Referendo por la autonomía fiscal de los departamentos: Una iniciativa controvertida

Colombia se encuentra en medio de un debate intenso sobre la propuesta de referendo impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona y otros destacados exfuncionarios, quienes buscan mediante esta iniciativa modificar la Constitución y así permitir que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos. Esta propuesta, denominada "Por las regiones, firme", inicialmente deberá recoger 4 millones de firmas en un plazo de seis meses para validar el referendo ante la Registraduría Nacional. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de sus promotores, el referendo ha suscitado críticas y escepticismo sobre su viabilidad y las posibles consecuencias para la economía y la gobernanza del país. La Registraduría Nacional a través de la resolución 6343 del 27 de junio de 2024 dio el visto bueno a esta iniciativa, avalando la inscripción para el referendo constitucional e inscribiendo a nueve ciudadanos como integrantes del comité promotor. Entre ellos destacan figuras como el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo; el exministro Carlos Gustavo Cano Sanz; la exsenadora María del Rosario Guerra; y el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Este grupo sostiene que la reforma constitucional es necesaria para que los departamentos puedan recaudar directamente los impuestos, duplicando así sus ingresos actuales por el Sistema General de Participaciones (SGP). La exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra ha sido una de las voceras más activas del comité promotor, afirmando que el referendo busca profundizar la autonomía financiera y administrativa de los departamentos, similar a la autonomía fiscal que ya disfrutan los municipios a través del impuesto predial. Guerra insiste en que, de aprobarse, los departamentos como Antioquia podrían ver sus ingresos aumentar de 5 a 10 billones de pesos anuales, liberando recursos para proyectos de desarrollo regional más allá de los gastos en educación y salud que actualmente absorben la mayoría de las transferencias del SGP. No obstante, el referendo enfrenta varios obstáculos y críticas. En primer lugar, la recolección de firmas es un proceso arduo y no exento de imprevistos. Aunque se espera recoger el doble de las firmas necesarias para evitar invalidaciones, el comité debe enfrentar la apatía y el escepticismo de una ciudadanía que ha visto fracasar numerosos intentos de reforma en el Congreso. En este sentido, el exgobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha señalado que tanto el actual Gobierno como los anteriores han sido incapaces de impulsar una descentralización efectiva, dejando a las regiones en una situación de dependencia del centralismo fiscal. El argumento principal de quienes promueven este referendo, no es otro más que permitir que los impuestos de renta y patrimonio sean recaudados directamente por los departamentos, lo cual permitirá no solo que estos incrementen sus recursos, sino que también mejorará la eficiencia en la administración de esos fondos. Rendón sostiene que los gobiernos subnacionales estarían en mejor posición para evitar la evasión fiscal y gestionar de manera más transparente y eficiente los recursos, acercando las decisiones tributarias a la ciudadanía. Sin embargo, este optimismo contrasta con las preocupaciones de muchos analistas y expertos en política fiscal. La redistribución equitativa de los recursos es uno de los puntos más controvertidos. Si bien el referendo propone un mecanismo de subsidiaridad para apoyar a departamentos menos desarrollados como Chocó, Guainía y Vaupés, no está claro cómo se garantizará que los fondos adicionales realmente lleguen a estos territorios. Además, la historia reciente muestra que la descentralización no siempre ha resultado en una mejor gestión de los recursos públicos, sino que en muchos casos ha exacerbado las desigualdades y la corrupción a nivel local. Otra crítica importante es la falta de incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para profundizar la descentralización fiscal. Los 12 proyectos de actos legislativos que se han hundido en el Congreso en los últimos años evidencian un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales. Los promotores del referendo argumentan que solo a través de una consulta popular es posible sortear este bloqueo institucional, permitiendo que los ciudadanos decidan sobre un cambio tan trascendental. No obstante, este enfoque también puede ser visto como una forma de presión sobre el Gobierno y el Congreso, obligándolos a considerar una reforma que no ha pasado por los canales legislativos habituales. Además, el referendo no es el único mecanismo propuesto para lograr la autonomía fiscal. El recién nombrado ministro del Interior ha sugerido convocar una Asamblea Nacional Constituyente para ajustar los parámetros de la Constitución de 1991 y permitir la autonomía fiscal regional sin necesidad de un referendo. Esta propuesta, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por algunos líderes regionales, que consideran que no es necesario "sacudir la arquitectura institucional" del país, sino simplemente cumplir con las promesas de descentralización que la Constitución del 91 ya establece. En conclusión, el referendo por la autonomía fiscal de los departamentos es una iniciativa que, aunque prometedora en términos de aumentar los recursos disponibles para las regiones, enfrenta numerosos desafíos y críticas. La recolección de firmas, la posible inequidad en la redistribución de los recursos, la falta de incentivos políticos en el Gobierno Nacional y la existencia de alternativas como la Asamblea Nacional Constituyente son factores que complican su implementación. A medida que el proceso avanza, será crucial que los ciudadanos estén informados y participen activamente en el debate, asegurando que cualquier cambio constitucional se realice con plena conciencia de sus implicaciones y beneficios potenciales.