La amenaza de un régimen autoritario: Nayib Bukele y la reforma constitucional en El Salvador

La reciente reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, ocurrida en mayo de 2024, ha encendido alarmas tanto a nivel nacional como internacional debido a una serie de reformas constitucionales que sus críticos consideran pasos hacia un régimen dictatorial. La Asamblea Legislativa, controlada mayoritariamente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el 30 de abril de 2024 una enmienda que permite la modificación expedita de la Constitución, abriendo la puerta a cambios sin el contrapeso de una segunda legislatura. La Reforma Constitucional y sus implicaciones: La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa elimina la necesidad de que las enmiendas constitucionales sean ratificadas por dos legislaturas diferentes, un mecanismo que había estado en vigor desde 1983 para garantizar la estabilidad y el análisis profundo de cualquier cambio a la Carta Magna. Esta enmienda ahora permite que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones con el voto de tres cuartas partes de los diputados, lo que en la práctica significa que el partido de Bukele puede cambiar la Constitución a su antojo, sin oposición significativa. El contexto es alarmante: Nuevas Ideas cuenta con 54 de los 60 diputados en la nueva legislatura, un control del 90%. Esta mayoría absoluta otorga a Bukele el poder de implementar cualquier reforma constitucional que desee sin necesidad de debate o consenso con otras fuerzas políticas. Juristas, analistas y activistas han calificado esta situación como un movimiento hacia un “esquema dictatorial”. Voces críticas y la concentración de Poder: El analista político y excomandante guerrillero Eugenio Chicas expresó a la AFP que esta reforma es un claro indicio de que el país se dirige hacia una mayor concentración de poder en manos de Bukele. Chicas subraya que esta medida significa un repliegue de los avances democráticos logrados tras los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a una guerra civil de 12 años. La capacidad de Bukele para aprobar reformas constitucionales sin contrapeso debilita, según Chicas, la democracia y el Estado de derecho en El Salvador. Ramón Villalta, de la ONG Iniciativa Social para la Democracia, también criticó la enmienda, afirmando que debilita la institucionalidad democrática del país. Villalta y otros críticos temen que la eliminación de estos contrapesos deje a los salvadoreños expuestos a abusos por parte del Estado. La defensa del oficialismo: Desde el oficialismo, el presidente del Congreso saliente, Ernesto Castro, defendió la reforma asegurando que no se había tocado el inciso del artículo 248 referente a la forma y sistema de gobierno. Sin embargo, el constitucionalista Francisco Bertrand Galindo advirtió que la enmienda permitirá a Bukele llevar a cabo un amplio plan de reformas sin el necesario escrutinio. Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, justificó la necesidad de estas reformas argumentando que son para “mejorar y adaptar” la Constitución a los nuevos tiempos. Para Guevara y otros miembros del partido oficialista, estos cambios son una demanda del pueblo salvadoreño y una vía para “refundar el país”. Consecuencias y advertencias futuras: La defensora de derechos humanos y ex candidata a la vicepresidencia Celia Medrano advirtió que esta reforma abre las puertas para que el oficialismo se perpetúe en el poder. Medrano destacó que al eliminar todo contrapeso al poder, se normaliza la violación de la Constitución salvadoreña. Señaló que la enmienda rompe un cerrojo constitucional diseñado para proteger la normativa fundamental del país.Las críticas no se limitan a voces nacionales. La comunidad internacional ha observado con preocupación estos desarrollos. La organización no gubernamental Acción Ciudadana expresó que la reforma al artículo 248 de la Constitución elimina otro contrapeso político en El Salvador, lo que incrementa el riesgo de abusos de poder. Precedentes preocupantes: La aprobación de esta reforma se suma a una serie de decisiones polémicas del gobierno de Bukele. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción ampliamente criticada por su inconstitucionalidad y por minar la independencia judicial. Estos eventos reflejan un patrón de concentración de poder y erosión de las instituciones democráticas. La nueva enmienda al artículo 248, que permite cambios a la Constitución sin esperar a una segunda legislatura, fue aprobada sin estudio ni análisis en una comisión del Congreso, lo que para muchos es un claro ejemplo de la falta de transparencia y debate en las decisiones legislativas del oficialismo.La Reelección de Bukele y Su "Guerra" Contra las Pandillas: La reelección de Bukele el 4 de febrero de 2024, con un impresionante 85% de los votos, fue impulsada en gran medida por su “guerra” contra las pandillas, que ha devuelto una relativa seguridad a las calles de El Salvador. Sin embargo, esta misma popularidad ha facilitado su capacidad para impulsar reformas que concentran el poder en su persona y su partido. La constitución salvadoreña originalmente prohibía la reelección presidencial consecutiva, pero una corte afín a Bukele autorizó su candidatura para un segundo mandato, lo que ha sido criticado como una manipulación de la ley para beneficiar sus intereses políticos. Un futuro incierto para la democracia en El Salvador: A medida que Bukele se prepara para comenzar su segundo mandato el 1 de junio de 2024, las preocupaciones sobre el futuro de la democracia en El Salvador se intensifican. Con una Asamblea Legislativa completamente dominada por su partido y sin los mecanismos de contrapeso que garantizaban un equilibrio de poder, el riesgo de que El Salvador se deslice hacia un régimen autoritario es cada vez más palpable. El caso de El Salvador bajo Nayib Bukele se convierte en un ejemplo de cómo la popularidad y el control político pueden ser utilizados para debilitar las instituciones democráticas y consolidar el poder en manos de un solo individuo. La comunidad internacional y los defensores de la democracia en El Salvador deben mantenerse vigilantes y continuar presionando por el respeto a los principios constitucionales y los derechos humanos.