Desaprobación del presidente Gustavo Petro aumenta según encuesta de Invamer

Publicado, 8/29/2024

La popularidad del presidente Gustavo Petro continúa en declive, reflejando una creciente insatisfacción entre los colombianos respecto a su gestión. Según la más reciente encuesta de Invamer, revelada el 28 de agosto de 2024, el presidente Petro enfrenta una desaprobación alarmante del 66%, una cifra que muestra un aumento considerable en comparación con las mediciones anteriores. Este panorama adverso no solo pone en evidencia la crisis de confianza en el mandatario, sino que también señala el rechazo generalizado a las reformas propuestas por su gobierno. El declive de la popularidad de Petro El declive en la popularidad de Gustavo Petro no es un fenómeno reciente, sino que ha sido progresivo a lo largo de su mandato. En agosto de 2022, al inicio de su presidencia, Petro contaba con una aprobación del 56% y solo un 20% de desaprobación. Sin embargo, en solo dos años, su respaldo ha caído 27 puntos porcentuales, lo que refleja un descontento creciente entre la población. La más reciente encuesta de Invamer muestra que solo el 29% de los colombianos aprueba la gestión del presidente, mientras que un abrumador 66% la desaprueba. Estas cifras son aún más desalentadoras si se comparan con la medición de junio de 2024, cuando la aprobación de Petro era del 32% y la desaprobación del 62%. Además, en una encuesta realizada por CB Consultora y revelada el 22 de agosto de 2024, Petro fue catalogado como el tercer presidente con peor aprobación en Latinoamérica, superando únicamente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Rechazo a las reformas del gobierno Otro aspecto preocupante para el gobierno de Petro es el rechazo generalizado a las reformas que ha intentado impulsar. Según la encuesta de Invamer, el 64% de los colombianos se resiste a las reformas propuestas por el Ejecutivo, un aumento del 4% en comparación con junio pasado. Entre las reformas más impopulares se encuentra la reforma a la salud, que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos. El 50% de los encuestados cree que los afiliados a las EPS intervenidas o a las que han solicitado el retiro del sistema de salud recibirán una peor atención en comparación con la que recibían antes. Además, el 67% de los colombianos considera que el proyecto de paz total del Gobierno Petro va por mal camino, mientras que solo el 23% cree que está en la dirección correcta. Estas cifras muestran un rechazo significativo hacia las políticas más emblemáticas del presidente, lo que podría dificultar aún más su capacidad para implementar cambios sustanciales en el país. Aprobación entre el gobierno nacional y alcaldías La encuesta de Invamer destaca un contraste significativo entre la percepción de los ciudadanos hacia el Gobierno nacional y las alcaldías locales. Mientras que la aprobación del presidente Petro se desploma, algunos alcaldes muestran una popularidad relativamente estable o en aumento. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, por ejemplo, registra una aprobación del 50% y una desaprobación del 40%. Esta mejora en sus cifras, que en junio de 2024 eran de 47% de aprobación y 44% de desaprobación, se atribuye a su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, especialmente en temas como el metro de Bogotá, las relaciones con Venezuela y la política alimentaria. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también disfruta de un alto nivel de aprobación, con un 73%, frente a una desaprobación del 25%. Otros alcaldes, como Alejandro Char en Barranquilla y Dumek Turbay en Cartagena, registran aprobaciones del 72% y 74%, respectivamente. Estas cifras contrastan fuertemente con el 29% de aprobación que tiene el presidente Petro, lo que sugiere que los ciudadanos confían más en sus líderes locales que en el Gobierno nacional. Preocupación por el futuro de Colombia La encuesta de Invamer también revela un creciente pesimismo entre los colombianos sobre el rumbo que está tomando el país. Apenas el 20% de los encuestados cree que Colombia está mejorando, mientras que un 67% opina que la situación está empeorando. Además, el 51% de los encuestados ha considerado la posibilidad de abandonar el país, lo que refleja un descontento profundo con las condiciones actuales. Otro dato preocupante es que el 56% de los colombianos cree que el país podría llegar a estar en la misma situación que Venezuela en el futuro, lo que indica un temor latente de que Colombia siga un camino de deterioro similar al del país vecino bajo el mandato de Nicolás Maduro.

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“Yo soy el jefe del estado, por tanto, el jefe de él”.

El 5 de mayo de 2023, durante una visita a España, Petro fue cuestionado por un intercambio de tweets que tuvo con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en los que Barbosa señaló al presidente de dar una acusación “gravísima”, cuando este solicitó investigar al fiscal Daniel Hernández por -según él- beneficiar a integrantes del Clan del Golfo. En respuesta al cuestionamiento, el presidente dijo “el fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”. Luego, ante críticas, Petro publicó en la red social Twitter (X) una imagen con el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, donde está escrito que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, a pesar de que, por ley, La fiscalía general de la nación está adscrita a la rama de poder Judicial y, por ende, el presidente no tiene autoridad absoluta sobre la misma.

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Petro pide renuncia protocolaria de su gabinete, luego dice públicamente: “ministro que no haga caso, se va”

Durante las elecciones de 2022, Petro había formado una coalición con miembros del partido Liberal, Conservador, y la U. Una vez electo, en el contexto del trámite de la reforma a la salud propuesta por el gobierno, dirigentes de los tres partidos decidieron exigir a los miembros de los partidos votar en contra de la reforma, alrededor del 25 de abril de 2023. Frente a esto, Petro terminó la coalición con los partidos en cuestión y solicitó la renuncia de todo su gabinete de ministros. Posteriormente, en el marco de la jornada de marchas que convocó para apoyar a su gobierno, alrededor de junio del mismo año, Petro concluyó en un discurso: “Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán”. Momento para el cual ya habían salido 10 ministros de su gabinete.

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El rechazo de Antioquia: Crítica paisa a la gestión de Gustavo Petro

En marzo del presente año, la gestión del presidente Gustavo Petro se vio envuelta en una serie de polémicas en relación con el desarrollo de obras en Antioquia. A través de varias situaciones controversiales, la figura de Petro se vio cuestionada y criticada por diversos sectores de la sociedad colombiana. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), alzó su voz para criticar la priorización de la construcción de túneles en Antioquia por encima de las necesidades básicas de la población. A pesar de que la región contaba con túneles considerados entre los más largos de Sudamérica, Bolívar destacó la falta de acceso al agua potable en cientos de municipios colombianos. Esta situación provocó indignación en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento con la postura del DPS. El presidente Petro también entró en el ojo del huracán al solicitar la suspensión de una colecta liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar obras de infraestructura. Petro argumentó que esta colecta podría estar siendo infiltrada por dineros provenientes del Clan del Golfo, lo que generó un nuevo enfrentamiento político. Además, propuso reemplazar esta iniciativa por un cobro de valorización coordinado con el Gobierno Nacional, generando aún más controversia en la región. En medio de este escenario, Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia, acusándolo de realizar una captación ilegal de recursos y denunciando posibles sobrecostos en la construcción del Túnel del Toyo. Estas acusaciones avivaron el debate público y alimentaron las críticas hacia la gestión del presidente y su gobierno. El enfrentamiento político también se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Petro y la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, protagonizaron un duro intercambio de declaraciones. Juvinao calificó a Petro de "insufrible y tóxico" y cuestionó su postura frente a la colecta liderada por el gobernador de Antioquia. Petro, por su parte, continuó defendiendo sus señalamientos de corrupción y pidió explicaciones sobre la supuesta vinculación de dineros oscuros a los fondos públicos. En medio de la controversia, desde la gobernación se defendió la colecta como una iniciativa legítima y se aseguró que se estaban tomando medidas para garantizar la transparencia en la recepción de donaciones como el hecho de no recibir dinero en efectivo. Las controversias en torno a la priorización de obras, la supuesta infiltración de dineros irregulares y los posibles sobrecostos en proyectos de infraestructura dejaron al descubierto las divisiones y tensiones dentro del panorama político colombiano.

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El Esquivo Diálogo de Gustavo Petro: Críticas y Controversias en Popayán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentó a un tumultuoso encuentro en Popayán, Cauca, durante el lanzamiento del programa 'Misión Cauca', un evento que prometía ser un hito en la estrategia gubernamental para la región. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de gobierno se convirtió rápidamente en un escenario de críticas y descontento. Desde el inicio de la jornada, líderes locales del Cauca expresaron su frustración por la falta de atención a sus demandas más apremiantes. Este descontento alcanzó su punto álgido cuando, tras su discurso inicial, Petro abandonó el recinto sin dialogar con los líderes comunitarios que clamaban por ser escuchados. Este gesto no pasó desapercibido y desencadenó una serie de reacciones tanto en la escena política nacional como en las redes sociales. El senador Miguel Uribe Turbay fue uno de los primeros en criticar la actuación del presidente Petro, calificándola como un "desplante" hacia los líderes del Cauca que luchan diariamente contra el flagelo del terrorismo. "Petro solo vino a Popayán para un acto de presencia, repitiendo el mismo discurso de siempre y luego se retiró sin ofrecer soluciones ni garantizar seguridad", lamentó Uribe. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las críticas, acusando a Petro de despreciar a los líderes caucanos y utilizarlos únicamente para ganar votos con discursos vacíos. "Es fundamental establecer un diálogo real con las comunidades afectadas", subrayó Cabal, enfatizando la importancia de la escucha activa y la acción gubernamental efectiva. El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su decepción y enojo por la rápida retirada de Petro ante las demandas de los líderes locales. "Petro huye del Cauca al ser increpado. ¿Será que el señor es un oligarca?", ironizó un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de desencanto. Durante el evento, Petro lanzó interrogantes sobre la viabilidad de un Estado de excepción en ciertas zonas del país, provocando aún más controversia. Estas declaraciones se dieron en el contexto de críticas previas hacia la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un tema sensible en las regiones afectadas por el conflicto armado. El lanzamiento de 'Misión Cauca' tenía como objetivo principal abordar las profundas problemáticas de seguridad y desarrollo en la región, áreas donde la presencia y acción del gobierno son cruciales. Sin embargo, el evento terminó eclipsado por la imagen de un presidente que, según sus críticos, optó por la evasión en lugar de la confrontación directa con los problemas que aquejan al Cauca. La controversia generada por este episodio subraya las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado. La falta de un diálogo efectivo y la percepción de indiferencia por parte del presidente Petro han avivado el debate sobre la verdadera voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales del país. El incidente en Popayán ha dejado al descubierto no solo las fisuras en la estrategia de comunicación del gobierno, sino también la profunda brecha entre las promesas políticas y la realidad de quienes esperan respuestas concretas y acciones tangibles. La historia continúa, pero la pregunta que queda en el aire es si el gobierno podrá reconstruir la confianza y reconciliación con las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.

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La Paz Total de Petro: El arte de vender espejitos

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa ambiciosa y soñadora: la Paz Total. Esta política, sancionada a través de la Ley 2272 en noviembre de 2022, buscaba negociar con todos los grupos armados ilegales en Colombia, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, a lo largo de estos casi dos años de implementación, la realidad ha demostrado que la utopía de Petro está lejos de convertirse en una realidad tangible. Este artículo analiza críticamente los fracasos y las consecuencias de una política que, en lugar de traer paz, ha sembrado más caos y violencia en el país. Un sueño ambicioso pero poco realista Desde el inicio, la Paz Total se presentó como una estrategia integral para acabar con décadas de violencia. Petro se comprometió a iniciar diálogos con el ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y varios otros grupos criminales. La promesa era reducir significativamente la violencia y transformar los territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, la ejecución de esta política ha estado plagada de problemas y críticas. Violencia no cesa y va en aumento Según cifras de INDEPAZ, en 2023 se registraron 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes de paz asesinados. En lo que va de 2024, ya se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Estos números no solo reflejan la continuidad de la violencia, sino también el fracaso de las políticas de protección a la vida humana. A pesar de los discursos del gobierno sobre “Colombia potencia mundial de la vida”, la realidad en los territorios sigue siendo desoladora. Mesas de diálogo y cese al fuego El gobierno de Petro ha establecido nueve mesas de diálogo con diversos grupos armados, algo inédito en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, esta pluralidad de espacios de negociación ha resultado ser un desafío logístico y estratégico. Aunque se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, estos no han logrado disminuir la violencia. Al contrario, los grupos armados han aprovechado estos periodos para rearmarse y expandir su influencia. Incremento de grupos armados Las cifras hablan por sí solas. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las FARC-EMC y la Segunda Marquetalia han aumentado su presencia de 230 a 299 municipios en 2023. El ELN ha pasado de tener 4,000 a 5,000 integrantes, y las AGC han crecido un 30%, pasando de 10,000 a 13,000 miembros. Estos incrementos reflejan no solo un fortalecimiento de los grupos armados, sino también una ausencia preocupante del Estado en varias regiones del país. Desplazamiento y confinamiento forzado El desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, casi 123,000 personas fueron desplazadas y 184 menores reclutados por grupos armados. En Nariño, 58 eventos de desplazamiento afectaron a casi 24,000 personas. Además, se registraron 215 confinamientos, afectando a más de 18,000 familias. Estos datos reflejan un incremento del 63% en comparación con 2022. La falta de presencia estatal en estos territorios permite que los grupos armados controlen y sometan a la población civil. Críticas desde la academia y sectores políticos Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, calificó la Paz Total como un reflejo del gobierno Petro: ambicioso pero poco realista. Charry argumenta que negociar con múltiples grupos armados simultáneamente es una tarea compleja y desorganizada. Álvaro Benedetti, consultor político, también tildó la política de un “rotundo fracaso”, señalando que las organizaciones ilegales se han fortalecido durante estos dos años de implementación. Por su parte, Jhon Mario González, analista político, criticó la falta de control territorial y la incapacidad del Estado para someter a los criminales. Según González, la Paz Total solo ha servido para mantener una falsa esperanza entre la población y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que la metodología de la Paz Total es ineficaz, lo que ha impedido avances significativos en las negociaciones. Diferentes sectores de quienes hoy conforman el congreso también han lanzado duras críticas. En una carta enviada a la Cumbre de Paz de Suiza, 26 congresistas denunciaron que la Paz Total está beneficiando a los grupos armados ilegales. Según los legisladores, la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que estos grupos se expandan y aumenten su influencia. Las AGC, por ejemplo, han crecido un 84%, haciendo presencia en 392 municipios. El ELN ha aumentado su presencia en 232 municipios, y las disidencias de las FARC-EP han crecido un 141%, ocupando 299 municipios. Una crisis de derechos humanos La crisis de derechos humanos es inaudita. Las masacres aumentaron un 6.5%, el secuestro un 53.8% y la extorsión en Bogotá un 30%. Estos delitos, junto con el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, reflejan una situación de seguridad deteriorada. Los congresistas critican la solicitud de Petro ante la Unión Europea para eliminar al ELN de la lista oficial de terroristas, argumentando que esta guerrilla sigue atentando contra la fuerza pública y la sociedad civil. Un futuro incierto A pesar de las promesas de paz y seguridad, la política de Paz Total de según va ha demostrado ser un fracaso. Los grupos armados ilegales han utilizado los diálogos y ceses al fuego como una oportunidad para rearmarse y expandir su control territorial. La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan aumentando, dejando a la población civil atrapada en medio de un conflicto interminable. Es evidente que la Paz Total necesita un replanteamiento radical. El gobierno debe reforzar la presencia estatal en los territorios y adoptar una estrategia más coherente y efectiva para enfrentar la violencia. Solo así se podrá avanzar hacia una paz verdadera y duradera en Colombia. Mientras tanto, la utopía de Petro sigue siendo solo eso: una utopía.

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