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Nació en Bogotá en 1978 y tiene 46 años. Es una destacada artista, líderesa política y activista por la paz. Su carrera comenzó con estudios en Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística, los cuales completó en España. Pizarro ha dedicado su vida a trabajar con comunidades en el diseño, implementación y coordinación de programas para la participación, los derechos de las víctimas y las políticas públicas de reparación y memoria. Entre 2011 y 2013, trabajó en la Secretaría de Cultura de Bogotá, y entre 2013 y 2017, en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estos roles le permitieron influir en acciones conmemorativas y la construcción de memoria histórica en Colombia. Hija del excomandante guerrillero del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, su vida estuvo marcada por el conflicto desde una temprana edad. Tras el asesinato de su padre en 1990, María José vivió en el exilio en Ecuador, Francia y España. Esta experiencia de exilio moldeó su perspectiva y compromiso con la paz y la memoria histórica. En Barcelona, se convirtió en una voz destacada del activismo por la memoria dentro de la diáspora colombiana. María José regresó a Colombia en 2010 y se dedicó a luchar por los derechos de las víctimas del conflicto armado. En 2018, lideró la Lista de la Decencia a la Cámara de Representantes, obteniendo 77 mil votos. Durante el periodo 2019-2020, fue segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes. En las elecciones de 2022, ocupó la segunda casilla de la lista del Pacto Histórico al Senado y fue elegida primera vicepresidenta del Senado para el periodo 2023-2024. Pizarro ha sido reconocida por sus iniciativas legislativas, incluyendo la prórroga de la Ley de Víctimas y la ley de Honores a las víctimas de Bojayá, Chocó. Además, ha promovido la regulación y comercialización de la marihuana para uso adulto. En un acto simbólico, fue quien le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro, destacando su conexión con el legado de su padre.
María José Pizarro, Senadora por parte del Pacto Histórico fue vista en la Clínica del Country, una de las clínicas mas reconocidas y prestigiosas del país, generando controversia ya que Pizarro ha sido una fuerte defensora del Gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, Miguel Polo Polo la critico fuertemente, asegurando que Pizarro no debe usar servicios como este en una institución privada, cuestionando porqué asistía a una clínica privada y no a una del sector público; en un trino Polo Polo dijo “Señora María José Pizarro, ustedes los del Pacto Histórico son los que más reniegan del sistema de salud colombiano y con mentiras pretenden desacreditarlo”. A esto se sumaron otros conocidos influenciadores como Jeison Mosquera y Raimundo Franco, cuestionando la asistencia de Pizarro a la reconocida clínica. Pizarro, por su lado no se quedó callada, y aclaro que se estaba realizando una mamografía y que, frente a su salud, el proyecto de la reforma que ella tanto defiende no tiene nada que ver, respondiendo: “Hacerse una mamografía no es un delito. Todas las mujeres deberían hacérsela para prevenir el cáncer de mama. Otra cosa es la reforma a la salud que impulsamos para que los colombianos puedan acceder a un sistema de salud digno y de calidad, sin intermediación ni estratificación.”
+ Leer mas.A mediados de junio de 2024, Colombia se vio envuelta en una polémica que giró en torno al sombrero de Carlos Pizarro, emblemático líder del extinto movimiento guerrillero M-19. Este objeto, utilizado por Pizarro en momentos clave de la historia nacional, fue objeto de reconocimiento por parte del presidente Gustavo Petro, quien lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación en un emotivo acto realizado en el Palacio de Nariño. El gesto de Petro no pasó desapercibido, generando reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad colombiana. Mientras algunos, incluyendo al presidente y sus partidarios, destacaron el valor simbólico del sombrero como un emblema de paz y reconciliación, otros lo interpretaron como un acto que revictimiza a aquellos afectados por los actos violentos del extinto grupo guerrillero. El Ministerio de Cultura, en respuesta a la controversia, emitió un comunicado aclarando que el reconocimiento del sombrero no constituye una declaratoria de bien de interés cultural, un proceso que implica un análisis más profundo y riguroso por parte del Consejo Nacional de Patrimonio. Esta distinción legal fue crucial para entender la naturaleza del reconocimiento, que, según el ministerio, se basó en criterios simbólicos más que en criterios administrativos de protección cultural. Las críticas más fuertes provinieron de organizaciones de militares en reserva, veteranos y víctimas del conflicto armado, quienes argumentaron que glorificar un símbolo del M-19 podría ser interpretado como una falta de respeto hacia las víctimas de las acciones violentas del grupo guerrillero. En una carta dirigida al presidente Petro, estas organizaciones expresaron su desaprobación y pidieron un enfoque más equilibrado que reconozca el dolor y el sufrimiento de las víctimas sin glorificar a quienes participaron en actos criminales. El debate sobre el sombrero de Carlos Pizarro también alcanzó el ámbito académico y mediático, con panelistas y expertos discutiendo la importancia de los símbolos en la construcción de la memoria histórica y la identidad nacional. Helena Urán, politóloga y autora reconocida, destacó la necesidad de contextualizar los símbolos dentro de su historia completa, subrayando que cualquier gesto de reconocimiento debe considerar tanto los logros como los errores del pasado de manera equitativa. Por otro lado, Aquiles Esté, semiólogo y consultor, criticó lo que percibió como un enfoque propagandístico por parte del gobierno, sugiriendo que los gestos simbólicos deben buscar unir a la nación en lugar de dividirla aún más. En su análisis, Esté señaló que los símbolos políticos pueden generar polarización en lugar de consenso, especialmente en un país tan dividido como Colombia. El historiador Juan Carlos Flórez, por su parte, hizo hincapié en la complejidad de los símbolos en una sociedad dividida, argumentando que ningún símbolo puede unificar completamente a una nación con tantos conflictos históricos. Desde su perspectiva, la inclusión del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural podría perpetuar las divisiones existentes en lugar de sanarlas. En definitiva, la pretensión de reconocer el sombrero de Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de la Nación ha puesto de relieve las tensiones entre memoria, política y reconciliación en Colombia. Mientras algunos ven este gesto como un paso hacia la consolidación de la paz y el reconocimiento de la diversidad cultural del país, otros lo interpretan como un intento de glorificar un pasado marcado por la violencia y el conflicto. El verdadero desafío para Colombia radica en encontrar un equilibrio que honre la memoria de todas las víctimas sin perpetuar divisiones profundas en la sociedad.
+ Leer mas.En un contexto donde la izquierda progresista colombiana ha enfatizado la importancia de la educación como una herramienta para la equidad social, resulta llamativo que varios de sus representantes ocupen altos cargos públicos sin poseer títulos profesionales. Entre los nombres que han captado la atención, destacan los de los senadores María José Pizarro y Álex Flórez, la representante Susana Boreal y el controvertido Gustavo Bolívar, quien recientemente regresó al Gobierno de Gustavo Petro. En el coso de la Senadora María José Pizarro, hija del extinto comandante del M-19 Carlos Pizarro, ha cimentado su carrera política en el legado de su padre. Sin embargo, un escrutinio detallado de sus credenciales académicas revela inconsistencias preocupantes. Según información obtenida, Pizarro no cursó estudios universitarios y validó su bachillerato en 1997. Sus únicos estudios documentados son un taller de joyería de 9 clases en la Escuela Masala de Barcelona, del que obtuvo un título técnico en 2007. A pesar de ello, Pizarro ha afirmado repetidamente ser “maestra en Artes Plásticas”, una afirmación que ella misma intentó rectificar este año, aunque sin disolver del todo las dudas sobre su formación. Por otro lado, Álex Flórez, conocido por sus constantes controversias, también enfrenta serias acusaciones sobre la veracidad de sus títulos académicos. El senador aseguró ser abogado desde 2021, un dato que figura en su hoja de vida entregada a la Secretaría General del Senado. Sin embargo, una investigación reveló que no ha entregado su trabajo de grado, requisito indispensable para obtener el título de la Universidad de Medellín. El caso de Susana Boreal y Gustavo Bolívar Susana Boreal, representante a la Cámara y reconocida por su activismo, también enfrenta cuestionamientos similares. Aunque se presenta como música y directora de orquesta, fuentes cercanas confirmaron que Boreal no completó sus estudios de Música en la Universidad de Antioquia y carece de un título profesional. Esta revelación subraya una preocupante tendencia en algunos sectores del Pacto Histórico, donde se priorizan alianzas políticas sobre las competencias académicas. Por último, el exsenador y actual director del DPS Gustavo Bolívar, admitió no haber terminado su carrera de Comunicación Social, dejando también vacío su historial académico. Bolívar ha gestionado puestos de alta relevancia pública sin acreditar estudios profesionales, una situación que ha generado críticas sobre la gestión y selección de los altos funcionarios en el Gobierno de Petro. Implicaciones para la administración pública Aunque no existe una obligación legal para que los funcionarios públicos tengan títulos profesionales, la situación genera un debate sobre el impacto de estas carencias en la calidad de las decisiones políticas. Los casos de Pizarro, Flórez, Boreal y Bolívar subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y promueven una reflexión sobre los estándares de idoneidad en el servicio público. A medida que se aproxima el final del 2024, estos casos siguen alimentando el debate público sobre la transparencia y la meritocracia en la administración pública colombiana. Aunque estos políticos cuentan con el respaldo del Pacto Histórico, las preguntas sobre sus credenciales académicas y la manera en que accedieron a sus cargos continúan generando críticas y erosionando la confianza de los ciudadanos en sus líderes electos.
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