Publicado, 5/25/2024
María José Pizarro, Senadora por parte del Pacto Histórico fue vista en la Clínica del Country, una de las clínicas mas reconocidas y prestigiosas del país, generando controversia ya que Pizarro ha sido una fuerte defensora del Gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, Miguel Polo Polo la critico fuertemente, asegurando que Pizarro no debe usar servicios como este en una institución privada, cuestionando porqué asistía a una clínica privada y no a una del sector público; en un trino Polo Polo dijo “Señora María José Pizarro, ustedes los del Pacto Histórico son los que más reniegan del sistema de salud colombiano y con mentiras pretenden desacreditarlo”. A esto se sumaron otros conocidos influenciadores como Jeison Mosquera y Raimundo Franco, cuestionando la asistencia de Pizarro a la reconocida clínica. Pizarro, por su lado no se quedó callada, y aclaro que se estaba realizando una mamografía y que, frente a su salud, el proyecto de la reforma que ella tanto defiende no tiene nada que ver, respondiendo: “Hacerse una mamografía no es un delito. Todas las mujeres deberían hacérsela para prevenir el cáncer de mama. Otra cosa es la reforma a la salud que impulsamos para que los colombianos puedan acceder a un sistema de salud digno y de calidad, sin intermediación ni estratificación.”
A mediados de junio de 2024, Colombia se vio envuelta en una polémica que giró en torno al sombrero de Carlos Pizarro, emblemático líder del extinto movimiento guerrillero M-19. Este objeto, utilizado por Pizarro en momentos clave de la historia nacional, fue objeto de reconocimiento por parte del presidente Gustavo Petro, quien lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación en un emotivo acto realizado en el Palacio de Nariño. El gesto de Petro no pasó desapercibido, generando reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad colombiana. Mientras algunos, incluyendo al presidente y sus partidarios, destacaron el valor simbólico del sombrero como un emblema de paz y reconciliación, otros lo interpretaron como un acto que revictimiza a aquellos afectados por los actos violentos del extinto grupo guerrillero. El Ministerio de Cultura, en respuesta a la controversia, emitió un comunicado aclarando que el reconocimiento del sombrero no constituye una declaratoria de bien de interés cultural, un proceso que implica un análisis más profundo y riguroso por parte del Consejo Nacional de Patrimonio. Esta distinción legal fue crucial para entender la naturaleza del reconocimiento, que, según el ministerio, se basó en criterios simbólicos más que en criterios administrativos de protección cultural. Las críticas más fuertes provinieron de organizaciones de militares en reserva, veteranos y víctimas del conflicto armado, quienes argumentaron que glorificar un símbolo del M-19 podría ser interpretado como una falta de respeto hacia las víctimas de las acciones violentas del grupo guerrillero. En una carta dirigida al presidente Petro, estas organizaciones expresaron su desaprobación y pidieron un enfoque más equilibrado que reconozca el dolor y el sufrimiento de las víctimas sin glorificar a quienes participaron en actos criminales. El debate sobre el sombrero de Carlos Pizarro también alcanzó el ámbito académico y mediático, con panelistas y expertos discutiendo la importancia de los símbolos en la construcción de la memoria histórica y la identidad nacional. Helena Urán, politóloga y autora reconocida, destacó la necesidad de contextualizar los símbolos dentro de su historia completa, subrayando que cualquier gesto de reconocimiento debe considerar tanto los logros como los errores del pasado de manera equitativa. Por otro lado, Aquiles Esté, semiólogo y consultor, criticó lo que percibió como un enfoque propagandístico por parte del gobierno, sugiriendo que los gestos simbólicos deben buscar unir a la nación en lugar de dividirla aún más. En su análisis, Esté señaló que los símbolos políticos pueden generar polarización en lugar de consenso, especialmente en un país tan dividido como Colombia. El historiador Juan Carlos Flórez, por su parte, hizo hincapié en la complejidad de los símbolos en una sociedad dividida, argumentando que ningún símbolo puede unificar completamente a una nación con tantos conflictos históricos. Desde su perspectiva, la inclusión del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural podría perpetuar las divisiones existentes en lugar de sanarlas. En definitiva, la pretensión de reconocer el sombrero de Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de la Nación ha puesto de relieve las tensiones entre memoria, política y reconciliación en Colombia. Mientras algunos ven este gesto como un paso hacia la consolidación de la paz y el reconocimiento de la diversidad cultural del país, otros lo interpretan como un intento de glorificar un pasado marcado por la violencia y el conflicto. El verdadero desafío para Colombia radica en encontrar un equilibrio que honre la memoria de todas las víctimas sin perpetuar divisiones profundas en la sociedad.
+ Leer mas.En un contexto donde la izquierda progresista colombiana ha enfatizado la importancia de la educación como una herramienta para la equidad social, resulta llamativo que varios de sus representantes ocupen altos cargos públicos sin poseer títulos profesionales. Entre los nombres que han captado la atención, destacan los de los senadores María José Pizarro y Álex Flórez, la representante Susana Boreal y el controvertido Gustavo Bolívar, quien recientemente regresó al Gobierno de Gustavo Petro. En el coso de la Senadora María José Pizarro, hija del extinto comandante del M-19 Carlos Pizarro, ha cimentado su carrera política en el legado de su padre. Sin embargo, un escrutinio detallado de sus credenciales académicas revela inconsistencias preocupantes. Según información obtenida, Pizarro no cursó estudios universitarios y validó su bachillerato en 1997. Sus únicos estudios documentados son un taller de joyería de 9 clases en la Escuela Masala de Barcelona, del que obtuvo un título técnico en 2007. A pesar de ello, Pizarro ha afirmado repetidamente ser “maestra en Artes Plásticas”, una afirmación que ella misma intentó rectificar este año, aunque sin disolver del todo las dudas sobre su formación. Por otro lado, Álex Flórez, conocido por sus constantes controversias, también enfrenta serias acusaciones sobre la veracidad de sus títulos académicos. El senador aseguró ser abogado desde 2021, un dato que figura en su hoja de vida entregada a la Secretaría General del Senado. Sin embargo, una investigación reveló que no ha entregado su trabajo de grado, requisito indispensable para obtener el título de la Universidad de Medellín. El caso de Susana Boreal y Gustavo Bolívar Susana Boreal, representante a la Cámara y reconocida por su activismo, también enfrenta cuestionamientos similares. Aunque se presenta como música y directora de orquesta, fuentes cercanas confirmaron que Boreal no completó sus estudios de Música en la Universidad de Antioquia y carece de un título profesional. Esta revelación subraya una preocupante tendencia en algunos sectores del Pacto Histórico, donde se priorizan alianzas políticas sobre las competencias académicas. Por último, el exsenador y actual director del DPS Gustavo Bolívar, admitió no haber terminado su carrera de Comunicación Social, dejando también vacío su historial académico. Bolívar ha gestionado puestos de alta relevancia pública sin acreditar estudios profesionales, una situación que ha generado críticas sobre la gestión y selección de los altos funcionarios en el Gobierno de Petro. Implicaciones para la administración pública Aunque no existe una obligación legal para que los funcionarios públicos tengan títulos profesionales, la situación genera un debate sobre el impacto de estas carencias en la calidad de las decisiones políticas. Los casos de Pizarro, Flórez, Boreal y Bolívar subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y promueven una reflexión sobre los estándares de idoneidad en el servicio público. A medida que se aproxima el final del 2024, estos casos siguen alimentando el debate público sobre la transparencia y la meritocracia en la administración pública colombiana. Aunque estos políticos cuentan con el respaldo del Pacto Histórico, las preguntas sobre sus credenciales académicas y la manera en que accedieron a sus cargos continúan generando críticas y erosionando la confianza de los ciudadanos en sus líderes electos.
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Ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, se lanzó al Concejo de Medellín por el Partido Conservador en 2007, creó el movimiento “Partido del Tomate” en 2013, se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá, representando al Partido Liberal tan solo un año después, y desempeñó como viceministro de las TIC por 17 meses, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Finalmente, fue elegido alcalde de Medellín por el partido Independientes en el año 2019, cargo al cual renunció en 2023.
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Nacido hace 64 años en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es un político y economista colombiano, actualmente presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2022. A lo largo de su carrera, Petro ha sido una figura influyente en la política colombiana, destacándose por su papel como líder de izquierda y su activismo en diversos movimientos sociales y políticos. Petro comenzó su vida en Ciénaga de Oro, pero se trasladó a Zipaquirá, donde completó su educación básica y secundaria en el Colegio de La Salle. Su interés por la política y la justicia social lo llevó a involucrarse en el Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo guerrillero que buscaba un cambio radical en el sistema político colombiano. Durante su tiempo en el M-19, Petro asumió el alias de "Aureliano", en referencia al personaje de la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. En 1984, Petro, entonces concejal de Zipaquirá, reveló su militancia en el M-19 y pasó a la clandestinidad. Fue capturado en octubre de 1985 y estuvo en prisión durante dos años, acusado de porte ilegal de armas. Sin embargo, después se demostró que el militar que supuestamente lo torturó no estaba en el país en ese momento. Tras su liberación en 1987, participó en el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. En el ámbito político, Petro ha tenido una carrera diversa. Fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca entre 1990 y 1991 y cofundador del partido político Alianza Democrática M-19, con el que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, realizó estudios en Bélgica y España en administración y desarrollo. Regresó a Colombia y fue elegido para la Cámara de Representantes en 1998 por el Movimiento Vía Alterna, permaneciendo en el cargo hasta 2006. Luego se unió al Polo Democrático Alternativo (PDA) y, en 2009, renunció para aspirar a la presidencia en 2010, aunque no tuvo éxito. Petro fundó el Movimiento Progresistas, que más tarde se convirtió en Colombia Humana, y fue elegido alcalde de Bogotá en 2011. Su administración fue criticada por la politización y el caos que se vivió en la ciudad, aunque él seguía siendo un defensor de sus políticas. En 2018, Petro se postuló nuevamente para la presidencia, siendo derrotado en la segunda vuelta por Iván Duque. Sin embargo, su papel como candidato de la izquierda en Colombia siguió creciendo. En las elecciones presidenciales de 2022, Petro se presentó como el candidato de la coalición Pacto Histórico, ganando la primera vuelta y posteriormente venciendo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Su victoria marcó la primera vez que un presidente de izquierda asumía el poder en Colombia. Desde su toma de posesión, ha impulsado varias reformas, incluyendo la tributaria, agraria, de salud y energética, en un intento por cumplir con las promesas de su campaña.
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Nacida en Cali, Colombia, tiene actualmente 58 años. Es una destacada empresaria y política colombiana, miembro del partido Centro Democrático, conocido por su ideología conservadora y de derecha. Cabal estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes, donde también trabajó como directora del Programa Democracia del Departamento de Ciencia Política antes de graduarse. Más tarde, regresó a esta universidad para organizar los Foros de Interés Ciudadano, lo que le permitió conocer diversas zonas de Bogotá y otros departamentos de Colombia. En España, cursó estudios de Literatura e Historia en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. En su carrera profesional, trabajó en Dayton, Ohio, en la Fundación Kettering, donde aprendió sobre la cultura de espacios democráticos en Estados Unidos. También colaboró con el Comisionado Nacional para la Policía en Bogotá y el Ministerio del Interior en el Amazonas en programas sociales con comunidades indígenas y mujeres cabeza de familia. En 2003, fundó la agencia de viajes Student Travel Center, una de las más reconocidas en Colombia para servicios a jóvenes. En 2006, fue nombrada Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, donde fortaleció la cooperación internacional. En 2014, Cabal fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá en una lista cerrada del Centro Democrático, tomando posesión de su cargo el 20 de julio de ese año. En 2018, fue elegida senadora en una lista abierta, ocupando el quinto lugar en votación, y en 2022, nuevamente fue electa senadora, siendo la mujer más votada de esa legislatura. Cabal es conocida por su firme postura en temas como la autoridad, la mano dura, el apoyo a las fuerzas armadas, el antifeminismo y su oposición al aborto y al matrimonio homosexual. Aunque reconoce el cambio climático, lo considera un problema secundario. Se describe a sí misma como una aspirante a ser la "Margaret Thatcher colombiana" y está vinculada al Foro Madrid, una alianza internacional de representantes y partidos de extrema derecha de América Latina y España. En septiembre de 2023, anunció su intención de postularse a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026.
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Parte de la familia Santos, descendiente de María Antonia Santos Plata (prócer de la independencia de Colombia), Eduardo Santos Montejo (Propietario y director del diario El Tiempo y presidente de Colombia entre 1938 y 1942), entre otros. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas, EE. UU, y maestrías en Economía y Desarrollo Económico de London School of Economics y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1972, en 1981 se convierte en subdirector de El Tiempo. Es Designado ministro de Comercio en 1991, luego Designado Presidencial en 1993. En el 2000, ocupó los cargos de ministro de Hacienda y Crédito Público, y de 2006 a 2009 ocupó el cargo de ministro de Defensa, durante los Falsos Positivos. Presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de agosto de 2018, durante su mandato buscó un acuerdo con las FARC-EP para finalizar el conflicto armado, lográndolo el 24 de agosto de 2016 y obteniendo por esto el Premio Nobel de la Paz 2016.
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Abogada de la Universidad Santiago de Cali. Fue candidata a la cámara de representantes en 2018, presidente del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia en el 2020; se presentó como precandidata a la presidencia en el 2022 en la campaña del Pacto Histórico ocupando el segundo lugar, razón por la cual Gustavo Petro decidió nombrarla como formula para su campaña presidencial. Premio Nacional de derechos humanos (2015) Premio ambiental Goldman (2018)