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Dos veces alcalde de Cali, nació en 1965 en Cali. Es médico cirujano graduado del Instituto Victoria de Girón en La Habana, Cuba, y especialista en gestión de la salud de la Universidad Icesi. Su padre, Iván Marino Ospina, fue comandante del M-19 y falleció en un operativo militar en Cali en 1985, mientras que su hermano, Mauricio Ospina, fue congresista del Polo Democrático. Ospina ocupó el cargo de alcalde de Cali durante dos períodos, entre 2008 y diciembre de 2011, siendo suspendido por la Procuraduría poco antes de finalizar su primer mandato debido a su ausencia en las reuniones del Consejo Municipal de Política Social. Su experiencia en el sector público abarca más de 15 años, iniciando como asistente técnico de la Secretaría de Salud Municipal de Cali en 1992 durante la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero, y posteriormente ocupando cargos directivos en la administración de la salud local, como director del Núcleo Marroquín Cauquita y del Hospital Carlos Holmes Trujillo.
La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo una imputación de cargos contra el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, así como contra otros dos funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado navideño en la ciudad durante el año 2020. Este proceso judicial ha generado atención pública debido a las acusaciones de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción. Los hechos que motivaron esta acción legal ocurrieron el 26 de agosto de 2020, cuando Ospina, junto con Juan Diego Flórez, exgerente de las Empresas Públicas Municipales (Emcali), y Marco Aurelio Vera Díaz, exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos Municipales, suscribieron directamente un contrato por un valor significativo de 10.335.292.032 pesos para el alumbrado navideño de la ciudad. La Fiscalía argumenta que este contrato fue otorgado bajo la modalidad de contrato interadministrativo, presuntamente sin seguir el procedimiento adecuado de licitación pública, como lo exige la normativa para contratos de esta magnitud. Según la legislación vigente, la licitación pública permite la participación de varios oferentes y la elección de la propuesta más ventajosa para la ciudad. En el marco de la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 29 de enero de 2024, Ospina y los otros dos exfuncionarios enfrentaron acusaciones formales por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, Marco Aurelio Vera Díaz fue imputado por el delito adicional de prevaricato por acción, por su presunta participación en la viabilización del contrato de alumbrado público mediante una resolución emitida en agosto de 2020. Es importante destacar que ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, lo que significa que el proceso judicial continuará su curso normal hasta llegar a una resolución final. Además de esta imputación de cargos, la gestión de Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali ha estado bajo escrutinio por otras cuestiones. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra funcionarios no identificados de su administración debido al deterioro significativo del parque automotor destinado al arreglo de vías en la ciudad. Este deterioro, detectado por la administración del alcalde Alejandro Eder, reveló que más de la mitad de los vehículos asignados para estas labores se encontraban inactivos por problemas mecánicos, generando preocupaciones sobre la gestión y mantenimiento adecuados de los recursos municipales. En el marco de esta investigación, se revisarán miles de derechos de petición y fallos de incumplimiento relacionados con obras suspendidas que debían ser finalizadas durante la gestión de Ospina. El objetivo de esta indagación es determinar si existen acciones potencialmente irregulares por parte de los funcionarios implicados, así como establecer si estas acciones constituyen faltas disciplinarias o si existen justificaciones legales que eximan de responsabilidad a los sujetos procesales. Este proceso judicial y administrativo refleja la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en la contratación pública y el uso de recursos municipales, así como la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo adecuado de los mismos.
+ Leer mas.El mandato del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, estuvo marcado por una serie de polémicas y desafíos en la gestión de recursos públicos, evidenciados en cifras concretas y datos específicos. Uno de los temas que generó mayor controversia fue el gasto de más de $200 millones en la publicación de libros que documentaban las memorias de su gobierno. Este gasto fue objeto de críticas debido a su magnitud y al posible detrimento patrimonial que representaba para la ciudad. Además, se reveló que cinco entidades municipales destinaron aproximadamente $211 millones para la elaboración de estos libros, lo que suscitó interrogantes sobre la justificación de los gastos y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. La polémica se intensificó con las acusaciones de presunta corrupción en la contratación de la Feria de Cali de 2020. La Procuraduría formuló cargos contra Ospina y su secretario de cultura por posibles sobrecostos en contratos relacionados con el evento, que ascendieron a 11.955 millones de pesos. Se cuestionó la falta de estudios previos para calcular los precios de los eventos virtuales y se señaló a Ospina por presunta omisión en sus funciones de control y supervisión. Estas acusaciones se sumaron a otras investigaciones previas contra la Alcaldía de Cali por presuntas irregularidades en la firma de contratos con contratistas con vínculos familiares con Ospina. Por ejemplo, se reveló que se firmaron acuerdos por un total de 63 mil millones de pesos con un contratista que tenía parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el exalcalde. Estos casos evidenciaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en la gestión pública para garantizar una administración eficiente y responsable en beneficio de la ciudadanía. En resumen, el mandato de Jorge Iván Ospina en Cali estuvo marcado por una serie de polémicas relacionadas con el gasto excesivo en publicaciones, presuntos sobrecostos en contratos y posibles conflictos de interés en la contratación. Estas situaciones resaltan la importancia de promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública para asegurar el buen uso de los recursos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
+ Leer mas.El 25 de diciembre del año 2020, mientras la ciudad de Cali celebraba su emblemática Feria, la Procuraduría General de la Nación emitió una sanción contra el entonces alcalde Jorge Iván Ospina por su gestión durante la Feria Virtual de 2020. La sanción llegó justo cuando Ospina se encontraba a seis días de finalizar su mandato. La investigación se centró en los altos costos, que ascendieron a 11.955 millones de pesos (más de 3 millones de dólares), para un evento que se llevó a cabo de manera virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia. La Procuraduría determinó que Ospina no supervisó adecuadamente el trabajo de José Darwin Lenis, quien era el secretario de Cultura y coordinador de la Feria en ese momento. La entidad de control consideró que Lenis cometió errores significativos en la organización de la Feria, ya que no realizó estudios previos detallados para determinar los costos y necesidades específicas de un evento virtual. En lugar de ello, se basó en contratos anteriores de ferias presenciales, lo que llevó a un gasto excesivo e injustificado. La Procuraduría concluyó que Ospina, en su calidad de alcalde, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas en la contratación estatal, lo que incluía supervisar el trabajo de sus subordinados. El contrato con la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) fue el centro del debate, ya que se determinó que no se realizaron los estudios necesarios para justificar el elevado costo del evento. A pesar de las críticas, la Feria de Cali de 2020 se llevó a cabo virtualmente, con actividades como el Salsódromo y conciertos de artistas reconocidos. Sin embargo, surgieron dudas sobre la necesidad del despliegue del alumbrado navideño y la transparencia en la contratación de servicios. Esta sanción se suma a las más de diez investigaciones que enfrenta Ospina por presuntas irregularidades durante su mandato como alcalde de Cali. Además, está pendiente de una imputación de cargos por actos de corrupción relacionados con el alumbrado navideño de la ciudad en 2020. La decisión de la Procuraduría puede ser apelada por Ospina y Lenis, pero refleja los desafíos que enfrenta la administración pública en términos de transparencia y gestión de recursos en Colombia.
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