protesta, sino que insinuó que sus detractores están vinculados con los sectores responsables de atroces crímenes y corrupción en el país. “Pagar por un ‘Fuera Petro’ para que quienes asesinaron a 6,402 jóvenes, se robaron el país y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder”, escribió en referencia a los responsables de ejecuciones extrajudiciales en años anteriores. Con esta declaración, el presidente no solo desvía la atención hacia actos de gobiernos pasados, sino que sugiere que cualquier crítica hacia su administración es, de alguna manera, un intento de rehabilitar antiguos males del país. Sin embargo, su postura ha dejado un sabor amargo entre los críticos, quienes interpretan esta respuesta como un ataque directo contra la libertad de expresión y una falta de disposición para escuchar el sentir popular.
+ Leer mas.Pegasus, el famoso software de espionaje desarrollado por la empresa de tecnología NSO Group con sede en Israel, ha protagonizado en las últimas semanas una serie de controversias y acusaciones en Colombia. El software, que tiene la capacidad de infiltrarse en teléfonos móviles y extraer datos personales sin que el usuario lo note, ha sido señalado por el presidente Gustavo Petro como una herramienta utilizada por el gobierno anterior para espiar a la oposición. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Iván Duque han negado rotundamente tales acusaciones, y la fiscalía colombiana investiga la procedencia y uso de este software sin hallazgos concluyentes hasta ahora. El presidente Petro afirmó en agosto que el gobierno del exmandatario Iván Duque habría adquirido Pegasus a través de la Dipol para vigilar a figuras de la oposición durante las protestas sociales de 2021. Según Petro, el monto total de la transacción fue de 11 millones de dólares, divididos en dos pagos de 5.5 millones cada uno. Esta denuncia fue respaldada por documentos que, según el mandatario, mostraban registros de la transferencia bancaria realizada al grupo NSO. Petro destacó que los documentos fueron clave para abrir una investigación que permita esclarecer los motivos y posibles responsables detrás de esta compra. Desmentidos y contrargumentos desde el entorno de Duque Víctor Muñoz, exdirector del Dapre durante el gobierno del expresidente Iván Duque, ha rechazado las acusaciones en diferentes medios de comunicación, manifestando que ni el entonces presidente Duque, ni mucho menos los altos mandos de la fuerza pública autorizaron la compra del software espía. Muñoz, además enfatizó que las adquisiciones del gobierno se encuentran registradas en plataformas públicas y deben cumplir con requisitos legales establecidos. De acuerdo con el exdirector, ninguna compra de Pegasus figura en esos registros oficiales. Confirmación y dudas en la Fiscalía El pasado 28 de octubre, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la transacción por 11 millones de dólares a NSO Group, fabricante de Pegasus existió, y fue respaldada por documentación que esta misma empresa de tecnología proporcionó, con el fin de establecer que sus transacciones internacionales se realizaron de forma legal y transparente. La fiscal detalló que las pesquisas han llevado a la Fiscalía a entrevistar a figuras del gobierno anterior, para determinar si existió una instrucción explícita que autorizara la compra de Pegasus. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, Camargo mencionó que aún no se ha encontrado evidencia de que el software Pegasus esté en posesión de alguna entidad estatal, como la Fiscalía, la Dipol o el Ministerio de Defensa. Este vacío de información plantea varias interrogantes sobre el destino final del software, lo que complica los intentos de determinar su uso y control en territorio colombiano. Las tensiones entre Colombia e Israel, tras la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno Petro, han obstaculizado la comunicación entre la Fiscalía y NSO Group. Este factor ha dificultado el acceso a información adicional que pudiera esclarecer detalles de la transacción y el uso del software en Colombia. Según la fiscal Camargo, a pesar de la existencia de documentos de pago, el ente acusador carece de una licencia para operar Pegasus y emplea plataformas de interceptación autorizadas por la ley. La Procuraduría sin rastro de Pegasus La procuradora general, Margarita Cabello, sostuvo recientemente en rueda que esta entidad no pudo establecer que existiese en su momento una orden presidencial para adquirir el software de espionaje Pegasus, así como tampoco encontrar evidencia concreta en los registros de gastos reservados que respalde tal compra. Cabello también mencionó que la entidad ha citado a Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para obtener más detalles sobre el informe que originó las acusaciones. Sin embargo, estas afirmaciones por parte de la procuradora Cabello, no sentaron muy bien al presidente Gustavo Petro, quién rápidamente mostró su inconformismo y cuestionó las declaraciones de la procuradora tachándolas de mentira. "La procuradora general de la Nación, miente" fue el mensaje que dejó Petro en la red social X anteriormente conocida como Twitter. Espionaje y la influencia de Pegasus Pegasus es un software altamente invasivo que permite acceder a mensajes de texto, llamadas, fotos y videos en dispositivos móviles sin el conocimiento del usuario. A nivel global, ha sido utilizado para vigilar a periodistas, activistas y opositores políticos a nivel mundial, provocando una amplia discusión sobre sus implicaciones para la privacidad y los derechos humanos. En Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible uso de Pegasus para vigilar a periodistas y líderes sociales. La investigación sigue en curso, y mientras las autoridades intentan determinar la veracidad de las acusaciones y la localización del software, Colombia enfrenta una polémica que amenaza con agravar la desconfianza pública en el gobierno y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del Estado y la protección de los derechos individuales.
+ Leer mas.En medio de rumores que circulan desde Venezuela, sobre la posible muerte de, alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, el Gobierno del presidente Petro a través del comisionado de paz, Otty Patiño ha manifestado su pesar ante la noticia. En dialogo con Blu Radio, Patiño expresó que, aunque no puede confirmar la muerte de Márquez, la misma sería un "hecho lamentable". No obstante, más allá de las palabras diplomáticas, Márquez deja tras de sí un historial marcado por la traición a los acuerdos de paz la prolongación del conflicto en Colombia. La sombra de la traición La figura de Iván Márquez ha estado marcada por sus repetidas traiciones a los esfuerzos de paz en Colombia. Tras su papel clave como negociador en los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas FARC, Márquez rompió los compromisos adquiridos en 2019, al regresar a las armas. En su deserción, anunció la creación de la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las FARC que opera principalmente desde Venezuela, bajo la supuesta protección del régimen de Nicolás Maduro. El regreso de Márquez a la lucha armada fue un duro golpe para los esfuerzos de paz en Colombia. Desde entonces, ha sido el protagonista de varios intentos de atentado. El más reciente, en julio de 2022, lo dejó gravemente herido, con la pérdida de un brazo, un ojo y parte de la movilidad de su cuerpo. A pesar de las especulaciones sobre su muerte tras este ataque, Márquez reapareció en un video en mayo de 2023, donde expresó su apoyo a la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta reaparición generó suspicacias sobre el posible respaldo de la Segunda Marquetalia al actual gobierno, lo que no ha sido confirmado. ¿Proceso de paz en riesgo? Otty Patiño afirmó que la posible muerte del líder guerrillero no tendría un impacto directo en el proceso de paz que actualmente se adelanta con la Segunda Marquetalia. Según el comisionado, aunque Márquez no participaba activamente en las negociaciones, su influencia como líder del grupo armado era significativa. Sin embargo, su ausencia podría generar una reconfiguración del liderazgo en la Segunda Marquetalia y alterar las dinámicas del proceso. La reacción del gobierno de Petro ha sido objeto de críticas. La expresión de lamento por parte de Patiño ha sido interpretada como una postura condescendiente hacia un hombre que, no solo traicionó en dos ocasiones los procesos de paz, sino que también perpetuó la violencia en las zonas rurales del país. “Cualquier muerte de estos personajes interesados en la paz es lamentable”, señaló Patiño. ¿Un nuevo panorama para la paz? El panorama de la paz en Colombia sigue siendo frágil. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por negociar con los diversos grupos armados que aún operan en el país, las diferencias ideológicas y territoriales complican las posibilidades de un acuerdo duradero. La Segunda Marquetalia, bajo la dirección de Iván Márquez, ha mantenido un discurso ambiguo, oscilando entre la búsqueda de la paz y la justificación de la lucha armada. Este doble juego de Márquez ha sido un obstáculo para los intentos de reconciliación en Colombia. Aunque el gobierno de Petro insiste en su compromiso con el diálogo, la realidad en el terreno es mucho más compleja. Los líderes de la Segunda Marquetalia y otros grupos armados han demostrado en varias ocasiones que no están dispuestos a abandonar sus armas y su control sobre las economías ilegales que operan en los territorios más apartados del país. Iván Márquez, como símbolo de esa dualidad entre paz y guerra, deja tras su posible muerte una herencia de desconfianza. El fin de una era La muerte de Iván Márquez, si se confirma, marcaría el fin de una era para un hombre que traicionó la paz en más de una ocasión. Su legado no es el de un luchador por la justicia o la igualdad, sino el de un comandante guerrillero que optó por la violencia como método para alcanzar sus fines, sin importar cuántas vidas fueran afectadas en el proceso. La historia lo recordará como un obstáculo para la paz, y su desaparición abre un nuevo capítulo en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado en Colombia.
+ Leer mas.El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe continúa con la audiencia preparatoria celebrada el 17 de octubre de 2024. El caso, que involucra delitos como fraude procesal y soborno a testigos, sigue avanzando, aunque la defensa del exmandatario ha planteado nuevos argumentos que han llamado la atención. Según el abogado defensor, Jaime Granados, 102 mil archivos de los dispositivos del principal testigo en contra de Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve, habrían sido alterados o borrados. Este caso contra el expresidente Uribe gira principalmente en torno a las declaraciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha acusado tanto a Uribe como a su hermano, Santiago Uribe, de vínculos con grupos paramilitares. Monsalve ha sido considerado el "testigo estrella" en este juicio debido a sus declaraciones incriminatorias, lo que lo ha convertido en un blanco central de la defensa de Uribe. Los abogados del exmandatario han intentado constantemente desacreditar su testimonio alegando que Monsalve ha cambiado su testimonio en varias ocasiones y que sus declaraciones carecen de consistencia. Las pruebas presentadas Durante la audiencia, Granados informó que un análisis pericial de los dispositivos del exparamilitar mostró alteraciones significativas. Los archivos borrados habrían sido clave para el desarrollo del caso, y la defensa asegura que estas manipulaciones buscan incriminar a Uribe de manera injusta. Según el reconocido abogado, la comparación entre la copia original de los dispositivos y la copia espejo proporcionada por la Fiscalía reveló que "no eran dos documentos iguales", con diferencias sustanciales entre ambos. Granados señaló además, que el equipo forense que realizó el análisis todavía no ha podido determinar quién borró los archivos ni en qué circunstancias. Sin embargo, este descubrimiento se ha convertido en un punto central de la estrategia de defensa de Uribe, con el objetivo de desacreditar la validez del material probatorio presentado por la Fiscalía. Solicitudes de la defensa La defensa de Álvaro Uribe ha solicitado que se incluyan como testigos en el juicio figuras cercanas al expresidente, como el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, el abogado Diego Cadena y el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid. Granados indicó que Arias, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos por otros cargos, habría tenido conocimiento de un plan para perjudicar a Uribe, mientras que Cadena buscará esclarecer las circunstancias en las que contactó a testigos clave en el caso. Próximos pasos La defensa de Uribe ha anunciado que presentará una denuncia penal por la presunta manipulación de relojes con cámaras ocultas que Monsalve utilizó para grabar conversaciones con el abogado Diego Cadena y otros involucrados en el caso. Se espera que la defensa continúe su estrategia de intentar demostrar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son confiables. El juicio contra Álvaro Uribe es uno de los más mediáticos en la historia reciente de Colombia y sigue generando gran interés público. La presentación de pruebas y el desarrollo del caso en los próximos meses serán determinantes para definir el futuro judicial del expresidente.
+ Leer mas.El actual director del departamento de prosperidad social y exsenador, Gustavo Bolívar, se ha visto envuelto en una creciente polémica por su negativa a presentar de forma clara y pública su declaración de renta, en medio de acusaciones de evasión fiscal. Esta controversia ha sido encabezada por Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, quien ha señalado a Bolívar por ocultar información clave sobre sus bienes e inmuebles en Estados Unidos y sus ingresos, lo que ha desatado una disputa que hoy tiene al funcionario en el ojo del huracán. La controversia se remonta a diciembre de 2017, cuando Bolívar adquirió una lujosa propiedad en Miami junto a su hijo Santiago, por un valor de 1,2 millones de dólares. Lo que en su momento fue una simple compra a través de una hipoteca, se ha convertido en el centro de las acusaciones contra el exsenador. Según Briceño, el director del DPS habría transferido la mitad de esta propiedad a su hijo en agosto de 2022 por un valor simbólico de 10 dólares, una acción que el concejal cataloga como una maniobra para evadir impuestos en Colombia. Esta transferencia, conocida como "Quit Claim Deed", es legal en Estados Unidos, pero Briceño insiste en que Bolívar debió reportar el valor comercial del inmueble en su declaración de renta ante las autoridades colombianas, dado que el país aprobó el Impuesto al Patrimonio en 2022, año en el que se llevó a cabo la transacción. Sin embargo, a pesar de que el tribunal administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, ordenó a Bolívar hacer pública su declaración de renta, el funcionario ha resistido esta medida. Presentando por medio de su equipo legal una tutela para proteger lo que consideran los derechos fundamentales del exsenador, argumentando que la orden del magistrado vulnera su derecho al debido proceso y defensa. Briceño, quien ha liderado esta batalla legal para desenmascarar a Bolívar, ha sido enfático en sus acusaciones, señalando que el director de DPS está utilizando "toda clase de argucias" para evadir la publicación de su declaración de renta, lo que, en sus palabras, podría estar encubriendo ingresos que no corresponden a su actividad pública. Por su parte, Gustavo Bolívar ha respondido a estas acusaciones en su cuenta de X, asegurando que no tiene nada que ocultar. Según el exsenador, su declaración de renta es pública y está disponible en el sistema de declaración de bienes de los funcionarios públicos, cumpliendo con lo establecido por la Ley 2013 de 2019. Además, en repetidas ocasiones ha afirmado que ha pagado alrededor de 4.000 millones de pesos en impuestos en Colombia y 60.000 dólares al año en impuestos en Estados Unidos, en relación con sus propiedades en ese país. Sin embargo, la controversia no ha cesado, ya que los detalles completos de su declaración no han sido divulgados. Uno de los puntos más controvertidos de esta disputa es la contradicción que muchos ven en la actitud de Bolívar. Durante su tiempo como opositor en el gobierno de Iván Duque, fue un fuerte “defensor” de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, exigiendo a otros lo que ahora él mismo parece rehusarse a hacer. Esta doble moral ha sido ampliamente criticada por sus detractores, quienes consideran que su negativa a cumplir con las órdenes judiciales solo aumenta la desconfianza sobre su situación fiscal. Este enfrentamiento entre Gustavo Bolívar y Daniel Briceño parece lejos de concluir. El concejal del Centro Democrático ha anunciado nuevas acciones legales para obligar a Bolívar a acatar las decisiones del tribunal. Además, ha pedido que se reinstaure la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones de renta, una normativa que fue modificada durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha permitido que se oculte información financiera bajo ciertos criterios.
+ Leer mas.En el marco de la discusión sobre la reforma laboral que avanza en el Congreso, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron recientemente un nuevo cruce de declaraciones en redes sociales, evidenciando, una vez más, sus profundas diferencias ideológicas y personales. Ambos líderes, llevaron el debate más allá de las propuestas laborales, reviviendo viejas disputas y lanzando graves acusaciones. La reforma laboral, uno de los principales proyectos promovidos por el gobierno Petro, ha sido objeto de duras críticas por parte de Uribe, quien ha catalogado la iniciativa de "capricho ideológico". Según el exmandatario, esta reforma afectaría gravemente a los pequeños empresarios y generaría más problemas que soluciones para la economía colombiana. Entre los puntos más polémicos, Uribe resaltó el aumento del recargo nocturno, que, de aprobarse, comenzaría a aplicarse a partir de las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., como se hace actualmente. Uribe además recalcó que este cambio sería "insostenible" para muchos emprendedores, señalando ejemplos concretos como el de una pizzería que, al operar hasta la medianoche, se vería obligada a pagar un recargo nocturno mayor, lo que encarecería sus costos operativos. "Colombia quedaría con 11 horas de recargo nocturno, lo que nos pondría en el primer lugar en la región, solo superado por Panamá y Guatemala", afirmó. Además, cuestionó el aumento del recargo para los días festivos y dominicales, que pasaría del 75% al 100%. Comparando con otros países de la región, Uribe subrayó que Colombia tiene 18 festivos al año, mientras que Brasil tiene 10, Ecuador 11, Argentina 12 y Perú 16, y apuntó que, en Chile, el recargo es del 30% a pesar de tener 19 festivos anuales. Ante estas críticas, Petro no tardó en responder. En una serie de trinos, el presidente defendió su reforma, argumentando que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, a quienes, según él, Uribe históricamente ha perjudicado. "No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia", trinó Petro, en un claro ataque a su oponente. Además, señaló que la vida de hacendado de Uribe estuvo marcada por conflictos laborales que terminaron en tragedia. "En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos", añadió el presidente, en referencia a un episodio de la Hacienda San Cipriano, que perteneció a la familia Uribe en el nordeste de Antioquia. Las acusaciones de Petro no solo se limitaron al ámbito laboral. En su ataque, el mandatario recordó que, mientras Uribe acumulaba riquezas a costa de sus trabajadores, él buscaba liderar una revolución social. "Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí", sentenció Petro. La respuesta del expresidente Uribe fue igual de contundente. Exigiendo respeto y recordando que, mientras Petro estaba involucrado en actividades delictivas, él trabajaba. Además defendió su gestión en la Hacienda San Cipriano, asegurando que, tras la presión de la guerrilla, que según él hizo inviable el negocio de producción de panela, entregó la finca a los trabajadores. "La FARC presionó al Sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores", explicó, destacando que la escritura de la finca se realizó en junio de 1979 por un valor de $20 millones y que todas las obligaciones con los empleados fueron cumplidas. La reforma laboral, que ha avanzado en el Congreso con la aprobación de cerca del 80% del proyecto, sigue generando divisiones. Mientras el gobierno de Petro sostiene que la reforma mejorará las condiciones de los trabajadores, sus detractores, incluido Uribe, argumentan que esta aumentará los costos para las empresas y podría empeorar la situación de desempleo e informalidad, dos de los problemas más graves en Colombia. La discusión sobre el recargo nocturno y otros puntos de la reforma, como la ampliación de licencias remuneradas para trabajadores en situaciones específicas, como la atención de ciclos menstruales incapacitantes o casos de violencia de género, sigue siendo un tema caliente en el país. El cruce de trinos entre Uribe y Petro, lejos de aclarar el debate, lo ha llevado a un terreno personal y emotivo, reviviendo viejas rencillas y dejando claro que las tensiones entre ambos no desaparecerán en el corto plazo.
+ Leer mas.Recientemente el expresidente Álvaro Uribe ha criticado el proceso judicial que enfrenta, en el cual se le acusa de fraude procesal y soborno de testigos. Uribe ha hecho saber su malestar por lo que él considera una falta de garantías judiciales, cuestionando la imparcialidad del sistema legal y alegando que no se le ha permitido presentar pruebas concretas para su defensa. A medida que se acerca una audiencia clave el próximo 16 de octubre, el debate en torno a su caso sigue intensificándose, tanto en el ámbito judicial como en el político. Uribe, líder natural del partido Centro Democrático y figura central en la política colombiana, enfrenta estas acusaciones desde 2018. Según la Fiscalía, él y su abogado Diego Cadena habrían intentado manipular testigos para que testificaran en contra del senador Iván Cepeda. "No me han dado garantías" El exmandatario ha insistido repetidamente en que no ha recibido garantías para demostrar su inocencia. En recientes declaraciones compartidas en su cuenta en la red social X, Uribe expresó: "Sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié al doctor Cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre reclusos visitados por el senador Cepeda, a quienes ofrecía beneficios para que me acusaran". Este alegato ha sido un eje central en su defensa pública desde que las acusaciones salieron a la luz. La defensa de Uribe ha criticado el giro de la Fiscalía, que inicialmente contemplaba la posibilidad de precluir el caso, pero luego cambió su postura y formalizó la acusación en su contra. Uribe sostiene que este cambio de dirección es injusto, argumentando que las pruebas presentadas por su equipo han sido ignoradas o desestimadas. Según él, estas pruebas incluirían el contenido de dispositivos electrónicos del testigo clave, pruebas que la Fiscalía habría descartado de manera indebida. Discrepancias y denuncias sobre pruebas Uno de los puntos más polémicos del caso es la supuesta desaparición de información clave. Uribe ha afirmado que el teléfono del senador Iván Cepeda, uno de los actores principales en el caso, sufrió un "accidente" que borró su memoria, lo que, según él, genera discrepancias con otros dispositivos y copias enviadas a la justicia. Uribe ha insistido en que esta pérdida de información ha afectado su capacidad para defenderse adecuadamente, y ha criticado a la Fiscalía por no investigar estos detalles más a fondo. Además, el exmandatario ha señalado que la Fiscalía se opuso a la inclusión de pruebas fundamentales, como las interceptaciones telefónicas de las comunicaciones entre él y su abogado Cadena. Según Uribe, estas interceptaciones violan sus derechos fundamentales, un argumento que su defensa ha sostenido ante la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia. Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes encabezan su equipo de defensa, han solicitado que estas pruebas sean excluidas del proceso por su supuesta ilegalidad. Un proceso con implicaciones políticas El proceso judicial contra Álvaro Uribe no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Como exmandatario y figura clave en la derecha política colombiana, su caso ha polarizado a la opinión pública. Mientras sus seguidores lo consideran una víctima de persecución política, sus detractores ven el juicio como un paso necesario para enfrentar los abusos de poder y la corrupción en las altas esferas del Estado. El próximo 16 de octubre, en una audiencia clave, se decidirán las pruebas que se utilizarán en el juicio contra Uribe. Hasta entonces, el expresidente continúa denunciando lo que percibe como una falta de garantías procesales y una vulneración de sus derechos fundamentales.
+ Leer mas.En medio del estreno de la película el Joker 2, el excandidato presidencial Sergio Fajardo ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez a raíz de una inusual comparación con el personaje principal de la película, interpretado por el reconocido actor Joaquin Phoenix. La cinta, que se estrenó en Colombia el 3 de octubre de 2024, ha generado críticas mixtas entre los espectadores, pero lo más curioso ha sido cómo algunos internautas han aprovechado el momento para lanzar comentarios sarcásticos y memes en las redes sociales, vinculando al político antioqueño con el descontento que ha dejado la película. El meme más comentado señala: "El Joker 2 es tan malo que lo convirtieron en Fajardo". Ante esto, el exalcalde de Medellín no tardó en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, respondió a las comparaciones que han sido ampliamente difundidas en plataformas digitales. En un tono que oscila entre el sarcasmo y la molestia, relató cómo su equipo de comunicación le alertó sobre el revuelo que causaban las publicaciones. “Aquí llegó mi equipo digital aterrado. ¡Viral! Yo les dije: ‘¿Esto qué es? No entiendo, ¿por qué viral o cuál es el cuento?’", mencionó el político, expresando su desconcierto inicial frente a los comentarios en línea. Según explicó, la asociación entre su imagen y la del personaje de Phoenix se debía a la percepción generalizada de que la película era “muy mala”, lo que llevó a los internautas a compararla con la trayectoria de Fajardo. No obstante, lejos de quedarse en una explicación neutral, Fajardo lanzó críticas a quienes lo ridiculizan en las redes. “¿Para qué le gastan tanto tiempo? ¿Para qué me mandan tantas tonterías si es que soy tan malo?”, cuestionó en un tono que reflejaba su incomodidad ante la persistencia de estos comentarios. Aunque su respuesta parecía inicialmente resignada, también aprovechó para burlarse de uno de los aspectos visuales que le señalaban: el cabello. “Me dijeron, además, lo del pelo, que nos parecemos. Yo les respondí: ‘No, perdón. Este pelo es más bonito, ¡no fregués!’”. A lo largo de su carrera, Fajardo ha sido una figura controvertida en el ámbito político colombiano, especialmente por su papel como candidato presidencial en varias ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, sus detractores han encontrado una nueva forma de criticarlo, usando un estreno cinematográfico como excusa.
+ Leer mas.La reciente apertura de una investigación por parte del CNE contra la campaña del presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia en el escenario político. Aunque Petro y sus más fieles lacayos han sugerido un supuesto golpe de Estado, la realidad jurídica de la situación no contrasta mucho de esa narrativa, según han explicado expertos y autoridades. Las sanciones que podría imponer el CNE son, en su mayoría, administrativas y no afectarían en ningún caso la permanencia de Petro en el poder. El martes 08 de octubre, el CNE, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra, decidió abrir una investigación formal contra la campaña de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta investigación se centra en la violación de los topes legales para los gastos de campaña, con un exceso no reportado de más de 5.300 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, destacan la omisión de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta electoral y la no declaración de 1.600 millones en la segunda vuelta, provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI con la que hacían vuelos privados. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, es importante señalar que el proceso no tiene implicaciones directas sobre el aforo presidencial de Petro. De acuerdo con la magistrada del CNE, Maritza Martínez, quien habló sobre el caso en el programa radial W Sin Carreta, el proceso está enfocado en determinar la posible violación de las normas de financiación electoral, lo cual conllevaría sanciones de carácter administrativo. Entre estas sanciones se encuentran multas que van desde los 18 millones 497 mil pesos hasta los 184 millones 976 mil pesos, o incluso la devolución parcial o total de los dineros de la reposición de votos. Por su parte, expertos como el jurista Rodrigo Uprimny han desvirtuado la tesis del presidente sobre un presunto golpe de Estado, calificándola de infundada y peligrosa para la estabilidad institucional del país. Según Uprimny, cualquier acción penal o disciplinaria contra el mandatario debe ser tramitada exclusivamente por el Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. Incluso en el escenario más grave, donde se verifique la violación de los topes de financiación, la máxima sanción que podría imponer el CNE sería de naturaleza económica, afectando potencialmente al movimiento político de Petro, Colombia Humana. De confirmarse las irregularidades, el partido podría perder su personería jurídica, lo que limitaría su participación en futuras elecciones y el acceso a financiación estatal. Sin embargo, esto no afectaría la permanencia de Petro en la presidencia. El CNE ha insistido en que su papel es estrictamente administrativo y no busca intervenir en las competencias del Congreso o de otras ramas del poder. En palabras de la magistrada Martínez, "no dependemos de ninguna rama del poder, somos un órgano autónomo al cual se le impuso la tarea de revisar las cuentas de las campañas". La ley colombiana es clara en cuanto a las responsabilidades del CNE, y su actuación no puede tener implicaciones penales o disciplinarias. Así, la narrativa del presidente Gustavo Petro, sobre un posible golpe de Estado parece ser más una estrategia basada en el sectarismo político, destinada a agitar al país, que una realidad jurídica.
+ Leer mas.En un evento reciente en lo que fue el cierre de la ‘Feria de las Economías para la Vida - FEV’ en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro, recitó un discurso que ha generado críticas en torno a su postura frente a los recientes descubrimientos de yacimientos de gas en el mar Caribe colombiano. Petro no sólo cuestionó el entusiasmo ante estos hallazgos, sino que también arremetió contra Ecopetrol y su papel en el sector energético del país, abogando por un futuro alejado de los combustibles fósiles. “No es una buena noticia” Durante su intervención, el presidente afirmó que no es una buena noticia el hallazgo de gas y petróleo, una declaración que va en contravía del sentimiento generalizado de alivio ante la posible solución a una inminente crisis energética que podría afectar al país en 2025. Según el mandatario, la celebración de estos descubrimientos, en lugar de generar alegría, debería causar alarma. Argumentó que el consumo de petróleo, carbón y gas no forma parte de lo que él denomina “las economías de la vida”, un concepto que parece estar en el centro de su agenda política. Petro destacó que Colombia es uno de los principales exportadores de carbón a nivel mundial —el quinto en la lista— y que gran parte de la economía nacional depende de la renta generada por estos recursos. Sin embargo, según él, esta dependencia ha descuidado sectores clave como la agricultura y la industria. Aunque reconoce la importancia económica de estos recursos, su retórica sugiere que la dependencia de los combustibles fósiles debe desaparecer en un futuro próximo. Crítica a Ecopetrol y la propuesta de un “exorcismo” Una de las partes más llamativas de su discurso fue la crítica directa a Ecopetrol. Petro afirmó que esta empresa estatal debe hacer un “exorcismo” y eliminar el petróleo de su modelo de negocio. Esta metáfora, aunque dramática, refleja la visión del presidente de que el país debe dejar de depender del petróleo en un plazo de diez años. En su lugar, instó a la compañía a enfocar sus esfuerzos en energías limpias e inteligencia artificial, un cambio que él considera esencial para que la empresa logre un mayor poder y relevancia en el futuro. El presidente hizo hincapié en que Barranquilla sería el epicentro de esta transformación, sugiriendo que la ciudad tiene el potencial de convertirse en un núcleo para el desarrollo de energías limpias y tecnología avanzada. Propuso que Ecopetrol debería asociarse a iniciativas tecnológicas en lugar de seguir apostando por la exploración y producción de combustibles fósiles. Según Petro, Colombia tiene la capacidad de generar hasta 65 gigavatios de energía limpia en el Caribe, tres veces más de lo que genera el país actualmente. Entre el optimismo y el riesgo Los descubrimientos recientes de yacimientos de gas y petróleo podrían duplicar las reservas energéticas del país, un hito histórico que, en otro contexto, habría sido celebrado como una oportunidad para garantizar la seguridad energética de Colombia y su estabilidad económica. Sin embargo, Petro ha optado por enfocar sus críticas en la dependencia de estos recursos y el impacto que tienen en el cambio climático, calificando a las principales potencias mundiales como Estados Unidos y China de “grandes chimeneas” responsables de la crisis ambiental. Aunque la postura de Petro se alinea con las preocupaciones globales sobre el cambio climático, su rechazo frontal a los combustibles fósiles plantea preguntas sobre el futuro económico del país. En su discurso, lejos de generar consenso, ha sembrado dudas sobre la viabilidad de su propuesta de transición energética en un país cuya economía aún depende en gran medida de los hidrocarburos. Las cifras y los plazos que propone el mandatario, especialmente su visión de abandonar el petróleo en menos de diez años, parecen ignorar las complejidades económicas y sociales que rodean a este sector estratégico.
+ Leer mas.David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, parece estar consolidando un nuevo modelo de liderazgo político basado en una filosofía propia: "La plata va donde los votos no llegan". Mientras el país lucha con el clientelismo, la corrupción y la mala gestión pública, Racero ha demostrado que se puede ser innovador hasta en estos terrenos. Desde manejos sospechosos de dinero de sus asesores hasta desvíos de sus funciones públicas, todo parece estar bajo la lupa de la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Y, como si fuera poco, hasta un Fruver entra en la ecuación. Recientemente, el reconocido periodista Daniel Coronell, ha publicado varios informes, donde se revela que el congresista habría solicitado a sus subalternos una porción de sus salarios, además de exigirles realizar funciones ajenas a sus cargos. En un chat que Coronell reveló, el Congresista le pide a una de sus asesoras, Estefanía Montoya, que le transfiera parte de su sueldo a otro miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En dicho intercambio, Montoya le informa al congresista que recibe un salario de $8.158.000, pero que de esa suma le entrega $3.500.000 a Yidis Gahona, otro asesor. "Yo tomo $4.300.000", explica Montoya, mientras Racero simplemente responde: "OK, tenlo ahí". Todo bajo un aura de supuesta normalidad. Este “préstamo” sistemático se ve acompañado por la transferencia de $2.375.000 que Montoya hizo para cubrir la deuda de la tarjeta de crédito de Racero. Ante estas revelaciones, Racero se defendió señalando que él y Montoya tenían un acuerdo de préstamos mutuos. Pero, curiosamente, solo hay registros de los pagos que Montoya hizo a Racero, y no a la inversa. Por supuesto, las irregularidades no se limitan a los “préstamos” entre colegas. Las transacciones bancarias parecen haberse convertido en una especialidad para el congresista. Por ejemplo, en diciembre de 2019, Viviana Marcela Moreno, otra asesora de la UTL de Racero, transfirió $4’000.000 a la cuenta del padre del congresista. Un regalo navideño, dirían algunos. No obstante, las autoridades judiciales no parecen tan convencidas y ahora tanto la Procuraduría como la Corte Suprema han abierto investigaciones al respecto. Los vínculos familiares también juegan un papel importante en esta historia. El hermano de Racero, Jorge Luis Racero Mayorca, ha sido receptor de transferencias por sumas significativas de dinero provenientes de la UTL del congresista. Mientras tanto, el padre de Racero también aparece en la lista de beneficiarios de estas transacciones. El episodio más revelador fue un depósito de $5’320.000 realizado el 24 de diciembre de 2018 desde Puerto Carreño, la capital de Vichada, un lugar remoto que cobra relevancia por ser el lugar de origen de Yidis Gahona, esposo de Montoya y antiguo empleado de Racero. Gahona, quien actualmente trabaja en la Presidencia de la República, renunció a su puesto en la UTL de Racero en medio de un escándalo de acoso sexual. La conexión entre Racero, Montoya y Gahona no termina en las transferencias bancarias, sino que parece entretejerse a lo largo de años de colaboración cercana y sospechas constantes. Otro aspecto llamativo de las revelaciones es el peculiar uso que Racero parece haberle dado a sus empleados legislativos. En un chat filtrado durante la pandemia, Racero le solicitó a su conductor, Leonardo García, que cumpliera funciones en un Fruver que, aparentemente, el congresista administraba. En lugar de limitarse a conducir al representante, García también terminó contabilizando las ventas del mercado: "David, la principal 222.800, la segunda caja 577.800", reportaba el conductor. Esta situación llevó a García a cuestionar si seguiría como empleado de la UTL o si sus funciones habían sido oficialmente ampliadas a las del comercio de frutas y verduras. Para completar el cuadro, Racero también se ha visto envuelto en un caso de clientelismo con el SENA. En un intercambio de mensajes con Jorge Londoño, director de la entidad, Racero preguntó si los puestos que antes ocupaba el partido opositor Centro Democrático en el departamento del Cesar podrían ser ahora otorgados al Pacto Histórico. “Claro que sí, pero déjale algo a los verdes”, le respondió Londoño. “Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”, inquirió Racero, mostrando su interés por involucrar a familiares en la repartición de cargos. Mientras las investigaciones avanzan, David Racero continúa acumulando escándalos como si fueran éxitos políticos o académicos. Pero en este caso, su destreza no se mide en votos ni en leyes aprobadas, sino en las conexiones que ha sabido articular entre su círculo familiar y laboral.
+ Leer mas.María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara y ponente de la controversial Reforma Laboral, ha protagonizado una serie de deslices y errores que han puesto en duda su capacidad intelectual para liderar y buscar consensos en uno de los proyectos más importantes y complejos del gobierno del presidente Petro. A lo largo de los debates, la representante ha sido objeto de duros cuestionamientos, no solo por la confusión en conceptos clave del derecho laboral y la economía, sino también por afirmaciones que parecen demostrar un desconocimiento de los temas que deberían ser de su dominio como ponente. Uno de estos episodios tuvo lugar recientemente, cuando Carrascal confundió los contratos a término fijo con los contratos de prestación de servicios, dos figuras legales con características ampliamente diferentes en el mercado laboral colombiano. Durante esta misma intervención, Carrascal afirmó que los contratos a término fijo "enmascaran las relaciones laborales para evitar el pago de seguridad social y prestaciones", un error garrafal que fue rápidamente señalado por la oposición. El representante Hernán Cadavid, del Partido Centro Democrático, respondió con contundencia e ironía: "Pareciera que quienes redactaron la reforma nunca han generado un empleo en Colombia". Cadavid resaltó que los contratos a término fijo otorgan derechos laborales como primas y vacaciones, mientras que los de prestación de servicios son para trabajadores independientes, sin esos derechos. A esto se suman otros errores graves cometidos por la ponente del Pacto Histórico, como su confusión entre ingresos y utilidades durante otro debate en el Congreso. La representante afirmó que las empresas no se verían gravemente afectadas por la reforma, argumentando que solo un 4% de los costos laborales se incrementarían y que este aumento no superaría el 1.1% de los costos totales de producción. Según ella, después de pagar los costos de producción, las empresas aún tendrían utilidades del 25.7%, las cuales podrían destinarse a remunerar a los dueños del capital. Sin embargo, este argumento también fue duramente criticado por la oposición. La Senadora María Fernanda Cabal, expresó su incredulidad en redes sociales, Asegurando que: "La ponente de la Reforma Laboral no tiene la más remota idea de lo que habla". El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, también se unió a las críticas, calificando de "absurdo" el cálculo de utilidades presentado por Carrascal, manifestando que no reflejaba la realidad financiera de las empresas colombianas, que ya enfrentan una carga impositiva de más del 35%. Estos errores no son aislados. En junio de 2023, durante un debate sobre la primera versión de la Reforma Laboral, Carrascal protagonizó uno de los lapsus más comentados del Congreso, afirmando que "el 14% de los trabajadores laboran más de 60 horas al día". Este error, ridiculizado por la oposición y en redes sociales, mostró nuevamente la falta de rigor en las intervenciones de la congresista. Incluso el Partido Cambio Radical se sumó a las críticas, recordando este desliz durante la discusión de la reforma, cuestionando si una persona que confunde conceptos tan básicos está en capacidad de liderar un debate de tal importancia. Estos incidentes no solo han mermado la credibilidad de Carrascal como ponente de la Reforma Laboral, sino que han generado desconfianza sobre la viabilidad del proyecto en materia de estudios. La primera versión de la reforma fue hundida en la Comisión Séptima de la Cámara en 2023, y aunque se ha intentado nuevamente su discusión en 2024, los errores de su ponente dificultan su avance. La falta de precisión y los errores conceptuales alimentan la narrativa de que la reforma ha sido mal planeada y redactada, lo que podría tener consecuencias catastróficas para la economía y el mercado laboral del país.
+ Leer mas.Donald Trump, actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, vuelve a estar en el foco mediático por sus polémicas declaraciones. En un discurso realizado el 29 de septiembre en Erie, Pensilvania, Trump sugirió que la delincuencia en el país podría combatirse de manera efectiva a través de una “jornada extremadamente violenta”, lo que ha generado comparaciones con la película La Purga. Esta propuesta, criticada ampliamente por diferentes sectores, plantea serias dudas sobre las soluciones que el exmandatario ofrece para los problemas sociales y de seguridad en un país ya ampliamente violento. Propuesta inspirada en la ficción La película La Purga, estrenada en 2013, narra una historia en la que, durante 12 horas, el gobierno permite que los ciudadanos cometan crímenes sin ninguna repercusión legal. Este concepto ha resonado en la cultura popular desde su lanzamiento, inspirando una franquicia de películas y series. La violencia sin control y la eliminación de las consecuencias se ha convertido en un símbolo de lo que podría suceder si la anarquía prevaleciera. Trump, en su discurso, aludió a una situación similar, sugiriendo que una “hora ruda” podría poner fin a los crímenes que, según él, están fuera de control debido a la permisividad de la "izquierda liberal". Durante el evento de campaña, el exmandatario expresó su frustración con lo que considera una restricción excesiva a la actuación policial. Según Trump, la policía no puede hacer su trabajo de manera efectiva porque teme represalias legales y la pérdida de beneficios laborales. "No les permiten hacerlo porque la izquierda liberal no los dejará", afirmó, dirigiendo su ataque a los demócratas y a su rival, la actual vicepresidenta Kamala Harris. Este tipo de discurso, centrado en una narrativa de "ley y orden", ha sido un sello distintivo de la campaña de Trump desde su primera candidatura en 2016. Sin embargo, la sugerencia de una jornada de violencia controlada va más allá de sus habituales propuestas de mano dura. Críticas a la permisividad del crimen En su intervención, Trump pintó un panorama sombrío del país, afirmando que Estados Unidos está bajo el asedio de criminales y migrantes ilegales que actúan impunemente en las principales ciudades. Citó ejemplos de robos a plena luz del día, mencionando específicamente saqueos en grandes almacenes y atracos a tiendas, donde, según él, los delincuentes cargan con electrodomésticos mientras la policía no puede intervenir. Para Trump, la solución pasa por permitir a las fuerzas del orden actuar sin restricciones y aplicar una respuesta violenta y contundente. "Si tuvieran un día realmente violento, terminaría de inmediato", comentó, sugiriendo que este tipo de represión enviaría un mensaje que disuadiría futuros crímenes. En definitiva, la propuesta de Trump de una "jornada extremadamente violenta" como solución para combatir la delincuencia plantea serios interrogantes sobre las políticas de seguridad que pretende implementar. Sugerir que la violencia es la respuesta a la delincuencia no solo es irresponsable, sino también peligroso. La historia ha demostrado que la violencia solo genera más violencia. Por ello, las soluciones a los complejos problemas de seguridad deben basarse en políticas integrales, no en medidas drásticas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, en lugar de un plan gubernamental real.
+ Leer mas.El presidente Gustavo Petro ha vuelto a generar controversia con su habitual retorica confrontativa y populista, esta vez en relación con la destitución de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México. La remoción de Ninco Daza, un joven que no cumplía con los requisitos legales para ejercer un cargo diplomático de tal magnitud, fue ordenada por el Consejo de Estado. En lugar de aceptar la decisión judicial como una rectificación del nombramiento irregular, Petro ha optado por un enfoque populista, argumentando que el verdadero motivo de la destitución es la juventud del exembajador, lo que refleja una política de victimización que el presidente ha utilizado en reiteradas ocasiones. Nombramiento irregular de Ninco Daza El nombramiento del hoy exembajador estuvo envuelto desde el principio en irregularidades. El Decreto 190 del 10 de febrero de 2023, que oficializó su designación, fue declarado nulo por la Sección Quinta del Consejo de Estado en agosto de 2024, gracias a una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y la abogada Adriana Marcela Sánchez Yopasá. Las demandantes señalaron las irregularidades del proceso de nombramiento, que se realizó sin respetar los tiempos legales de publicación y sin evaluar adecuadamente los comentarios ciudadanos. Esta decisión judicial, apoyada también por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejó claro que no se pueden obviar los procedimientos establecidos, ni siquiera bajo la justificación de “darle un espacio a los jóvenes”. Como lo recalcó la Sección Quinta del Consejo de Estado, no se trataba de un caso excepcional que permitiera saltarse las normas, ya que no se evaluó correctamente la compensación de requisitos, un aspecto crucial según el Decreto 770 de 2005 que regula este tipo de nombramientos. La respuesta de Petro: victimización y ataque a la derecha Lejos de reconocer la falta de cumplimiento de los requisitos legales, Petro ha adoptado una postura confrontativa y populista. En una intervención en la UNAM, Petro atribuyó la destitución de Ninco Daza a lo que él llamó "negacionismo" de la derecha, argumentando que la verdadera razón detrás de la decisión fue la juventud del embajador. Según el presidente, se trataba de un golpe de las "extremas derechas" que, según él, no aceptan las diferencias y quieren eliminar a los jóvenes del escenario político. Petro comparó esta situación con la suya, recordando cuando fue destituido como alcalde de Bogotá, y sugirió que la derecha utiliza estas tácticas para mantener el poder y excluir a aquellos que representan un cambio. "Es la forma de actuar de las derechas: negar las diferencias", afirmó Petro, calificando la destitución como un acto de elitismo y aristocracia. Según el mandatario, la Procuraduría y el Consejo de Estado no quieren jóvenes en altos cargos, prefiriendo "aristócratas". Este tipo de discurso, que Petro ha usado frecuentemente para presentarse como víctima de las élites tradicionales, se presenta como una estrategia para desviar la atención de las irregularidades cada vez más frecuentes en su gobierno. Sin embargo, tal retórica no logra ocultar en este caso que el nombramiento de Ninco Daza fue, desde su origen, ilegal e inadecuado. La defensa de Ninco Daza Por su parte, Ninco Daza ha adoptado el mismo tono que Petro, calificando su destitución como un acto de "incomodidad" por parte de un Estado "adultocrático". En una rueda de prensa, el ahora exembajador defendió su gestión y señaló que su salida fue una respuesta a su juventud y a su vinculación con la "lucha social, juvenil y popular". Sin embargo, más allá de las declaraciones políticas, la realidad es que Ninco Daza no cumplía con los requisitos legales para ejercer como embajador, y su nombramiento fue declarado nulo en todas las instancias judiciales. Finalmente, el caso del hoy exembajador en México, es un claro ejemplo de cómo el presidente Gustavo Petro utiliza su narrativa populista y demagoga para justificar decisiones que no se ajustan a la ley. Al victimizar a Ninco Daza por su juventud y atacar a la derecha como responsables de su destitución, Petro ignora los hechos legales y se enfoca en un discurso polarizante que busca desviar la atención de los problemas reales. El nombramiento de embajadores, especialmente en un país tan importante para Colombia como México, no puede basarse en consideraciones políticas ni simbólicas, sino en la experiencia y cualificación de los candidatos, puesto que los requisitos que expide la ley son de vital importancia para asegurar que las misiones diplomáticas sean encabezadas por profesionales calificados, con el fin de mantener una representación internacional idónea. Sin embargo, Petro optó por un nombramiento con tintes de cuota política, intentando justificarlo bajo el manto de la juventud y la lucha social, pasando por alto las exigencias legales del cargo.
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