Publicado, 4/23/2024
El 23 de febrero de 2002, Íngrid Betancourt, entonces candidata presidencial en Colombia, fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El secuestro ocurrió después de que ella desafiara múltiples advertencias y rechazara la protección ofrecida por el Ejército y la Policía. Cuatro años después de su liberación, varias revelaciones sugieren que su decisión de viajar a San Vicente del Caguán, a pesar de los riesgos evidentes, fue una acción imprudente que puso en peligro su vida y la de su equipo de seguridad. Los detalles del secuestro revelan que Betancourt fue advertida en varias ocasiones sobre el peligro de viajar a la zona de San Vicente del Caguán. Según el general Enrique Mora Rangel, el Ejército le explicó a Betancourt que la situación en la zona era extremadamente peligrosa, con combates y quema de vehículos. Se le recomendó que no continuara por esa vía. Incluso se le negó el uso de helicópteros militares, ya que estaban reservados para misiones oficiales del presidente Andrés Pastrana, quien también estaba en la región. El general William Fernando Pérez Guarnizo, entonces comandante de la Duodécima Brigada del Ejército en Caquetá, recordó una conversación con el jefe de seguridad de Betancourt, el capitán Jaime Alberto Barrera Hoyos, quien describió a Betancourt como una "niña malcriada" que exponía a sus escoltas a peligros innecesarios. Barrera relató que acompañaron a Betancourt hasta el último retén seguro y la instaron a no continuar. Sin embargo, ella decidió avanzar, exponiéndose a un riesgo considerable. Los testimonios de testigos clave sugieren que Betancourt tomó la decisión de viajar por tierra a San Vicente del Caguán a pesar de las advertencias explícitas. Según Arcesio Barrero, entonces comandante de la Cuarta División del Ejército, Betancourt firmó varios libros de registro asumiendo la responsabilidad por su propia seguridad. La candidata presidencial mostró una obstinación inusual, desestimando las recomendaciones de las autoridades y exponiéndose a un riesgo extremo. La insistencia de Betancourt en viajar a pesar de las advertencias planteó preguntas sobre su motivación. Algunos sugieren que estaba más preocupada por su imagen pública y su campaña política que por su seguridad. Su comportamiento temerario tuvo consecuencias trágicas no solo para ella, sino también para su equipo de seguridad y para los soldados que se arriesgaron para rescatarla. Tras su liberación en 2008, Betancourt presentó una demanda contra el Estado colombiano, argumentando que no se le brindó la protección adecuada. Esta acción legal generó indignación entre los militares y las fuerzas de seguridad, quienes habían arriesgado sus vidas para rescatarla. El general Pérez Guarnizo expresó su decepción ante la demanda de Betancourt, destacando que muchos soldados murieron o resultaron heridos en operaciones para su rescate. El general Barrero también expresó su sorpresa y desconcierto por las declaraciones de Betancourt, quien cuestionó la actuación del Ejército durante su secuestro. Para Barrero, las pruebas documentales demuestran que Betancourt salió por su propia cuenta y riesgo, ignorando las advertencias y las normas de seguridad. La historia del secuestro de Íngrid Betancourt plantea serias preguntas sobre la responsabilidad personal y la importancia de seguir las advertencias de seguridad. La terquedad y la obstinación de Betancourt la llevaron a una situación peligrosa que podría haberse evitado. Su decisión no solo puso en riesgo su propia vida, sino también la de aquellos que intentaron protegerla y rescatarla.