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Parte de la familia Santos, descendiente de María Antonia Santos Plata (prócer de la independencia de Colombia), Eduardo Santos Montejo (Propietario y director del diario El Tiempo y presidente de Colombia entre 1938 y 1942), entre otros. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas, EE. UU, y maestrías en Economía y Desarrollo Económico de London School of Economics y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1972, en 1981 se convierte en subdirector de El Tiempo. Es Designado ministro de Comercio en 1991, luego Designado Presidencial en 1993. En el 2000, ocupó los cargos de ministro de Hacienda y Crédito Público, y de 2006 a 2009 ocupó el cargo de ministro de Defensa, durante los Falsos Positivos. Presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de agosto de 2018, durante su mandato buscó un acuerdo con las FARC-EP para finalizar el conflicto armado, lográndolo el 24 de agosto de 2016 y obteniendo por esto el Premio Nobel de la Paz 2016.
En el contexto del paro agrario de 2013, que comenzó alrededor del 19 de agosto, el sector agro de Colombia se encontraba en una crisis resaltable, donde el precio del café -por ejemplo- se había desplomado a un tercio de su valor original. El descontento de la situación llevó a múltiples movilizaciones de los campesinos que cultivaban varios de los productos. Durante la realización de la Caminata de la Solidaridad en Bogotá, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, abordó la situación del paro nacional agrario, destacando que, desde su perspectiva, este no existía. En sus declaraciones, afirmó que lo que se estaba presentando no era un paro nacional, sino más bien un reclamo de ciertos sectores agrarios, como los lecheros y paperos en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, quienes buscaban el cumplimiento de peticiones específicas. Santos señaló que las protestas estaban siendo llevadas a cabo por un número reducido de campesinos, desestimando la magnitud del movimiento aludiendo a que detrás de los hechos violentos estaban presentes la extrema derecha y la extrema izquierda, incluso llegando a decir que eran 10 o 15 personas protestando, cuando las marchas y protestas fueron multitudinarias. Para el 30 de agosto, tras una jornada de marchas en la capital, según informes de la Alcaldía de Bogotá 147 personas recibieron atención debido a los disturbios en esta ciudad, de las cuales 26 fueron trasladadas a centros médicos, incluyendo 9 policías. Poco después, el presidente Santos reconoció que su expresión acerca de que "el tal paro agrario no existe" fue un error. En sus palabras, afirmó que esta declaración fue sacada de contexto, ya que intentaba contextualizar que el paro no era de alcance nacional y no representaba a todos los sectores agrícolas: “me citaron la primera parte de la frase que no la he debido decir para no darles la oportunidad a los periodistas de que la sacaran fuera de contexto y me tocó pagar las consecuencias” En sus explicaciones posteriores a medios de comunicación como RCN La Radio, el presidente Santos admitió que su frase inicial generó confusión y protestas legítimas, reconociendo que sonó despectiva y que, en retrospectiva, debería haber evitado dicha expresión para no brindar oportunidades de sacarla de contexto a los periodistas. A pesar de intentar -presuntamente- poner las cosas en el contexto correcto, el presidente admitió su error al haber usado una frase que desestimaba las preocupaciones de los sectores agrarios en su intento por explicar la verdadera dimensión del paro agrario, pues, según él, la frase “sonó despectiva”. Durante este paro, según reportes de la Policía, se presentaron "cierres totales" de vías en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cundinamarca, Arauca y Antioquia. En Risaralda, los productores de café bloquearon el acceso a la capital, Pereira, en el sector del Remolino. Mientras tanto, en Caquetá, se registraron bloqueos en tres accesos a Florencia, la capital. Y, según la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño (Sagan), aproximadamente 800.000 litros de leche diarios no pudieron comercializarse en el departamento debido a los bloqueos.
+ Leer mas.Descripción Durante los diálogos de paz que culminaron con la desmovilización de la guerrilla FARC-EP, El expresidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que citaba a un plebiscito el 2 de octubre de 2016, con el fin de que los colombianos expresaran su respaldo o desacuerdo con los acuerdos mencionados. La firma del documento se llevó a cabo en la sede gubernamental un día después de que el Congreso aprobara por mayoría la convocatoria propuesta por el jefe de Estado. En la Cámara de Representantes, la iniciativa logró 127 votos a favor y 15 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 71 votos positivos y 21 negativos. La pregunta del plebiscito, que era -textualmente- “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?" suscitó varios tipos de reacciones. De parte de los críticos del proceso de paz, se cuestionó su formulación. "Es un engaño, es una pregunta que induce a la gente, porque ¿Quién no quiere una paz estable y duradera?", declaró el entonces senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, partido que fue el mayor opositor durante el gobierno Santos. Finalmente, el “No” ganó en el plebiscito, y la administración Santos se vio obligada a realizar ajustes al mismo. El cambio extendió el texto original de 297 a 310 páginas. En este conjunto de ajustes y modificaciones, el gobierno expresó que el acuerdo ya no sería parte integrante de la Constitución y, según las palabras del entonces presidente Santos, solo se mantendrían los aspectos concernientes a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, ya presentes en la Constitución, también llevó a que no se dieran jueces extranjeros en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), en el nuevo texto del acuerdo se añadieron también partes sobre cómo se determinará si el narcotráfico se considera un delito conexo a la rebelión o un delito político, y por ende, si puede ser considerado sujeto a amnistía. A pesar de esto, algunos líderes del "No" solicitaban que el narcotráfico no fuera sujeto de amnistía, por lo que esta modificación no satisfizo del todo su petición, ya que aparentemente solo establece esta restricción en casos donde haya habido beneficio económico personal. Las críticas hacia el proceso de paz con las FARC se profundizaron cuando Santos decidió firmar el acuerdo de paz a pesar del triunfo del 'No' en el referendo del 2 de octubre de 2016. Luego de 53 días de renegociaciones que incorporaron las propuestas de los partidarios del 'no', Juan Manuel Santos, el equipo negociador gubernamental, alias Timochenko, el equipo negociador de las FARC y algunos invitados se reunieron en el Teatro Colón, situado en el corazón de Bogotá, para firmar el nuevo acuerdo. Aunque el gobierno afirmó que incluyó la mayoría de las propuestas de los opositores, algunos de estos aseguraron que no era suficiente y que el acuerdo apenas presentaba modificaciones mínimas. No obstante, tras la firma, casi 7.000 guerrilleros se desmovilizaron, la ONU recibió más de 8.000 armas de las 14.000 que, según Santos, entregarían los excombatientes, y el año 2017 quedó registrado como el período con la cifra de homicidios más baja en cuatro décadas, así como la tasa de homicidios más reducida en tres décadas.
+ Leer mas.Durante la etapa crucial de la segunda vuelta presidencial de Colombia en 2010, Juan Manuel Santos se encontraba en un enfrentamiento con Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, sobre el aumento de los impuestos en los años venideros. En aquel momento, Mockus respaldaba la impopular y poco atractiva idea de aumentar los impuestos, argumentando: "Si Colombia quiere construir futuro necesita invertir en ciencia y tecnología, no la migaja que hoy en día invierte”, en el debate televisado en mayo de 2010. Sin embargo, en plena campaña, Santos optó por una propuesta más popular: no aumentar los impuestos. Llegando incluso a declarar: “Le puedo firmar sobre piedra o sobre mármol, si es necesario, que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos durante mi Gobierno”. Enfatizó aún más su posición afirmando: "Habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas”. Adicionalmente a estas declaraciones del entonces candidato, economista en la Universidad de Kansas, y doctorado en Administración Pública en la Universidad de Harvard, se añadió su rechazo al impuesto del 4 por mil, calificándolo como “un impuesto absolutamente antitécnico”. Además, argumentó que Colombia no necesitaba una reforma tributaria: “El mercado dice que es perfectamente factible que Colombia siga creciendo sin aumentar los impuestos”, proponiendo “mejorar los sistemas de recaudo, sin tocar las tarifas”. No obstante, los titulares económicos y las políticas tributarias experimentaron cambios significativos apenas dos años después, y desde entonces se realizaron varias modificaciones. La primera reforma tributaria bajo el gobierno de Santos se implementó en diciembre de 2010, estableciendo la reducción progresiva del Gravamen a los Movimientos Financieros y eximiendo del IVA los servicios de internet para los estratos 1, 2 y 3. En la reforma de 2012, los ciudadanos con ingresos superiores a los 3,3 millones de pesos (aproximadamente 1,900 dólares en ese momento) debían pagar el Impuesto Mínimo Alternativo, Iman. Se alteraron las reglas para aquellos con mayores ingresos que se beneficiaban de deducciones, lo que implicaba empezar a pagar un "impuesto mínimo razonable", según la perspectiva de Santos. También se redujeron los impuestos sobre el empleo del 29,5% al 16% y se simplificaron las tasas del IVA de siete a tres: 0%, 5% y 16%. En diciembre de 2014, Santos aprobó otra reforma tributaria que, según sus argumentos, contribuiría a combatir la pobreza y afectaría a individuos y compañías con patrimonios superiores a mil millones de pesos. Explicando que estas reformas exigirían un esfuerzo por parte de las grandes empresas del país -alrededor de unas 32 mil- con un patrimonio superior a mil millones de pesos, así como de los ciudadanos más acaudalados, aproximadamente 50 mil personas con un patrimonio por encima de esa cifra. Sin embargo, afirmó enfáticamente que estas medidas no afectarían a la clase media del país ni a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como las pymes. Destacó que esta reforma se gestó a partir de escuchar las inquietudes y sugerencias de los empresarios, lo que llevó a la eliminación del impuesto a la riqueza, que él prefería denominar "impuesto contra la pobreza", asegurando que este impuesto desaparecería en 2018. A partir del 1 de enero de 2017, los colombianos presenciaron un aumento significativo de impuestos sobre productos de uso diario como papel higiénico, ropa, electrodomésticos, jabones e incluso condones. El IVA pasó del 16% al 19% para estos productos, a pesar de las previas advertencias realizadas por Santos en 2010, alertando que el incremento de dicho impuesto "limita el poder adquisitivo y reduce la actividad comercial".
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