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Es un político y filósofo colombiano de 62 años nacido en Bogotá. Actualmente es senador del Pacto Histórico y ha tenido una destacada carrera como defensor de los derechos humanos y promotor de la paz en Colombia. Cepeda es vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), fundado en 2003 para representar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y organizaciones defensoras de derechos humanos. Su labor en este ámbito le mereció el Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin en 2007. Desde 2012, Cepeda ha jugado un papel crucial como facilitador de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Luego, en 2015, desempeñó un rol similar en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2022, participó en las legislativas como parte del Pacto Histórico, obteniendo un escaño en el Senado. Cepeda tiene antecedentes en la filosofía, habiendo estudiado en la Universidad San Clemente de Ohrid en Sofía, Bulgaria, y especializándose en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Después del asesinato de su padre, Manuel Cepeda, en 1994, fundó junto con su esposa la Fundación Manuel Cepeda Vargas para investigar su muerte. Lideró esfuerzos para condenar a los responsables del asesinato de su padre y, posteriormente, fue exiliado a Francia. En el ámbito político, Cepeda se unió al Polo Democrático y fue elegido representante por Bogotá en 2010. Posteriormente, saltó al Senado en 2014, logrando reelegirse en 2018 y 2022. Ha trabajado intensamente en la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, y en los diálogos de paz con el ELN. Además, es cofundador del movimiento ciudadano "Defendamos la Paz" y ha sido un activista comprometido con los derechos humanos. Cepeda ha enfrentado acusaciones de manipulación de testigos por parte del expresidente Álvaro Uribe, pero en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra él y abrió una investigación contra el expresidente por los mismos cargos. En el actual gobierno de Gustavo Petro, Cepeda es uno de los arquitectos de la "Paz Total" y continúa trabajando activamente para fomentar el diálogo y la reconciliación en Colombia.
Durante el año 2023, el Gobierno colombiano tuvo un complicado panorama en el Congreso debido a la controversia generada por diversos proyectos de ley. Uno de los más polémicos fue el propuesto por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien introdujo un proyecto para sancionar a aquellos que "obstruyan la paz". Esta propuesta se convirtió rápidamente en un foco de críticas y fue objeto de revisión tras recibir una avalancha de cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y sociales. El proyecto de ley presentado por Iván Cepeda en noviembre de 2023 pretendía crear una nueva figura delictiva en el Código Penal colombiano para quienes obstaculizaran los procesos de paz en curso o impidieran la ejecución de acuerdos negociados con grupos al margen de la ley. El senador, quien es un conocido defensor de la paz y uno de los negociadores del Gobierno en los diálogos con el ELN, explicó que la intención era sancionar acciones como el asesinato de firmantes de acuerdos de paz o la corrupción que afectara la implementación de estos acuerdos. La propuesta incluía penas de prisión de 10 a 15 años y multas que oscilaban entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, la naturaleza vaga del proyecto suscitó inquietudes respecto a la posibilidad de que este pudiera usarse para reprimir la libertad de expresión y silenciar a quienes criticaran la política de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el momento en que el proyecto fue presentado, las críticas no tardaron en llegar. Políticos y figuras de la oposición denunciaron la propuesta como una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión. Hernán Cadavid, representante a la Cámara, fue uno de los primeros en expresar su descontento, señalando que el proyecto creaba delitos redundantes. "Para los homicidios, está el delito de homicidio. Para los hurtos, está el delito de hurto. Para el funcionario que se apropia, está el peculado", dijo Cadavid. "Crear el delito de ‘obstrucción de paz’ es un atentado a la democracia con cara de dictadura". Otros líderes políticos, como la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, sugirieron que el proyecto podría ser utilizado para proteger la política del Gobierno y silenciar a sus críticos. "¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado ‘obstrucción a la paz’, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’", señaló Cabal. Ante la intensa reacción negativa, Iván Cepeda anunció que haría ajustes al proyecto para evitar malentendidos. Durante una rueda de prensa el 24 de noviembre de 2023, el senador afirmó que su iniciativa no buscaba limitar la libertad de expresión ni acallar las críticas. "Este no es un proyecto, y lo dice en la modificación que ha tenido, contra la libertad de expresión, de opinión o del trabajo que hace la prensa", aclaró Cepeda. En la misma línea, el senador explicó que el proyecto estaba diseñado para sancionar conductas claramente delictivas, como el asesinato de firmantes de paz o el robo de recursos destinados a procesos de paz. Sin embargo, el hecho de que Cepeda tuviera que aclarar estos puntos solo subrayó la preocupación de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de abuso y censura. La reacción en contra del proyecto de ley de Cepeda puso de manifiesto la importancia de la transparencia y el diálogo en los procesos de paz. Diversos expertos, como Angelika Rettberg, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, señalaron que la sociedad necesita más análisis y debate, no menos. Francisco Daza, coordinador de la línea Paz y Posconflicto de la Fundación Pares, sugirió que las modificaciones al proyecto debían enfocarse en garantizar que no se persiguiera a quienes tuvieran opiniones diferentes. A pesar de los ajustes anunciados, el proyecto de ley de Iván Cepeda se convirtió en un símbolo de las tensiones entre las políticas de paz del Gobierno Petro y la preocupación por la libertad de expresión. La propuesta, inicialmente destinada a proteger los procesos de paz, reveló las profundas divisiones en la sociedad colombiana y puso en cuestión la credibilidad y transparencia del proceso de paz total. A medida que el debate continúa, queda por ver si el proyecto será reformulado para abordar las críticas o si finalmente será archivado como su versión anterior.
+ Leer mas.La trayectoria política de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, se caracteriza por un enfoque persistente y a menudo polémico en su cruzada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo largo de los años, Cepeda ha estado en el centro de las acusaciones y litigios relacionados con el expresidente, y su nombre es sinónimo de una campaña incesante para vincular a Uribe con el paramilitarismo y otros delitos. El enfrentamiento entre Cepeda y Uribe se hizo notorio durante el proceso penal por presunta manipulación de testigos, en el cual el senador Cepeda fue una parte clave. A través de años de investigación, Cepeda recorrió cárceles en Colombia y Estados Unidos en busca de testigos que pudieran implicar a Uribe con el paramilitarismo. Este proceso, que culminó con la detención preventiva de Uribe en 2020, atrajo la atención nacional e internacional, dividiendo opiniones y provocando controversias. El abogado del expresidente, Jaime Granados, describió la actitud de Cepeda como "obsesión" hacia Uribe. No es una crítica infundada: el senador del Polo Democrático ha mantenido una actitud beligerante en cada etapa del proceso, defendiendo sus acciones y recalcando la importancia de buscar justicia. Sin embargo, sus métodos han sido cuestionados, y algunos sugieren que su enfoque obsesivo ha tenido efectos negativos en el proceso judicial y en la política colombiana. El historial de Cepeda en este caso está plagado de controversias. Una de las acusaciones más serias fue la supuesta destrucción de chats entre Cepeda y el testigo Juan Guillermo Monsalve, evidencia que podría haber sido crucial en el caso contra Uribe. El abogado Víctor Mosquera presentó una denuncia contra Cepeda por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. En respuesta, Cepeda argumentó que los chats fueron entregados a la Corte Suprema, pero la defensa de Uribe afirmó que solo se presentaron pantallazos y que el dispositivo original no se entregó a las autoridades. Otra polémica involucró al magistrado César Reyes, quien supuestamente tenía una conexión con la esposa de Cepeda, lo que generó acusaciones de conflicto de intereses. Uribe criticó al magistrado, sugiriendo que no podría ser imparcial debido a esta conexión. Cepeda se defendió argumentando que sus visitas a las cárceles estaban motivadas por su interés en los derechos humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia en Colombia. Sin embargo, sus acciones han sido vistas como parte de una agenda política más amplia para socavar la credibilidad del expresidente y su partido político. En su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, Cepeda detalló sus visitas a las cárceles y la información que recopiló de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso Sierra". Estas visitas, según Cepeda, estaban destinadas a obtener información sobre crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, las acusaciones de presunta manipulación de testigos y la oferta de beneficios a cambio de testimonios contra Uribe generan sospechas sobre los motivos reales de Cepeda. La relación de Cepeda con la fallecida exsenadora Piedad Córdoba también ha suscitado controversia. En las visitas a las cárceles, Córdoba estuvo presente en varias ocasiones junto con Cepeda. El testimonio de "El Tuso Sierra" alegó que tanto Cepeda como Córdoba ofrecieron "asilo político" a su familia a cambio de información incriminatoria contra Uribe y otros políticos. El enfrentamiento entre Cepeda y Uribe continúa siendo un punto focal en la política colombiana, pero la obsesión del senador por el expresidente plantea interrogantes sobre sus motivos y la imparcialidad de su lucha. Mientras Cepeda afirma que su única obsesión es la verdad y la justicia, sus acciones y las controversias a su alrededor sugieren que su enfoque podría ser más personal y político de lo que quiere admitir.
+ Leer mas.El senador Iván Cepeda, conocido por sus posiciones radicales y polémicas, generó controversia en 2024 tras acusar al expresidente Andrés Pastrana de tener vínculos con el paramilitarismo durante su mandato. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no abrir una investigación formal contra el senador, el episodio revela una táctica recurrente en la estrategia política de Cepeda, caracterizada por acusaciones infundadas y difamatorias. Todo comenzó en mayo de 2023, cuando Cepeda utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para afirmar que el expresidente Pastrana había recibido dinero de paramilitares para su campaña presidencial, sugiriendo que este hecho explicaba el fortalecimiento del paramilitarismo durante su gobierno (1998-2002). El senador no dudó en basar sus acusaciones en declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien indicó que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían financiado la campaña presidencial de Pastrana. Ante estas graves acusaciones, el expresidente Andrés Pastrana interpuso una querella ante la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2023 por injuria y calumnia. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Corte Suprema decidió abstenerse de abrir una investigación formal contra Cepeda, argumentando que las declaraciones del senador no cumplían con los requisitos para configurar el delito de calumnia. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal señaló que la información sobre el supuesto apoyo de los paramilitares a la campaña de Pastrana provino de una diligencia judicial, respaldada por informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, no se demostró que la campaña presidencial de Pastrana hubiera recibido tal apoyo, y la falta de pruebas sólidas llevó a la Corte a desestimar la demanda del expresidente. A pesar de la decisión de la Corte, Cepeda se mantuvo firme en sus acusaciones, afirmando que sus afirmaciones estaban basadas en documentos y pruebas que justificaban su postura. El senador incluso dijo que, una vez terminada la disputa legal con Pastrana, presentaría su propia denuncia por calumnia contra el expresidente. En octubre de 2023, Cepeda indicó que los documentos presentados para sustentar sus afirmaciones demostraban que fue en el gobierno de Pastrana cuando surgió y se desarrolló el fenómeno de la parapolítica en Colombia. Estas declaraciones, aunque no sustentadas por pruebas concretas, muestran la tendencia de Cepeda a utilizar estrategias de confrontación para lograr sus objetivos políticos. La actitud de Cepeda ha suscitado críticas de diversos sectores políticos y de la sociedad civil. Muchos ven en sus acciones una táctica peligrosa que busca desacreditar a figuras públicas sin pruebas suficientes. La decisión de la Corte Suprema de no investigar al senador se percibe como un intento de frenar una campaña de difamación, aunque algunos temen que esto pueda dar carta blanca a Cepeda para continuar con sus acusaciones infundadas. El expresidente Pastrana, por su parte, ha mantenido un perfil bajo tras la decisión del alto tribunal, pero su equipo legal ha señalado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no analizó adecuadamente las pruebas presentadas para demostrar la falsedad de las acusaciones de Cepeda. El caso de Iván Cepeda y sus acusaciones contra Andrés Pastrana refleja una estrategia política basada en la confrontación y la difamación, que puede tener consecuencias peligrosas para el sistema judicial y la estabilidad política de Colombia. La falta de pruebas sólidas y el uso de declaraciones controvertidas para desacreditar a figuras públicas subrayan la necesidad de un escrutinio cuidadoso en este tipo de casos. A medida que el senador continúe con su campaña contra Pastrana, será crucial observar cómo las autoridades judiciales y la opinión pública reaccionan a sus tácticas agresivas.
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