Álvaro Uribe denuncia falta de garantías en el proceso judicial por soborno de testigos

Publicado, 10/11/2024

Recientemente el expresidente Álvaro Uribe ha criticado el proceso judicial que enfrenta, en el cual se le acusa de fraude procesal y soborno de testigos. Uribe ha hecho saber su malestar por lo que él considera una falta de garantías judiciales, cuestionando la imparcialidad del sistema legal y alegando que no se le ha permitido presentar pruebas concretas para su defensa. A medida que se acerca una audiencia clave el próximo 16 de octubre, el debate en torno a su caso sigue intensificándose, tanto en el ámbito judicial como en el político. Uribe, líder natural del partido Centro Democrático y figura central en la política colombiana, enfrenta estas acusaciones desde 2018. Según la Fiscalía, él y su abogado Diego Cadena habrían intentado manipular testigos para que testificaran en contra del senador Iván Cepeda. "No me han dado garantías" El exmandatario ha insistido repetidamente en que no ha recibido garantías para demostrar su inocencia. En recientes declaraciones compartidas en su cuenta en la red social X, Uribe expresó: "Sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié al doctor Cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre reclusos visitados por el senador Cepeda, a quienes ofrecía beneficios para que me acusaran". Este alegato ha sido un eje central en su defensa pública desde que las acusaciones salieron a la luz. La defensa de Uribe ha criticado el giro de la Fiscalía, que inicialmente contemplaba la posibilidad de precluir el caso, pero luego cambió su postura y formalizó la acusación en su contra. Uribe sostiene que este cambio de dirección es injusto, argumentando que las pruebas presentadas por su equipo han sido ignoradas o desestimadas. Según él, estas pruebas incluirían el contenido de dispositivos electrónicos del testigo clave, pruebas que la Fiscalía habría descartado de manera indebida. Discrepancias y denuncias sobre pruebas Uno de los puntos más polémicos del caso es la supuesta desaparición de información clave. Uribe ha afirmado que el teléfono del senador Iván Cepeda, uno de los actores principales en el caso, sufrió un "accidente" que borró su memoria, lo que, según él, genera discrepancias con otros dispositivos y copias enviadas a la justicia. Uribe ha insistido en que esta pérdida de información ha afectado su capacidad para defenderse adecuadamente, y ha criticado a la Fiscalía por no investigar estos detalles más a fondo. Además, el exmandatario ha señalado que la Fiscalía se opuso a la inclusión de pruebas fundamentales, como las interceptaciones telefónicas de las comunicaciones entre él y su abogado Cadena. Según Uribe, estas interceptaciones violan sus derechos fundamentales, un argumento que su defensa ha sostenido ante la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia. Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes encabezan su equipo de defensa, han solicitado que estas pruebas sean excluidas del proceso por su supuesta ilegalidad. Un proceso con implicaciones políticas El proceso judicial contra Álvaro Uribe no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Como exmandatario y figura clave en la derecha política colombiana, su caso ha polarizado a la opinión pública. Mientras sus seguidores lo consideran una víctima de persecución política, sus detractores ven el juicio como un paso necesario para enfrentar los abusos de poder y la corrupción en las altas esferas del Estado. El próximo 16 de octubre, en una audiencia clave, se decidirán las pruebas que se utilizarán en el juicio contra Uribe. Hasta entonces, el expresidente continúa denunciando lo que percibe como una falta de garantías procesales y una vulneración de sus derechos fundamentales.

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El arresto domiciliario de Álvaro Uribe y las implicaciones políticas en Colombia

En un giro inesperado para la política colombiana, la Corte Suprema de Justicia dictaminó en el año 2020 el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, un hito sin precedentes en la historia del país. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la carrera política del líder conservador, conocido por su mano dura contra la guerrilla de las FARC y su influencia duradera en la escena política colombiana. El caso que llevó al arresto de Uribe se centró en acusaciones de soborno y manipulación de testigos. La Corte Suprema investigó durante años las denuncias presentadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Estas acusaciones, respaldadas por testimonios de antiguos paramilitares, desencadenaron una serie de eventos que llevaron al arresto domiciliario del exmandatario. Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un antiguo miembro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien acusó a Uribe de haber participado en la fundación de dicho grupo paramilitar. Sin embargo, posteriormente, Monsalve se retractó de sus afirmaciones, alegando presiones por parte de los abogados de Uribe, entre ellos, Diego Cadena. Las grabaciones de conversaciones telefónicas de Uribe, obtenidas de forma accidental por las autoridades durante otra investigación, también jugaron un papel crucial en el caso. A pesar de las críticas de la defensa de Uribe sobre la admisibilidad de estas grabaciones como prueba, la Corte Suprema las consideró válidas y las incorporó al proceso. El arresto domiciliario de Uribe no solo tuvo repercusiones legales, sino también políticas. Como una figura influyente en la política colombiana durante décadas, Uribe ha sido el mentor político del actual presidente, Iván Duque, y su arresto envió ondas de choque a través del espectro político del país. Sus partidarios denunciaron una supuesta persecución política por parte de la Corte Suprema y acusaron al tribunal de responder a intereses políticos. El caso de Uribe es solo uno de los muchos en los que está involucrado el exmandatario. Con casi 60 investigaciones abiertas en su contra, que van desde homicidio hasta compra de votos, Uribe ha enfrentado numerosas acusaciones a lo largo de su carrera política. Sin embargo, el arresto domiciliario marcó un momento crítico en su trayectoria política y en la historia de Colombia. El legado de Álvaro Uribe en Colombia es complejo y polémico. A lo largo de su presidencia, Uribe implementó políticas de mano dura contra la guerrilla de las FARC y logró una reforma constitucional que le permitió buscar y ganar la reelección para un segundo mandato. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por presuntos vínculos con grupos paramilitares y violaciones de los derechos humanos. El arresto domiciliario de Uribe subraya la importancia de la independencia judicial y el estado de derecho en Colombia. A medida que el país avanza hacia el futuro, este episodio servirá como un recordatorio de la necesidad de garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial, independientemente del estatus político de los implicados.

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La mancha de controversia de Álvaro Uribe: Acusaciones de vínculos con grupos paramilitares

En un trasfondo de agitación política y acusaciones mutuas, el nombre de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura central en la política del país, ha estado en el centro de un torbellino de controversias que trascienden generaciones. Desde su gestión en la década de 1990 hasta las recientes acusaciones en 2023, las relaciones de Uribe con los grupos paramilitares han sido objeto de un intenso escrutinio. En el año 2007, el entonces senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, arrojó luz sobre lo que él afirmó eran vínculos entre Uribe y grupos paramilitares. Según Petro, durante los años 90, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, habría aprobado la creación de un operativo de seguridad dirigido por Salvatore Mancuso, un líder paramilitar. Estos grupos, conocidos por sus vínculos con el narcotráfico, supuestamente llevaron a cabo operaciones violentas contra campesinos bajo la apariencia de combatir a las guerrillas comunistas. Las acusaciones provocaron un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Uribe. Avanzando hasta el 2023, las tensiones entre Uribe y los exparamilitares volvieron a estallar. Esta vez, fue Salvatore Mancuso quien acusó públicamente a Uribe de estar involucrado en el asesinato de un exalcalde. En medio de una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mancuso afirmó que Uribe había retirado la seguridad del alcalde, facilitando así su asesinato por parte de los paramilitares. Esta declaración desencadenó una respuesta inmediata de Uribe, quien denunció a Mancuso por calumnia agravada. La denuncia de Uribe contra Mancuso fue un episodio más en una serie de enfrentamientos legales y políticos entre el exmandatario y sus críticos. Mientras tanto, Mancuso, detenido en Estados Unidos, enviaba mensajes ambiguos sobre su disposición a colaborar con la justicia colombiana y sobre su posible regreso al país como gestor de paz bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, las acusaciones de Mancuso no eran nuevas para las autoridades judiciales. Según un documento del Tribunal Superior de Bogotá, las afirmaciones de Mancuso ya habían sido investigadas en el pasado, lo que plantea interrogantes sobre la veracidad y la motivación detrás de sus declaraciones actuales. Además, se confirmó que la orden de captura contra Mancuso sigue vigente, a pesar de su supuesta participación en el proceso de paz. El caso de Uribe y los grupos paramilitares no solo ha sido un tema de debate político en Colombia, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la relación entre el poder político y los grupos armados ilegales en el país. A medida que el legado político de Uribe sigue siendo objeto de escrutinio, su influencia en la política colombiana y su papel en la búsqueda de la paz continúan siendo temas de debate en la sociedad colombiana y más allá.

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Revelaciones y Consecuencias: La Implicación de Odebrecht en el Centro Democrático

El año 2023 fue testigo de la revelación de detalles impactantes sobre la implicación de la multinacional brasileña Odebrecht en la política colombiana, específicamente en la financiación de campañas electorales. Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, se pronunció en medio de la controversia, compartiendo información crucial sobre el caso. Uribe reveló a través de Twitter cómo se enteró del dinero entregado por Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014. El exsenador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, había denunciado en el año 2007 la presunta relación entre Uribe y grupos paramilitares, y ahora, dieciséis años después, el nombre de Uribe volvía a ser protagonista en una polémica de gran alcance. En sus trinos, Uribe detalló la situación, mencionando que había confrontado a Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, sobre las afirmaciones de Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno de que la campaña de Zuluaga carecía de fondos para pagar al publicista Duda Mendonça. A pesar de los señalamientos, García negó la veracidad de estas afirmaciones, lo que generó aún más dudas sobre la transparencia de la campaña. La revelación de Uribe no solo sacudió al panorama político colombiano, sino que también impactó directamente a Óscar Iván Zuluaga, quien se vio obligado a enfrentar acusaciones sobre la financiación irregular de su campaña. A pesar de las negativas iniciales, Zuluaga admitió la entrada de dinero de Odebrecht, lo que generó una cascada de consecuencias legales y políticas. El expresidente también compartió su interacción con Zuluaga, instándolo a esclarecer la situación y traer pruebas de Brasil que respaldaran su versión de los hechos. Sin embargo, la falta de evidencia contundente por parte de Zuluaga dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó la controversia en torno al caso. Además de las revelaciones sobre Zuluaga, Uribe mencionó al expresidente Juan Manuel Santos, recordando los supuestos vínculos de este último con Odebrecht. La controversia no se limitó a un solo partido político, sino que se extendió a lo largo del espectro político colombiano, evidenciando la profundidad del problema y la necesidad de una investigación exhaustiva. Las consecuencias de estas revelaciones fueron inmediatas y significativas. Zuluaga se vio obligado a asumir su responsabilidad en el caso, mientras que Daniel García enfrentó acusaciones y entregó pruebas a la Fiscalía que implicaban aún más a Zuluaga. La confesión de Zuluaga sobre su disposición a declararse culpable con el fin de proteger a su hijo agregó una capa adicional de drama a la situación. En medio de la controversia, otros líderes políticos, como Andrés Pastrana, también se pronunciaron sobre el escándalo, instando a una acción decisiva por parte de la justicia colombiana. La revelación de Uribe no solo sacudió los cimientos del establishment político, sino que también planteó interrogantes sobre la integridad y la transparencia en el proceso electoral colombiano. En última instancia, el caso de Odebrecht en Colombia se convirtió en un recordatorio contundente de los peligros de la corrupción y la influencia indebida en la política. Las revelaciones de Uribe marcaron un punto de inflexión en la historia política del país y dejaron un legado duradero en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia.

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Álvaro Uribe irá a juicio: Tribunal deja en firme proceso en su contra por soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá desestimó este martes 27 de agosto, las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, al dejar en firme el proceso penal que actualmente cursa en contra de este, por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndolo así en el primer expresidente del país en ser llevado a juicio. Esta decisión, resalta la gravedad del caso y marca un precedente histórico en la justicia penal colombiana. El magistrado Manuel Antonio Merchán, rechazó contundentemente la solicitud de nulidad presentada por el abogado Jaime Granados. Esta solicitud argumentaba que la Fiscalía General de la Nación había cometido irregularidades durante la formulación de la acusación, específicamente en la modificación de términos clave relacionados con el dolo eventual y el dolo directo, lo que, según la defensa, vulneraba el derecho al debido proceso. La defensa del expresidente había alegado que la Fiscalía había alterado el "núcleo fáctico de la imputación", cambiando de dolo eventual a dolo directo, una maniobra que, según Granados, comprometía la integridad y transparencia del proceso. Sin embargo, el magistrado Merchán consideró que no había fundamentos suficientes para aceptar esta argumentación y, por lo tanto, decidió que el juicio debía continuar en su fase preparatoria. El proceso contra Uribe, abierto desde 2018, ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia reciente del país. El exmandatario está acusado de haber pagado a exparamilitares para que cambiaran su testimonio y lo desvincularan de acusaciones de paramilitarismo en Antioquia, todo en un esfuerzo por desviar las investigaciones y proteger su imagen pública. Uno de los testimonios clave en este proceso es el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar encarcelado que en febrero de 2018 fue visitado por Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, con el objetivo de persuadirlo para que se retractara de sus declaraciones. La maniobra falló, y las acusaciones contra Uribe no solo persistieron sino que también se agravaron, especialmente cuando se evidenció que el expresidente habría intentado que Monsalve acusara falsamente al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios legales a cambio de testimonios en su contra. Este intento de manipular la justicia y alterar el curso de las investigaciones subraya la gravedad de las acusaciones que enfrenta Uribe. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, al confirmar la decisión de la juez 44 de conocimiento de Bogotá y ordenar la devolución inmediata del caso para que continúe su trámite procesal, significa un revés importante para Uribe y su equipo de defensa. La juez ahora tiene vía libre para convocar a las partes y avanzar con la audiencia preparatoria, lo que pone al expresidente un paso más cerca de enfrentar un juicio completo por sus presuntos delitos. El caso de Álvaro Uribe no solo es significativo por ser el primero en llevar a un expresidente colombiano a juicio, sino también por lo que representa para el estado de derecho en Colombia. Este proceso podría establecer un precedente crucial sobre la responsabilidad de los líderes políticos y la independencia del sistema judicial en un país donde, históricamente, la impunidad ha sido la norma más que la excepción. Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá ha dejado claro que, incluso las figuras más poderosas del país, no están por encima de la ley.

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El Centro Democrático se prepara para las elecciones presidenciales de 2026: Militantes anuncian su interés en representar al partido

A menos de dos años para que finalice el mandato del actual presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, enfrenta un panorama electoral complicado de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Con la mirada puesta en estos comicios, algunos de sus militantes más destacados ya consideran competir por el aval de la colectividad, preparando el terreno para una contienda interna que definirá su candidato presidencial. Una de ellas ha sido senadora María Fernanda Cabal, quien ratificó el pasado jueves 29 de agosto su intención de buscar el aval del partido para ser la candidata presidencial. Dejando claro que no solo es fundadora del partido, sino que también pretende representar a quienes, según sus palabras, "claman orden y libertad". Uniéndose así al también senador Miguel Uribe Turbay, quien previamente había anunciado sus aspiraciones como candidato mediante un tímido video publicado en la red social X. Sin embargo, la carrera dentro del Centro Democrático no se limita a Cabal y Uribe. Otros nombres han comenzado a sonar, como las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, así como el exministro Rafael Nieto Loaiza. No obstante, lo que debería ser una muestra de diversidad de opciones dentro del partido, se podría interpretar también como en una señal de fragmentación y falta de cohesión. A medida que se acercan las elecciones, esta división interna podría debilitar las posibilidades del partido de consolidarse como una fuerza política competitiva. El expresidente Álvaro Uribe, consciente de los desafíos que enfrenta su partido, ha insistido en la necesidad de recuperar la credibilidad y el afecto de la ciudadanía como una meta parcial crucial para asegurar la victoria en 2026. Durante una reunión con simpatizantes en Cali, Uribe expresó: "Hay con quién ganar en 2026, pero necesitamos una meta parcial: recuperar toda la credibilidad y el afecto en la opinión ciudadana para que la meta final sea ganar en el 26 y hacerlo bien por Colombia". Este llamado refleja una realidad incómoda: el Centro Democrático ya no goza del mismo nivel de confianza que tuvo en elecciones anteriores. La pérdida de credibilidad se refleja en las encuestas, donde, a pesar de ser una de las primeras en anunciar su candidatura, María Fernanda Cabal apenas alcanza un 4.4% de intención de voto, ubicándose en un distante cuarto lugar, superada por figuras como Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Claudia López. La ausencia de liderazgos sólidos y la competencia externa Otro de los grandes retos para la derecha es la falta de liderazgos con la capacidad de aglutinar a todo el espectro opositor. Mientras que en el pasado Álvaro Uribe fue capaz de unificar a la derecha en torno a su figura, hoy el escenario es diferente. Personajes como Uribe Turbay, Cabal, Valencia, Holguín o Nieto Loaiza, aunque con trayectorias políticas respetables, no logran despertar el entusiasmo ni proyectar la imagen de estadistas capaces de enfrentar a candidatos de la izquierda como Gustavo Petro o Claudia López. A esto se suma la posible candidatura de la periodista Vicky Dávila, una figura disruptiva que, aunque aún no ha oficializado su intención de postularse, ya lidera algunas encuestas con un 9.6% de intención de voto, superando a todos los precandidatos del Centro Democrático. Sin embargo, como señala la profesora Eugénie Richard, "Vicky Dávila todavía no se ha consolidado como candidata. Existe en los imaginarios colectivos, pero falta mucho tiempo y Cabal tiene una ventaja: cuenta con una estructura de partido". El Centro Democrático enfrenta un reto complejo de cara a las elecciones de 2026. Aunque cuenta con varias figuras que aspiran a la presidencia, la fragmentación interna y la falta de un liderazgo claro y unificado amenazan con debilitar sus posibilidades. A menos que logren consolidar una propuesta fuerte y coherente que recupere la confianza del electorado, es probable que el partido termine siendo una sombra de lo que alguna vez fue en el escenario político colombiano.

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ALVARO URIBE VELEZ

Centro Democrático (2013-), Partido de la U (2010-2013), Primero Colombia (2002-2010), Partido Liberal (1977-2001)

Presidente, Gobernador, Alcalde, Congresista, Jefe de Partido

Influyente abogado, empresario y político colombiano nacido en Medellín hace 71 años. Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, siendo reelegido en 2006. Reconocido como el político colombiano más influyente del siglo XXI, Uribe es conocido por su mano dura contra el terrorismo y el narcotráfico a través de su política de seguridad democrática. Durante su mandato, logró reducir el secuestro y los homicidios, así como estimular el crecimiento económico y las inversiones extranjeras. Aunque su gobierno adelantó acercamientos de paz con diferentes facciones del conflicto armado en Colombia, también enfrentó críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, lo que ha generado múltiples procesos judiciales en su contra. Actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno. A nivel internacional, apoyó la guerra contra el terrorismo liderada por George W. Bush y respaldó diplomáticamente la invasión de Irak en 2003. A pesar de su popularidad inicial, su favorabilidad ha disminuido en los últimos años, llegando al 19% en 2021.

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Jorge Enrique Robledo Castillo

Partido Dignidad, Polo Democrático Alternativo.

Ex Senador de la República.

Nacido en Ibagué en 1950, tiene actualmente 74 años. Es un renombrado arquitecto y político colombiano, destacado por su defensa de los derechos de los campesinos y su lucha contra la corrupción y las políticas neoliberales. Estudió Arquitectura en la Universidad de los Andes y se especializó en la arquitectura del bahareque, recibiendo el Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica por sus escritos. Durante 27 años, Robledo fue profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, donde se le otorgó la Orden Gerardo Molina por su contribución excepcional al prestigio de la universidad y su esfuerzo en resolver problemas nacionales. Desde sus años universitarios, Robledo ha sido miembro del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), fundado en 1968 por Francisco Mosquera. Entre 1974 y 1976, se trasladó a Manizales para ocupar el cargo de secretario regional del MOIR en Caldas y trabajar como profesor en la Universidad Nacional. Robledo fundó la Unidad Cafetera Nacional y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, desempeñándose como secretario general de ambas organizaciones. Estas entidades trabajaron intensamente con los pequeños campesinos caldenses, liderando movimientos sociales en contra de decisiones perjudiciales para los trabajadores rurales, como la privatización de las Empresas Públicas de Manizales y la ruptura del Pacto del Café en 1989. En 1997, Robledo se lanzó a la gobernación de Caldas, logrando una significativa votación que le permitió establecer una base política sólida. En 2002, obtuvo una curul en el Senado de Colombia, avalado por el MOIR. Desde su llegada al Senado, Robledo ha liderado más de 150 debates de control político, convirtiéndose en el senador con más debates en la historia del Congreso colombiano. A lo largo de su carrera, Robledo ha sido una figura central en la oposición a diversos gobiernos, destacándose su crítica al gobierno de Álvaro Uribe y su lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue uno de los principales opositores a las políticas de Uribe, liderando debates sobre temas como el caso del predio Carimagua, las bases militares norteamericanas en Colombia y los negocios de los hijos del presidente Uribe. En 2006, Robledo se unió al Polo Democrático Alternativo, contribuyendo a su consolidación como una fuerza política de izquierda en Colombia. Durante las elecciones de ese año, obtuvo 80 mil votos, convirtiéndose en el segundo más votado del Polo detrás de Gustavo Petro. Su papel en el Senado continuó siendo crucial, liderando la oposición a las políticas neoliberales y promoviendo la defensa de los derechos de los trabajadores y campesinos. En 2011, Robledo apoyó al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, lo que provocó una ruptura interna en el Polo Democrático. Tras la suspensión de Moreno, Robledo se convirtió en uno de los principales críticos del nuevo alcalde, Gustavo Petro, especialmente durante la crisis de movilidad en la ciudad. Robledo lideró numerosos debates de control político, incluyendo aquellos relacionados con las compras irregulares de tierras por parte de grandes empresas en la Altillanura, lo que resultó en la destitución de altos funcionarios del gobierno. En las elecciones de 2014, encabezó la lista del Polo Democrático al Senado, obteniendo 192 mil votos, la votación más alta del partido. En 2017, Robledo se alió con Sergio Fajardo y Claudia López en una coalición política, declinando su candidatura presidencial para apoyar a Fajardo. En 2018, fue el senador del Polo Democrático más votado con 226.099 votos. Posteriormente, en 2020, fundó el partido Dignidad tras escindirse del Polo Democrático, y en 2023, unió fuerzas con el movimiento de Sergio Fajardo para formar Dignidad y Compromiso. En 2023, se lanzó como candidato a la Alcaldía de Bogotá, pero su candidatura tuvo un desempeño muy desfavorable. A lo largo de su vida, Robledo ha escrito 15 libros, el último de ellos, “La Corrupción en el Poder y el Poder de la Corrupción en Colombia”, fue uno de los más leídos en 2016-2017. Además, ha publicado más de 1.300 columnas de opinión en diversos medios nacionales e internacionales. Jorge Enrique Robledo ha sido elegido en cinco ocasiones consecutivas como el Mejor Senador de Colombia por los líderes de opinión de Cifras y Conceptos, consolidando su reputación como uno de los políticos más influyentes y respetados del país.

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Nayib Armando Bukele Ortez

Nuevas Ideas (desde 2023), Gran Alianza por la Unidad Nacional (2018-2023), Cambio Democrático (2018), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (2011-2017)

Presidente

Actualmente con 43 años de edad y nacido en San Salvador, ha emergido como una figura central en la política salvadoreña, desafiando el tradicional bipartidismo que dominaba desde la posguerra. Su ascenso comenzó en la gestión municipal, primero en Nuevo Cuscatlán y luego como alcalde de San Salvador, donde implementó innovadoras políticas de desarrollo urbano y seguridad pública. Bukele se distinguió por su enfoque en las alianzas público-privadas y logró éxitos significativos como la recuperación del Centro Histórico de la capital, una hazaña que eludía a sus predecesores. En 2019, Bukele ganó la presidencia con un amplio margen, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de El Salvador y de toda América Latina. Su administración se ha caracterizado por iniciativas como el Plan Control Territorial, que ha reportado una significativa reducción en los índices de homicidios mediante medidas contundentes contra las pandillas. Este enfoque ha generado controversias internacionales debido a las tácticas de seguridad implementadas, que algunos críticos consideran violatorias de los derechos humanos. Además de su labor política, Bukele es conocido por su carisma y su habilidad para conectar con los jóvenes salvadoreños a través de las redes sociales, utilizando plataformas como Twitter para comunicarse directamente con la población. Su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele, también ha desempeñado un papel destacado en la promoción de la cultura y el bienestar social durante su gestión en la alcaldía de San Salvador. A nivel legislativo, Bukele ha consolidado su poder con una mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones de 2021, lo que ha provocado críticas sobre la erosión de los equilibrios institucionales y el acceso a la información pública. Su gobierno ha enfrentado cuestionamientos por restricciones al IAIP y por reformas que algunos consideran amenazantes para la transparencia y la rendición de cuentas en El Salvador. Nayib Bukele se ha posicionado como una figura polarizadora pero influyente en la política centroamericana, destacándose por sus esfuerzos en reformas urbanas y seguridad, aunque también enfrentando críticas por sus métodos y las implicaciones para los derechos civiles en el país centroamericano.

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Andrés Julián Rendón Cardona

Partido Centro Democrático

Gobernador de Antioquia

Nacido en Rionegro, Antioquia, tiene 46 años (nacido el 9 de enero de 1978). Es un economista, administrador público y político colombiano que actualmente se desempeña como Gobernador de Antioquia para el periodo 2024-2027. Formación Académica. Rendón completó su educación secundaria en el colegio Seminario Corazonista de Marinilla, Antioquia. Continuó su formación en inglés en el Robron High School de Canadá, a través de un programa de intercambio estudiantil. Es economista graduado de la Universidad EAFIT, donde también se especializó en regulación económica. Además, posee una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Administración Pública de la Universidad Americana en Washington D.C., Estados Unidos. Carrera Profesional Inició su carrera política en 2001 como Concejal de Rionegro, cargo que ocupó hasta octubre de 2002 cuando renunció para trabajar como Analista Macroeconómico en la empresa Suvalor en Medellín. Posteriormente, fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia durante la administración de Roberto Junguito Bonnet bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Luego, se desempeñó como Subdirector Financiero Nacional de Corpoica, actualmente conocida como Agrosavia. Entre 2008 y 2012, Rendón fue Secretario de Gobierno de Antioquia durante el mandato de Luis Alfredo Ramos. Durante este periodo, fue designado 11 veces como Gobernador encargado. Logró importantes avances en seguridad, reduciendo significativamente los cultivos de coca, la tasa de homicidios y la presencia de grupos armados ilegales. Además, impulsó la creación de 41 nuevos comandos de policía y 28 casas de justicia. Alcaldía de Rionegro En 2015, después de dos intentos anteriores, fue electo Alcalde de Rionegro con el 62,51% de los votos, convirtiéndose en la persona con mayor apoyo popular en la historia de la ciudad. Durante su mandato (2016-2019), realizó cambios estructurales en áreas sociales, de infraestructura y seguridad, lo cual considera uno de sus mayores logros en la vida pública. Gobernación de Antioquia El 29 de octubre de 2023, Andrés Julián Rendón fue electo Gobernador de Antioquia con el 37,31% de los votos. Su candidatura fue apoyada por una coalición llamada Por Antioquia Firme, que incluía a su partido, el Centro Democrático, así como otras fuerzas políticas como el Partido Creemos, el Partido Político MIRA, el Partido Liberal, G.S.C Una Antioquia Viva, el Partido de la U, el Movimiento de Salvación Nacional y las Autoridades Indígenas de Colombia. Aunque no logró la mayoría en varias regiones estratégicas, su victoria en Medellín y otros municipios importantes fue decisiva.

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