Pegasus en Colombia: Un software de espionaje envuelto en polémica y acusaciones

Publicado, 10/30/2024

Pegasus, el famoso software de espionaje desarrollado por la empresa de tecnología NSO Group con sede en Israel, ha protagonizado en las últimas semanas una serie de controversias y acusaciones en Colombia. El software, que tiene la capacidad de infiltrarse en teléfonos móviles y extraer datos personales sin que el usuario lo note, ha sido señalado por el presidente Gustavo Petro como una herramienta utilizada por el gobierno anterior para espiar a la oposición. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Iván Duque han negado rotundamente tales acusaciones, y la fiscalía colombiana investiga la procedencia y uso de este software sin hallazgos concluyentes hasta ahora. El presidente Petro afirmó en agosto que el gobierno del exmandatario Iván Duque habría adquirido Pegasus a través de la Dipol para vigilar a figuras de la oposición durante las protestas sociales de 2021. Según Petro, el monto total de la transacción fue de 11 millones de dólares, divididos en dos pagos de 5.5 millones cada uno. Esta denuncia fue respaldada por documentos que, según el mandatario, mostraban registros de la transferencia bancaria realizada al grupo NSO. Petro destacó que los documentos fueron clave para abrir una investigación que permita esclarecer los motivos y posibles responsables detrás de esta compra. Desmentidos y contrargumentos desde el entorno de Duque Víctor Muñoz, exdirector del Dapre durante el gobierno del expresidente Iván Duque, ha rechazado las acusaciones en diferentes medios de comunicación, manifestando que ni el entonces presidente Duque, ni mucho menos los altos mandos de la fuerza pública autorizaron la compra del software espía. Muñoz, además enfatizó que las adquisiciones del gobierno se encuentran registradas en plataformas públicas y deben cumplir con requisitos legales establecidos. De acuerdo con el exdirector, ninguna compra de Pegasus figura en esos registros oficiales. Confirmación y dudas en la Fiscalía El pasado 28 de octubre, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la transacción por 11 millones de dólares a NSO Group, fabricante de Pegasus existió, y fue respaldada por documentación que esta misma empresa de tecnología proporcionó, con el fin de establecer que sus transacciones internacionales se realizaron de forma legal y transparente. La fiscal detalló que las pesquisas han llevado a la Fiscalía a entrevistar a figuras del gobierno anterior, para determinar si existió una instrucción explícita que autorizara la compra de Pegasus. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, Camargo mencionó que aún no se ha encontrado evidencia de que el software Pegasus esté en posesión de alguna entidad estatal, como la Fiscalía, la Dipol o el Ministerio de Defensa. Este vacío de información plantea varias interrogantes sobre el destino final del software, lo que complica los intentos de determinar su uso y control en territorio colombiano. Las tensiones entre Colombia e Israel, tras la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno Petro, han obstaculizado la comunicación entre la Fiscalía y NSO Group. Este factor ha dificultado el acceso a información adicional que pudiera esclarecer detalles de la transacción y el uso del software en Colombia. Según la fiscal Camargo, a pesar de la existencia de documentos de pago, el ente acusador carece de una licencia para operar Pegasus y emplea plataformas de interceptación autorizadas por la ley. La Procuraduría sin rastro de Pegasus La procuradora general, Margarita Cabello, sostuvo recientemente en rueda que esta entidad no pudo establecer que existiese en su momento una orden presidencial para adquirir el software de espionaje Pegasus, así como tampoco encontrar evidencia concreta en los registros de gastos reservados que respalde tal compra. Cabello también mencionó que la entidad ha citado a Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para obtener más detalles sobre el informe que originó las acusaciones. Sin embargo, estas afirmaciones por parte de la procuradora Cabello, no sentaron muy bien al presidente Gustavo Petro, quién rápidamente mostró su inconformismo y cuestionó las declaraciones de la procuradora tachándolas de mentira. "La procuradora general de la Nación, miente" fue el mensaje que dejó Petro en la red social X anteriormente conocida como Twitter. Espionaje y la influencia de Pegasus Pegasus es un software altamente invasivo que permite acceder a mensajes de texto, llamadas, fotos y videos en dispositivos móviles sin el conocimiento del usuario. A nivel global, ha sido utilizado para vigilar a periodistas, activistas y opositores políticos a nivel mundial, provocando una amplia discusión sobre sus implicaciones para la privacidad y los derechos humanos. En Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible uso de Pegasus para vigilar a periodistas y líderes sociales. La investigación sigue en curso, y mientras las autoridades intentan determinar la veracidad de las acusaciones y la localización del software, Colombia enfrenta una polémica que amenaza con agravar la desconfianza pública en el gobierno y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del Estado y la protección de los derechos individuales.

Puedes escuchar el articulo en audio.

Articulos relacionados

La controversia detrás del préstamo millonario a Avianca durante el Gobierno de Duque

En el año 2020, el gobierno del presidente Iván Duque se encontró en medio de una encrucijada financiera y política que desencadenó una polémica nacional. La controversia giró en torno a la decisión de otorgar un préstamo millonario de hasta USD 370 millones a la aerolínea Avianca, una medida que generó interrogantes y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana. Duque, en su defensa del préstamo, argumentó que se trató de un crédito y no de un subsidio, enfatizando que no fue una medida barata. Señaló que la decisión se tomó dentro de un marco legal y de reestructuración, garantizando la protección de aproximadamente 500,000 puestos de trabajo directos e indirectos en el país, especialmente en un sector crucial para la conectividad y el turismo nacional cuando se estaba en medio de cuarentena. Además, el presidente mencionó que otros sectores también se beneficiaron de ayudas gubernamentales durante la pandemia. La polémica se desató tras el anuncio del préstamo por parte del gobierno, liderado por Duque, el cual fue cuestionado por el procurador Fernando Carrillo y otros actores políticos y sociales. Se planteaba la pregunta de si el dinero destinado a Avianca podría haber sido utilizado de manera más efectiva en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y en el apoyo a medianos empresarios y comerciantes durante la crisis sanitaria. Ante las críticas, el presidente Duque salió en defensa del préstamo, argumentando que no se trataba de un subsidio, sino de un crédito. En diversas intervenciones mediáticas, Duque enfatizó que el crédito no era barato y que se otorgaba en el marco de un esquema de concurso de acreedores y reestructuración garantizado por la ley. Se destacó que el préstamo tenía como objetivo proteger los empleos directos e indirectos asociados a Avianca, una empresa que representaba cerca del 50% de la conectividad aérea del país y empleaba a cientos de miles de personas. Sin embargo, las críticas persisten y se profundizaron con el paso de los días. Surgieron dudas sobre el origen de los recursos destinados al préstamo y sobre la falta de acciones por parte del gobierno en el acuerdo con Avianca. Se cuestionó también la posible influencia de los lazos familiares, dado que la hermana del presidente Duque ocupaba un cargo ejecutivo en la aerolínea. El debate político se intensificó con la convocatoria a control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por parte del Senado de la República. Los congresistas exigían explicaciones detalladas sobre la decisión del gobierno de otorgar el millonario crédito a Avianca, bajo la amenaza de presentar una moción de censura. Mientras tanto, la situación financiera de Avianca continuaba siendo motivo de preocupación. La aerolínea se encontraba en un proceso de reestructuración en Estados Unidos y había solicitado préstamos adicionales por un monto significativo. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa se reflejaba en el mercado y en la opinión pública, alimentando el debate sobre la conveniencia del préstamo otorgado por el gobierno. En medio de esta controversia, el gobierno de Duque se mantuvo firme en su posición de respaldar a Avianca como una empresa estratégica para el país. Se argumentaba que el apoyo financiero era necesario para garantizar la viabilidad a corto plazo de la aerolínea y proteger los empleos asociados a su operación. No obstante, las críticas persistieron y se sumaron a un clima de desconfianza y escepticismo respecto a las decisiones del gobierno en materia económica. La controversia en torno al préstamo a Avianca se convirtió en un símbolo de las tensiones y los dilemas que enfrentaba Colombia en medio de la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de COVID-19. E préstamo millonario a Avianca bajo el gobierno de Iván Duque quedó marcado como un episodio controvertido en la historia reciente del país, generando interrogantes sobre la transparencia, la eficacia y la equidad de las políticas públicas en momentos de crisis.

+ Leer mas.

Iván Duque y los Vínculos con Odebrecht

En un giro impactante, nuevos detalles emergen sobre la presunta implicación del expresidente Iván Duque con la polémica firma brasileña Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación ha revelado que Duque estuvo presente en reuniones clave con altos funcionarios de Odebrecht en Brasil, arrojando luz sobre su presunta participación en actividades ilícitas durante su tiempo como líder político. Los informes de la Fiscalía indican que Duque fue invitado a estas reuniones por el entonces candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en compañía del enlace entre Odebrecht y la campaña, Daniel García Arizabaleta. Estos encuentros, que tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasil, se llevaron a cabo en un contexto de creciente escrutinio sobre el financiamiento de campañas políticas en Colombia. Durante una imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, la Fiscalía reveló detalles explosivos sobre la presencia de Duque en estas reuniones. Según el fiscal a cargo del caso, los gastos del viaje de Daniel García Arizabaleta desde Bogotá hasta Sao Paulo fueron cubiertos por Odebrecht, lo que sugiere una estrecha relación entre la empresa y la campaña presidencial, aunque ellos argumentan que viajaron para disfrutar del Mundial de Fútbol que se daba por ese entonces en dicho país. Las implicaciones de estas revelaciones son profundas y plantean serias interrogantes sobre la integridad y la ética de Duque durante su tiempo en el poder. Se ha puesto en duda la transparencia de su gestión y se cuestiona su compromiso con los principios democráticos y el Estado de derecho. Además, se ha informado que más de un millón 640 mil dólares ingresaron a la campaña presidencial del Centro Democrático en 2014, generando sospechas sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la misma. Estos hallazgos refuerzan las preocupaciones sobre la influencia indebida de Odebrecht en el proceso político colombiano. En respuesta a estas acusaciones, Duque ha negado vehementemente cualquier vínculo con Odebrecht y ha reiterado que su participación en las reuniones fue a través de una invitación de Zuluaga. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía sugieren una conexión más profunda entre Duque y las actividades de la empresa brasileña. Este escándalo de corrupción plantea serias dudas sobre la integridad del sistema político colombiano y subraya la necesidad de reformas urgentes para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para abordar la corrupción sistémica que socava la democracia y la confianza pública en las instituciones. A medida que la investigación avanza, la sociedad colombiana espera que se haga justicia y que se establezcan responsabilidades claras sobre aquellos que hayan violado la ley y comprometido la integridad del proceso democrático. Es fundamental restaurar la confianza en el sistema político y garantizar que los líderes electos actúen en interés del pueblo colombiano, no en beneficio propio o de intereses particulares.

+ Leer mas.

Iván Duque y su comedia de errores: La innecesaria y absurda autoentrevista

En mayo de 2021 cuando surgió el “Paro Nacional 21” o ya conocidos por muchos como “El Estallido” liderado por el mayor opositor político del momento que era el senador Gustavo Petro, el ex presidente Iván Duque se encontraba en el epicentro de la tormenta política y social. Desde la Casa de Nariño, el líder colombiano se enfrentaba a un escrutinio implacable, tanto en su política interna como en su estrategia de comunicación internacional. A través de una serie de entrevistas, declaraciones y pronunciamientos, Duque intentó navegar las aguas turbulentas de la crisis, pero sus esfuerzos fueron objeto de crítica y análisis. La controversia estalló con la difusión de una "autoentrevista" del presidente, realizada en inglés y distribuida en nueve cápsulas a través de diversas plataformas digitales. Si bien el propósito inicial de estas grabaciones era ofrecer la postura de Duque sobre la crisis social que atravesaba el país, pronto surgieron interrogantes sobre la efectividad y el alcance de este mensaje. En esta serie de vídeos, Duque adoptó un tono defensivo, culpando a la oposición y a supuestos actores externos de la agitación social. Desde la pandemia del COVID-19 hasta las protestas callejeras, el presidente trató de presentar su gestión como una respuesta adecuada a los desafíos del momento. Sin embargo, sus argumentos fueron recibidos con escepticismo, especialmente por parte de la comunidad internacional. El portal La Línea del Medio reveló detalles sobre la producción y difusión de estos vídeos, señalando la participación de Luigi Echeverri, exasesor de campaña de Duque, en su distribución. Además, se cuestionó la calidad gramatical y la autenticidad de las grabaciones, lo que generó aún más dudas sobre su origen y propósito. Por otro lado, una columna de opinión publicada a finales de mayo de 2021 arrojó luz sobre el posible destinatario de estos mensajes en inglés: Washington, D.C. En un intento por asegurar el apoyo político y económico de Estados Unidos, Duque buscaba presentar la situación en Colombia como una lucha contra el "castrochavismo" y el terrorismo, apelando al temor a una nueva Venezuela en la región. Sin embargo, esta estrategia encontró obstáculos en el escepticismo de la administración Biden y el descontento de algunos congresistas estadounidenses. La falta de comunicación entre la Casa de Nariño y Washington evidenció la fragilidad de las relaciones bilaterales, así como la incapacidad de Duque para influir en la política exterior de Estados Unidos. A nivel interno, la figura de Duque también fue objeto de escrutinio y crítica. Desde su ascenso a la presidencia, el mandatario había enfrentado desafíos constantes, desde protestas callejeras hasta cuestionamientos sobre su capacidad de liderazgo. La falta de experiencia y visión política de Duque lo convirtió en un "aprendiz a caudillo", incapaz de hacer frente a las demandas de un país en crisis. En pocas palabras, la "autoentrevista" de Iván Duque y su política de comunicación internacional reflejaron las debilidades y contradicciones de su liderazgo. A medida que Colombia enfrentaba una crisis política y social sin precedentes, el presidente se encontraba cada vez más aislado y cuestionado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su futuro político y el destino del país estaban en juego, mientras la opinión pública y la comunidad internacional observaban con atención sus movimientos y decisiones.

Roberto Gerlein Echeverría, nacido el 18 de noviembre de 1938 en Barranquilla, Atlántico, y fallecido el 23 de diciembre de 2021 en la misma ciudad, fue un destacado abogado y político colombiano. Se graduó como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1961 y se especializó en Derecho Laboral en la misma institución en 1963. Miembro del Partido Conservador, logró ser elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia, convirtiéndose en el miembro más veterano de dicha institución y del Congreso en general. En reconocimiento a su trayectoria, en 2018 recibió la placa de oro de la Orden de la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Por otro lado, Julio Gerlein Echeverría, el hermano menor de Roberto, ha sido una figura igualmente influyente en la política y la economía colombianas. Nacido en 1940, dos años después de su hermano Roberto, Julio estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana y comenzó su carrera en la construcción con proyectos como el Laguito de Cartagena y varios edificios en el sector, incluyendo El Conquistador y Bavaria. Con el tiempo, ascendió en el mundo de la construcción y se convirtió en el presidente de Valorcon, una de las empresas contratistas más importantes del país, consolidando así su poder en el ámbito de la contratación pública. La importancia y el poder de los Gerlein Echeverría no son fortuitos, sino que tienen profundas raíces familiares. Su abuelo, Julio Gerlein Guell, fue un destacado industrial tabacalero, mientras que su esposa, Amira Comelín, fue la primera presidenta del Carnaval de Barranquilla a finales del siglo XIX. Los padres de Roberto y Julio, Julio Gerlein Comelín y Enrique Gerlein, respectivamente, también desempeñaron roles significativos en la sociedad barranquillera, como fundadores de la zona franca de Barranquilla y políticos conservadores influyentes en la región. Además, la ascendencia materna de los Gerlein incluye a Esparquio González, otro político conservador destacado en la región. Este linaje familiar ha consolidado a los Gerlein como una verdadera dinastía, ejerciendo un poder significativo tanto en el ámbito político como en el económico en Barranquilla y más allá, convirtiéndolos en una de las familias más influyentes de la región.

+ Leer mas