Publicado, 3/11/2024
En un golpe contundente para la carrera política de Rodolfo Hernández, la Procuraduría General de la Nación anunció su decisión de sancionar al excandidato presidencial con una destitución e inhabilitación general por 14 años. Este fallo se basa en el caso de corrupción conocido como 'Vitalogic', que se desarrolló durante su mandato como Alcalde de Bucaramanga. El miércoles 31 de mayo del presente año, la Procuraduría hizo público el veredicto que conmocionó a la opinión pública. La sanción impuesta a Hernández surge a raíz de su presunta intervención indebida en el proceso de selección del contrato para el manejo de residuos sólidos a favor de la Unión Temporal Vitalogic RSU. Este contrato, de resultar adjudicado, implicaría beneficios económicos para su hijo, en virtud de un acuerdo de corretaje previamente pactado. Los detalles del caso revelan una trama de intereses cruzados y maniobras ilegales. Según la investigación de la Procuraduría, Hernández mantuvo contactos directos con representantes de la tecnología que competía por el contrato, proporcionándoles información privilegiada sobre los requisitos necesarios para garantizar su adjudicación. Este actuar le confería una ventaja injusta sobre otros competidores en el proceso de licitación. El proyecto en cuestión, que buscaba transformar los desechos del relleno sanitario El Carrasco mediante una planta de energía a base de residuos sólidos, se convirtió en el centro de un escándalo que ha marcado el declive político de Hernández. La decisión de la Procuraduría destaca la existencia de un convenio previo para otorgar beneficios económicos al hijo del exalcalde, Luis Carlos Hernández Oliveros, a cambio de su intervención en el proceso contractual. El entramado de corrupción incluye acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), con el objetivo de eludir las reglas de contratación y asegurar la formalización del negocio con Vitalogic. Este oscuro episodio, que se desarrolló durante el período 2016-2019, ha dejado en entredicho la integridad de Hernández y ha puesto fin a sus aspiraciones políticas, incluyendo su candidatura presidencial. La sanción de la Procuraduría representa un duro golpe para Hernández, quien se presentaba como un defensor de la anticorrupción. Con su inhabilitación por 14 años, se cierra un capítulo oscuro en la historia política de Bucaramanga y se envía un mensaje contundente sobre la intolerancia frente a la corrupción en el ámbito público. Además de la sanción disciplinaria, el caso Vitalogic también ha generado repercusiones legales adicionales. Hernández enfrenta un proceso abierto en la Fiscalía, donde se mantiene firme en su declaración de inocencia. Sin embargo, con esta nueva condena, sus opciones de recuperar su carrera política se ven considerablemente reducidas. Aunque Hernández aún conserva la posibilidad de apelar la decisión de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, el panorama para su futuro político se presenta sombrío. Con 14 años de inhabilitación, el exalcalde se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones y afrontar el ocaso de una carrera política marcada por la corrupción y la ambición desmedida.