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Influyente abogado, empresario y político colombiano nacido en Medellín hace 71 años. Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, siendo reelegido en 2006. Reconocido como el político colombiano más influyente del siglo XXI, Uribe es conocido por su mano dura contra el terrorismo y el narcotráfico a través de su política de seguridad democrática. Durante su mandato, logró reducir el secuestro y los homicidios, así como estimular el crecimiento económico y las inversiones extranjeras. Aunque su gobierno adelantó acercamientos de paz con diferentes facciones del conflicto armado en Colombia, también enfrentó críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, lo que ha generado múltiples procesos judiciales en su contra. Actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno. A nivel internacional, apoyó la guerra contra el terrorismo liderada por George W. Bush y respaldó diplomáticamente la invasión de Irak en 2003. A pesar de su popularidad inicial, su favorabilidad ha disminuido en los últimos años, llegando al 19% en 2021.
En un giro inesperado para la política colombiana, la Corte Suprema de Justicia dictaminó en el año 2020 el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, un hito sin precedentes en la historia del país. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la carrera política del líder conservador, conocido por su mano dura contra la guerrilla de las FARC y su influencia duradera en la escena política colombiana. El caso que llevó al arresto de Uribe se centró en acusaciones de soborno y manipulación de testigos. La Corte Suprema investigó durante años las denuncias presentadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Estas acusaciones, respaldadas por testimonios de antiguos paramilitares, desencadenaron una serie de eventos que llevaron al arresto domiciliario del exmandatario. Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un antiguo miembro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien acusó a Uribe de haber participado en la fundación de dicho grupo paramilitar. Sin embargo, posteriormente, Monsalve se retractó de sus afirmaciones, alegando presiones por parte de los abogados de Uribe, entre ellos, Diego Cadena. Las grabaciones de conversaciones telefónicas de Uribe, obtenidas de forma accidental por las autoridades durante otra investigación, también jugaron un papel crucial en el caso. A pesar de las críticas de la defensa de Uribe sobre la admisibilidad de estas grabaciones como prueba, la Corte Suprema las consideró válidas y las incorporó al proceso. El arresto domiciliario de Uribe no solo tuvo repercusiones legales, sino también políticas. Como una figura influyente en la política colombiana durante décadas, Uribe ha sido el mentor político del actual presidente, Iván Duque, y su arresto envió ondas de choque a través del espectro político del país. Sus partidarios denunciaron una supuesta persecución política por parte de la Corte Suprema y acusaron al tribunal de responder a intereses políticos. El caso de Uribe es solo uno de los muchos en los que está involucrado el exmandatario. Con casi 60 investigaciones abiertas en su contra, que van desde homicidio hasta compra de votos, Uribe ha enfrentado numerosas acusaciones a lo largo de su carrera política. Sin embargo, el arresto domiciliario marcó un momento crítico en su trayectoria política y en la historia de Colombia. El legado de Álvaro Uribe en Colombia es complejo y polémico. A lo largo de su presidencia, Uribe implementó políticas de mano dura contra la guerrilla de las FARC y logró una reforma constitucional que le permitió buscar y ganar la reelección para un segundo mandato. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por presuntos vínculos con grupos paramilitares y violaciones de los derechos humanos. El arresto domiciliario de Uribe subraya la importancia de la independencia judicial y el estado de derecho en Colombia. A medida que el país avanza hacia el futuro, este episodio servirá como un recordatorio de la necesidad de garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial, independientemente del estatus político de los implicados.
+ Leer mas.En un trasfondo de agitación política y acusaciones mutuas, el nombre de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura central en la política del país, ha estado en el centro de un torbellino de controversias que trascienden generaciones. Desde su gestión en la década de 1990 hasta las recientes acusaciones en 2023, las relaciones de Uribe con los grupos paramilitares han sido objeto de un intenso escrutinio. En el año 2007, el entonces senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, arrojó luz sobre lo que él afirmó eran vínculos entre Uribe y grupos paramilitares. Según Petro, durante los años 90, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, habría aprobado la creación de un operativo de seguridad dirigido por Salvatore Mancuso, un líder paramilitar. Estos grupos, conocidos por sus vínculos con el narcotráfico, supuestamente llevaron a cabo operaciones violentas contra campesinos bajo la apariencia de combatir a las guerrillas comunistas. Las acusaciones provocaron un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Uribe. Avanzando hasta el 2023, las tensiones entre Uribe y los exparamilitares volvieron a estallar. Esta vez, fue Salvatore Mancuso quien acusó públicamente a Uribe de estar involucrado en el asesinato de un exalcalde. En medio de una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mancuso afirmó que Uribe había retirado la seguridad del alcalde, facilitando así su asesinato por parte de los paramilitares. Esta declaración desencadenó una respuesta inmediata de Uribe, quien denunció a Mancuso por calumnia agravada. La denuncia de Uribe contra Mancuso fue un episodio más en una serie de enfrentamientos legales y políticos entre el exmandatario y sus críticos. Mientras tanto, Mancuso, detenido en Estados Unidos, enviaba mensajes ambiguos sobre su disposición a colaborar con la justicia colombiana y sobre su posible regreso al país como gestor de paz bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, las acusaciones de Mancuso no eran nuevas para las autoridades judiciales. Según un documento del Tribunal Superior de Bogotá, las afirmaciones de Mancuso ya habían sido investigadas en el pasado, lo que plantea interrogantes sobre la veracidad y la motivación detrás de sus declaraciones actuales. Además, se confirmó que la orden de captura contra Mancuso sigue vigente, a pesar de su supuesta participación en el proceso de paz. El caso de Uribe y los grupos paramilitares no solo ha sido un tema de debate político en Colombia, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la relación entre el poder político y los grupos armados ilegales en el país. A medida que el legado político de Uribe sigue siendo objeto de escrutinio, su influencia en la política colombiana y su papel en la búsqueda de la paz continúan siendo temas de debate en la sociedad colombiana y más allá.
+ Leer mas.El año 2023 fue testigo de la revelación de detalles impactantes sobre la implicación de la multinacional brasileña Odebrecht en la política colombiana, específicamente en la financiación de campañas electorales. Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, se pronunció en medio de la controversia, compartiendo información crucial sobre el caso. Uribe reveló a través de Twitter cómo se enteró del dinero entregado por Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014. El exsenador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, había denunciado en el año 2007 la presunta relación entre Uribe y grupos paramilitares, y ahora, dieciséis años después, el nombre de Uribe volvía a ser protagonista en una polémica de gran alcance. En sus trinos, Uribe detalló la situación, mencionando que había confrontado a Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, sobre las afirmaciones de Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno de que la campaña de Zuluaga carecía de fondos para pagar al publicista Duda Mendonça. A pesar de los señalamientos, García negó la veracidad de estas afirmaciones, lo que generó aún más dudas sobre la transparencia de la campaña. La revelación de Uribe no solo sacudió al panorama político colombiano, sino que también impactó directamente a Óscar Iván Zuluaga, quien se vio obligado a enfrentar acusaciones sobre la financiación irregular de su campaña. A pesar de las negativas iniciales, Zuluaga admitió la entrada de dinero de Odebrecht, lo que generó una cascada de consecuencias legales y políticas. El expresidente también compartió su interacción con Zuluaga, instándolo a esclarecer la situación y traer pruebas de Brasil que respaldaran su versión de los hechos. Sin embargo, la falta de evidencia contundente por parte de Zuluaga dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó la controversia en torno al caso. Además de las revelaciones sobre Zuluaga, Uribe mencionó al expresidente Juan Manuel Santos, recordando los supuestos vínculos de este último con Odebrecht. La controversia no se limitó a un solo partido político, sino que se extendió a lo largo del espectro político colombiano, evidenciando la profundidad del problema y la necesidad de una investigación exhaustiva. Las consecuencias de estas revelaciones fueron inmediatas y significativas. Zuluaga se vio obligado a asumir su responsabilidad en el caso, mientras que Daniel García enfrentó acusaciones y entregó pruebas a la Fiscalía que implicaban aún más a Zuluaga. La confesión de Zuluaga sobre su disposición a declararse culpable con el fin de proteger a su hijo agregó una capa adicional de drama a la situación. En medio de la controversia, otros líderes políticos, como Andrés Pastrana, también se pronunciaron sobre el escándalo, instando a una acción decisiva por parte de la justicia colombiana. La revelación de Uribe no solo sacudió los cimientos del establishment político, sino que también planteó interrogantes sobre la integridad y la transparencia en el proceso electoral colombiano. En última instancia, el caso de Odebrecht en Colombia se convirtió en un recordatorio contundente de los peligros de la corrupción y la influencia indebida en la política. Las revelaciones de Uribe marcaron un punto de inflexión en la historia política del país y dejaron un legado duradero en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia.
+ Leer mas.El Tribunal Superior de Bogotá desestimó este martes 27 de agosto, las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, al dejar en firme el proceso penal que actualmente cursa en contra de este, por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndolo así en el primer expresidente del país en ser llevado a juicio. Esta decisión, resalta la gravedad del caso y marca un precedente histórico en la justicia penal colombiana. El magistrado Manuel Antonio Merchán, rechazó contundentemente la solicitud de nulidad presentada por el abogado Jaime Granados. Esta solicitud argumentaba que la Fiscalía General de la Nación había cometido irregularidades durante la formulación de la acusación, específicamente en la modificación de términos clave relacionados con el dolo eventual y el dolo directo, lo que, según la defensa, vulneraba el derecho al debido proceso. La defensa del expresidente había alegado que la Fiscalía había alterado el "núcleo fáctico de la imputación", cambiando de dolo eventual a dolo directo, una maniobra que, según Granados, comprometía la integridad y transparencia del proceso. Sin embargo, el magistrado Merchán consideró que no había fundamentos suficientes para aceptar esta argumentación y, por lo tanto, decidió que el juicio debía continuar en su fase preparatoria. El proceso contra Uribe, abierto desde 2018, ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia reciente del país. El exmandatario está acusado de haber pagado a exparamilitares para que cambiaran su testimonio y lo desvincularan de acusaciones de paramilitarismo en Antioquia, todo en un esfuerzo por desviar las investigaciones y proteger su imagen pública. Uno de los testimonios clave en este proceso es el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar encarcelado que en febrero de 2018 fue visitado por Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, con el objetivo de persuadirlo para que se retractara de sus declaraciones. La maniobra falló, y las acusaciones contra Uribe no solo persistieron sino que también se agravaron, especialmente cuando se evidenció que el expresidente habría intentado que Monsalve acusara falsamente al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios legales a cambio de testimonios en su contra. Este intento de manipular la justicia y alterar el curso de las investigaciones subraya la gravedad de las acusaciones que enfrenta Uribe. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, al confirmar la decisión de la juez 44 de conocimiento de Bogotá y ordenar la devolución inmediata del caso para que continúe su trámite procesal, significa un revés importante para Uribe y su equipo de defensa. La juez ahora tiene vía libre para convocar a las partes y avanzar con la audiencia preparatoria, lo que pone al expresidente un paso más cerca de enfrentar un juicio completo por sus presuntos delitos. El caso de Álvaro Uribe no solo es significativo por ser el primero en llevar a un expresidente colombiano a juicio, sino también por lo que representa para el estado de derecho en Colombia. Este proceso podría establecer un precedente crucial sobre la responsabilidad de los líderes políticos y la independencia del sistema judicial en un país donde, históricamente, la impunidad ha sido la norma más que la excepción. Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá ha dejado claro que, incluso las figuras más poderosas del país, no están por encima de la ley.
+ Leer mas.A menos de dos años para que finalice el mandato del actual presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, enfrenta un panorama electoral complicado de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Con la mirada puesta en estos comicios, algunos de sus militantes más destacados ya consideran competir por el aval de la colectividad, preparando el terreno para una contienda interna que definirá su candidato presidencial. Una de ellas ha sido senadora María Fernanda Cabal, quien ratificó el pasado jueves 29 de agosto su intención de buscar el aval del partido para ser la candidata presidencial. Dejando claro que no solo es fundadora del partido, sino que también pretende representar a quienes, según sus palabras, "claman orden y libertad". Uniéndose así al también senador Miguel Uribe Turbay, quien previamente había anunciado sus aspiraciones como candidato mediante un tímido video publicado en la red social X. Sin embargo, la carrera dentro del Centro Democrático no se limita a Cabal y Uribe. Otros nombres han comenzado a sonar, como las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, así como el exministro Rafael Nieto Loaiza. No obstante, lo que debería ser una muestra de diversidad de opciones dentro del partido, se podría interpretar también como en una señal de fragmentación y falta de cohesión. A medida que se acercan las elecciones, esta división interna podría debilitar las posibilidades del partido de consolidarse como una fuerza política competitiva. El expresidente Álvaro Uribe, consciente de los desafíos que enfrenta su partido, ha insistido en la necesidad de recuperar la credibilidad y el afecto de la ciudadanía como una meta parcial crucial para asegurar la victoria en 2026. Durante una reunión con simpatizantes en Cali, Uribe expresó: "Hay con quién ganar en 2026, pero necesitamos una meta parcial: recuperar toda la credibilidad y el afecto en la opinión ciudadana para que la meta final sea ganar en el 26 y hacerlo bien por Colombia". Este llamado refleja una realidad incómoda: el Centro Democrático ya no goza del mismo nivel de confianza que tuvo en elecciones anteriores. La pérdida de credibilidad se refleja en las encuestas, donde, a pesar de ser una de las primeras en anunciar su candidatura, María Fernanda Cabal apenas alcanza un 4.4% de intención de voto, ubicándose en un distante cuarto lugar, superada por figuras como Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Claudia López. La ausencia de liderazgos sólidos y la competencia externa Otro de los grandes retos para la derecha es la falta de liderazgos con la capacidad de aglutinar a todo el espectro opositor. Mientras que en el pasado Álvaro Uribe fue capaz de unificar a la derecha en torno a su figura, hoy el escenario es diferente. Personajes como Uribe Turbay, Cabal, Valencia, Holguín o Nieto Loaiza, aunque con trayectorias políticas respetables, no logran despertar el entusiasmo ni proyectar la imagen de estadistas capaces de enfrentar a candidatos de la izquierda como Gustavo Petro o Claudia López. A esto se suma la posible candidatura de la periodista Vicky Dávila, una figura disruptiva que, aunque aún no ha oficializado su intención de postularse, ya lidera algunas encuestas con un 9.6% de intención de voto, superando a todos los precandidatos del Centro Democrático. Sin embargo, como señala la profesora Eugénie Richard, "Vicky Dávila todavía no se ha consolidado como candidata. Existe en los imaginarios colectivos, pero falta mucho tiempo y Cabal tiene una ventaja: cuenta con una estructura de partido". El Centro Democrático enfrenta un reto complejo de cara a las elecciones de 2026. Aunque cuenta con varias figuras que aspiran a la presidencia, la fragmentación interna y la falta de un liderazgo claro y unificado amenazan con debilitar sus posibilidades. A menos que logren consolidar una propuesta fuerte y coherente que recupere la confianza del electorado, es probable que el partido termine siendo una sombra de lo que alguna vez fue en el escenario político colombiano.
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No hay promesas cumplidas. Ve a nuestras redes sociales para darnos opciones sobre cuales subir.
