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Fico Gutiérrez y la auditoría forense que nunca fue... bla bla bla...

Fico Gutiérrez y la auditoría forense que nunca fue... bla bla bla...

Publicado, 6/5/2024

Federico "Fico" Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, se encuentra en el centro de una controversia por no haber cumplido una de sus promesas más insistentes: la realización de una auditoría forense a la administración de su predecesor, Daniel Quintero. A pesar de sus repetidas declaraciones y la aparente existencia de informes que señalaban graves irregularidades, la administración de Gutiérrez ha sido obligada a admitir que nunca se llevó a cabo una auditoría forense real. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia y la veracidad en la gestión pública. La promesa de Fico y la realidad revelada: Desde su campaña para un segundo mandato, Fico Gutiérrez prometió llevar a cabo una auditoría forense exhaustiva para descubrir y exponer la corrupción en la administración de Daniel Quintero. El 4 de marzo de 2024, Gutiérrez presentó un informe que supuestamente detallaba los resultados de dicha auditoría, con 501 hallazgos de presunta corrupción. Sin embargo, la verdad comenzó a salir a la luz tras la insistencia del congresista Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, quien inició un proceso judicial para comprobar la veracidad de la auditoría. En varias instancias, tanto el juzgado penal municipal como un segundo juez en apelación fallaron a favor de Toro, obligando a la administración de Medellín a responder su derecho de petición. A través de estos procesos judiciales, quedó claro que lo que Gutiérrez había presentado no era una auditoría forense, sino un informe de empalme, un procedimiento estándar al finalizar una administración y comenzar otra, regulado por la Ley 951 de 2005. La respuesta de la alcaldía: El 29 de mayo de 2024, la alcaldía de Medellín reconoció oficialmente que no se había llevado a cabo ninguna auditoría forense. En un documento enviado al congresista Toro, la administración aclaró que “desde el Distrito de Medellín, no se ha llevado a cabo, ni se ha contratado una auditoría forense”. Esta confesión no solo desacreditó las afirmaciones de Gutiérrez sobre los hallazgos de corrupción, sino que también puso en tela de juicio la integridad de su administración. Alejandro Toro expresó su indignación, calificando el episodio como un “show mediático” y cuestionando el uso indebido de logos de entidades de control sin autorización. “Es reprochable que un alcalde deba reconocer que le mintió al país por intereses políticos”, declaró Toro. También anticipó que podría haber demandas de los afectados por las falsas acusaciones y pidió a los entes de control que se pronuncien sobre el caso. El Impacto en la credibilidad de Gutiérrez: La revelación de que la auditoría forense nunca existió ha tenido un impacto significativo en la credibilidad de Fico Gutiérrez. Durante su campaña y los primeros meses de su mandato, Gutiérrez hizo declaraciones contundentes sobre la corrupción en la administración de Quintero. El 4 de marzo, afirmó haber encontrado 501 hechos de presunta corrupción, con 262 hallazgos remitidos a la Procuraduría y Personería de Medellín, 156 a la Contraloría y 83 a la Fiscalía General de la Nación. Estas afirmaciones ahora se ven bajo una nueva luz, cuestionando la veracidad de los datos presentados y el propósito detrás de las acusaciones. Uno de los casos más destacados en el informe fue el programa de entrega de computadores en colegios, denominado por Gutiérrez como “Computadores sin futuro”. Según el alcalde, el contrato había sufrido modificaciones indebidas, resultando en la entrega de 9,000 computadores con supuestas irregularidades y un costo inflado de $38,000 millones. Otro caso mencionado fue el programa de Presupuesto Participativo, donde Gutiérrez denunció suplantación de ciudadanos y un “carrusel de la contratación” que habría favorecido a 18 corporaciones con contratos por más de $25,000 millones. Las consecuencias legales y políticas: La admisión de que no hubo una auditoría forense real ha desencadenado una serie de reacciones y posibles consecuencias legales. Alejandro Toro no solo ha expuesto las inconsistencias de la administración Gutiérrez, sino que también ha pedido que se investigue la posible extralimitación de funciones de los funcionarios involucrados en el “montaje” de la auditoría. “¿Los organismos de control, a los que se les usó de manera indebida su logo (sin autorización) como la Contraloría, tendrán algo que decir? ¿Los funcionarios que se prestaron para este montaje, extralimitando sus funciones podrían ser sancionados?”, cuestionó Toro. Además, la negativa de la alcaldía a entregar los documentos solicitados por Toro, alegando la reserva de los procesos investigativos, ha sido otro punto de conflicto. Aunque el secretario de gobierno y gestión de gabinete, Nicolás Ríos, admitió que no hubo una auditoría forense contratada externamente, defendió que se habían realizado técnicas de auditoría interna con carácter forense. No obstante, esta explicación ha sido insuficiente para clarificar la situación y ha aumentado las dudas sobre la transparencia de la administración. Un llamado a la transparencia: La polémica en torno a la supuesta auditoría forense subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Las falsas afirmaciones de Fico Gutiérrez no solo han socavado su credibilidad, sino que también han afectado la confianza de los ciudadanos en las instituciones y procesos de control. En un momento en que la lucha contra la corrupción es crucial para la estabilidad y desarrollo de las ciudades, este episodio destaca la necesidad de un liderazgo honesto y comprometido con la verdad. Fico Gutiérrez, quien llegó al poder con promesas de transparencia y justicia, ahora enfrenta un desafío significativo para restaurar su imagen y cumplir con las expectativas de los ciudadanos. La lección de esta controversia es clara: la integridad y la verdad no pueden ser sacrificadas por intereses políticos. La gestión pública debe ser siempre transparente y responsable en campaña como en su posterior ejecución, para que la confianza en las instituciones se mantenga intacta y no se manchen en jugarretas de partidos.

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