Petro revive el caso de software espía Pegasus en medio del paro camionero: una distracción calculada

Publicado, 9/5/2024

En medio de una creciente crisis nacional generada por el paro camionero, que tiene paralizado al país desde hace días, Gustavo Petro sorprendió a los colombianos con lo que se presume ser un intento más por desviar la atención de este y otros temas de interés nacional, retomando el controvertido caso del software espía Pegasus, adquirido supuestamente durante el periodo presidencial de Iván Duque. En su intervención televisada del 4 de septiembre de 2024, Petro no ofreció soluciones para el conflicto que afecta gravemente a la economía del país, sino que se centró en un escándalo de espionaje que ya había sido expuesto meses atrás por medios internacionales y nacionales. Crisis nacional por el paro camionero El paro camionero, que inició el 1 de septiembre de 2024, ha afectado seriamente el transporte de alimentos y productos esenciales. Según la Personería de Bogotá, la capital afronta un desabastecimiento considerable, mientras que en otras regiones como Antioquia, los bloqueos continúan interrumpiendo el tránsito, lo que agrava la situación. En el Valle de Aburrá, los traumatismos viales han afectado a miles de personas que dependen de los servicios de transporte para sus actividades cotidianas. La decisión del presidente Petro de ignorar el paro camionero, ha provocado el incremento en los precios de productos básicos de la canasta familiar y ha dejado desabastecidas varias regiones, Los colombianos esperaban que el mandatario abordara el alza del ACPM, que afecta directamente a la industria del transporte de carga, en lugar de revivir un caso que, aunque relevante, no parece ofrecer respuestas inmediatas a la crisis actual. Pegasus, el caso que Petro vuelve a poner en el foco En marzo de 2024, el periodista Gur Megiddo, del diario israelí Haaretz, reveló que Colombia había negociado la compra de Pegasus en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Según la investigación, el software habría sido adquirido por 11 millones de dólares, una transacción que involucró el envío de efectivo a Israel en aviones privados. En su alocución, el presidente Petro afirmó que el software fue utilizado para espiar a miembros del Pacto Histórico, durante la campaña electoral de 2022, insinuando que la compra de Pegasus no solo fue una vulneración a los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino que también estuvo ligado con actividades ilegales dentro del propio Estado colombiano. Según el presidente, la transacción involucró la participación directa de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que compró el software por 11 millones de dólares en 2021, en pleno estallido social en Colombia. Además, el mandatario sugirió que esta operación podría ser parte de un esquema de lavado de activos orquestado desde dentro del Estado. La reacción de la Fiscalía En respuesta a las declaraciones de Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que abriría una investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado emitido el 5 de septiembre de 2024, el ente judicial afirmó que indagaría si la compra de Pegasus fue efectivamente realizada y quiénes estuvieron involucrados en la transacción. Esta no es la primera vez que se investiga el uso ilegal de software de espionaje en Colombia; en junio de 2024, ya se habían iniciado pesquisas por denuncias de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué ahora? La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Petro decide revivir este escándalo justo en medio de una crisis nacional que afecta a millones de colombianos? La respuesta parece estar en la conveniencia política de desviar la atención. Petro ha sido criticado en el pasado por su tendencia a evadir temas complejos con tácticas similares. En este caso, su enfoque en Pegasus, un tema que ya había sido cubierto ampliamente por los medios, parece una forma de evitar el desgaste político que le supondría lidiar directamente con el paro camionero. Mientras el país sigue paralizado por el paro camionero, el gobierno parece más interesado en ventilar un escándalo de espionaje que, aunque relevante, no resuelve las necesidades inmediatas de los colombianos.

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“Yo soy el jefe del estado, por tanto, el jefe de él”.

El 5 de mayo de 2023, durante una visita a España, Petro fue cuestionado por un intercambio de tweets que tuvo con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en los que Barbosa señaló al presidente de dar una acusación “gravísima”, cuando este solicitó investigar al fiscal Daniel Hernández por -según él- beneficiar a integrantes del Clan del Golfo. En respuesta al cuestionamiento, el presidente dijo “el fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”. Luego, ante críticas, Petro publicó en la red social Twitter (X) una imagen con el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, donde está escrito que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, a pesar de que, por ley, La fiscalía general de la nación está adscrita a la rama de poder Judicial y, por ende, el presidente no tiene autoridad absoluta sobre la misma.

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Petro pide renuncia protocolaria de su gabinete, luego dice públicamente: “ministro que no haga caso, se va”

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El rechazo de Antioquia: Crítica paisa a la gestión de Gustavo Petro

En marzo del presente año, la gestión del presidente Gustavo Petro se vio envuelta en una serie de polémicas en relación con el desarrollo de obras en Antioquia. A través de varias situaciones controversiales, la figura de Petro se vio cuestionada y criticada por diversos sectores de la sociedad colombiana. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), alzó su voz para criticar la priorización de la construcción de túneles en Antioquia por encima de las necesidades básicas de la población. A pesar de que la región contaba con túneles considerados entre los más largos de Sudamérica, Bolívar destacó la falta de acceso al agua potable en cientos de municipios colombianos. Esta situación provocó indignación en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento con la postura del DPS. El presidente Petro también entró en el ojo del huracán al solicitar la suspensión de una colecta liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar obras de infraestructura. Petro argumentó que esta colecta podría estar siendo infiltrada por dineros provenientes del Clan del Golfo, lo que generó un nuevo enfrentamiento político. Además, propuso reemplazar esta iniciativa por un cobro de valorización coordinado con el Gobierno Nacional, generando aún más controversia en la región. En medio de este escenario, Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia, acusándolo de realizar una captación ilegal de recursos y denunciando posibles sobrecostos en la construcción del Túnel del Toyo. Estas acusaciones avivaron el debate público y alimentaron las críticas hacia la gestión del presidente y su gobierno. El enfrentamiento político también se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Petro y la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, protagonizaron un duro intercambio de declaraciones. Juvinao calificó a Petro de "insufrible y tóxico" y cuestionó su postura frente a la colecta liderada por el gobernador de Antioquia. Petro, por su parte, continuó defendiendo sus señalamientos de corrupción y pidió explicaciones sobre la supuesta vinculación de dineros oscuros a los fondos públicos. En medio de la controversia, desde la gobernación se defendió la colecta como una iniciativa legítima y se aseguró que se estaban tomando medidas para garantizar la transparencia en la recepción de donaciones como el hecho de no recibir dinero en efectivo. Las controversias en torno a la priorización de obras, la supuesta infiltración de dineros irregulares y los posibles sobrecostos en proyectos de infraestructura dejaron al descubierto las divisiones y tensiones dentro del panorama político colombiano.

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El Esquivo Diálogo de Gustavo Petro: Críticas y Controversias en Popayán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentó a un tumultuoso encuentro en Popayán, Cauca, durante el lanzamiento del programa 'Misión Cauca', un evento que prometía ser un hito en la estrategia gubernamental para la región. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de gobierno se convirtió rápidamente en un escenario de críticas y descontento. Desde el inicio de la jornada, líderes locales del Cauca expresaron su frustración por la falta de atención a sus demandas más apremiantes. Este descontento alcanzó su punto álgido cuando, tras su discurso inicial, Petro abandonó el recinto sin dialogar con los líderes comunitarios que clamaban por ser escuchados. Este gesto no pasó desapercibido y desencadenó una serie de reacciones tanto en la escena política nacional como en las redes sociales. El senador Miguel Uribe Turbay fue uno de los primeros en criticar la actuación del presidente Petro, calificándola como un "desplante" hacia los líderes del Cauca que luchan diariamente contra el flagelo del terrorismo. "Petro solo vino a Popayán para un acto de presencia, repitiendo el mismo discurso de siempre y luego se retiró sin ofrecer soluciones ni garantizar seguridad", lamentó Uribe. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las críticas, acusando a Petro de despreciar a los líderes caucanos y utilizarlos únicamente para ganar votos con discursos vacíos. "Es fundamental establecer un diálogo real con las comunidades afectadas", subrayó Cabal, enfatizando la importancia de la escucha activa y la acción gubernamental efectiva. El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su decepción y enojo por la rápida retirada de Petro ante las demandas de los líderes locales. "Petro huye del Cauca al ser increpado. ¿Será que el señor es un oligarca?", ironizó un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de desencanto. Durante el evento, Petro lanzó interrogantes sobre la viabilidad de un Estado de excepción en ciertas zonas del país, provocando aún más controversia. Estas declaraciones se dieron en el contexto de críticas previas hacia la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un tema sensible en las regiones afectadas por el conflicto armado. El lanzamiento de 'Misión Cauca' tenía como objetivo principal abordar las profundas problemáticas de seguridad y desarrollo en la región, áreas donde la presencia y acción del gobierno son cruciales. Sin embargo, el evento terminó eclipsado por la imagen de un presidente que, según sus críticos, optó por la evasión en lugar de la confrontación directa con los problemas que aquejan al Cauca. La controversia generada por este episodio subraya las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado. La falta de un diálogo efectivo y la percepción de indiferencia por parte del presidente Petro han avivado el debate sobre la verdadera voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales del país. El incidente en Popayán ha dejado al descubierto no solo las fisuras en la estrategia de comunicación del gobierno, sino también la profunda brecha entre las promesas políticas y la realidad de quienes esperan respuestas concretas y acciones tangibles. La historia continúa, pero la pregunta que queda en el aire es si el gobierno podrá reconstruir la confianza y reconciliación con las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.

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La Paz Total de Petro: El arte de vender espejitos

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa ambiciosa y soñadora: la Paz Total. Esta política, sancionada a través de la Ley 2272 en noviembre de 2022, buscaba negociar con todos los grupos armados ilegales en Colombia, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de implementación, la realidad ha demostrado que la utopía de Petro está lejos de convertirse en una realidad tangible. Este artículo analiza críticamente los fracasos y las consecuencias de una política que, en lugar de traer paz, ha sembrado más caos y violencia en el país. Un sueño ambicioso pero poco realista Desde el inicio, la Paz Total se presentó como una estrategia integral para acabar con décadas de violencia. Petro se comprometió a iniciar diálogos con el ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y varios otros grupos criminales. La promesa era reducir significativamente la violencia y transformar los territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, la ejecución de esta política ha estado plagada de problemas y críticas. Violencia no cesa y va en aumento Según cifras de INDEPAZ, en 2023 se registraron 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes de paz asesinados. En lo que va de 2024, ya se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Estos números no solo reflejan la continuidad de la violencia, sino también el fracaso de las políticas de protección a la vida humana. A pesar de los discursos del gobierno sobre “Colombia potencia mundial de la vida”, la realidad en los territorios sigue siendo desoladora. Mesas de diálogo y cese al fuego El gobierno de Petro ha establecido nueve mesas de diálogo con diversos grupos armados, algo inédito en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, esta pluralidad de espacios de negociación ha resultado ser un desafío logístico y estratégico. Aunque se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, estos no han logrado disminuir la violencia. Al contrario, los grupos armados han aprovechado estos periodos para rearmarse y expandir su influencia. Incremento de grupos armados Las cifras hablan por sí solas. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han aumentado su presencia de 230 a 299 municipios en 2023. El ELN ha pasado de tener 4,000 a 5,000 integrantes, y las AGC han crecido un 30%, pasando de 10,000 a 13,000 miembros. Estos incrementos reflejan no solo un fortalecimiento de los grupos armados, sino también una ausencia preocupante del Estado en varias regiones del país. Desplazamiento y confinamiento forzado El desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, casi 123,000 personas fueron desplazadas y 184 menores reclutados por grupos armados. En Nariño, 58 eventos de desplazamiento afectaron a casi 24,000 personas. Además, se registraron 215 confinamientos, afectando a más de 18,000 familias. Estos datos reflejan un incremento del 63% en comparación con 2022. La falta de presencia estatal en estos territorios permite que los grupos armados controlen y sometan a la población civil. Críticas desde la academia y sectores políticos Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, calificó la Paz Total como un reflejo del gobierno Petro: ambicioso pero poco realista. Charry argumenta que negociar con múltiples grupos armados simultáneamente es una tarea compleja y desorganizada. Álvaro Benedetti, consultor político, también tildó la política de un “rotundo fracaso”, señalando que las organizaciones ilegales se han fortalecido durante estos dos años de implementación. Por su parte, Jhon Mario González, analista político, criticó la falta de control territorial y la incapacidad del Estado para someter a los criminales. Según González, la Paz Total solo ha servido para mantener una falsa esperanza entre la población y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que la metodología de la Paz Total es ineficaz, lo que ha impedido avances significativos en las negociaciones. Diferentes sectores de quienes hoy conforman el congreso también han lanzado duras críticas. En una carta enviada a la Cumbre de Paz de Suiza, 26 congresistas denunciaron que la Paz Total está beneficiando a los grupos armados ilegales. Según los legisladores, la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que estos grupos se expandan y aumenten su influencia. Las AGC, por ejemplo, han crecido un 84%, haciendo presencia en 392 municipios. El ELN ha aumentado su presencia en 232 municipios, y las disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, ocupando 299 municipios. Una crisis de derechos humanos La crisis de derechos humanos es inaudita. Las masacres aumentaron un 6.5%, el secuestro un 53.8% y la extorsión en Bogotá un 30%. Estos delitos, junto con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, reflejan una situación de seguridad deteriorada. Los congresistas critican la solicitud de Petro ante la Unión Europea para eliminar al ELN de la lista oficial de terroristas, argumentando que esta guerrilla sigue atentando contra la fuerza pública y la sociedad civil. Un futuro incierto A pesar de las promesas de paz y seguridad, la política de Paz Total de según va ha demostrado ser un fracaso. Los grupos armados ilegales han utilizado los diálogos y ceses al fuego como una oportunidad para rearmarse y expandir su control territorial. La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan aumentando, dejando a la población civil atrapada en medio de un conflicto interminable. Es evidente que la Paz Total necesita un replanteamiento radical. El gobierno debe reforzar la presencia estatal en los territorios y adoptar una estrategia más coherente y efectiva para enfrentar la violencia. Solo así se podrá avanzar hacia una paz verdadera y duradera en Colombia. Mientras tanto, la utopía de Petro sigue siendo solo eso: una utopía.

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