Publicado, 11/22/2023
Al ser consultado sobre la inversión de 7000 millones de pesos para la defensa jurídica de EPM, el 13 de septiembre de 2020, Daniel Quintero defendió la decisión argumentando que EPM tenía demandas que costarían billones de pesos. Inmediatamente, aprovechó para mencionar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había iniciado un proceso que podría hacer perder toda la represa Hidroituango. Un día después, la JEP publicó, desde su cuenta de Twitter (X), un comunicado en el cual etiquetó a varios medios de comunicación, a la cuenta de la Alcaldía de Medellín, y la de Quintero, desmintiendo lo que dijo el entonces alcalde en la entrevista, pues el organismo solo había ordenado “una inspección judicial aérea, terrestre, y fluvial del área de influencia del proyecto Hidroituango”, como dice en el documento. Adicionalmente, se aclara explícitamente que la medida tenía la intención de apoyar el proceso de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el proyecto, y que la JEP no había ordenado ni considerado el desembalse de la represa en ningún momento.