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Ricardo Bonilla González, nacido en Bogotá, Colombia, actualmente tiene 75 años. Es un destacado economista y político conocido por su enfoque keynesiano en economía y por su estrecha colaboración con el presidente Gustavo Petro en varias etapas de su carrera. Su labor se ha destacado tanto en el ámbito académico como en el sector público, ocupando importantes cargos y participando en iniciativas de impacto nacional e internacional. Formación académica Bonilla estudió Economía en la Universidad Nacional de Colombia y se graduó como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1975. Posteriormente, entre 1988 y 1990, realizó una especialización avanzada en Economía Industrial y Cambio Mundial en la Universidad de Rennes, Francia, donde además fue candidato a Doctor en Ciencias Económicas. Esta sólida formación le permitió desarrollar un enfoque analítico profundo en temas económicos y sociales, contribuyendo a su relevancia como investigador y asesor en diversos escenarios. Trayectoria académica y de investigación Durante casi tres décadas, Bonilla desempeñó roles docentes en instituciones como la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado, la Universidad del Rosario y otras. También fue miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE) y dirigió el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional entre 1998 y 2001. En su faceta como investigador, participó en proyectos de instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como en estudios para entidades nacionales como Fenalco y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sus publicaciones, que incluyen capítulos de libros y artículos especializados, reflejan su compromiso con el análisis riguroso y las soluciones prácticas en economía. Experiencia en el Sector Público Bonilla asumió el cargo de secretario de Hacienda de Bogotá en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro. Durante su gestión, implementó políticas orientadas a fortalecer las finanzas de la ciudad, cargo que ocupó hasta 2015, cuando renunció al cumplir 65 años, edad límite para ciertos cargos públicos según la legislación colombiana. Posteriormente, fue convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos como parte de una comisión de expertos para la formulación de una reforma tributaria, consolidando su reputación como un técnico confiable en la administración pública. En 2022, fue nombrado director de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), cargo que desempeñó hasta abril de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro lo designó como Ministro de Hacienda. Este nombramiento lo convirtió en una figura clave para la ejecución de las políticas económicas del gobierno actual, destacándose en debates cruciales sobre temas fiscales y presupuestales. Contribución a la Política Económica Nacional Desde 2018, Bonilla ha trabajado estrechamente con Gustavo Petro, siendo uno de los arquitectos principales de su propuesta económica tanto en su campaña presidencial de ese año como en 2022. Junto a economistas como Jorge Iván González y Luis Jorge Garay, estructuró las bases del programa económico que llevó a Petro a la presidencia. En su gestión como Ministro de Hacienda, Bonilla ha impulsado reformas estructurales enfocadas en la equidad social, la sostenibilidad económica y el fortalecimiento de los recursos estatales, aunque no sin controversias, dada la complejidad de las medidas y las críticas desde sectores políticos y empresariales.
La gestión del presidente Gustavo Petro enfrenta nuevas acusaciones de corrupción que involucran a su círculo más cercano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, por presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Urrá S.A. ESP, ubicada en Córdoba. Este caso, que destapa un complejo entramado de supuesta injerencia y favoritismos, ha generado una tormenta política que salpica nuevamente al círculo más cercano del presidente Petro. Los orígenes de la denuncia El pasado 28 de noviembre, Bonilla formalizó la denuncia tras recibir anónimos vía WhatsApp que señalaban presuntas presiones indebidas ejercidas por Roa y Alcocer sobre la junta directiva de Urrá. Según lo denunciado, el objetivo sería controlar la empresa y beneficiar a aliados cercanos mediante contratos irregulares, especialmente en el proyecto *Parque Solar Urrá 19.9*. Este proyecto, cuya construcción lleva más de dos años de retraso, está vinculado al consorcio Lux Power 2022, liderado por la empresa Luxim Ingeniería S.A.S. Las cifras en torno al caso son alarmantes. Según la Procuraduría General de la Nación, las irregularidades en los contratos de Urrá podrían superar los $1,4 billones. Además, la Contraloría General de la República investiga pérdidas superiores a $300.000 millones debido a la venta irregular de energía a comercializadoras favorecidas, lo que habría generado altos márgenes de ganancia para unas pocas empresas seleccionadas “a dedo”. Vínculos cuestionables Una parte crucial de la denuncia apunta a la relación entre Roa y Marisol Segura Díaz, dueña de varias empresas implicadas en los contratos irregulares. Documentos judiciales señalan que Roa actuó como representante de Segura en asambleas de accionistas de Energéticos SAS ESP, una de las empresas señaladas, lo que refuerza las sospechas de vínculos personales y comerciales entre ambos. Aunque Roa ha negado cualquier relación ilegal, admitió haber actuado en representación de Segura en 2017, argumentando que no existió conflicto de intereses. Asimismo, se descubrió que Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, usó la dirección de un inmueble propiedad de Segura en Florida para registrar la compañía Windsun Energy LLC. Roa asegura que esta empresa nunca operó comercialmente y que no existe vínculo alguno entre él y las empresas investigadas, pero la sombra de la sospecha persiste. Respuesta de los denunciados Mientras Ricardo Roa ha negado categóricamente las acusaciones y calificado la denuncia como un “anónimo sin fundamento”, Nicolás Alcocer ha guardado silencio ante las graves imputaciones. Por su parte, el consorcio Lux Power 2022, implicado en los retrasos del proyecto solar, ha solicitado la intervención del Ejército para garantizar la seguridad de sus operaciones, señalando sabotajes como incendios y robo de materiales. Petro, entre la polémica y la crítica En medio del escándalo, el presidente Gustavo Petro ha tomado distancia del caso, aunque su credibilidad se ha visto golpeada. Su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer, está directamente involucrado, lo que pone en duda la promesa de transparencia que ha caracterizado su discurso político. Petro, quien recientemente descartó públicamente la posibilidad de buscar una reelección, enfrenta ahora críticas no solo por el caso de corrupción en la UNGRD, sino también por la supuesta corrupción en el núcleo de su entorno familiar. Investigaciones en marcha La Procuraduría y la Contraloría han anunciado investigaciones exhaustivas para identificar responsables y esclarecer las irregularidades en Urrá. La Procuraduría busca determinar si funcionarios actuaron bajo presiones indebidas o con conocimiento interno privilegiado en los procesos de contratación. Por su parte, la Fiscalía General está revisando los anónimos y las pruebas presentadas por Bonilla. Entre las denuncias destaca un supuesto favoritismo hacia la empresa Power China en contratos energéticos, cuyos vínculos con el consorcio Lux Power 2022 deben ser esclarecidos.
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