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Política y abogada, nacida en Bogotá. Con una edad actual de alrededor de 70 años, ha tenido una destacada carrera en el servicio público y el sector privado. Ejerció como Vicepresidente de Colombia entre 2018 y 2022, además de ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2022. Anteriormente, desempeñó roles como ministra de Comercio Exterior, Industria y Turismo, así como ministra de Defensa. Graduada en derecho por la Universidad Javeriana, Ramírez cuenta con una amplia formación académica, incluyendo posgrados en derecho financiero y alta dirección empresarial. A lo largo de su carrera, ha sido una figura influyente en la política colombiana, participando en distintos cargos gubernamentales y siendo candidata presidencial en varias ocasiones. Su trayectoria también incluye experiencia en el sector privado como consultora jurídica y presidenta de entidades financieras y gremios empresariales. Con una sólida formación académica y una extensa experiencia tanto en el ámbito público como privado, Ramírez ha dejado una marca significativa en la política y el desarrollo empresarial de Colombia.
En medio de un evento en Medellín, el 14 de febrero de 2020, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, desató una controversia al expresar su opinión sobre la abundancia de profesionales en áreas como la psicología y la sociología en el país. Sus declaraciones, destinadas a promover el interés de las niñas por carreras de ciencia y tecnología, generaron un intenso debate sobre el valor de las profesiones sociales y las oportunidades laborales en Colombia. Ramírez señaló que había un exceso de psicólogas y sociólogas en Colombia, sugiriendo que estas carreras no proporcionaban ingresos económicos suficientes. Su comentario fue recibido con fuertes críticas de diversas organizaciones y profesionales del ámbito social, quienes argumentaron que desestimar estas profesiones era ignorar su importancia en la sociedad y las necesidades de atención mental del país. La Asociación Colombiana de Psicólogos (Colpsic) rechazó enfáticamente las palabras de la vicepresidenta, destacando que la psicología es una ciencia que aborda aspectos fundamentales del desarrollo humano y que su valor no puede ser subestimado por la cantidad de graduados en el país. Además, resaltaron la necesidad de psicólogos profesionales para abordar las crecientes demandas de salud mental en la sociedad colombiana. Asimismo, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi) subrayó que el valor de una profesión no debe medirse únicamente por los salarios asignados, sino por su contribución al conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Argumentaron que las políticas del Estado influyen en las oportunidades laborales y los ingresos de los profesionales, y que es fundamental reconocer la importancia de las profesiones sociales en la construcción de una sociedad más equitativa y saludable. El debate sobre el papel de las profesiones sociales en Colombia se intensificó con las declaraciones de Ramírez. Mientras algunos argumentaban que era necesario fomentar la diversidad de opciones profesionales para las mujeres, otros criticaban la percepción de que ciertas carreras no eran tan valiosas como otras en términos económicos. La polémica también destacó la necesidad de políticas públicas que garanticen oportunidades laborales y salarios dignos para todos los profesionales, independientemente de su área de especialización. Muchos señalaron que la calidad de vida y el bienestar de la sociedad dependen de un enfoque integral que reconozca y valore la contribución de todas las disciplinas académicas. En última instancia, el debate sobre el comentario de Marta Lucía Ramírez sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de reflexionar sobre el sistema educativo y laboral de Colombia, con el objetivo de promover la equidad, la diversidad y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.
+ Leer mas.En el trasfondo de un mundo empresarial interconectado y en constante movimiento, los entramados financieros a menudo se entrelazan con figuras políticas prominentes, generando controversia y especulación. Este es el caso de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, cuyo nombre emergió en los titulares vinculados a la sociedad Global Securities Management Corporation, en el contexto de los reveladores 'Pandora Papers'. El 4 de octubre de 2021, el mundo fue testigo de una revelación que sacudió los cimientos de la política y los negocios internacionales. Los 'Pandora Papers' desvelaron una red de relaciones empresariales que conectaban a figuras influyentes como Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco con Gustavo Hernández Frieri, un empresario colombiano condenado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA. La historia se remonta a 2005, cuando se constituyó Global Securities Management Corporation en las Islas Vírgenes Británicas, con la participación de destacadas personalidades como los hermanos Gustavo y César Hernández Frieri, María Alejandra Rincón y Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otros. Esta sociedad, aparentemente legítima en su inicio, se convirtió en el epicentro de un escándalo financiero que sacudió a múltiples sectores. El entramado empresarial liderado por Gustavo Hernández Frieri se extendía por diversas jurisdicciones y entidades, incluidas Global Securities Trade Finance en Islas Caimán y Global Strategic Investments en Miami y Nueva York. A través de estas empresas, Hernández Frieri canalizaba fondos fraudulentos, utilizando su habilidad financiera para ocultar el origen ilícito del dinero. Marta Lucía Ramírez, en su calidad de accionista de Global Securities Management Corporation, se vio arrastrada a esta controversia. Aunque argumentó haberse desvinculado de la empresa en 2012, antes de que se conocieran los delitos de Hernández Frieri, los documentos de los 'Pandora Papers' sugieren una prolongación de su participación en la sociedad más allá de esa fecha. La relación entre Ramírez y Global Securities se vio profundamente cuestionada por la falta de claridad en los registros y transacciones financieras. Si bien la vicepresidenta insistió en que su inversión fue declarada ante las autoridades correspondientes, las discrepancias en los testimonios y documentos arrojaron dudas sobre la transparencia de sus actividades comerciales. Por su parte, Ángela María Orozco, ministra de Transporte en ese momento, también estuvo vinculada a Global Securities Management Corporation. Aunque afirmó haber cedido sus acciones a su exesposo en 2012, las investigaciones revelaron que su participación en la empresa continuaba siendo motivo de controversia. La implicación de Ramírez y Orozco en este escándalo financiero plantea interrogantes sobre la integridad y la ética en la esfera política y empresarial. ¿Hasta qué punto las figuras públicas deben ser responsables de sus asociaciones comerciales pasadas? ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir la utilización indebida de cargos políticos en beneficio de intereses privados? El caso de Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las actividades financieras de los funcionarios públicos. La opacidad en las relaciones comerciales puede socavar la confianza en las instituciones y minar la legitimidad del gobierno. Los 'Pandora Papers' han puesto al descubierto una red de conexiones entre el poder político y los negocios privados, evidenciando la fragilidad de los controles y regulaciones existentes. Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco se encuentran en el centro de esta controversia, enfrentando el escrutinio público y la necesidad de rendir cuentas por sus acciones pasadas.
+ Leer mas.En septiembre de 2019, Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República de Colombia, se encontraba en el ojo del huracán tras ser objeto de acusaciones por parte del empresario Miguel Nule, quien la señaló de corrupción y la calificó como una figura pública poco confiable. Las declaraciones de Nule, condenado por su implicación en el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, desataron una serie de interrogantes sobre la integridad y la transparencia de la Vicepresidenta. Nule, desde su posición de arresto domiciliario, lanzó una andanada de acusaciones contra Ramírez, afirmando que esta había recibido dinero de Liliana Pardo, exdirectora del IDU involucrada en casos de corrupción. Las declaraciones del empresario no solo cuestionaban la conducta ética de Ramírez, sino que también ponían en duda su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas. La respuesta de Marta Lucía Ramírez no tardó en llegar. Durante su participación en el Congreso de Confecámaras en Cartagena, la Vicepresidenta rechazó enérgicamente las acusaciones de Nule y lo calificó como "un delincuente". Sin embargo, la falta de pruebas concretas por parte del empresario para respaldar sus afirmaciones dejó un margen de incertidumbre sobre la veracidad de sus declaraciones. El episodio protagonizado por Marta Lucía Ramírez y Miguel Nule puso de manifiesto las fragilidades del sistema político colombiano y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. La falta de transparencia en la gestión pública y la presencia de intereses particulares que obstaculizan el avance hacia una sociedad más justa y equitativa son algunos de los problemas que aún persisten en el país. En este contexto, la figura de Marta Lucía Ramírez emerge como un símbolo de la controversia y la polarización que caracterizan la vida política colombiana. Su gestión como Vicepresidenta ha estado marcada por la polémica y las críticas, y su capacidad para enfrentar los desafíos más difíciles ha sido puesta a prueba en más de una ocasión. A pesar de las acusaciones en su contra, Marta Lucía Ramírez ha mantenido su postura firme y ha reiterado su compromiso con la legalidad y la transparencia. Sin embargo, la falta de claridad en torno a las acusaciones de corrupción y la ausencia de investigaciones formales que respalden las afirmaciones de Nule dejan en entredicho la credibilidad de la Vicepresidenta y plantean interrogantes sobre su idoneidad para ocupar un cargo de tanta relevancia en el gobierno colombiano. El enfrentamiento entre Marta Lucía Ramírez y Miguel Nule pone de manifiesto los desafíos y las contradicciones que enfrenta Colombia en su lucha contra la corrupción y la impunidad. La falta de transparencia en la gestión pública y la presencia de intereses particulares que obstaculizan el avance hacia una sociedad que pueda salir del tercer mundo.
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