Publicado, 2/23/2024
Antes de su retiro el Fiscal general Francisco Barbosa, gastó más de 180 millones de pesos para imprimir 5.500 libros que detallan su gestión en el cargo, estos libros fueron escritos por el equipo de comunicaciones de la Fiscalía y la impresión se realizó con la Imprenta Nacional. Estos libros, que suman 1548 paginas en total, se distribuirán en todas las sedes de la fiscalía incluyendo las que aún se encuentran en un estado de construcción, siendo un aproximado de 68 libros por sede. Este libro se titula “Fiscalía en la calle y en los territorios: Francisco Barbosa Delgado” y se compone por cinco tipos de obras: La primera se compone por un total de 3 libros en empaque tipo revistero, la segunda tendría 5 también con el mismo tipo de estuche, y las tres restantes serian 3 libros de 80 páginas aproximadamente. A pesar de toda la controversia generada por este gasto, la Fiscalía defendió la publicación de estos libros, argumentando que son una memoria histórica de la entidad (muy similar a la defensa que sacaron para las placas del Fiscal Francisco en las obras). Diferentes medios informaron que la edición y publicación de estos libros fue financiada por la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos.
El saliente general Francisco Barbosa, instaló placas con su nombre en varias de las sedes de la fiscalía para hacer un notorio recordatorio de su gestión, estas placas fueron instaladas en las Fiscalías de los departamentos de Huila, Guaviare y Boyacá, sin embargo, muchas de estas reparaciones que se atribuye en dichas placas, fueron de reparaciones y cambios mínimos como arreglos a baños, también varias ya se encontraban en proceso cuando asumió sus funciones en febrero de 2020. Varios sectores de la izquierda, y medios de comunicación en sus redes sociales denunciaron que estas placas que instaló Barbosa son “ilegales en las fiscalías” y al parecer solo son para exaltar su labor, según argumentan, la ley prohíbe la instalación de este tipo de placas o monumentos que recuerden la participación de funcionarios en la construcción de obras públicas, sin embargo la Fiscalía respondió a esta acusación asegurando que este decreto no es aplicable entidades propias de la rama judicial como es el caso de la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, el Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Christian Avendaño, anunció que demandaría a Barbosa para que estas placas sean retiradas de las instalaciones de la Fiscalía ya que el dinero público no debe ser usado en pro de la vanidad de los servidores públicos. Ante toda esta controversia, la directora administrativa de la Fiscalía, Astrid Torcoroma, defendió la instalación de las placas alegando que es una constancia histórica.
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Abogada de la Universidad Santiago de Cali. Fue candidata a la cámara de representantes en 2018, presidente del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia en el 2020; se presentó como precandidata a la presidencia en el 2022 en la campaña del Pacto Histórico ocupando el segundo lugar, razón por la cual Gustavo Petro decidió nombrarla como formula para su campaña presidencial. Premio Nacional de derechos humanos (2015) Premio ambiental Goldman (2018)
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Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con títulos de maestría en la Universidad Javeriana, y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, en 2010 obtuvo su titulo de doctorado en derecho público de la Universidad de Nantes en Francia. Dentro de su experiencia profesional cuenta con 20 años como asesor jurídico en entidades públicas dentro de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y órganos de control. Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, asesor externo de la personería de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Senado de la República y asesor legal externo del Banco Mundial. También ha fungido como docente en varias universidades como la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Roberto Gerlein Echeverría, nacido el 18 de noviembre de 1938 en Barranquilla, Atlántico, y fallecido el 23 de diciembre de 2021 en la misma ciudad, fue un destacado abogado y político colombiano. Se graduó como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1961 y se especializó en Derecho Laboral en la misma institución en 1963. Miembro del Partido Conservador, logró ser elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia, convirtiéndose en el miembro más veterano de dicha institución y del Congreso en general. En reconocimiento a su trayectoria, en 2018 recibió la placa de oro de la Orden de la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Por otro lado, Julio Gerlein Echeverría, el hermano menor de Roberto, ha sido una figura igualmente influyente en la política y la economía colombianas. Nacido en 1940, dos años después de su hermano Roberto, Julio estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana y comenzó su carrera en la construcción con proyectos como el Laguito de Cartagena y varios edificios en el sector, incluyendo El Conquistador y Bavaria. Con el tiempo, ascendió en el mundo de la construcción y se convirtió en el presidente de Valorcon, una de las empresas contratistas más importantes del país, consolidando así su poder en el ámbito de la contratación pública. La importancia y el poder de los Gerlein Echeverría no son fortuitos, sino que tienen profundas raíces familiares. Su abuelo, Julio Gerlein Guell, fue un destacado industrial tabacalero, mientras que su esposa, Amira Comelín, fue la primera presidenta del Carnaval de Barranquilla a finales del siglo XIX. Los padres de Roberto y Julio, Julio Gerlein Comelín y Enrique Gerlein, respectivamente, también desempeñaron roles significativos en la sociedad barranquillera, como fundadores de la zona franca de Barranquilla y políticos conservadores influyentes en la región. Además, la ascendencia materna de los Gerlein incluye a Esparquio González, otro político conservador destacado en la región. Este linaje familiar ha consolidado a los Gerlein como una verdadera dinastía, ejerciendo un poder significativo tanto en el ámbito político como en el económico en Barranquilla y más allá, convirtiéndolos en una de las familias más influyentes de la región.
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Influyente abogado, empresario y político colombiano nacido en Medellín hace 71 años. Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, siendo reelegido en 2006. Reconocido como el político colombiano más influyente del siglo XXI, Uribe es conocido por su mano dura contra el terrorismo y el narcotráfico a través de su política de seguridad democrática. Durante su mandato, logró reducir el secuestro y los homicidios, así como estimular el crecimiento económico y las inversiones extranjeras. Aunque su gobierno adelantó acercamientos de paz con diferentes facciones del conflicto armado en Colombia, también enfrentó críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, lo que ha generado múltiples procesos judiciales en su contra. Actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno. A nivel internacional, apoyó la guerra contra el terrorismo liderada por George W. Bush y respaldó diplomáticamente la invasión de Irak en 2003. A pesar de su popularidad inicial, su favorabilidad ha disminuido en los últimos años, llegando al 19% en 2021.
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Nacido en Cañasgordas, Antioquia en 1951, es una figura destacada en la política paisa, con una trayectoria que abarca diversas funciones públicas y cargos de responsabilidad. A sus 73 años de edad, ha dejado una huella significativa en la escena ejecutiva de la región. También es estadístico de labor y escritor. Inició su carrera política como alcalde de Medellín respaldado por el Partido Liberal entre 2001 y 2004, ha desempeñado roles clave en diversas instituciones educativas y gubernamentales, incluyendo la rectoría de la Universidad de Antioquia y la dirección del ICFES. Durante su mandato como alcalde, Pérez implementó varias iniciativas importantes, como la creación del Banco para Pobres (actualmente Banco de Oportunidades) y lideró proyectos de infraestructura pública como la Biblioteca Temática de la EPM y el Metrocable. Sin embargo, su gestión también enfrentó críticas y controversias, particularmente en relación con la Operación Orión del año 2013 y acusaciones de autoritarismo y despilfarro. A pesar de estos desafíos, Pérez mantuvo un nivel notable de aceptación pública, con una imagen positiva del 59% en 2007, y continuó desempeñando roles políticos importantes después de dejar la alcaldía, incluyendo coordinador de campañas presidenciales y aspirante a cargos como alcalde y gobernador. Su gestión como gobernador, a pesar de enfrentar crisis como la de Hidroituango, fue ampliamente respaldada por la población, obteniendo una aprobación del 77%. Pérez ha seguido participando activamente en la política colombiana, explorando incluso la posibilidad de postularse a la presidencia en 2022 y respaldando la candidatura de Gustavo Petro. En 2023, se inscribió nuevamente como candidato a la Gobernación de Antioquia con el aval de la ASI y el respaldo de varios partidos políticos, liderando una coalición llamada "Piensa en grande", que refleja su visión y ambiciones políticas, así como su capacidad para construir alianzas en el complejo panorama político de Colombia.