Publicado, 10/17/2024
El actual director del departamento de prosperidad social y exsenador, Gustavo Bolívar, se ha visto envuelto en una creciente polémica por su negativa a presentar de forma clara y pública su declaración de renta, en medio de acusaciones de evasión fiscal. Esta controversia ha sido encabezada por Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, quien ha señalado a Bolívar por ocultar información clave sobre sus bienes e inmuebles en Estados Unidos y sus ingresos, lo que ha desatado una disputa que hoy tiene al funcionario en el ojo del huracán. La controversia se remonta a diciembre de 2017, cuando Bolívar adquirió una lujosa propiedad en Miami junto a su hijo Santiago, por un valor de 1,2 millones de dólares. Lo que en su momento fue una simple compra a través de una hipoteca, se ha convertido en el centro de las acusaciones contra el exsenador. Según Briceño, el director del DPS habría transferido la mitad de esta propiedad a su hijo en agosto de 2022 por un valor simbólico de 10 dólares, una acción que el concejal cataloga como una maniobra para evadir impuestos en Colombia. Esta transferencia, conocida como "Quit Claim Deed", es legal en Estados Unidos, pero Briceño insiste en que Bolívar debió reportar el valor comercial del inmueble en su declaración de renta ante las autoridades colombianas, dado que el país aprobó el Impuesto al Patrimonio en 2022, año en el que se llevó a cabo la transacción. Sin embargo, a pesar de que el tribunal administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, ordenó a Bolívar hacer pública su declaración de renta, el funcionario ha resistido esta medida. Presentando por medio de su equipo legal una tutela para proteger lo que consideran los derechos fundamentales del exsenador, argumentando que la orden del magistrado vulnera su derecho al debido proceso y defensa. Briceño, quien ha liderado esta batalla legal para desenmascarar a Bolívar, ha sido enfático en sus acusaciones, señalando que el director de DPS está utilizando "toda clase de argucias" para evadir la publicación de su declaración de renta, lo que, en sus palabras, podría estar encubriendo ingresos que no corresponden a su actividad pública. Por su parte, Gustavo Bolívar ha respondido a estas acusaciones en su cuenta de X, asegurando que no tiene nada que ocultar. Según el exsenador, su declaración de renta es pública y está disponible en el sistema de declaración de bienes de los funcionarios públicos, cumpliendo con lo establecido por la Ley 2013 de 2019. Además, en repetidas ocasiones ha afirmado que ha pagado alrededor de 4.000 millones de pesos en impuestos en Colombia y 60.000 dólares al año en impuestos en Estados Unidos, en relación con sus propiedades en ese país. Sin embargo, la controversia no ha cesado, ya que los detalles completos de su declaración no han sido divulgados. Uno de los puntos más controvertidos de esta disputa es la contradicción que muchos ven en la actitud de Bolívar. Durante su tiempo como opositor en el gobierno de Iván Duque, fue un fuerte “defensor” de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, exigiendo a otros lo que ahora él mismo parece rehusarse a hacer. Esta doble moral ha sido ampliamente criticada por sus detractores, quienes consideran que su negativa a cumplir con las órdenes judiciales solo aumenta la desconfianza sobre su situación fiscal. Este enfrentamiento entre Gustavo Bolívar y Daniel Briceño parece lejos de concluir. El concejal del Centro Democrático ha anunciado nuevas acciones legales para obligar a Bolívar a acatar las decisiones del tribunal. Además, ha pedido que se reinstaure la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones de renta, una normativa que fue modificada durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha permitido que se oculte información financiera bajo ciertos criterios.