Publicado, 3/11/2024
El 25 de diciembre del año 2020, mientras la ciudad de Cali celebraba su emblemática Feria, la Procuraduría General de la Nación emitió una sanción contra el entonces alcalde Jorge Iván Ospina por su gestión durante la Feria Virtual de 2020. La sanción llegó justo cuando Ospina se encontraba a seis días de finalizar su mandato. La investigación se centró en los altos costos, que ascendieron a 11.955 millones de pesos (más de 3 millones de dólares), para un evento que se llevó a cabo de manera virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia. La Procuraduría determinó que Ospina no supervisó adecuadamente el trabajo de José Darwin Lenis, quien era el secretario de Cultura y coordinador de la Feria en ese momento. La entidad de control consideró que Lenis cometió errores significativos en la organización de la Feria, ya que no realizó estudios previos detallados para determinar los costos y necesidades específicas de un evento virtual. En lugar de ello, se basó en contratos anteriores de ferias presenciales, lo que llevó a un gasto excesivo e injustificado. La Procuraduría concluyó que Ospina, en su calidad de alcalde, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas en la contratación estatal, lo que incluía supervisar el trabajo de sus subordinados. El contrato con la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) fue el centro del debate, ya que se determinó que no se realizaron los estudios necesarios para justificar el elevado costo del evento. A pesar de las críticas, la Feria de Cali de 2020 se llevó a cabo virtualmente, con actividades como el Salsódromo y conciertos de artistas reconocidos. Sin embargo, surgieron dudas sobre la necesidad del despliegue del alumbrado navideño y la transparencia en la contratación de servicios. Esta sanción se suma a las más de diez investigaciones que enfrenta Ospina por presuntas irregularidades durante su mandato como alcalde de Cali. Además, está pendiente de una imputación de cargos por actos de corrupción relacionados con el alumbrado navideño de la ciudad en 2020. La decisión de la Procuraduría puede ser apelada por Ospina y Lenis, pero refleja los desafíos que enfrenta la administración pública en términos de transparencia y gestión de recursos en Colombia.