Publicado, 9/21/2024
El pasado jueves 19 de septiembre de 2024, RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, interpuso una denuncia penal contra la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático. La denuncia, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, acusa a la senadora de liderar una campaña sistemática de desprestigio contra el sistema de medios públicos, poniendo en riesgo la seguridad de sus trabajadores y atentando contra la libertad de prensa. RTVC, bajo la dirección del periodista Hollman Morris, presentó la denuncia, señalando que los ataques sistemáticos de Cabal no solo han dañado la reputación del sistema de medios, sino que han provocado amenazas reales contra sus colaboradores. En su intervención, Morris subrayó que "una cosa es opinar y otra cosa es endilgar delitos", refiriéndose a las acusaciones infundadas que, según él, la senadora ha lanzado contra la entidad. Para Morris, las declaraciones de Cabal, quien ha acusado a RTVC de ser una “caja de resonancia de las FARC”, representan un peligro claro y directo para la integridad de los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en zonas de conflicto armado, como las 16 emisoras de paz instaladas en regiones afectadas por la violencia. La denuncia, respaldada por el exfiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, expone que los señalamientos de Cabal han contribuido a la creación de un ambiente hostil para los comunicadores de RTVC. Según Montealegre, la senadora ha atentado contra la libertad de prensa al vincular el trabajo periodístico del sistema de medios con el terrorismo, lo que ha generado una ola de amenazas y agresiones hacia los periodistas, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. El comunicado oficial de RTVC también hace énfasis en que las agresiones hacia sus trabajadores aumentaron tras los señalamientos de figuras de la oposición, particularmente del partido Centro Democrático, del cual Cabal es una de las representantes más visibles. En sus redes sociales y en intervenciones públicas, Cabal ha criticado abiertamente las decisiones editoriales de RTVC. En particular, ha cuestionado la decisión de entrevistar a figuras polémicas como Leonardo Díaz, comandante de los frentes 18 y 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, y a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En sus críticas, la senadora ha acusado al sistema de medios de ser un instrumento de propaganda del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que, según ella, está promoviendo un “show mediático” financiado con el dinero de los colombianos. ¿Qué respondió la senadora Cabal ante la denuncia de RTVC? Cabal, no se ha quedado callada, la senadora respondió a la denuncia impulsada por Morris, través de su cuenta en la red social X, alegando ser víctima de violencia de género y acusando al gerente de RTVC de llevar a cabo una campaña en su contra. Cabal argumentó que esta denuncia tiene como objetivo instaurar lo que ella llama el “delito de opinión” en Colombia, una estrategia que, según ella, busca silenciar a la oposición bajo el pretexto de la seguridad de los periodistas. Además, anunció que emprendería acciones legales contra Morris por lo que considera una “violencia sistemática” en su contra. En su defensa, Cabal ha sostenido que su labor como senadora es ejercer control político y denunciar lo que ella percibe como irregularidades en el manejo del sistema de medios públicos. Sin embargo, sus críticos, entre ellos periodistas y defensores de la libertad de prensa, han señalado que sus ataques no solo son irresponsables, sino peligrosos, pues promueven la polarización y ponen en riesgo la seguridad de quienes trabajan en el sector de los medios. Este enfrentamiento entre RTVC y María Fernanda Cabal no solo refleja las tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición, sino también una lucha más amplia por el control de la narrativa pública en Colombia. En un país donde la polarización política es cada vez más marcada, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas se encuentran en una posición precaria. ¿Hasta qué punto las críticas políticas cruzan la línea hacia la incitación al odio o la violencia? La respuesta a esta pregunta será clave en el desarrollo de este caso, que promete ser un hito en el debate sobre la libertad de expresión y el control político en Colombia.