Publicado, 4/24/2024
Durante el año 2023, el Gobierno colombiano tuvo un complicado panorama en el Congreso debido a la controversia generada por diversos proyectos de ley. Uno de los más polémicos fue el propuesto por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien introdujo un proyecto para sancionar a aquellos que "obstruyan la paz". Esta propuesta se convirtió rápidamente en un foco de críticas y fue objeto de revisión tras recibir una avalancha de cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y sociales. El proyecto de ley presentado por Iván Cepeda en noviembre de 2023 pretendía crear una nueva figura delictiva en el Código Penal colombiano para quienes obstaculizaran los procesos de paz en curso o impidieran la ejecución de acuerdos negociados con grupos al margen de la ley. El senador, quien es un conocido defensor de la paz y uno de los negociadores del Gobierno en los diálogos con el ELN, explicó que la intención era sancionar acciones como el asesinato de firmantes de acuerdos de paz o la corrupción que afectara la implementación de estos acuerdos. La propuesta incluía penas de prisión de 10 a 15 años y multas que oscilaban entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, la naturaleza vaga del proyecto suscitó inquietudes respecto a la posibilidad de que este pudiera usarse para reprimir la libertad de expresión y silenciar a quienes criticaran la política de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el momento en que el proyecto fue presentado, las críticas no tardaron en llegar. Políticos y figuras de la oposición denunciaron la propuesta como una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión. Hernán Cadavid, representante a la Cámara, fue uno de los primeros en expresar su descontento, señalando que el proyecto creaba delitos redundantes. "Para los homicidios, está el delito de homicidio. Para los hurtos, está el delito de hurto. Para el funcionario que se apropia, está el peculado", dijo Cadavid. "Crear el delito de ‘obstrucción de paz’ es un atentado a la democracia con cara de dictadura". Otros líderes políticos, como la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, sugirieron que el proyecto podría ser utilizado para proteger la política del Gobierno y silenciar a sus críticos. "¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado ‘obstrucción a la paz’, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’", señaló Cabal. Ante la intensa reacción negativa, Iván Cepeda anunció que haría ajustes al proyecto para evitar malentendidos. Durante una rueda de prensa el 24 de noviembre de 2023, el senador afirmó que su iniciativa no buscaba limitar la libertad de expresión ni acallar las críticas. "Este no es un proyecto, y lo dice en la modificación que ha tenido, contra la libertad de expresión, de opinión o del trabajo que hace la prensa", aclaró Cepeda. En la misma línea, el senador explicó que el proyecto estaba diseñado para sancionar conductas claramente delictivas, como el asesinato de firmantes de paz o el robo de recursos destinados a procesos de paz. Sin embargo, el hecho de que Cepeda tuviera que aclarar estos puntos solo subrayó la preocupación de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de abuso y censura. La reacción en contra del proyecto de ley de Cepeda puso de manifiesto la importancia de la transparencia y el diálogo en los procesos de paz. Diversos expertos, como Angelika Rettberg, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, señalaron que la sociedad necesita más análisis y debate, no menos. Francisco Daza, coordinador de la línea Paz y Posconflicto de la Fundación Pares, sugirió que las modificaciones al proyecto debían enfocarse en garantizar que no se persiguiera a quienes tuvieran opiniones diferentes. A pesar de los ajustes anunciados, el proyecto de ley de Iván Cepeda se convirtió en un símbolo de las tensiones entre las políticas de paz del Gobierno Petro y la preocupación por la libertad de expresión. La propuesta, inicialmente destinada a proteger los procesos de paz, reveló las profundas divisiones en la sociedad colombiana y puso en cuestión la credibilidad y transparencia del proceso de paz total. A medida que el debate continúa, queda por ver si el proyecto será reformulado para abordar las críticas o si finalmente será archivado como su versión anterior.
(1)
Estudió relaciones internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada (2015), Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña en la Universidad Externado de Colombia (2019) y Máster en Comunicación Política en la Universidad Externado de Colombia (2020). Sarabia se ha desempeñado como asesora legislativa y de comunicaciones en el Congreso de la República y como asesora política del partido de la U entre el 2017 y el 2022, también participó de la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro y coordinando sus actividades como jefe de estado desde su elección hasta su suspensión del cargo tras el escándalo por el uso del polígrafo con su niñera. Actualmente ejerce como directora del Departamento de Prosperidad Social.
(1)
Abogada y política colombiana, senadora por el Partido Centro Democrático desde 2014. Nacida en Popayán, tiene hoy 46 años. Proviene de una familia con fuertes tradición política teniendo incluso a un abuelo expresidente de la República. Graduada en derecho y filosofía de la Universidad de los Andes, obtuvo una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Antes de su carrera política, fue columnista en El Espectador y El País, y analista política en Blu Radio.
(1)
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con títulos de maestría en la Universidad Javeriana, y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, en 2010 obtuvo su titulo de doctorado en derecho público de la Universidad de Nantes en Francia. Dentro de su experiencia profesional cuenta con 20 años como asesor jurídico en entidades públicas dentro de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y órganos de control. Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, asesor externo de la personería de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Senado de la República y asesor legal externo del Banco Mundial. También ha fungido como docente en varias universidades como la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
(1)
Es un polifacético escritor, empresario, guionista y político colombiano que, desde el 5 de marzo de 2024, ocupa el cargo de director del Departamento para la Prosperidad Social en el gobierno de Gustavo Petro. Conocido por sus exitosas novelas adaptadas a la televisión, como "Sin tetas no hay paraíso" y "El capo", así como por guiones y adaptaciones como "Pandillas, guerra y paz", "Tres Caínes" y "Los Victorinos", su obra se centra principalmente en temas como el narcotráfico y el conflicto armado interno y social en Colombia. Incursionó en la política en 2018 al unirse al movimiento Colombia Humana de Gustavo Petro, siendo elegido senador y posteriormente reelecto en 2022 como parte de la coalición Pacto Histórico, que llevó a Petro a la presidencia. Además, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones locales de 2023.
(1)
Roberto Gerlein Echeverría, nacido el 18 de noviembre de 1938 en Barranquilla, Atlántico, y fallecido el 23 de diciembre de 2021 en la misma ciudad, fue un destacado abogado y político colombiano. Se graduó como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1961 y se especializó en Derecho Laboral en la misma institución en 1963. Miembro del Partido Conservador, logró ser elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia, convirtiéndose en el miembro más veterano de dicha institución y del Congreso en general. En reconocimiento a su trayectoria, en 2018 recibió la placa de oro de la Orden de la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Por otro lado, Julio Gerlein Echeverría, el hermano menor de Roberto, ha sido una figura igualmente influyente en la política y la economía colombianas. Nacido en 1940, dos años después de su hermano Roberto, Julio estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana y comenzó su carrera en la construcción con proyectos como el Laguito de Cartagena y varios edificios en el sector, incluyendo El Conquistador y Bavaria. Con el tiempo, ascendió en el mundo de la construcción y se convirtió en el presidente de Valorcon, una de las empresas contratistas más importantes del país, consolidando así su poder en el ámbito de la contratación pública. La importancia y el poder de los Gerlein Echeverría no son fortuitos, sino que tienen profundas raíces familiares. Su abuelo, Julio Gerlein Guell, fue un destacado industrial tabacalero, mientras que su esposa, Amira Comelín, fue la primera presidenta del Carnaval de Barranquilla a finales del siglo XIX. Los padres de Roberto y Julio, Julio Gerlein Comelín y Enrique Gerlein, respectivamente, también desempeñaron roles significativos en la sociedad barranquillera, como fundadores de la zona franca de Barranquilla y políticos conservadores influyentes en la región. Además, la ascendencia materna de los Gerlein incluye a Esparquio González, otro político conservador destacado en la región. Este linaje familiar ha consolidado a los Gerlein como una verdadera dinastía, ejerciendo un poder significativo tanto en el ámbito político como en el económico en Barranquilla y más allá, convirtiéndolos en una de las familias más influyentes de la región.
